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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN DE DICTÁMENES DE ESTADOS FINANCIEROS Y VERIFICACIÓN DIRECTA CON EL CONTRIBUYENTE. CUANDO EL EJERCICIO DE LA PRIMERA FACULTAD DE COMPROBACIÓN SE NOTIFICÓ EN 2013, SU CULMINACIÓN Y, EN SU CASO, EL INICIO DE LA SEGUNDA, SE RIGE POR EL ARTÍCULO 52-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN ESE AÑO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2020. · Registro digital (IUS): 29858
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-06-18
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO QUINTO Y VIGÉSIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, Pág. 4570.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO QUINTO Y VIGÉSIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 23 DE MARZO DE 2021. MAYORÍA DE DIECINUEVE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA, HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO, PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA, CARLOS RONZÓN SEVILLA, RICARDO OLVERA GARCÍA, CAROLINA ISABEL ALCALÁ VALENZUELA, ÓSCAR FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA, JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN, JOSÉ ÁNGEL MANDUJANO GORDILLO, J. JESÚS GUTIÉRREZ LEGORRETA, JOSÉ EDUARDO ALVARADO RAMÍREZ, ERNESTO MARTÍNEZ ANDREU, GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES, QUIEN FORMULÓ VOTO ACLARATORIO, ARMANDO CRUZ ESPINOSA, HUGO GUZMÁN LÓPEZ, MARTHA LLAMILÉ ORTIZ BRENA, CARLOS ALBERTO ZERPA DURÁN, ROSA ILIANA NORIEGA PÉREZ Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. DISIDENTES: MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL, JEAN CLAUDE TRON PETIT, MARCO ANTONIO CEPEDA ANAYA Y FERNANDO ANDRÉS ORTIZ CRUZ, QUIENES FORMULARON VOTO DE MINORÍA. PONENTE: CARLOS ALBERTO ZERPA DURÁN. SECRETARIO: ERIK JUÁREZ OLVERA.

Ciudad de México. Sentencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión por videoconferencia del veintitrés de marzo de dos mil veintiuno.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de la contradicción.

Mediante escrito recibido el veintidós de enero de dos mil veinte,(1) en la Presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, **********, en su calidad de representante legal de **********, parte quejosa en el juicio de amparo directo DA. 314/2019, del índice del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito denunció la posible contradicción de criterios, entre el referido órgano jurisdiccional y el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en la Materia y Circuito señalados, con la finalidad de que se dilucidara el siguiente aspecto:

"... determinar cuál es la norma aplicable en caso de que las autoridades fiscalizadoras hayan iniciado revisiones en 2013 con el contador público autorizado, respecto de contribuyentes que optaron por dictaminar sus estados financieros, mismas que no fueron terminadas en ese mismo año y aún estuviese corriendo el plazo legal para concluirlas; y, en vía de consecuencia, determinar si el plazo que rige es de 12 o 6 meses para que las autoridades fiscalizadoras finalicen la revisión del dictamen con el contador público autorizado."

SEGUNDO.—Radicación, admisión y trámite.

Por acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veinte,(2) el Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, ordenó la formación de los expedientes –impreso y electrónico–, y registró la contradicción de tesis con el número PC01.I.A. 02/2020.C.

El seis de febrero de dos mil veinte,(3) previo desahogo de un requerimiento, se admitió a trámite la posible contradicción de criterios denunciada, y se solicitó a las presidencias del Décimo Quinto y Vigésimo Primer Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, la remisión de los archivos digitales de las ejecutorias emitidas en el juicio de amparo directo y DA. 314/2019 y en el amparo en revisión RA. 374/2015; además, se les requirió un informe en el que manifestaran la subsistencia de los criterios que plasmaron en aquellas ejecutorias, si se encuentran vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados.

TERCERO.—Desahogo de requerimiento.

En atención al requerimiento precisado en el resultando que precede, el secretario del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito rindió informe en el sentido de que el criterio sustentado en el amparo en revisión RA. 374/2015, continúa prevaleciendo.(4)

Por su parte, la Magistrada presidente del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito rindió informe en el que expresó que el criterio sustentado en el amparo directo DA. 314/2019, no ha sido modificado ni abandonado.(5)

CUARTO.—Inexistencia temática de criterios.

Por oficio **********, de veinticinco de febrero de dos mil veinte,(6) el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que de la consulta al sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis dictados por el Ministro presidente, en los últimos seis meses, no se encuentra radicada en ese Alto Tribunal, contradicción de tesis alguna, relacionada con el tema de la posible contradicción de que se trata.

QUINTO.—Turno.

Mediante acuerdo de cinco de marzo de dos mil veinte,(7) se ordenó turnar el expediente a la Magistrada Guillermina Coutiño Mata, integrante del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

SEXTO.—Returno.

A través del acuerdo de cinco de febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 46 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, se returnó el presente expediente al Magistrado Carlos Alberto Zerpa Durán, para la elaboración del proyecto conducente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia.

Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General Número 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, por plantearse una posible contradicción de criterios sustentados entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación.

La denuncia de contradicción de tesis se planteó por parte legítima, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) y 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(9) debido a que fue formulada por **********, en su calidad de representante legal de **********, quien es parte quejosa en el juicio de amparo directo DA. 314/2019, del índice del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, esto es, fue parte en uno de los asuntos que motivó la divergencia de criterios.

TERCERO.—Criterios contendientes.

Previo a determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, es conveniente establecer los elementos fácticos y jurídicos que dieron lugar a las decisiones que son materia de la presente denuncia.

1. Antecedentes y decisión del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RA. 374/2015.

1.1. El siete de mayo de dos mil catorce, **********, a través de su apoderado legal ********** promovió juicio de amparo indirecto, en el que señaló como acto reclamado la solicitud de informes, datos y documentos contenida en el oficio número **********, de veintisiete de marzo de dos mil catorce, emitida por la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, dependiente de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, a través de la cual inició con la quejosa el ejercicio de las facultades de comprobación.

1.2. De la referida demanda de amparo, por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien en auto de ocho de mayo de dos mil catorce, la registró con el número 830/2014, y la admitió a trámite.

1.3. Posteriormente, la peticionaria de amparo amplió la demanda en contra de la solicitud de informes, datos y documentos contenida en el oficio número **********, de dieciocho de agosto de dos mil catorce.

1.4. Seguidos los trámites legales, el quince de mayo de dos mil quince, el juzgado a quo celebró la audiencia constitucional, y el cuatro de agosto de esa anualidad, en auxilio en el dictado de sentencias de aquel órgano jurisdiccional, el Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, emitió (sic) resolución respectiva, en la que determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado.

1.5. En contra de aquella decisión, el autorizado en términos amplios de la quejosa **********, interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien por auto de presidencia de catorce de septiembre de dos mil quince, lo registró con el número RA. 374/2019, (sic) y lo admitió a trámite.

1.6. En sesión de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, el referido Tribunal Colegiado resolvió revocar la sentencia recurrida y, en su lugar, conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para ello, emitió diversos argumentos vinculados con la contradicción de criterios que se analiza, consistentes en:

"Por tanto, es fundado lo esgrimido por la quejosa recurrente respecto a que es errónea la determinación del Juez Federal, ya que el cómputo debió realizarse de la fecha en que se notificó al contador público la revisión de los papeles de trabajo el cuatro de octubre de dos mil trece a la fecha en que se notificó a la contribuyente el oficio reclamado **********, en donde se solicitan los informes, datos y documentos necesarios para seguir con el procedimiento de revisión fiscal previsto en el artículo 52-A, primer párrafo, fracción II, del Código Fiscal de la Federación. Pues ciertamente la fecha que debe tomarse como base es la de notificación y no la de emisión del oficio; por ende, como el precepto es claro al señalar que la revisión a que se refiere esa fracción se llevará a cabo con el contador público que haya formulado el dictamen, no deberá exceder de un plazo de seis meses contados a partir de que se notifique al contador público la solicitud de información y que cuando la autoridad, dentro del plazo mencionado, no requiera directamente al contribuyente la información a que se refiere el inciso c) de esta fracción o no ejerza directamente con el contribuyente las facultades a que se refiere la fracción II del citado artículo, no podrá volver a revisar el mismo dictamen, salvo cuando se revisen hechos diferentes de los ya revisados.

"En efecto, en el normativo de referencia el legislador estatuyó:

"‘Artículo 52-A.’

"En mérito a lo anterior, es patente que el oficio ********** transgrede el contenido del artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación, ya que en éste se solicita información al contribuyente y empiezan a ejercerse las facultades de comprobación y la notificación de éste, que fue la data en que se requirió propiamente la citada documentación aconteció hasta el once de abril de dos mil catorce, es decir, ya había fenecido el término de seis meses estatuido en el citado normativo para que revisara el dictamen en que se apoyó la citada quejosa.

"Aunado a lo anterior, se considera igualmente eficaz el planteamiento referente a que el Juez Federal de manera errónea señaló que es inoperante el argumento de la quejosa en el que señala que la autoridad responsable contravino el artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación, al no haber iniciado la revisión dentro del plazo de seis meses contados a partir de que se notificó al contador la solicitud de información, ya que afirmó el Juez del conocimiento que se parte de una premisa falsa, pues este precepto lo que previene es la revisión del dictamen en dicho lapso y no la facultad de verificación (revisión de gabinete) como la practicada a la quejosa; lo que es inexacto ya que el último párrafo de la fracción I del artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación indica expresamente que ‘cuando la autoridad, dentro del plazo mencionado (seis meses), no requiera directamente al contribuyente la información a que se refiere el inciso c) de esta fracción o no ejerza directamente con el contribuyente las facultades a que se refiere la fracción II del presente artículo, no podrá volver a revisar el mismo dictamen, salvo cuando se revisen hechos diferentes de los ya revisados’; siendo evidente que en el caso, el citado normativo establece el plazo de seis meses tanto para la revisión del dictamen como para el ejercicio por parte de la autoridad de sus facultades de verificación o comprobación.

"Para corroborar la postura anterior es menester precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis aislada número 1a. CXCV/2015 (10a.), visible en la página 586 del Libro 19, junio de 2015, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, expuso lo siguiente: ‘FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. EL CONTRIBUYENTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA CUESTIONAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 52-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.’

"...

"En efecto nuestro Más Alto Tribunal advirtió que el anotado numeral estatuye que cuando las autoridades en ejercicio de sus facultades de comprobación revisen el dictamen y demás información a que se refiere el anotado artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación y la autoridad no ejerce con el contribuyente directamente las facultades de comprobación en el término anotado en dicho precepto, no podrá revisar el mismo dictamen, salvo que se revisen hechos diferentes, pero en el caso del oficio ********** y del posterior ********** de dieciocho de agosto se está intentando revisar la información y documentación relacionada con el citado dictamen y se iniciaron las facultades de comprobación fuera del plazo que estatuye el anotado artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación.

"...

"En efecto, aun cuando es acertado que el requerimiento de información al contador público autorizado para dictaminar estados financieros previsto en el artículo 52-A, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, no inicia la facultad de comprobación; lo cierto es que sí se vincula con el inicio de las citadas facultades y el plazo de seis meses sí debe respetarse; lo anterior dado que la propia fracción II del artículo 52-A en análisis, refiere que cuando la información o documentos requeridos al contador público que haya formulado el dictamen y la información solicitada de la contribuyente, fueran incompletos, las autoridades podrán ejercer directamente con el contribuyente sus facultades de comprobación, pero la propia fracción I, estableció que cuando la autoridad dentro del plazo mencionado no requiera directamente al contribuyente la información a que se refiere el inciso c) o no ejerza directamente con el contribuyente las facultades a que se refiere la fracción II del citado artículo, ya no podrá revisar el mismo dictamen, salvo que se revisen hechos diferentes; por lo que es patente que las citadas fracciones están entrelazadas y, por ende, se debió respetar el término de mérito, para iniciar con las citadas facultades referentes al dictamen que rigió la situación fiscal de la contribuyente en las fechas anotadas.

"Para corroborar el aserto anterior, es menester precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1989/2014, en sesión de ocho de octubre de dos mil catorce, dispuso:

"...

"De lo anterior se colige que nuestro Más Alto Tribunal resolvió que únicamente en los casos en que se determine la insuficiencia de la información proporcionada por el contador público –o ante la omisión en proporcionarla– se podrá iniciar de forma directa al contribuyente la revisión de su situación fiscal a través de los diversos procedimientos de fiscalización previstos en el Código Fiscal de la Federación; ya que el procedimiento establecido en la disposición reclamada tiene como propósito salvaguardar la garantía de seguridad jurídica de los contribuyentes, pues quienes dictaminan sus estados financieros tendrán la certeza de que no podrán ser molestados de manera directa a través de cualquiera de los procedimientos de fiscalización hasta en tanto no se haya agotado por la autoridad hacendaria el procedimiento de revisión del dictamen de estados financieros y exista pronunciamiento que destruya la presunción de veracidad que se constituye a favor de la opinión consignada en el dictamen emitido por el contador público registrado, quien se constituye entonces como el sujeto obligado y responsable de demostrar en el procedimiento relativo la legalidad y apego a los principios generales de contabilidad en que sustentó su opinión.

"Luego entonces, sólo cuando la culminación del procedimiento de revisión del dictamen de estados financieros tiene como conclusión la destrucción de la presunción de certeza de la opinión emitida por el dictaminador, tal circunstancia puede dar lugar a las diversas consecuencias; una de ellas implica que la autoridad fiscal podrá dar inicio –de manera directa con el contribuyente– al procedimiento de fiscalización correspondiente a fin de corroborar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales a que se encuentra afecto.

"En el caso es patente que la autoridad se excedió en el término de revisar los dictámenes financieros, pues no requirió la información al contribuyente dentro del marco que estableció la ley y cuando lo hizo iniciando sus facultades de comprobación, transgredió su derecho de que no se efectuará tal revisión sino hasta que ‘exista pronunciamiento que destruya la presunción de veracidad que se constituye a favor de la opinión consignada en el dictamen emitido por el contador público registrado’, tal como consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio anterior que resulta orientador para este Tribunal Colegiado.

"Ese orden de ideas en el agravio compendiado bajo el inciso 4) de la revisión adhesiva, el recurrente señala que en el caso, contra lo resuelto por el Juez de Distrito, el Código Fiscal de la Federación que debe aplicarse es el vigente en 2013 y no el del 2014, siendo que el primero de éstos en su artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación preveía un lapso de 12 meses para que la autoridad revisara los dictámenes financieros.

"Al respecto debe señalarse que tratándose de normas procesales como la que nos ocupa son aplicables las vigentes al momento de llevarse a cabo la actuación relativa.

"En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada número 2a. XLIX/2009, visible en la página, (sic) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 273 del Tomo XXIX, de mayo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estatuyó:

"‘NORMAS PROCESALES. SON APLICABLES LAS VIGENTES AL MOMENTO DE LLEVARSE A CABO LA ACTUACIÓN RELATIVA, POR LO QUE NO PUEDE ALEGARSE SU APLICACIÓN RETROACTIVA.’

"En ese contexto, como acertadamente expuso el recurrente adhesivo, el proceso de revisión de los dictámenes financieros al contador es previo e independiente al inicio de las facultades de comprobación al contribuyente, por ende, es evidente que si los derechos emanados de las normas adjetivas nacen y se agotan en cada etapa, cada una de sus fases se rige por la regla vigente al momento en que se desarrolla.

"Establecido lo anterior es patente que al emitirse el oficio **********, en donde se requirió la información, datos y documentos ahí establecidos, y se precisó que se iniciaba con las facultades de comprobación previstas en el artículo 42, primer párrafo, fracción II, del Código Fiscal de la Federación vigente (revisión de gabinete o escritorio) es patente que se estaba ante una fase diversa de la concerniente a revisar el dictamen financiero; pero por haber presentado el aludido dictamen, la contribuyente tenía el derecho que se respetaran los plazos para las mencionadas etapas, estatuidas en el artículo 52-A del código en mención.

"En efecto los oficios reclamados establecen lo siguiente:

"...

"Como se ve, la autoridad en el primer oficio expuso que iniciaba sus facultades de comprobación, y que lo verificaría (sic) sería la información que dimanaba del dictamen del contador, es decir, es patente que esta revisión proviene directamente de aquélla.

"En esa línea de pensamiento, una vez precisado que se está ante etapas diferentes, es dable considerar que el artículo 52-A que debía tomarse en consideración era el vigente en 2014 y no el anterior, lo que implica que la autoridad sólo tenía seis meses, desde que inició con la revisión del citado dictamen para resolver la situación de éste o iniciar sus facultades de comprobación; estimar lo contrario, sería tanto como otorgarle a la autoridad tiempo extra para sus facultades lo que generaría un perjuicio a la contribuyente, quien al haber acudido a un contador para que emitiera el citado dictamen, vería prolongado el tiempo para que su situación fiscal sea revisada, a diferencia de aquellos que no lo hacen; pues si se estima que ambas fases, la revisión al contador y el inicio de las facultades de comprobación directamente con el contribuyente no están ligadas y que no le es aplicable al citado inicio el término estatuido en el artículo 52-A del Código Fiscal Federal, se llegaría al absurdo de que en estos casos la autoridad revisara por más tiempo la información requerida (dimanada del dictamen) que en los casos en que se inician directamente las facultades con el contribuyente, una interpretación contraria sería vulneratoria del principio pro homine inserta en el artículo 1o. constitucional."

2. Antecedentes y decisión del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DA. 314/2019:

2.1. La quejosa **********, a través de su representante legal, promovió juicio de amparo directo en contra de la sentencia dictada por la Sala Especializada en Juicios en Línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio contencioso **********, en la que declaró la nulidad de la resolución que confirmó la determinación que le impuso un crédito fiscal por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única e impuesto al valor agregado.

2.2. De la referida demanda de amparo, correspondió conocer al Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien por acuerdo de Presidencia de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, la registró con el número DA. 314/2019, y admitió a trámite; posteriormente, en auto de veintiséis de junio de esa anualidad, la turnó a la Magistrada relatora para que elaborara el proyecto de resolución correspondiente.

2.3. En sesión de siete de noviembre de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos, los Magistrados integrantes del aludido Tribunal Colegiado, determinaron negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado y, en relación con el tema que originó la denuncia de criterios, emitieron las consideraciones siguientes:

"De la sentencia reclamada se advierte que sobre el tema la Sala responsable resolvió:

"‘Por principio de cuentas debe señalarse que el inicio de las facultades de comprobación por parte de la demandada se dio con el oficio **********, de fecha 12 de julio de 2013, mismo que fue notificado a la accionante el día 23 de agosto de 2013, aspectos sobre los cuales no existe controversia alguna.

"‘Ahora bien, el artículo 52-A del Código Fiscal Federal, vigente durante los meses de julio y agosto de 2013 establece lo siguiente:

"‘...

"‘Por lo tanto, contrario a lo señalado por la accionante, la autoridad contaba con un plazo de 12 meses para concluir su revisión de los estados financieros; de ahí que si el 14 de marzo de 2014, como se advierte de autos, la autoridad notificó a la actora la orden de visita, es inconcuso que ello se efectuó dentro del plazo de 12 meses que contaba para ello.

"‘No pasa por desapercibido para esta Sala, que con fecha 9 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establecieron una serie de reformas al Código Fiscal de la Federación, dentro de las que se incluye, precisamente, la reforma al artículo 52-A, reduciendo el plazo de 12 meses a 6 meses para que la autoridad concluya la revisión efectuada al contador público; sin embargo, dicho decreto entró en vigor hasta el 1o. de enero de 2014; de ahí que a consideración de esta Sala, se deban seguir las reglas y plazos procesales vigentes al inicio del ejercicio de las facultades de comprobación; máxime considerando que del análisis efectuado a los artículos transitorios del referido decreto, no se advierte disposición alguna en contrario.’

"...

"Ahora, una vez establecido lo anterior, y con el fin de resolver la propuesta de la quejosa, es necesario establecer qué norma es la que resulta aplicable al caso concreto, la vigente en dos mil trece o la vigente en dos mil catorce, siendo que en la primera, el artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación preveía un lapso de doce meses para que la autoridad revisara los dictámenes financieros y el segundo un plazo de seis meses.

"El quejoso manifiesta que tratándose de normas de carácter procedimental, la emisión de nuevas (sic) resultan aplicables a todos los hechos posteriores a su promulgación, por lo que la derogación de la anterior ley es instantánea, por lo que al tratarse de leyes adjetivas debe atenderse a los diferentes momentos de realización para determinar cuál es la ley que debe regir cada acto; indica que si antes de concluir una etapa del procedimiento el legislador modifica su tramitación, y en el caso disminuye el término o modifica el procedimiento, no existe retroactividad de la ley.

"Cita en apoyo a su propuesta, la tesis aislada número 2a. XLIX/2009, visible en la página, (sic) sustentada por la Segunda Sala de la SCJN, visible en la página 273 del Tomo XXIX, de mayo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:

"‘NORMAS PROCESALES. SON APLICABLES LAS VIGENTES AL MOMENTO DE LLEVARSE A CABO LA ACTUACIÓN RELATIVA, POR LO QUE NO PUEDE ALEGARSE SU APLICACIÓN RETROACTIVA.’

"Para resolver el planteamiento formulado, resulta pertinente transcribir el contenido del artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, que establece en lo conducente:

"‘Artículo 6o.’

"Ahora bien, si mediante oficio **********, de doce de julio de dos mil trece, notificado al contador público certificado el veintitrés de agosto de dos mil trece, la autoridad lo citó para la revisión de papeles de trabajo, elaborados con motivo del dictamen fiscal realizado y entonces el artículo 52-A del Código Fiscal de Federación establecía que: ‘La revisión a que se refiere esta fracción se llevará a cabo con el contador público que haya formulado el dictamen. Esta revisión no deberá exceder de un plazo de doce meses contados a partir de que se notifique al contador público la solicitud de información.’, se concluye que ésa es la disposición a la que debe acudirse para determinar cuál es el plazo con el que cuenta la fiscalizadora para concluir la revisión de que se trata.

"No siendo obstáculo a lo anterior, que en el numeral 52-A, vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce, se hubiese reducido el plazo de que se trata a seis meses, pues lo que resulta relevante para establecer cuál es el aplicable, es la fecha en que la fiscalizadora notificó de la revisión del dictamen.

"Motivo por el cual, si la autoridad inició sus facultades de comprobación frente a la quejosa el catorce de marzo de dos mil catorce a través de la notificación de la orden de visita domiciliaria (fase autónoma e independiente del dictamen), se concluye que lo hizo dentro del plazo de doce meses previsto en la norma, sin que al caso resulte aplicable el diverso de seis meses, porque éste se estableció en una disposición vigente con posterioridad a la revisión del dictamen; de ahí que no le asista razón cuando alega que no se cumple con las formalidades de la revisión, ni sea verdad que se excedan los plazos estipulados para requerir directamente al contribuyente.

"Asimismo, la circunstancia de que en los artículos transitorios del Decreto por el que se reforma, adiciona y se derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, no se señale que las facultades de comprobación iniciadas con anterioridad al decreto sigan con los plazos anteriores, no quiere decir que en el caso deba estarse al plazo de seis meses, porque lo cierto es que el artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, es claro al establecer que las contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad.

"Lo anterior debe ser interpretado en el sentido de que las normas del procedimiento aplicables son las vigentes al momento en que la autoridad ejerce sus facultades de comprobación, por ser cuando la fiscalizadora debe cumplir con las obligaciones que le impone la norma.

"De ahí que, si como ya se indicó, la revisión del dictamen de estados financieros, que bien puede implicar un ejercicio de facultad de comprobación fue ejercida en el año dos mil trece, la norma aplicable resulta ser la vigente en esa anualidad.

"No pasa desapercibida la tesis que cita el quejoso y que establece que cuando se trata de normas procesales o de procedimiento, las partes no adquieren el derecho a que la contienda se tramite conforme a las reglas del procedimiento vigente cuando haya nacido el acto jurídico de o

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29858-c72e6d4d/revision-de-dictamenes-de-estados-financieros-y-verificacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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