TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO POR TIEMPO DETERMINADO. CORRESPONDE AL ESTADO, EN SU CARÁCTER DE EMPLEADOR EQUIPARADO, JUSTIFICAR LA TEMPORALIDAD DE SU NOMBRAMIENTO (LEGISLACIONES BUROCRÁTICA FEDERAL Y DEL ESTADO DE COLIMA).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 232/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 10 DE MARZO DE 2021. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: GABRIELA ZAMBRANO MORALES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la denuncia de contradicción de tesis.(2)
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(3) pues fue formulada por Marco Antonio Llamas Martínez, por conducto de su apoderado, en su carácter de parte quejosa dentro del juicio de amparo directo 45/2020, del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito.
TERCERO.—Criterios contendientes. A fin de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, es pertinente tomar en cuenta los aspectos más relevantes de las ejecutorias que dieron origen a dichos criterios que, en síntesis, son los siguientes.
I. Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 45/2020
1. Marco Antonio Llamas Martínez, por conducto de su apoderado, promovió juicio laboral en contra del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, de quien demandó la reinstalación en su puesto, así como el pago de diversas prestaciones laborales, con motivo de su despido injustificado.
2. Correspondió conocer del asunto al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, quien registró la demanda bajo el expediente 393/2016; y, una vez seguida la secuela procesal, el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, dictó el laudo en el que determinó que el trabajador acreditó parcialmente su acción, por lo que condenó a la parte demandada al pago del aguinaldo, entre otras prestaciones, absolviéndola del reconocimiento y expedición del nombramiento como trabajador de base, así como de su reinstalación.
3. Inconforme, el actor promovió juicio de amparo directo, del cual, por razón de turno, correspondió conocer al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, quien lo registró bajo el expediente 45/2020. En sesión ordinaria virtual de treinta de julio de dos mil veinte, el órgano colegiado dictó sentencia en la que resolvió conceder el amparo a la parte quejosa.
En lo que a este asunto interesa, las consideraciones del Tribunal Colegiado fueron, esencialmente, las siguientes:
• Es infundado el argumento del quejoso respecto a que los contratos de prestación de servicios no pueden ser tomados en cuenta a efecto de determinar la naturaleza del puesto que ocupaba, al no cumplir los requisitos establecidos en los artículos 11 y 19 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima.
• La Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 451/2009, determinó que la autoridad laboral puede atender a las cláusulas contenidas en un contrato de prestación de servicios profesionales y considerar válida la vigencia o efectos temporales en él establecidos.
En ese sentido, emitió la jurisprudencia 2a./J. 67/2010, de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO Y NO DE UN CONTRATO DE NATURALEZA CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO IMPLICA NECESARIAMENTE EL OTORGAMIENTO DE UN NOMBRAMIENTO DE BASE O POR TIEMPO INDEFINIDO."
• Ahora, en el caso, del último contrato de prestación de servicios celebrado entre el quejoso y el director general de Capital Humano del Gobierno del Estado de Colima, se advierte que la temporalidad de la contratación fue por tiempo determinado, lo que coincide con los otros contratos que fueron ofrecidos por la demandada.
• De esa forma, debe concluirse que respecto a los trabajadores temporales contratados para obra o tiempo determinado, la entidad pública queda en aptitud de expedir el nombramiento que les correspondiera o bien, ubicarlos en la lista de raya, como sucedió en el caso, de ahí que el quejoso gozara de las medidas de protección al salario y los beneficios de la seguridad social, sin posibilidad a adquirir el derecho a la estabilidad en el empleo.
• Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los trabajadores eventuales no tienen derecho a la inamovilidad en forma automática ni adquieren derechos escalafonarios en la plaza o contratación respectiva, debido a que dicha contratación depende de la disponibilidad presupuestal que de manera anual se autoriza para este tipo de nombramientos.
• Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 134/2006, cuyo rubro señala: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA INAMOVILIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO CORRESPONDE A QUIENES SE LES EXPIDE UN NOMBRAMIENTO TEMPORAL, AUNQUE LAS FUNCIONES DEL PUESTO QUE DESEMPEÑEN SEAN CONSIDERADAS DE BASE."
• Conforme a lo expuesto, los contratos de trabajo son idóneos para acreditar el carácter temporal del trabajador, sin que sean obstáculo las afirmaciones del quejoso relativas a que el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que éste laboró del dos mil ocho al dos mil dieciséis, pues lo cierto es que el contrato se renovaba periódicamente, sin que ello implique que hubiera adquirido el derecho de estabilidad en el empleo.
• Además, se reitera, los trabajadores temporales carecen de estabilidad en el empleo, aun cuando hubieran realizado actividades que correspondan a trabajadores de base, pues así lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
II. Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 16/2018
El punto de contradicción a dilucidar consistió en determinar si el Estado-patrón está obligado a justificar la temporalidad de la contratación o si está exento de ello.
El estudio de fondo se sustentó esencialmente en lo siguiente:
• En principio, debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la relación de trabajo regulada por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, es un lazo sui generis de carácter laboral, diferente al vínculo ordinario de trabajo, lo que se debe a la posición de los sujetos, la naturaleza imperativa del Estado, así como la clase del acto jurídico que da origen a la relación.
• Ahora, el Estado, como patrón, está obligado a observar lo establecido en las leyes, lo que se traduce en la sujeción de los poderes públicos al marco constitucional y a los derechos fundamentales ahí establecidos, por lo que en la relación con los servidores públicos, sus actos se rigen por lo expresamente establecido en los ordenamientos correspondientes, de lo contrario, podría gozar de inmunidad ante los derechos laborales de sus trabajadores.
• En ese sentido, ni la norma constitucional ni la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado prevén excepción alguna en la que el Estado no deba sujetar sus actos a lo previsto en ellas, incluso tratándose de actos discrecionales, tendrá que justificarlos con base en razones objetivas, suficientes y apegadas al orden legal, a efecto de permitir al trabajador combatir dichos actos.
• De acuerdo con los artículos 4o., 5o. 6o., 12, 15, 46, fracción II, 63 y 64 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, los trabajadores se dividen en dos categorías: de base y de confianza. Esta última calidad es una excepción de la primera. En el caso de los trabajadores de base, éstos son inamovibles, mientras que los de nuevo ingreso lo serán hasta cumplir más de seis meses de servicios, sin nota desfavorable en su expediente.
Asimismo, de acuerdo con los citados preceptos, los nombramientos que se emitan deberán describir su naturaleza, esto es, si se trata de uno definitivo, interino, provisional, por tiempo fijo o por obra determinada. Además, los trabajadores no podrán ser cesados injustificadamente, a menos de que se actualice alguna hipótesis que exima la responsabilidad del patrón, como lo es la conclusión del término o de la obra.
• De ese modo, la regla general es que los trabajadores al servicio del Estado sean de base, mientras que la calidad de confianza es excepcional, pues para tener dicho carácter es necesario que las funciones que se desempeñen estén descritas dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 5o. de la ley burocrática. Por tanto, antes de analizar la temporalidad de un nombramiento debe atenderse a la calidad de las actividades del operario, pues si son de confianza no tendrán derecho a la permanencia.
• Así, debe atenderse a la descripción de los tipos de nombramientos de los trabajadores al servicio del Estado, los cuales se dividen en: a) definitivo, que es el que se da por tiempo indefinido y para cubrir una plaza respecto de la que no existe titular; b) interino, aquel que se suscita por un plazo de hasta seis meses, a efecto de cubrir una vacante definitiva o temporal; c) provisional, el que se expide para cubrir una vacante temporal mayor a seis meses, respecto de una plaza o puesto en el que exista titular; d) por tiempo fijo, el que se otorga en una plaza temporal por un plazo previamente definido y; e) por obra determinada, que es aquel que se otorga en una plaza temporal para realizar una labor o trabajo específico por un plazo indeterminado.
• Respecto de los últimos dos supuestos, se tiene que en la fracción III del artículo 15 de la ley burocrática se establecieron los nombramientos por tiempo fijo u obra determinada, con los cuales el legislador pretendió satisfacer las necesidades emergentes y extraordinarias de las dependencias, así como la contratación de personal para cuestiones concretas.
• Al respecto, en la exposición de motivos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no se especifica la distinción entre este tipo de nombramientos; sin embargo, ello no ha impedido que la doctrina en materia burocrática haya adoptado la definición e instituciones contenidas en el derecho laboral ordinario, siempre en atención a las particularidades existentes en las relaciones de los servidores públicos.
• De esa manera, lo relativo a un lapso específico, se distingue en función de la duración del servicio que se va a desempeñar, atendiendo a la naturaleza del trabajo que se presta al Estado como empleador, lo cual no debe estar vinculado al desarrollo de una actividad permanente sino ocasional, derivado de una contingencia, una actividad que normalmente no tenga posibilidad de repetirse en el futuro o que los servicios se actualicen en intervalos sin uniformidad.
• En cuanto a los nombramientos por obra determinada, éstos se rigen por la naturaleza del trabajo a ejecutar, por lo que deben especificarse las características de la labor y los servicios que se está obligado a prestar para su realización, de manera que aunque se fije un tiempo aproximado de duración del contrato, su terminación no se sujeta al plazo sino a la consumación de la obra, lo cual motiva la finalización de la relación de trabajo.
• Por otro lado, se ha establecido que para deducir los derechos de los trabajadores al servicio del Estado, de acuerdo con el nombramiento otorgado, debe considerarse la situación real respecto del periodo que permaneció en el puesto y la existencia de un titular de la plaza, con independencia del tipo de nombramiento otorgado. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 35/2006, de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SUS DERECHOS EN VIRTUD DEL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO, ATENDIENDO A LA TEMPORALIDAD, DEBE CONSIDERARSE LA SITUACIÓN REAL EN QUE SE UBIQUEN Y NO LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL."
• Respecto a este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la inamovilidad en el puesto sólo corresponde al trabajador de base, en plazas de nueva creación o vacantes definitivas cuando hubieran laborado más de seis meses sin nota desfavorable en su expediente, lo que excluye a los eventuales, en tanto que el artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado prevé como una excepción de responsabilidad del Estado la terminación de un nombramiento por tiempo u obra determinada.
Asimismo, ha señalado que la declaración judicial de existencia de una relación de trabajo no presupone el otorgamiento de un nombramiento de base o indefinido, pues el hecho de que no se acredite la defensa en el sentido de que el vínculo era de naturaleza civil, no impide el análisis de las cláusulas pactadas de conformidad con las disposiciones laborales.
• Conforme a lo expuesto, se advierte que la propia norma burocrática confiere al Estado la discrecionalidad de otorgar el nombramiento que estime pertinente para el cumplimiento de sus fines, siempre que se especifique la naturaleza del mismo, por lo que es implícita la intención del legislador de que el patrón encuadre los nombramientos que otorgue a las categorías señaladas en la ley, lo que se traduce en el deber de justificar el motivo de la contratación.
• Lo contrario, permitiría el actuar arbitrario del patrón equiparado, al estar en posibilidad de otorgar nombramientos interinos, provisionales, por tiempo fijo o por obra determinada sin la obligación de acreditar la causa motivadora y, por tanto, expedir nombramientos temporales únicamente con la finalidad de librarse de la responsabilidad de la terminación de la relación de trabajo, aun cuando pudiera demostrarse en juicio que los nombramientos han sido sucesivos, con el consiguiente detrimento en los derechos laborales de los servidores públicos.
• Por ello, es imprescindible que se demuestre el motivo de la temporalidad, al margen de la denominación del nombramiento, lo que se traduce en una carga para el patrón de demostrar que los nombramientos que expida se encuentren apegados a la normatividad correspondiente y no vulneran la esfera jurídica de los servidores públicos.
• Lo anterior, permite concluir que aunque se otorgue un nombramiento interino, provisional, por obra o término determinado, no implica necesariamente que sea eventual, ya que debe justificarse no sólo el hecho así descrito en el nombramiento, sino el motivo por el que la relación es temporal y que no tiene derecho a la permanencia.
• Así, el Estado, en su carácter de empleador, debe probar la causa motivadora de la temporalidad de los nombramientos en términos de su denominación, pues en el caso de que no se demuestre dicha circunstancia no existiría certeza de la naturaleza perecedera de la terminación del vínculo sin responsabilidad para el patrón, en términos del artículo 46, fracción II, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
• Consecuentemente, la mera expresión en el nombramiento de la temporalidad no es suficiente para acreditarla, pues debe justificarse el motivo que le confiere dicho carácter, en tanto que tal circunstancia no puede impedir que un trabajador goce de los derechos establecidos en la ley burocrática y en la Constitución Federal.
Las consideraciones anteriores, dieron lugar a la jurisprudencia PC.I.L. J/51 L (10a.), de título y subtítulo:
"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. CORRESPONDE AL PATRÓN JUSTIFICAR LA TEMPORALIDAD DEL NOMBRAMIENTO Y SU CAUSA MOTIVADORA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la relación de trabajo regulada por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado es un lazo sui géneris de carácter laboral, distinto del vínculo ordinario de trabajo, por la posición de los sujetos en dicho nexo, en vista de la naturaleza imperativa del Estado y la clase del acto jurídico que genera la relación, de manera que en el trabajo burocrático la relación tiene su origen en un nombramiento y el desempeño de la función no está sujeto a la libre voluntad del titular de la dependencia burocrática y del servidor, sino predeterminado por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, lo cual resulta una garantía para los trabajadores al servicio del Estado, de los términos y condiciones en que deben desarrollar sus labores, con entera independencia de la mera voluntad y el arbitrio de los titulares de las dependencias estatales. Al respecto, la ley referida en la fracción III del artículo 15, ha establecido que los nombramientos deberán contener el carácter de los mismos, esto es: definitivo, interino, provisional, por tiempo fijo y por obra determinada. De esta forma, se confiere al Estado discrecionalidad de otorgar nombramientos, siempre que especifique su naturaleza, siendo implícita la intención del legislador de que el patrón los encuadre en las categorías mencionadas, por lo que debe justificarse su temporalidad; de lo contrario, se permitiría el actuar arbitrario del patrón, al estar en posibilidad de otorgar nombramientos sin tener que acreditar la causa motivadora, liberándolo de la responsabilidad de la terminación de los vínculos de trabajo, con el consiguiente detrimento en los derechos de los servidores públicos."(4)
CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Procede determinar si existe la contradicción de tesis denunciada entre el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito y el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que existe contradicción de tesis cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.(5)
Así, la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los Tribunales Colegiados de Circuito, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
En ese sentido, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico a partir de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse en tanto no podría arribarse a un criterio único, ni tampoco sería posible sustentar una jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto.
Lo anterior, porque ello conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de tesis, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
Apuntado lo anterior, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que en el caso sí se configura la contradicción de tesis denunciada, debido a que las consideraciones de los órganos contendientes contienen elementos a partir de los cuales arribaron de manera implícita a conclusiones distintas entre sí respecto al problema jurídico sometido a su estudio.
En efecto, al resolver el juicio de amparo directo 45/2020, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito se pronunció respecto a la temporalidad de la relación de trabajo existente entre un servidor público y el Poder Ejecutivo del Estado de Colima.
Al respecto, calificó como infundado el argumento relativo a que los contratos de prestación de servicios ofrecidos por la demandada no cumplían con los requisitos de los artículos 11 y 19 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima y, por tanto, no eran susceptibles de ser tomados en consideración a efecto de determinar si el trabajador tenía el carácter de servidor público de base o de confianza, así como la temporalidad de su nombramiento, esto es, si era definitivo, interino, provisional, a tiempo fijo, o bien por obra determinada.
Del análisis de los contratos, el órgano colegiado determinó que la relación de trabajo celebrada entre el actor y la parte demandada fue por tiempo determinado, por lo que al tratarse de un trabajador temporal carecía del derecho de estabilidad en el empleo, con independencia de las funciones que hubiera realizado, en tanto que su contratación no era susceptible de basificación, ni implicaba la creación de una plaza permanente, lo que además estaba sujeto a la disponibilidad presupuestal.
Por su parte, el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 16/2018, determinó que si bien, de conformidad con los artículos 12 y 15, fracción III, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, los trabajadores prestarán sus servicios con base en un nombramiento expedido por el funcionario público facultado para ello en el que se deberá describir el carácter, es decir, si es definitivo, interino, provisional, por tiempo fijo o por obra determinada y para el caso de los trabajadores temporales, para obra determinada o por tiempo fijo existe la opción de que sólo se les incluya en las listas de raya correspondientes.
En ese contexto, dijo que el hecho de que el Estado, en su carácter de empleador, celebre contratos por tiempo determinado no implica necesariamente el carácter temporal de la relación de trabajo, pues para ello es necesario que se justifique la razón que motivó la temporalidad del vínculo laboral.
Lo anterior, pues consideró que no basta con acreditar la celebración de un contrato por tiempo determinado, para considerar actualizada la terminación de la relación de trabajo sin responsabilidad para el empleador, en términos del artículo 46, fracción II, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por ser necesario demostrar la causa que originó la temporalidad del nombramiento.
Asimismo, señaló que lo contrario implicaría la posibilidad de que el empleador otorgue nombramientos de manera arbitraria, a efecto de liberarse de la responsabilidad de la terminación de los vínculos de trabajo, al no tener que justificar el carácter temporal en la celebración de los contratos, con el consiguiente detrimento en los derechos de los servidores públicos.
Como se advierte, ambos órganos se pronunciaron respecto a una misma problemática, relacionada con la temporalidad en la contratación de servidores públicos.
Así, mientras que el Tribunal Colegiado de Circuito consideró que era suficiente que en el contrato celebrado entre el trabajador y el empleador se señale que se trata de una relación por tiempo determinado para acreditar la temporalidad de la relación de trabajo, de acuerdo con el criterio emitido por el Pleno de Circuito, para acreditar el carácter temporal de la relación laboral de un servidor público, no basta con que el nombramiento se hubiera celebrado por tiempo determinado, pues es necesario que el Estado, en su carácter de empleador, justifique la razón que motivó el otorgamiento del nombramiento bajo dicha temporalidad.
Establecido lo anterior, esta Segunda Sala concluye que sí existe la contradicción de criterios, cuyo punto a dilucidar consiste en determinar si para acreditar la temporalidad del nombramiento de un servidor público basta con que ello se advierta de los contratos celebrados por tiempo determinado, o además es necesario que el empleador justifique dicha temporalidad.
No es obstáculo a la conclusión anterior, el hecho de que el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito no se haya pronunciado expresamente respecto a si la entidad demandada debía justificar las causas que originaron la temporalidad de la relación de trabajo, pues lo cierto es que al tener por acreditado el carácter eventual del trabajador con base, únicamente, en los contratos ofrecidos en el juicio laboral, de manera implícita consideró que ello no era necesario.
Al respecto, es aplicable la tesis aislada 2a. XXVIII/2002, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE DE MANERA IMPLÍCITA CUANDO UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO EXPRESA CONSIDERACIONES RESPECTO DEL CRITERIO CUESTIONADO, PERO ARRIBA A UNA CONCLUSIÓN DIVERSA DE LA QUE ESTABLECE EL OTRO TRIBUNAL SOBRE EL MISMO PROBLEMA JURÍDICO."(6)
Asimismo, no es impedimento para la existencia de la contradicción de tesis el hecho de que el Tribunal Colegiado de Circuito se pronunciara respecto a una relación burocrática regida por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; mientras que el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito se basó en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en tanto que ambos ordenamientos regulan de manera similar la temporalidad de las relaciones de trabajo, tal como se demostrará en el considerando siguiente.
QUINTO.—Estudio. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Segunda Sala, de acuerdo con las siguientes consideraciones.
En primer término, conviene precisar el contenido del artículo 123, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual es del tenor siguiente:
"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
"... B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:
"... IX. Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley.—En caso de separación injustificada tendrá derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley."
Del precepto constitucional transcrito, se advierte el derecho a la estabilidad en el empleo de los trabajadores al servicio del Estado como un principio constitucional, no obstante, dicho derecho no puede entenderse como absoluto para todos los trabajadores, pues debe atenderse a la legislación secundaria que regula los términos y condiciones en que se otorgue.
De ese modo, se establece que los trabajadores pueden ser suspendidos o cesados por causa justificada en los términos que fije la ley, de manera que es en ésta donde el legislador puede establecer condiciones para otorgar nombramientos de carácter definitivo o temporal, distinguiendo entre los tipos de trabajadores.
En ese sentido, tanto la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, como la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, prevén los diferentes nombramientos que podrán ocupar los trabajadores en atención a las funciones que realizan, distinguiendo entre aquellos de confianza y de base, así como de acuerdo a la temporalidad por la que se celebran.
En atención a las funciones que desempeñan los servidores públicos, conforme a los artículos 4o. y 6o. de la ley burocrática federal,(7) y 5, 8 y 9 de la legislación estatal,(8) se prevé un régimen de excepción, en el sentido de que son trabajadores de base todos aquellos que no sean empleados de confianza, con las modalidades y limitaciones que establece la propia ley, quienes únicamente disfrutarán de las medidas de protección al salario y los beneficios de la seguridad social.
Asimismo, se previó que la calidad de trabajador de base no se adquiere automáticamente, esto es, por el simple hecho de prestar un servicio y no estar considerado como trabajador de confianza, pues para ello es necesario cumplir los requisitos establecidos en la ley como lo son que el trabajador ocupe una plaza de nueva creación, o bien una vacante.
En efecto, destaca conforme a lo previsto en los artículos 6o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 9 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, que los trabajadores que sean nombrados en plazas de base adquieren el derecho a la inamovilidad o a la basificación una vez que hayan prestado sus servicios durante más de seis meses, habiéndose desempeñado eficientemente.
De esa forma, con independencia de la denominación del nombramiento o los diversos nombramientos que se hayan otorgado al trabajador en diversas plazas, lo cierto es que al haber laborado durante más de seis meses desarrollando actividades propias de un trabajador de base sin nota desfavorable, o de manera eficiente, éste adquiere el derecho a la inamovilidad en su puesto.
Por otro lado, en atención a la temporalidad de los nombramientos, tanto la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado(9) como la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima(10) distinguen los siguientes supuestos:
a) Definitivo: El que se da por tiempo indefinido y para cubrir una plaza respecto de la que no existe titular.
b) Interino: Si se da por un plazo de hasta seis meses para cubrir una vacante temporal.
c) Provisional: Los que de acuerdo con el escalafón se otorgan para ocupar plazas de base vacantes, por licencias mayores de seis meses.
d) Por ti
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29923-75529f34/trabajadores-al-servicio-del-estado-por-tiempo-determinado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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