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Modo: Corpus Pro

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO CON NOMBRAMIENTO TEMPORAL. NO TIENEN DERECHO A LA PRÓRROGA DE LA RELACIÓN LABORAL POR SUBSISTENCIA DE LA MATERIA DEL TRABAJO (INAPLICABILIDAD SUPLETORIA DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 15/2013. · Registro digital (IUS): 24432
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 2, Pág. 1659.

AMPARO DIRECTO 15/2013. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. 27 DE FEBRERO DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARCO ANTONIO BELLO SÁNCHEZ. SECRETARIA: CRUZ MONTIEL TORRES.

CONSIDERANDO:

CUARTO. El estudio de los conceptos de violación conduce a determinar lo siguiente:

Por cuestión de método se estudian en diverso orden al planteado los conceptos de violación que se formulan.

En su primero y segundo conceptos de violación, refiere la dependencia quejosa que la responsable emite un laudo incongruente al imponerle la carga probatoria, pues establece que los actores reclamaron la restitución de sus derechos laborales consistentes en reconocimiento de su basificación derivada del oficio DGCH/4527 de dieciocho de julio de dos mil ocho y el instituto demandado argumentó en la contestación que los terceros perjudicados ocuparon nombramientos interinos limitados a cubrir necesidades temporales, por lo que al término de dichos nombramientos concluyó la relación laboral, sin su responsabilidad; que en primer lugar se debió dilucidar si los actores tienen derecho a ser basificados, y determinar que a éstos toca demostrar su acción, que no se satisfizo pues se exhibieron en los apartados 6, 7 y 8, de su capítulo de pruebas, copias fotostáticas simples de la convocatoria del programa de basificación, del oficio DGCH/4527, del dieciocho de julio de dos mil ocho y del oficio DGCH/6126, del once de septiembre siguiente, en las que se apoya la juzgadora natural para resolver como lo hace, cuando de ninguna forma debe concedérseles eficacia demostrativa, por no encontrarse corroboradas con una prueba plena, dado que de esa naturaleza no goza otra copia fotostática, porque ambas copias son susceptibles de alteración y no fueron perfeccionadas.

En su cuarto concepto de violación, insiste el instituto quejoso en que la responsable emitió un laudo incongruente al ignorar de manera lesiva los argumentos que vertió en relación con la temporalidad fijada en la contratación de los terceros perjudicados y, en forma errónea, determinó que no se acreditó que existieran titulares en las plazas que ocuparon, o bien, que éstos regresaran a las mismas, y que no bastaba con expedírseles nombramientos interinos o provisionales en términos del artículo 15 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pues con ello desatiende que se está frente al cumplimiento de la causa de terminación y, por tanto, ese instituto dio por concluido el nombramiento interino limitado a los actores, por lo que no se les puede expedir nombramiento indefinido, aun cuando subsista la materia que dio origen a los nombramientos, pues no pueden prorrogarse legalmente.

Resultan fundados los conceptos de violación de que se trata.

Así es, de la demanda laboral se observa que los actores laborales demandaron la restitución de sus derechos laborales y, en consecuencia, la basificación derivada del oficio DGCH/4527 de dieciocho de julio de dos mil ocho.

Ahora bien, la parte actora en su escrito de ofrecimiento de pruebas, glosado a fojas 9 a 11 de los autos, allegó copias fotostáticas simples de diversas documentales, consistentes en:

6) La documental consistente en la convocatoria del programa de basificación, dirigida al personal académico del Instituto Politécnico Nacional, constante de siete fojas útiles, de la que solicitó el cotejo o compulsa con su original, proporcionando el domicilio para ese efecto.

7) La documental consistente en el oficio DGCH/4527 de dieciocho de julio de dos mil ocho, constante de cuatro fojas, del que solicitó su perfeccionamiento, y precisó el domicilio donde se encontraba el correspondiente original.

8) La documental consistente en el oficio DGCH/6126/08 de once de septiembre de dos mil ocho, constante de dos fojas, de la que también pidió su cotejo o compulsa y dio los datos necesarios para ello.

La dependencia enjuiciada, en relación con las pruebas mencionadas señaló:

"... 4 (foja 192). Se objeta la documental consistente en la convocatoria del programa de basificación, dirigida al personal académico del Instituto Politécnico Nacional, en cuanto al alcance y valor probatorio que pretenden atribuirle los actores, toda vez que con los mismos no acreditan los extremos que pretenden probar, ya que los mismos ya se encuentran basificados por este instituto ..."

En la audiencia de ley, la autoridad responsable, en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, celebrada el veinte de septiembre de dos mil diez, admitió las pruebas de las partes en conflicto, en su totalidad, sin ordenarse el perfeccionamiento de ninguna documental bajo el argumento de que se desahogan por su propia y especial naturaleza (foja 218).

Finalmente, al emitirse el laudo correspondiente, la autoridad responsable asentó en el considerando VII (fojas 271 vuelta y 272), lo siguiente:

"... Por otra parte, es pertinente señalar que los actores no se duelen de un despido injustificado, sino la restitución de sus derechos laborales, consistente en la basificación derivada del oficio DGCH/4527 de fecha 18 de julio de 2008 y el otorgamiento del formato único de personal (FUP); los actores señalan que en el mes de noviembre de 2007 el Instituto Politécnico Nacional, publicó la convocatoria para el programa de basificación de profesores interinos, en el cual participaron cada uno de los actores; para acreditar su derecho, exhibieron copia simple del citado documento, hecho que no fue controvertido por el titular demandado, ahora bien, si esta documental la adminiculamos con la relación de profesores visible a foja 20 de autos, desprendemos que los actores reunían los requisitos establecidos en la citada convocatoria, para acceder a la basificación especial de técnico docente e incremento de horas, tal y como se puede observar del oficio de fecha 18 de julio de 2008 y en la relación visible a foja 27, pues si bien de la citada lista señala que estos profesores no están vigentes a la quincena 11 en el periodo enero-agosto 2008, entre ellos, los actores Díaz Ferrer Alberto Ricardo, Julián Zepeda Hugo, Miranda López Rosa Elena y Peña Rodríguez Jorge, también lo es que el instituto demandado no realizó pronunciamiento alguno en su contestación de demanda, del porque estos trabajadores no obstante que reunieron los requisitos, no fueron beneficiados para incorporarlos al programa de basificación, tal y como podemos observar del documento que obra a foja 29 de autos; por lo anterior y al no acreditar con prueba alguna sus excepciones y defensas, esto es, al corresponderle la carga de la prueba, con fundamento en el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la ley de la materia, se debe condenar al Instituto Politécnico Nacional a restituirle sus derechos laborales y, en consecuencia, el reconocimiento de la basificación a que tienen derecho los CC. Rosa Elena Miranda López, Jorge Peña Rodríguez, Hugo Julián Zepeda y Alberto Ricardo Díaz Ferrer, lo anterior derivado del oficio DGCH/4527 de fecha 18 de julio de 2008, por ende a otorgarles el formato único de personal (FUP), así como el pago a cada uno de los actores de la diferencias salariales ..."

De las anteriores transcripciones se observa que la responsable para resolver respecto a las prestaciones reclamadas por la parte actora, se apoyó, entre otras probanzas, en las copias fotostáticas simples de la convocatoria del programa de basificación dirigida al personal académico, acompañada de un anexo igual en copia que al rubro señala: relación de profesores que reúnen requisitos; copia fotostática simple del oficio DGCH/4527 del dieciocho de julio de dos mil ocho, al cual se acompañó un documento en copia que lleva por título: relación de profesores que sí cubrieron los requisitos para incorporarse al programa de basificación dos mil siete y copia fotostática simple del oficio DGCH/6126 de once de septiembre de dos mil ocho, probanza que fue exhibida por la parte actora, lo que resulta violatorio de las garantías individuales de la dependencia peticionaria de amparo, ya que se trata de copias fotostáticas simples no perfeccionadas.

Luego, si bien, las resoluciones que dicten las autoridades, deberán pronunciarse respecto de todas y cada una de las cuestiones debatidas entre las partes, valorando las pruebas ofrecidas, y terminarán resolviendo, de forma exacta, los puntos materia de la controversia, tal como lo dispone el artículo 842, de la Ley Federal del Trabajo, que establece lo siguiente:

"Artículo 842."(1)

A efecto de verificar si la responsable cumplió o no en sus términos con los requisitos indicados, debe tomarse en cuenta que las pruebas documentales ofrecidas por la parte actora y que se han reseñado; que medularmente se apoya la responsable para resolver como lo hace en relación con la litis que se somete a su conocimiento, está conformado por fotostáticas simples, que si bien se solicitó el correspondiente perfeccionamiento a través del cotejo con sus originales e, incluso, precisó el domicilio donde estaba éste, nunca se llevó a cabo, por tal motivo, debió ser valorada esa documental como obra en el juicio laboral y no como lo hizo la responsable al dictar el laudo.

De donde se confirma que la responsable para resolver en los términos apuntados, se apoyó en las documentales consistentes en las copias fotostáticas simples mencionadas allegadas a su conocimiento por la parte actora, actuación que es incorrecta, en el sentido de que la valoró inadecuadamente, esto es así, porque como se refirió anteriormente, las documentales de mérito no fueron perfeccionadas.

Luego, si las pruebas ofrecidas por los terceros perjudicados sólo se exhibieron en copia fotostática simple, atendiendo a su eficacia probatoria, la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente en sus artículos 797 y 801, establece la regla general de que tratándose de pruebas documentales, éstas deben ofrecerse en originales. Por su parte, el artículo 798 cataloga como documentos privados tanto a las copias simples como a las copias fotostáticas, pese a que estas últimas, en realidad, son representaciones fotográficas del documento considerado como cosa u objeto. Esta observación es importante en virtud de que la naturaleza real de este tipo de probanza no puede desconocerse al efectuar su valoración. En efecto, como la copia fotostática se obtiene mediante métodos técnicos y científicos a través de los cuales es posible lograr la composición, arreglo o alteración de los objetos reproducidos, no puede descartarse la posibilidad de que aquélla no corresponde de una manera real o auténtica al contenido exacto o fiel del documento o documentos de los que se toma. De ahí que se considera que el actuar de la responsable fue incorrecto y, en todo caso, para resolver debe valorar las pruebas en el estado en que se encuentran en autos.

Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 4a./J. 32/93, sostenida por la anterior Cuarta Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 18, Octava Época, Número 68, agosto de 1993 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente:

"COPIA FOTOSTÁTICA REGULADA POR EL ARTÍCULO 798 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, VALORACIÓN DE LA."(2)

Además, debe recordarse que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en sus artículos 6, 46, fracción II, y 63, dispone:

"Artículo 6o."(3)

"Artículo 46."(4)

"Artículo 63."(5)

De los preceptos anteriores, se advierte que para obtener el derecho a la inamovilidad o a la "basificación", es necesario que el trabajador:

a) Haya sido nombrado en una plaza de base vacante en definitiva, es decir, sin titular, a quien se le hubiera otorgado nombramiento definitivo;

b) Que labore en ese puesto, ininterrumpidamente, durante más de seis meses, sin nota desfavorable en su expediente; y,

c) Que la plaza tenga el carácter de permanente y no sea creada de manera temporal.

Asimismo, se advierte que el nombramiento interino es aquel que se expide para cubrir una vacante definitiva o temporal, de hasta seis meses, sin generar derecho a la "basificación" o inamovilidad en una plaza, habida cuenta que el artículo 63 de la ley federal burocrática, es claro al establecer que, cuando existan vacantes temporales que no excedan de seis meses, los titulares de las dependencias de gobierno tendrán la libertad de nombrar y remover al empleado interino que deba cubrirlas.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los nombramientos temporales se clasifican en: a) Interino, cuando cubre una vacante definitiva o temporal por un plazo de hasta seis meses; b) Provisional, si cubre una vacante temporal mayor a seis meses, respecto de una plaza en la que existe titular; c) Por tiempo fijo, si se otorga en una plaza temporal por un plazo previamente definido; y, d) Por obra determinada, si se confiere en una plaza temporal para realizar una labor específica por un plazo indeterminado.

Por otra parte, la Segunda Sala del Más Alto Tribunal de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 133/2006-SS, determinó que el derecho a la inamovilidad prevista en el artículo 6o. de la ley federal burocrática, no corresponde a los trabajadores al servicio del Estado que laboren bajo un nombramiento temporal (interinato), aunque las funciones del puesto ocupado sean consideradas de base, toda vez que, de admitir que ese tipo de trabajadores (eventuales o interinos), tengan derecho a la "basificación", con ello se imposibilitaría al Estado, en su calidad de patrón equiparado, dar por terminado un nombramiento interino sin su responsabilidad, con el problema presupuestal que esto puede generar; de ahí que los trabajadores interinos no pueden gozar de la inamovilidad.

Igualmente, cuando el Máximo Tribunal resolvió el conflicto de trabajo 4/2003-C, sustentó la tesis aislada P. XLIX/2005, estableciendo que los trabajadores burocráticos que presten servicios en una plaza temporal, tampoco tienen derecho a la estabilidad en el empleo, porque de otorgarse la base en ese supuesto, se afectarían los derechos escalafonarios de terceros de conformidad con la normatividad interna del propio Instituto Politécnico Nacional, en la que se contempla, incluso, el acceso a una plaza definitiva el concurso de oposición de cátedra, también, se desconocería la naturaleza de la plaza, dado que se obligaría al Estado, en su carácter de patrón equiparado, a transformar un puesto temporal en definitivo o permanente, lo cual, sólo puede decidirse cuando el presupuesto lo permite.

Las razones expuestas conducen a sostener que los trabajadores al servicio del Estado que se desempeñen bajo nombramientos interinos, es decir, que hayan cubierto vacantes en plazos de hasta seis meses, no tienen derecho a exigir la inamovilidad de esos puestos.

En el caso concreto, la parte actora demandó del instituto quejoso, entre otras prestaciones, la restitución de sus derechos laborales y, en consecuencia, el reconocimiento de la basificación, al argumentar en sus hechos que participaron en noviembre de dos mil siete, en la convocatoria para el programa de basificación de profesores interinos y resultaron beneficiados como dicen se observa en el oficio DGCH/4527, sin que así se estableciera por la patronal.

Al producir su contestación, la dependencia quejosa negó que la actora tuviera acción y derecho para su reclamación, dado que la relación laboral se dio por terminada atento a la conclusión de los nombramientos provisionales que a cada uno de los terceros perjudicados se expidió.

Para acreditar la procedencia de su argumento defensivo, el instituto demandado ofreció, entre otras pruebas, y que destacan por su singular relevancia jurídica las copias al carbón de los formatos únicos de personal de Alberto Ricardo Díaz Ferrer, Hugo Julián Zepeda, Jorge Peña Rodríguez y Rosa Elena Miranda López, glosados de fojas 203 a 206, en los cuales, en lo que interesa se lee: su tipo o motivo de alta con el número 20, con efectos desde el dieciséis de julio de dos mil siete hasta el quince de enero de dos mil ocho, en cuyo reverso está impresa una firma ilegible de recepción.

Desprendiéndose del contenido de esos documentos, en lo que interesa, que los nombramientos de que se trata fueron expedidos a favor de los terceros perjudicados para ocupar una plaza en forma provisional, por lo que su temporalidad, impide a los accionantes acceder a la basificación que reclaman.

Por tanto, la Sala responsable actuó de manera indebida al condenar al demandado a la basificación de los actores, pues al hacerlo desatendió que su designación era sólo provisional, de ahí que carecen de derecho para obtener la base, dado que se podrían perjudicar los mejores derechos escalafonarios; aunado a que se desconocería la naturaleza de la plaza porque, por un lado, el Estado estaría impedido para dar por terminado un nombramiento provisional y, por el otro, se le obligaría a transformar ese tipo de puesto en definitivo o permanente, con el consiguiente problema presupuestal que esto puede generar.

Sin que sea obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que la dependencia quejosa haya omitido señalar si la plaza en donde se pide la reinstalación tenía titular o no, pues con independencia de tales aspectos, se acreditó sin lugar a dudas que la designación se hizo en forma temporal; a mayor abundamiento, no se desatiende que el artículo 15 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no establece entre los requisitos que debe tener un nombramiento tales aspectos, como se aprecia de la siguiente transcripción:

"Artículo 15."(6)

De ahí, que la Sala responsable haya actuado de manera ilegal, habida cuenta que los trabajadores al servicio del Estado, que ocupen puestos interinos o temporales, no tienen ese derecho.

Las consideraciones que anteceden encuentran sustento en la jurisprudencia número 2a./J. 134/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 338, Novena Época, Tomo XXIV, septiembre de 2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro:

"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA INAMOVILIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO CORRESPONDE A QUIENES SE LES EXPIDE UN NOMBRAMIENTO TEMPORAL, AUNQUE LAS FUNCIONES DEL PUESTO QUE DESEMPEÑEN SEAN CONSIDERADAS DE BASE."(7)

Así como en la tesis aislada P. XLIX/2005, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, del Tomo XXII, noviembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro:

"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. NO ADQUIEREN EL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO CUANDO PRESTAN SUS SERVICIOS EN UNA PLAZA TEMPORAL."(8)

Y, la jurisprudencia P./J. 35/2006 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 11, cuyo rubro es como sigue:

"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SUS DERECHOS EN VIRTUD DEL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO, ATENDIENDO A LA TEMPORALIDAD, DEBE CONSIDERARSE LA SITUACIÓN REAL EN QUE SE UBIQUEN Y NO LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL."(9)

Finalmente, es acertado el señalamiento que hace el peticionario de amparo en torno a que en la especie no cobra aplicación la figura de prórroga de la relación laboral en favor de los servidores públicos, que se rige en términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ya que no resulta aplicable supletoriamente la Ley Federal del Trabajo, que en su artículo 39 dispone que si vencido el término que se hubiere fijado subsiste la materia del trabajo, la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que dure esa circunstancia, pues la supletoriedad sólo opera cuando en los dos ordenamientos existe similar materia, sistema o institución, pero en su regulación hay alguna deficiencia que es necesario subsanar, dado que no se trata de implementar en un cuerpo legal sistemas ajenos, sino de llenar lagunas legales. De tal manera que al no regularse dicha prórroga de la relación laboral en la legislación burocrática, por subsistir la materia del trabajo, debe concluirse que no se está ante la presencia de una omisión, sino que el legislador no contempló ese derecho a favor de esos trabajadores.

Por tanto, si la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no contempla la figura jurídica de prórroga del nombramiento por subsistencia de la materia de trabajo, no puede aplicarse supletoriamente la Ley Federal del Trabajo, ya que implicaría el reconocimiento de una relativa estabilidad en el empleo, derecho que carecen los servidores públicos con un nombramiento temporal, porque no se puede alterar la naturaleza intrínseca de ese nombramiento, de modo que a pesar de la subsistencia del trabajo, debe atenderse a que la designación para el desempeño siempre fue bajo el concepto de temporalidad, no con el carácter de definitivo.

Resulta aplicable al caso, la tesis aislada 2a. XVIII/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 1054, de rubro:

"SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE."(10)

También tiene aplicación la tesis 1.6o.T.18 L (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, Tomo 2, agosto de 2012, de rubro:

""(11)

En este orden de ideas, se concluye que la responsable al pronunciarse en la forma en que lo hizo, emitió un laudo incongruente al no motivar adecuadamente su proceder, violando, en consecuencia, en perjuicio del demandado, ahora quejoso la garantía de legalidad. Por tanto, corresponde conceder el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo reclamado y, en su lugar, emita otro en el que, valore las documentales exhibidas por la parte actora en el estado en que se encuentren en autos en correlación con los demás elementos de convicción, y resuelva de nueva cuenta la litis que se somete a su consideración atendiendo a que el Instituto Politécnico Nacional demandado, ahora quejoso, demostró la temporalidad de los nombramientos otorgados a cada uno de los actores, de conformidad con las tesis citadas.

Finalmente, deben reiterarse los aspectos que no son materia de la litis, a saber, la absolución decretada a favor de la Secretaría de Educación Pública, y la absolución decretada respecto de los actores Enrique Galindo Chávez y Julio Edgar Barrera Valdés, así como de las prestaciones a que se refieren los apartados IV y V de la demanda.

Dado los efectos para los que se concede el amparo, resulta innecesario el estudio de los restantes conceptos de violación que esgrime a la quejosa, con apoyo en la jurisprudencia número 683 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 459, de rubro:

"CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS."(12)

Por lo expuesto y fundado y, con apoyo, además, en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 46, 158, 184, 188 y 190 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se resuelve.

ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege al Instituto Politécnico Nacional contra el acto de la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en el laudo de seis de junio de dos mil doce, dictado en el juicio laboral número 5795/2008, seguido por Rosa Elena Miranda López y otros en contra del propio quejoso y otros. El amparo se concede para los efectos precisados en la parte final del último considerando.

Notifíquese con testimonio de esta resolución a la autoridad responsable; vuelvan los autos a su lugar de origen, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que integran la presidenta, Carolina Pichardo Blake, Magistrados, Genaro Rivera y Marco Antonio Bello Sánchez, siendo relator el último de los nombrados.

________________

1. "Los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación, y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente."

2. "Para determinar la eficacia probatoria de la prueba documental privada consistente en copia fotostática sin certificar, debe atenderse, ante todo, a que la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 797 y 801, establece la regla general de que tratándose de pruebas documentales, éstas deben ofrecerse originales. Esta carga que pesa sobre el oferente de pruebas documentales, de exhibir en original las que tenga en su poder, se justifica con mayor razón cuando el oferente es el patrón y se trata de documentos que, de acuerdo con el artículo 804, tiene obligación de conservar y exhibir en juicio. Por su parte, el artículo 798 cataloga como documentos privados tanto a las copias simples como a las copias fotostáticas, pese a que éstas últimas, en realidad, son representaciones fotográficas del documento considerado como cosa u objeto. Esta observación es importante en virtud de que la naturaleza real de este tipo de probanza no puede desconocerse al efectuar su valoración. En efecto, como la copia fotostática se obtiene mediante métodos técnicos y científicos a través de los cuales es posible lograr la composición, arreglo o alteración de los objetos reproducidos, no puede descartarse la posibilidad de que aquélla no corresponde de una manera real o auténtica al contenido exacto o fiel del documento o documentos de los que se toma. De ahí que cuando el oferente exhibe copias fotostáticas sin certificar y éstas son objetadas, debe señalar el lugar donde se encuentra el original para que se lleve a cabo la compulsa o cotejo correspondiente, y si no lo señala, aquel documento carecerá de valor probatorio, en virtud de que no habrá modo de comprobar su fidelidad o exactitud. Si la copia fotostática que se ofrezca no es objetada, ello no trae como consecuencia el que el documento privado tenga valor probatorio pleno, aunque sí constituirá un indicio cuyo valor será determinado por la Junta al apreciarlo en conciencia con las demás pruebas; en efecto, aun cuando el artículo 810 de la Ley Federal del Trabajo dispone que las copias hacen presumir la existencia de los originales, de ello no puede inferirse que la falta de objeción da lugar a aceptarlas como prueba plena, en virtud de que la especial naturaleza de la copia fotostática, a la que ya se aludió, constituye un riesgo que no puede ser desconocido por el juzgador e impide que le otorgue valor de prueba plena. Por último, puede darse el caso de que el propio oferente de la copia fotostática, aunque no sea objetada, solicite su compulsa o cotejo, señalando el lugar donde se halla el original, la que de efectuarse, perfeccionaría dicha prueba documental."

3. "Son trabajadores de base: Los no incluidos en la enumeración anterior y que, por ello, serán inamovibles. Los de nuevo ingreso no serán inamovibles sino después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente."

4. "Ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. En consecuencia, el nombramiento o designación de los trabajadores sólo dejará de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares de las dependencias por las siguientes causas: I. ... II. Por conclusión del término o de la obra determinantes de la designación.

"..."

5. "Cuando se trate de vacantes temporales que no excedan de seis meses no se moverá el escalafón; el titular de la dependencia de que se trate nombrará y removerá libremente al empleado interino que deba cubrirla."

6. "Los nombramientos deberán contener: I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio; II. Los servicios que deban prestarse, que se determinarán con la mayor precisión posible; III. El carácter del nombramiento: definitivo, interino, provisional, por tiempo fijo o por obra determinada; IV. La duración de la jornada de trabajo; V. El sueldo y demás prestaciones que habrá de percibir el trabajador, y VI. El lugar en que prestará sus servicios."

7. "Conforme a los artículos 5o., fracción II, 6o., 7o., 12, 15, fracciones II y III, 46, fracción II, 63, 64 y 65 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, éstos pueden ser de base o de confianza, y sus nombramientos pueden ser definitivos, interinos, provisionales, por tiempo fijo o por obra determinada. Sin embargo, la prerrogativa a la inamovilidad en su puesto prevista en el mencionado artículo 6o., sólo corresponde a quienes se les otorga un nombramiento en una plaza donde se realizan labores que no sean consideradas de confianza, ya sea de nueva creación o en una vacante definitiva, siempre que hayan laborado por más de 6 meses sin nota desfavorable en su expediente. Lo anterior, en virtud de que el legislador quiso conferir el indicado derecho sólo a los trabajadores con nombramiento definitivo para que no fueran separados de sus puestos sino por causa justificada, lo que deriva del referido artículo 46; de otra manera, no se entiende que en este precepto se contemple como causa de terminación del nombramiento sin responsabilidad del Estado, la conclusión del término o la obra determinada, pues sería ilógico que en aras de hacer extensivo el derecho a la inamovilidad a los trabajadores eventuales el Estado, en su calidad de patrón equiparado, estuviese imposibilitado para dar por terminado un nombramiento sin su responsabilidad, con el consiguiente problema presupuestal que esto puede generar; de ahí que en este aspecto no pueda hablarse de que los servidores públicos ev

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24432-870fa24e/trabajadores-al-servicio-del-estado-con-nombramiento-temporal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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