NORMAS DE DERECHO INTERNO. SU INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEBEN ARMONIZARSE NECESARIAMENTE CON EL DERECHO INTERNACIONAL CONVENCIONAL. PODERES OTORGADOS POR UNA PERSONA MORAL EN EL EXTRANJERO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 181, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (LEGISLACIÓN VIGENTE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2020).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 34/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO SEXTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 9 DE DICIEMBRE DE 2020. MAYORÍA DE VEINTIDÓS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, ÓSCAR PALOMO CARRASCO, OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ, JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ-LOYOLA PÉREZ, MARCO ANTONIO BELLO SÁNCHEZ, ANTONIO CAMPUZANO RODRÍGUEZ, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, MARÍA DEL PILAR BOLAÑOS REBOLLO, SERGIO URZÚA HERNÁNDEZ, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, FERNANDO ANDRÉS ORTIZ CRUZ, ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ, GASPAR PAULÍN CARMONA, EMMA GASPAR SANTANA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, JUAN CARLOS CRUZ RAZO, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO, GUILLERMINA COUTIÑO MATA, ROSA GONZÁLEZ VALDÉS Y AMANDA ROBERTA GARCÍA GONZÁLEZ. DISIDENTE: JORGE HIGUERA CORONA, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: GASPAR PAULÍN CARMONA. SECRETARIOS: KAREN AIDEÉ ÁLVAREZ AGUILAR Y MARIANO DÁVALOS DE LOS RÍOS.
Ciudad de México. Sentencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión pública celebrada vía remota por medio de videoconferencia en la plataforma CISCO WEBEX, el nueve de diciembre de dos mil veinte.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción. Por escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil diecinueve en la presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, **********, por conducto de su representante legal **********, denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero, Octavo, Noveno y Décimo Sexto, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los juicios de amparo directo 90/2018, 842/2017, 658/2015 y 197/2018, respectivamente.
SEGUNDO.—Radicación y requerimiento. Mediante proveído de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó formar el expediente impreso y electrónico correspondiente a la contradicción de tesis PC01.I.A.34/2019.C; y requirió a la presidencia de los Tribunales Colegiados Primero y Octavo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, para que informaran el carácter con el que se ostentó **********; lo anterior, para efectos de determinar la legitimación del denunciante, en términos de los artículos 227, fracción III, en relación con el diverso 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Admisión y trámite. Por acuerdo de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, en virtud de que los Tribunales Colegiados mencionados en el resultando que antecede informaron que ********** tiene reconocido el carácter de representante legal de **********, con fundamento en el numeral 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, el Magistrado presidente admitió a trámite la posible contradicción de criterios denunciada; asimismo, solicitó a las presidencias de los Tribunales Colegiados Primero, Octavo, Noveno y Décimo Sexto, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, para que rindieran informe en cuanto a la subsistencia de los criterios plasmados en sus ejecutorias discordantes.
Por oficio DGCCST/X/40/01/2020, de veinte de enero de dos mil veinte, el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que de la consulta al Sistema de Seguimiento de Contradicciones de Tesis pendientes de resolver, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis dictados por el Ministro presidente, en los últimos seis meses, no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis radicada con el tema de la posible contradicción; a saber: "Determinar cuáles son los alcances de un poder otorgado en el extranjero para intervenor (sic) ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Insustrial (sic) en representación de una persona moral extranjera."
CUARTO.—Turno. Mediante acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veinte se ordenó turnar el expediente virtual al Magistrado Gaspar Paulín Carmona, integrante del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
Mediante oficio de veinte de febrero del mismo mes y año, el Magistrado ponente solicitó prórroga para presentar el proyecto correspondiente; la cual se otorgó en proveído de veintiuno siguiente; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, reservada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General Número 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, reformado mediante Acuerdo General 52/2015, publicado en el citado medio de difusión oficial el quince de diciembre de dos mil quince, en virtud (sic) que se trata de una posible contradicción de criterios sustentados entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis la formula **********, por conducto de su representante legal **********, quien a su vez está legitimado para formularla, de conformidad con los numerales 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) y 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(2) porque fue parte en los juicios de amparo directo, cuyo conocimiento correspondió a los Tribunales Colegiados Primero y Octavo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, máxime que esos tribunales manifestaron que **********, tiene reconocido el carácter de representante legal de la persona física denunciante en los juicios que conocieron.
Apoya lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 152/2008, emitida por la Segunda (sic) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, noviembre de 2008, página 227, cuyos rubro y texto establecen lo siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que, si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa, pues entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."
TERCERO.—Criterios denunciados. Las consideraciones que sirvieron de base a los órganos contendientes para asumir su postura fueron las siguientes:
1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DA. 90/2018, el cinco de abril de dos mil dieciocho, sostuvo lo siguiente:
"QUINTO.— ...
"En los conceptos de violación primero, segundo y una parte del tercero, cuyo análisis se realiza de manera conjunta, dada su estrecha vinculación, la quejosa sostiene, en esencia, que la sentencia infringe los artículos 1o., 14, 16, 17 y 25 de la Constitución, debido a que la Sala llevó a cabo una interpretación ilegal y restrictiva de la fracción IV del artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial.
"Aduce que, con base en los principios pro persona y pro actione, la responsable debió tener presente que el ajuste del poder cuestionado a los formalismos de la legislación marcaria nacional no es el tema de fondo que se debe resolver en el procedimiento administrativo de declaración de caducidad, sino el hecho de si el registro marcario de su propiedad se usó en el territorio nacional en los tres años inmediatos anteriores; por lo que se debió reconocer la apariencia de la representación que se hace constar en el poder.
"Expone que la fracción IV del artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial únicamente exige, para presumir la validez de un instrumento otorgado en el extranjero, por persona moral extranjera, que dicho otorgamiento se realice de conformidad con la legislación aplicable, y que solamente en el evento en que en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona moral, así como del derecho del otorgante, se presumirá su validez, a menos de que exista prueba en contrario.
"Es decir, indica que el precepto y fracción citados permiten a la persona moral extranjera conceder un poder en los términos de las leyes aplicables al lugar en que se extienda, y que, en consecuencia, basta esa circunstancia para que se presuma su validez, la que únicamente se podrá controvertir cuando se exhiban pruebas para demostrar la inexistencia de la persona jurídica, o bien, la falta de derecho del otorgante, conclusión a la que arribó la Magistrada que formuló el voto particular emitido en el fallo que reclama.
"Alega que, en todo caso, la carga de probar que el poder es inválido corresponde a quien lo impugna, pero que no basta la simple afirmación en esos términos, sino que debe aportar las pruebas con las que acredite la falsedad de lo dicho en el instrumento cuestionado.
"También refiere que, aunque la Sala se percató de cuál es la legislación que le resulta más favorable, de un modo incongruente y contrario a los principios pro persona y pro actione resolvió aplicar en algunos puntos del fallo el artículo 181, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial y, en otros, el Protocolo sobre la Uniformidad del Régimen Legal de Poderes, esto es, que llevó a cabo una mezcla de los planteamientos a que esas normas se contraen.
"Explica que es incongruente lo señalado por la autoridad responsable en el sentido de que la decisión que adoptó no conlleva el sometimiento o subordinación de la legislación extranjera a la nacional, pero que, a la vez, manifieste que es irrelevante lo establecido por la Ley del Notariado del Estado de California.
"Lo anterior, argumenta, ya que si bien los convenios internacionales a que se refiere la Sala no establecen obligaciones sobre la forma en que se deben llenar los poderes, la legislación notarial del Estado de California sí impone limitantes que llevan al notario de los Estados Unidos de América a estar incapacitado para señalar los requisitos que la juzgadora asume como de validez.
"Concluye que, el hecho de que el artículo 181, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial prevea que la personalidad para actuar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se puede acreditar mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, conduce a reconocer que, por tratarse de dos supuestos distintos, el cumplimiento de los requisitos atinentes al primero extingue la obligación de reunir los del segundo; de manera que si el poder en controversia se otorgó bajo la legislación del Estado de California, existe la presunción de su validez, con independencia de si se adecua a los tratados internacionales, a menos que se pruebe lo contrario, lo que no aconteció.
"Los planteamientos sintetizados están encaminados a demostrar, en esencia, que acorde con el artículo 181, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, tratándose de la representación de personas morales extranjeras en los procedimientos seguidos ante el instituto demandado, a los que en específico se refiere esa fracción, basta para tener por presuntivamente válido el poder con que se ostente el promovente que el instrumento se haya otorgado conforme a la legislación aplicable al lugar en que se expida, sin que sea exigible que, además, en su texto se dé fe de la existencia de la persona jurídica extranjera en cuyo nombre se otorgue, así como del derecho del poderdante para conferirlo.
"Para resolver esas proposiciones es útil informar el contenido de las fracciones I a IV del artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que, a pesar de que la controversia se centra en exclusiva en lo dispuesto por la fracción IV, este tribunal estima oportuno analizar en forma sistemática lo que prevé esa fracción, en relación con las diversas hipótesis a que el precepto en consulta se contrae.
"‘Artículo 181. Cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad:
"‘I. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es persona física;
"‘II. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de personas morales, se trate de solicitudes de patentes, registros, o la inscripción de licencias o sus transmisiones.
"‘En este caso, en la carta poder deberá manifestarse que quien la otorga cuenta con facultades para ello y citarse el instrumento en el que consten dichas facultades.
"‘III. En los casos no comprendidos en la fracción anterior, mediante instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor cuando se trate de persona moral mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante, y
"‘IV. En los casos no comprendidos en la fracción II, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.’
"La transcripción que antecede revela que, cuando se presenten escritos o promociones ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por conducto de mandatarios, la personalidad de éstos se tendrá por acreditada siempre y cuando se satisfagan los requisitos exigibles, dependiendo del supuesto que en cada caso corresponda.
"Así, la fracción I del dispositivo reproducido pone de manifiesto que, si el mandante es una persona física, bastará que el mandatario exhiba carta poder simple suscrita ante dos testigos, para que se tenga por acreditada su personalidad.
"La segunda fracción, por otra parte, menciona que si el mandante es una persona moral y, además, el asunto se relaciona con solicitudes de patentes, registros, o la inscripción de licencias o sus transmisiones, la personalidad del mandatario se deberá otorgar mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, pero que en dicha carta poder se deberá manifestar que quien la otorga cuenta con facultades para ello y citar el instrumento en que consten dichas atribuciones.
"En diverso orden, la fracción III del precepto en análisis prevé que, en los casos no comprendidos en la fracción II del propio dispositivo, el mandatario podrá acreditar su personalidad con instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor, siempre que el mandante sea una persona moral mexicana, debiendo acreditarse, además, la legal existencia de ésta, así como las facultades del otorgante.
"Finalmente, la fracción IV del artículo 181 de la legislación marcaria en estudio se refiere a los supuestos en que la mandante sea una persona moral extranjera y se esté en casos no comprendidos en la fracción II de ese numeral, evento en que la personalidad del mandatario se podrá acreditar mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue, o bien, de acuerdo con los tratados internacionales. En esta fracción también se señala que, cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá su validez, salvo prueba en contrario.
"Teniendo en cuenta lo anterior, como se adelantó, no cabe duda de que el caso de la quejosa no se ubica en las fracciones I y III del precepto que se analiza, ya que no es una persona física ni se trata de una persona moral mexicana. Pero, además, tampoco se está en el supuesto de la fracción II del propio artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial porque, si bien en ésta se hace mención en forma genérica a las personas morales, sin distinguir entre las nacionales o las extranjeras, sí se delimita el tipo de procedimientos en que cobra actualización dicha fracción, dentro de los que no se encuentra el de declaración administrativa de caducidad, como es aquel del que emanó el acto impugnado en el juicio de nulidad.
"Hecha esta precisión, de la literalidad del artículo 181, fracción IV, de la legislación marcaria mexicana se obtiene que, en casos que no versen sobre solicitudes de patentes, registros, o la inscripción de licencias o sus transmisiones, pero se trate de personas morales extranjeras, la personalidad del mandatario que comparezca ante el instituto enjuiciado se acreditará de las siguientes formas:
"a) Mediante poder conferido conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue; o,
"b) De acuerdo a los tratados internacionales.
"Además, que cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el instrumento, así como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá su validez, salvo prueba en contrario.
"Esta forma de interpretación de la norma (la literal) no despeja con suficiente claridad la interrogante planteada por la particular inconforme, sobre si para tener por acreditada la personalidad de quien actúa en representación de una persona moral extranjera y, por ende, presumir la validez del instrumento en que dicha personalidad conste, en los procedimientos seguidos ante el instituto demandado, basta que el poder se haya otorgado conforme a la legislación aplicable al lugar en el que se expidió o si, como resolvió la responsable, es menester que en esa documental, además, se dé fe de la existencia de la propia persona jurídica, así como del derecho del otorgante para conferirlo.
"Se razona de esta manera porque la estructura de la fracción en análisis da noticia de que en una primera parte pareciera que se regulan únicamente dos formas de acreditar la personalidad cuando se actúe en nombre de una persona moral extranjera: la primera, el poder otorgado conforme a la legislación del lugar en que éste se extienda y, la segunda, de acuerdo a los tratados internacionales.
"No obstante, la segunda parte de esa misma fracción da la idea de que se prevé una tercera vía para acreditar la personalidad del representante de una persona moral de esa naturaleza, consistente en un poder en que se haga constar la existencia del ente jurídico colectivo extranjero en cuyo nombre se otorgue ese instrumento, así como del derecho del otorgante para hacerlo, y que, en este caso, reunidos estos dos requisitos, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.
"Por tanto, con la finalidad de esclarecer el contenido y alcances de la norma en cuestión es útil acudir al examen de sus antecedentes legislativos.
"Para tal efecto, se precisa que, en la iniciativa del proyecto de decreto por el que se expidió la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, de seis de diciembre de mil novecientos noventa, el precepto y fracción de nuestra atención se propusieron en los siguientes términos:
"‘Artículo 181. Cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario, ésta (sic) deberá acreditar su personalidad mediante:
"‘...
"‘III. Mandato otorgado conforme a la legislación aplicable en el domicilio del mandante o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera.’
"En las modificaciones propuestas por las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión se estimó conveniente que, para facilitar a las personas morales extranjeras la manera de acreditar la personalidad de su mandatario, en lugar de otorgar poder en su domicilio, puedan hacerlo en cualquier lugar, siempre y cuando dicho otorgamiento sea conforme a la legislación del sitio donde se confiera la representación.
"Además, también se propuso presumir la validez del poder otorgado –si no media prueba en contrario– cuando en el documento correspondiente se dé fe de la existencia legal de la persona moral extranjera y del derecho que tiene el otorgante para conferir el mandato.
"En relación al precepto que nos ocupa, al emitirse el diverso dictamen por la Cámara Revisora, no se realizaron modificaciones adicionales a las propuestas aceptadas en el seno de la Cámara de Origen, de manera que finalmente quedó redactado en los términos en que se expidió aquella norma, cuyo contenido se mantuvo inalterado hasta el dos de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, en que, con motivo de las reformas impulsadas, entre otras, con la finalidad de reducir los trámites para el cumplimiento de los requerimientos formulados por la autoridad administrativa, así como los requisitos para acreditar la personalidad de los representantes de personas morales a través de los cuales se realizan la mayoría de trámites, se adicionó una fracción II, y se recorrió el de la fracción III, para pasar a ser la actual fracción IV.
"Lo expuesto da noticia de que, a pesar de que desde la expedición de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial se previó que la representación de las personas morales extranjeras se realice a través de poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, no se expusieron razones suficientemente claras que permitan arribar a la conclusión de que el enunciado contenido en la segunda parte de la fracción IV del artículo 181 de ese ordenamiento (en que se establece que cuando en el poder se dé fe de la legal existencia de la sociedad, así como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá su validez, salvo prueba en contrario), se trata de una hipótesis diversa e independiente de la primera parte del propio numeral.
"Entonces, este órgano judicial estima necesario, en aras de brindar certeza jurídica sobre la decisión que se adopta, llevar a cabo la interpretación sistemática del artículo y fracción en controversia, a propósito de lo cual, nuevamente se reproduce su contenido:
"‘Artículo 181. Cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad:
"‘...
"‘IV. En los casos no comprendidos en la fracción II, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.’
"Como se informó, la primera parte de la fracción transcrita indica que, en los casos diversos a los que comprende la fracción II del precepto que se analiza, el mandatario que comparezca en representación de una persona moral extranjera en los procedimientos seguidos ante el instituto enjuiciado en la instancia contenciosa, para acreditar su personalidad, lo podrá hacer a través de poder otorgado conforme a la legislación aplicable al lugar en que se confiera, o bien, de acuerdo a los tratados internacionales.
"Respecto del primer supuesto, como sostuvo la Sala y, contrario a lo que considera la quejosa, no basta que el poder se haya extendido conforme a la legislación del lugar, para estimar que, por esa sola circunstancia goza de la presunción de validez necesaria para tener por acreditada la personalidad del mandatario, conclusión a la que se arriba, se reitera, de la interpretación sistemática de lo dispuesto por la primera y segunda parte de esa fracción.
"Ciertamente, en la segunda parte de la fracción en análisis se prevé que, cuando en el poder se haga constar la existencia de la persona moral extranjera, así como las facultades del otorgante para expedirlo, se presumirá la validez de aquél, salvo prueba en contrario, lo que, interpretado en sentido contrario, conduce a la conclusión de que, en el evento de que el instrumento de que se trate carezca de estos elementos (fe de la existencia de la persona moral extranjera, así como de las atribuciones del otorgante), entonces, no se podrá adoptar la presunción de su validez, siendo necesario que el interesado aporte, además, pruebas con las que acredite que la sociedad moral existe, y que quien extendió la documental con la que se comparece en la instancia administrativa cuenta con atribuciones suficientes para, a su vez, otorgar poderes.
"A propósito de lo que se resuelve, no se soslaya que, acorde con la legislación aplicable al lugar en que se otorgue un instrumento público de la naturaleza de la que participa el poder como el que es materia de controversia por las partes, se puedan exigir solemnidades o requisitos diversos a los que, por ejemplo, prevé la Ley del Notariado para la Ciudad de México; sin embargo, de la intelección de la fracción IV del artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial, con el contenido íntegro de ese precepto, se desprende que, tratándose de los procedimientos que se sustancian ante el instituto en la materia, el legislador previó, para seguridad de los interesados, que por cuanto hace a los instrumentos con los que se actúa en representación de las personas morales se haga constar, al menos, que la sociedad existe y que la persona que confirió la documental o instrumento en que, a su vez, se otorguen facultades o atribuciones a una diversa persona, cuenta con capacidad para esos efectos.
"A guisa de ejemplo se tiene que, en la fracción II del propio precepto legal, si bien se permite acreditar la personalidad de quien comparece en representación de una persona moral (sea nacional o extranjera) a través de carta poder simple suscrita ante dos testigos, también se indica que en la carta se deberá manifestar que quien la otorga cuenta con facultades para ello y citarse el instrumento en el que consten dichas facultades.
"Por otra parte, la fracción III del indicado dispositivo, aplicable a los casos de representación de las personas morales mexicanas, diversos a los que se contrae la fracción II, exige que en el instrumento público o carta poder con la que se pretenda acreditar la personalidad del mandatario se acredite la legal existencia de la sociedad moral correspondiente, así como las facultades del poderdante.
"En esa línea de pensamiento, no es posible inferir, como hace la quejosa, que en el caso de las personas morales extranjeras se haya realizado una distinción de la magnitud que se señala, con la finalidad de exentarlas de probar, al menos en forma presunta, la personalidad de sus representantes.
"Incluso, considerando que uno de los objetivos plasmados durante el proceso legislativo del que derivó la Ley de Fomento y de la Propiedad Industrial –antecedente de la Ley de la Propiedad Industrial–, en lo que corresponde a la representación de las personas jurídico colectivas extranjeras en los procedimientos seguidos ante la autoridad de la materia, fue simplificar los trámites administrativos y facilitar la manera en que dichas empresas acrediten la personalidad de sus mandatarios, ello no justifica, como expone la quejosa, que baste el otorgamiento de un poder con las formalidades previstas en la legislación en que aquél se otorgue, para presumir la validez de dicho instrumento.
"Sobre todo porque, de considerarlo de esa manera, el legislador no hubiera adicionado el citado precepto y fracción con la segunda parte en la que se hace mención de dar fe de la existencia de la sociedad, así como del derecho del otorgante del poder, para conferirlo, y simplemente habría diseñado ese dispositivo, por ejemplo, en los términos en que lo interpreta la quejosa, esto es, con una redacción más o menos así:
"‘Artículo 181. Cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad:
"‘...
"‘IV. En los casos no comprendidos en la fracción II, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera, supuestos en que se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.’
"No obstante, se reitera, la fracción de que se trata no se encuentra redactada de esa fo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29855-128d45b6/normas-de-derecho-interno-su-interpretacion-y-aplicacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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