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DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA VÍA ELECTRÓNICA. LA FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL) DEL QUEJOSO, NO ACTUALIZA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, QUE DÉ LUGAR A SU DESECHAMIENTO DE PLANO, ATENTO A LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS DE PANDEMIA QUE PREVALECEN EN EL PAÍS GENERADAS POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 8/2019 (10a.)].

Tipo de asunto: QUEJA 23/2021. · Registro digital (IUS): 29828
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2021-06-04
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, Pág. 4858.

QUEJA 23/2021. 8 DE ABRIL DE 2021. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: LILIA MÓNICA LÓPEZ BENÍTEZ. SECRETARIO: DANIEL DÁMASO CASTRO VERA.

CONSIDERANDO:

V. Estudio.

–Marco normativo–

15. De conformidad con lo que prevé el artículo 97,(13) inciso a) de la fracción I de la Ley de Amparo, el recurso de queja procede, entre otros casos, contra aquellos acuerdos en los que se deseche la demanda de amparo.

–Marco fáctico–

16. El autorizado del quejoso combate el auto de 19 de enero de 2021, en el cual la Jueza de Distrito desechó de plano la demanda de amparo, con apoyo en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5o., fracción I, 6o. y 113 de la Ley de Amparo, al carecer de firma electrónica por parte del promovente.

–Decisión–

17. Es fundada la queja.

18. En efecto, de autos se advierte que por escrito presentado vía electrónica el 19 de enero de 2021(14) el quejoso promovió demanda de amparo.

19. Asimismo, que por auto de la misma fecha la recurrida desechó la demanda, al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61(15) de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del artículo 5o.,(16) y los diversos 6o.(17) y 133(18) de la ley de la materia.

20. Lo anterior, al considerar que la demanda debió contener la firma electrónica (FIREL), al no darse el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 3o.,(19) en relación con el 15,(20) ambos de la Ley de Amparo, consideración que no se comparte.

21. El juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, regulado en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde con el cual se reserva el ejercicio de la acción de amparo a quien sea afectado en su interés jurídico o legítimo por el acto de autoridad reclamado, esto implica que el juicio no se tramita oficiosamente, es decir, sin que haya una persona que active la instancia judicial.

22. De ahí que un presupuesto del principio de instancia de parte agraviada consiste en que la demanda de amparo cuente con la firma de quien dice ser el afectado por el acto de autoridad, ya que es el signo inequívoco de la voluntad. Así, la ausencia de algún signo que conduzca al juzgador a considerar que efectivamente es el afectado quien solicita la protección constitucional, es indicativo de incumplimiento del principio de instancia de parte agraviada, ya que la falta de firma conduce, indefectiblemente, a que no pueda considerarse como agraviado a alguien que no suscribió la demanda.

23. Anteriormente, la única manera prevista por la ley de la materia para solicitar la protección constitucional era por escrito (forma tradicional); sin embargo, derivado de los avances tecnológicos, en el Poder Judicial de la Federación se implementó el empleo de recursos electrónicos como medio para acudir a la protección constitucional.

24. Así, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo existen dos vías por las cuales se puede presentar una demanda de amparo: a) en forma impresa o, b) de forma electrónica.

25. La segunda hipótesis –que es la que en el caso interesa, por haber sido la modalidad elegida por quien presentó el escrito de demanda–, de conformidad con el numeral 3o. invocado, se lleva a cabo a través de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica, que es el medio de ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, y que es importante subrayar, produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa.

26. Tal mecanismo electrónico se regula mediante el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, del cual se destacan las siguientes disposiciones:

27. "Artículo 3. Se establece la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) como el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados."

28. "Artículo 5. Todas las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo o en un diverso juicio de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación deberán ir firmados mediante el uso de la FIREL."

29. "Artículo 6. Las personas físicas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho, cualquier asunto. En el caso de las personas morales públicas o privadas, el certificado digital de firma electrónica para promover dichos juicios deberá corresponder a la persona física que legalmente las represente.

"Las personas que no promuevan por su propio derecho podrán actuar dentro de los asuntos respectivos mediante el uso del certificado digital de firma electrónica que les fue asignado, siempre y cuando, mediante proveído judicial dictado en el expediente respectivo, previamente se les haya reconocido capacidad procesal para tal fin.

"Cuando mediante resolución judicial se tenga por revocado el acto del que derive la capacidad procesal de las personas indicadas en el párrafo segundo de este punto, el sistema electrónico no les permitirá ingresar con su certificado digital de firma electrónica al expediente electrónico respectivo."

30. "Artículo 10. Los certificados digitales expedidos por las unidades de certificación, son el equivalente electrónico tanto de un documento de identidad como de una firma autógrafa que permite la identificación del usuario o del autor del documento en los Sistemas Electrónicos del Poder Judicial de la Federación y además son intransferibles, irrepetibles, personales y únicos, además de que su uso es responsabilidad exclusiva de la persona que los solicita y se le otorgan.

"Cuando mediante resolución judicial se tenga por revocado el acto del que derive la capacidad procesal de las personas indicadas en el párrafo segundo de este punto, el sistema electrónico no les permitirá ingresar con su certificado digital de firma electrónica al expediente electrónico respectivo."

31. De lo anterior se advierte:

32. • La segunda hipótesis –que es la que en el caso interesa, por haber sido la modalidad elegida por quien presentó el escrito de demanda–, de conformidad con el numeral 3 invocado, se lleva a cabo a través de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica, que es el medio de ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, y que es importante subrayar, produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa.

33. • La Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (en adelante FIREL) es el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para presentar, entre otros, demandas de amparo.

34. • La FIREL produce los mismos efectos que la firma autógrafa.

35. • Todas las demandas presentadas mediante el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación deberán ir firmadas mediante el uso de la FIREL.

36. • Las personas físicas que cuenten con legitimación para acudir al juicio de amparo podrán utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho, cualquier asunto, y las personas que no promuevan por su propio derecho podrán actuar dentro de los asuntos mediante el uso de firma electrónica, una vez que se les haya reconocido la capacidad procesal para tal finalidad.

37. • Los certificados digitales de firma electrónica equivalen a los diversos documentos de identidad, así como a la firma autógrafa, son intransferibles, irrepetibles, personales y únicos, además de que su uso es responsabilidad exclusiva de su titular.

38. Luego, como ya se precisó, el principio de instancia de parte agraviada implica que quien puede acudir al juicio de amparo es el titular de un derecho público subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, como se desprende de los artículos 107, fracción I, constitucional, 5o., fracción I y 6o. de la Ley de Amparo.

39. En ese orden de ideas, en el caso, el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto, génesis del presente recurso de queja, es la orden de detención y/o arresto, y/o arraigo, y/o aprehensión, y/o reaprehensión, y/o restricción de la libertad.

40. Luego, la Jueza de Distrito recurrida, para efectos de la admisión de la demanda de amparo, debió tener por satisfecho el principio de instancia de parte agraviada, en atención a que debe privilegiar el derecho de acceso a la jurisdicción, pues parte de la finalidad pretendida con la incorporación del sistema de tramitación electrónica del juicio de amparo es, precisamente, dotar de un efecto útil que privilegia los derechos de las y los gobernados por encima de formalismos que impidan irrazonable y desproporcionadamente un pronunciamiento de fondo; sin soslayar la pandemia que prevalece en el país generada por el virus COVID-19, que de igual modo amerita una atención prioritaria y también urgente.

41. Así es, de la lectura de los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso a la justicia, el cual comprende, a su vez, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva, el cual, el Máximo Tribunal del País, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007,(21) lo definió como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa; en su caso, se ejecute tal decisión.

42. Ahora bien, en la Ley de Amparo abrogada no se contemplaba la posibilidad de que las personas pudieran promover el juicio de amparo a través de medios electrónicos, de modo que esta cuestión representó un avance introducido en la Ley de Amparo vigente, en aras de eficientar la gestión de impartición de justicia; de ahí que como ya se destacó, la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) quedó regulada en el artículo 3o. citado.

43. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitieron diversos acuerdos generales conjuntos, con la finalidad de regular la tramitación y el procedimiento de las demandas de amparo presentadas electrónicamente, entre los que destacan el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2014 y, finalmente, el Acuerdo General Conjunto 1/2015.

44. De este último Acuerdo General Conjunto destacan los artículos 64(22) y 72,(23) en los que se establece claramente el procedimiento para presentar una demanda por medios electrónicos.

45. Ahora, el acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación requiere que las personas cuenten con la FIREL y el registro en el sistema, el que constituye un acto personal que exige nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única del Registro de Población, "nombre de usuario", "contraseña" y vinculación del registro a la FIREL, lo cual revela que no es del dominio generalizado de los ciudadanos de este país el llevar a cabo ese tipo de trámite, ante los múltiples requisitos que se exigen, lo cual es obvio que implica dificultad en la obtención de dicha firma electrónica para el común de las personas, mucho más para quienes se ven en la necesidad de instar el juicio constitucional con motivo de aspectos relacionados con temas de naturaleza penal, dado que en muchos de los casos está de por medio la libertad de las personas y debe promoverse la demanda de amparo con evidente urgencia.

46. Máxime que la propia Ley de Amparo mantiene las dos vías por las cuales se puede presentar una demanda de amparo (en forma impresa y electrónica); de ahí que en concepto de este Tribunal Colegiado, para la promoción de la demanda del juicio biinstancial, debe prescindirse de la FIREL del directo quejoso, dada la situación de salud que prevalece en el país, cuya circunstancia es incuestionable que también impide material y tecnológicamente que el común de las personas puedan colmar los requisitos que se exigen para la tramitación y obtención de la mencionada FIREL.

47. Estimar lo contrario impediría al directo quejoso el acceso a la tutela jurisdiccional, cuando es un hecho notorio para este Tribunal Colegiado, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que incluso en la actualidad, es del dominio público que en el Consejo de la Judicatura Federal se trabaja para ofrecer una aplicación que permita obtener la FIREL en línea desde cualquier dispositivo, a fin de facilitar el acceso a la justicia digital.

48. Lo anterior, sin soslayar que la Ley de Amparo, en sus artículos 113(24) y 114,(25) regula el desechamiento de plano y la prevención; normativos de los que se desprende que el desechamiento de plano parte de la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, dentro de la cual no puede entenderse la falta de firma electrónica.

49. Lo anterior, porque los requisitos formales se deben interpretar y aplicar de un modo flexible, ya que los defectos procesales subsanables, de acuerdo con el artículo 114 invocado, no pueden convertirse en insubsanables por la interpretación restrictiva del órgano jurisdiccional, si la parte requerida los cumple desde el inicio del proceso o los subsana, porque no se debe olvidar que la finalidad del requisito procesal, como son los elementos del artículo 108 de la legislación citada, es la de establecer el objeto del proceso constitucional, pero no de constituirse en mecanismos o tecnicismos que hagan del proceso constitucional un mecanismo inaccesible.

50. Es aplicable la tesis aislada 1a. CCXCI/2014 (10a.), de título y subtítulo: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO."(26)

51. En atención a las consideraciones expuestas, sobre todo ante el contexto de la contingencia sanitaria y epidemiológica en que nos encontramos, que genera una situación extraordinaria e inédita para el servicio público de administración de justicia, este Tribunal Colegiado considera que en este caso asiste la razón al recurrente, cuando expresa en sus agravios que fue incorrecto el desechamiento de la demanda, atento a la naturaleza grave y urgente del asunto, que de conformidad con los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal referidos, admiten una interpretación flexible y extensiva a otros supuestos razonables, suscitados en el contexto de la pandemia generada por el virus COVID-19, que de igual modo ameritan una atención prioritaria y también urgente.

52. Luego, a criterio de este Tribunal Colegiado, en el ámbito jurisdiccional, específicamente en los juicios de amparo, tratándose de asuntos recibidos durante la situación extraordinaria de contingencia epidemiológica actual, los operadores judiciales deben actuar con la mayor flexibilidad y amplitud, es decir, "favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia", como mandata el párrafo segundo del artículo 1o. constitucional, a efecto de proteger los derechos humanos de los promoventes.

53. Máxime que la carga impuesta por la Jueza de Distrito al directo quejoso de contar con firma electrónica, se traduce en un desconocimiento del derecho humano en juego, su eventual transgresión y las graves consecuencias que la prolongación del efecto del acto reclamado, de resultar cierto, generaría en perjuicio de la parte quejosa.

54. Aunado a que acorde con la grave contingencia sanitaria actual y a la protección de los derechos humanos, lleva a considerar que son diversas las hipótesis que, de facto, pueden representar un riesgo o amenaza a la subsistencia de las personas, como sucede en determinados casos en torno a ciertos riesgos o afectaciones a la salud que comprometen la subsistencia o integridad física de las personas, pues son esas situaciones de alto y sensible riesgo, las que la legislación de amparo ha querido acoger y dar una protección especial y de amplio acceso, haciendo inaplazable y de carácter urgente proveer sobre la demanda y la suspensión de los actos reclamados.

55. En efecto, como se acotó, es un hecho notorio para este Tribunal Colegiado, de acuerdo con la información que públicamente se ha difundido por medios oficiales, que el COVID-19 es una enfermedad infecciosa respiratoria causada por un virus (SARS-CoV2), que puede producir neumonía y la muerte; se propaga por contacto directo (un metro) cuando la persona infectada tose o estornuda, o por contacto con sus gotículas respiratorias (saliva o secreción nasal). La mencionada enfermedad se detectó en el mes de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan de la República Popular China; luego se extendió hacia otras entidades del mismo país y distintos países, incluyendo a México. Derivado de la propagación del referido virus, el treinta de enero de dos mil veinte la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de tal enfermedad como emergencia de salud pública de importancia internacional.

56. Posteriormente, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al nuevo coronavirus COVID-19 como una pandemia, al comprobarse casos en diferentes países del mundo, reportándose al 16 de marzo de 2020, casos confirmados en ciento cincuenta y un países.

57. Consecuentemente, por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo citado, el Consejo General de Salubridad reconoció a la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como una enfermedad grave de atención prioritaria, y también emitió dicho acuerdo para establecer las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia, diseñadas y supervisadas por la Secretaría de Salud e implementadas por las dependencias y entidades de la administración pública federal, los Poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y privado.

58. Por otra parte, es pertinente destacar que de acuerdo con la información oficial difundida en los medios de comunicación, principalmente por parte del subsecretario de salud a quien se ha encomendado la responsabilidad de atender la situación de contingencia epidemiológica actual, en México, teniendo en cuenta la época en que inició la propagación del referido virus, se esperaba que en los meses de mayo y junio de dos mil veinte se incrementara exponencialmente el número de infectados y decesos como resultado de la citada pandemia.

59. Con base en la información relatada, la propagación de un virus potencialmente mortal, así como el riesgo de su propagación, permiten establecer que ante la gravedad de la situación, amerita desde luego el seguimiento de las medidas preventivas extraordinarias y de atención urgentes establecidas por la autoridad federal.

60. Por consiguiente, atendiendo a la situación emergente sanitaria que prevalece en el país, en el ámbito jurisdiccional, específicamente en los juicios de amparo, los tribunales deben actuar con la mayor amplitud y flexibilidad, a efecto de proteger los derechos humanos de los promoventes, considerándolos casos urgentes y de tramitación inmediata, evitando una interpretación formalista o rigorista.

61. Lo anterior se corrobora con la visión interpretativa dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución No. 1/2020, intitulada: "Pandemia y derechos humanos en las Américas"(27), el 10 de abril de 2020.

62. En efecto, de la postura del mencionado organismo regional de tutela de los derechos humanos, se desprende que la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, en virtud de los serios riesgos para la vida, la salud e integridad personal que supone el COVID-19, así como sus impactos de inmediato, mediano y largo plazo sobre las sociedades en general, y sobre las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad.

63. El anterior contexto pone en evidencia la necesidad de que ante la situación extraordinaria y emergente por la pandemia del COVID-19, la visión del juzgador debe ser con una perspectiva amplia, flexible y reforzada para la protección de los derechos humanos.

64. Incluso, es preciso considerar lo establecido al respecto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en el considerando décimo primero de los Acuerdos Generales 6/2020 y 8/2020, en el sentido de que para la calificación de los casos a los que debe considerarse como urgentes, los juzgadores deberán tomar en consideración los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual transgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera a la conclusión del periodo de contingencia, cuya extensión y ramificaciones se apartan de las de un simple receso.

65. Este tribunal no soslaya la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO.",(28) que reprodujo la Jueza de Distrito en la parte conducente del acuerdo recurrido.

66. Sin embargo, el criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se debe analizar en consideración de las circunstancias particulares del caso. Primero, porque las tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la contradicción de tesis 45/2018, se aprobaron en un periodo estable de trabajo tanto para el Poder Judicial como para los litigantes,(29) tiempo durante el cual, los ciudadanos tenían la posibilidad física y material de reservar y acudir a una cita en el módulo de atención de la SCJN, el TEPJF y el CJF, donde servidores públicos especializados en el tema generaban su firma electrónica y les explicaban su forma de uso.

67. Y, segundo, porque el juicio en línea no se implementó como medida de acceso a la justicia ante la pandemia; su existencia se justificó desde antes como un mecanismo para "simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia",(30) por lo cual, la rigurosidad del procedimiento y sus requisitos se justificaban bajo la premisa de que el promovente de amparo está decidiendo apegarse a la normatividad que lo rige, aun sobre la opción tradicional. Sin embargo, en el caso, el juicio en línea era, con base en los Acuerdos Generales 12/2020, 13/2020 y sus modificatorios, la única opción a su alcance. Es decir, la contingencia obligó a que se le diera prioridad al juicio en línea como herramienta principal para el trámite de nuevos asuntos.

68. Este Tribunal Colegiado considera que en circunstancias ordinarias no habría duda en la aplicación del criterio jurisprudencial citado; sin embargo, derivado de las circunstancias sui generis del caso, la improcedencia no es indudable y, por tanto, tampoco la aplicabilidad de la jurisprudencia de la Corte.

69. Si bien es cierto que el 15 de julio del año pasado, el Consejo de la Judicatura Federal habilitó en su portal de Internet la tramitación de la firma electrónica vía remota, también es cierto que desechar la demanda por ese hecho implicaría prejuzgar que el quejoso estuvo en condiciones inequívocas de solicitarla y, pese a ello, deliberadamente decidió no hacerlo.

70. En este sentido, la exigencia de la presentación de la firma electrónica en un periodo extraordinario causado por las circunstancias de sanidad ocasionadas por el virus COVID-19, con reglas creadas en un contexto de normalidad y como única opción posible, constituye un obstáculo para el acceso a la tutela jurisdiccional del quejoso.

71. En este sentido, si lo manifiesto e indudable de la improcedencia se refiere a la falta de firma electrónica como mecanismo de manifestación de la voluntad y reflejo del principio constitucional de instancia de parte agraviada, y por las razones anteriormente expuestas, que el quejoso se encontraba en un ambiente de falibilidad razonable por las circunstancias extraordinarias de pandemia, entonces, la razón de desechamiento por notoria improcedencia, aludida por la Jueza de Distrito, no es indudable en este contexto extraordinario que vivimos; máxime que no hay dato que indique que el quejoso contaba con firma electrónica vigente, previo a la presentación de la demanda y, a pesar de ello, haya sido omisa en incorporarla.

72. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.7o.P.14 K (10a.), de este tribunal de título y subtítulo: ""(31)

–Conclusión–

73. Bajo ese orden de ideas, al resultar parcialmente fundados los agravios formulados por la parte recurrente, aunque suplidos en su deficiencia, procede revocar el auto recurrido, para el efecto de que la Jueza de Distrito provea sobre la admisión de la demanda conforme a derecho corresponda, prescindiendo de exigir el requisito de la firma electrónica al directo quejoso, en el contexto de la contingencia sanitaria y epidemiológica que actualmente padecemos, conforme a lo expuesto en esta resolución; lo anterior, siempre y cuando no advierta la existencia de diverso motivo, que sea manifiesto e indudable, de improcedencia o la necesidad de prevención.

74. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 73/2014 (10a.), intitulada: "RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR."(32)

75. En similares términos se pronunció este tribunal al resolver las quejas penales 55/2020, 89/2020, 133/2020, 100/2020 y 11/2021, en sesión virtual de 16 de julio y 22 de octubre de 2020; así como 14 de enero, 18 y 25 de marzo del año en curso, respectivamente.

76. Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.—Es fundada la queja.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse las copias certificadas al juzgado recurrido y, en su oportunidad, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

En cumplimiento a los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena realizar la captura de la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Se autoriza al secretario de Acuerdos para suscribir los oficios correspondientes.

Así lo resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Miguel Enrique Sánchez Frías (presidente), Lilia Mónica López Benítez (ponente) y Antonia Herlinda Velasco Villavicencio.

Nota: Los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo y 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal citados en esta ejecutoria, aparecen publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, Tomo 2, julio de 2013, página 1667; en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 10, Tomo III, septiembre de 2014, página 2769 y 25, Tomo II, diciembre de 2015, página 1393, con números de registro digital: 2361, 2537 y 2794, respectivamente.

Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 6/2020, que reforma y adiciona el similar 4/2020, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; 8/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; 12/2

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29828-a8caef9a/demanda-de-amparo-indirecto-presentada-via-electronica-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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