I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LAS LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. II. REGISTRO NACIONAL DE DETENCIONES. FUNCIONES Y MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL QUE LO RIGE. III. DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EXPEDIR LA LEY GENERAL EN LA MATERIA. IV. REGISTRO ADMINISTRATIVO DE DETENCIONES. FACULTAD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA CONTAR CON ÉL. V. REGISTRO NACIONAL DE DETENCIONES. PERSIGUE EL OBJETIVO DE SER UN INSTRUMENTO ÚNICO QUE CONCENTRE LA INFORMACIÓN DE TODAS LAS DETENCIONES QUE SE REALICEN EN EL PAÍS, SEAN DE CARÁCTER PENAL O ADMINISTRATIVO. VI. REGISTRO NACIONAL DE DETENCIONES. EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PROVENIENTES DE ÉSTE DEBE ATENDER A LO DISPUESTO EN LA LEY NACIONAL DEL REGISTRO DE DETENCIONES. VII. REGISTRO NACIONAL DE DETENCIONES. LOS DATOS Y ELEMENTOS DEL ANTIGUO REGISTRO ADMINISTRATIVO DE DETENCIONES PASAN A FORMAR PARTE DE AQUÉL, CONFORME AL RÉGIMEN TRANSITORIO QUE LO RIGE. VIII. REGISTRO ADMINISTRATIVO DE DETENCIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. PUEDE CONTINUAR OPERANDO MIENTRAS NO SE COMPLETE LA INTEGRACIÓN TOTAL DEL REGISTRO NACIONAL DE DETENCIONES (ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA DE BÚSQUEDA DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE TABASCO). IX. REGISTRO ADMINISTRATIVO DE DETENCIONES DEL ESTADO DE TABASCO. COMPETENCIA DE LA LEGISLATURA LOCAL PARA ESTABLECER QUE EL SISTEMA ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE DICHA ENTIDAD CUENTE CON AQUÉL, EN TANTO NO SEA REEMPLAZADO POR EL REGISTRO NACIONAL DE DETENCIONES (ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA DE BÚSQUEDA DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE TABASCO). X. REGISTRO NACIONAL DE DETENCIONES. NO ES DABLE EXIGIR AL LEGISLADOR LOCAL LA CONTINUA ACTUALIZACIÓN FORMAL, INMEDIATA O, INCLUSO, ANTICIPADA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS QUE INTEROPEREN CON AQUÉL, ANTE LA PREMURA Y LA COMPLEJIDAD DEL ENTRAMADO EN LA MATERIA (ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA DE BÚSQUEDA DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE TABASCO). XI. SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. XII. DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LA LEY GENERAL EN LA MATERIA NO PUEDE SER PARTE DEL RÉGIMEN DE SUPLETORIEDAD DE LA LEGISLACIÓN LOCAL QUE RIGE ESA MATERIA, AL CONSTITUIR SU PARÁMETRO DE VALIDEZ (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 6, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "LA LEY GENERAL, EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES", DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA DE BÚSQUEDA DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE TABASCO). XIII. DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO PUEDE FORMAR PARTE DEL RÉGIMEN DE SUPLETORIEDAD DE LA LEGISLACIÓN LOCAL QUE RIGE ESA MATERIA, TODA VEZ QUE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CARECEN DE FACULTADES PARA EXPEDIR LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 6, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "LA LEY GENERAL, EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES", DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA DE BÚSQUEDA DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE TABASCO). XIV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL EN VÍA DE CONSECUENCIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 6, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "EL CÓDIGO PENAL FEDERAL", "LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS" Y "ASÍ COMO LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE", DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA DE BÚSQUEDA DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE TABASCO). XV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 6, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "LA LEY GENERAL, EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CÓDIGO PENAL FEDERAL", "LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS" Y "ASÍ COMO LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE", DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA DE BÚSQUEDA DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE TABASCO). XVI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES QUE PUEDE TENER EFECTOS RETROACTIVOS SOLAMENTE EN MATERIA PENAL Y DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS GENERALES Y DISPOSICIONES APLICABLES EN ÉSTA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 6, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "LA LEY GENERAL, EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CÓDIGO PENAL FEDERAL", "LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS" Y "ASÍ COMO LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE", DE LA LEY EN MA
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 79/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 23 DE ABRIL DE 2020. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: FERNANDO SOSA PASTRANA Y DANIELA CARRASCO BERGE.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintitrés de abril de dos mil veinte, por el que se emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 79/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas para el Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el doce de junio de dos mil diecinueve, específicamente, los artículos 6, 28, fracción IV, y 105, fracción I.
I. TRÁMITE
1. Presentación del escrito. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, en adelante) ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el doce de julio de dos mil diecinueve.(1)
2. Órganos Legislativo y Ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas: Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tabasco.
3. Normas generales cuya invalidez se demanda. Los artículos 6, 28, fracción IV, y 105, fracción I, de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas para el Estado de Tabasco (LDFT, en adelante),(2) publicada en el Periódico Oficial de la entidad el doce de junio de dos mil diecinueve.
4. Conceptos de invalidez de la CNDH.(3) La Comisión promovente argumenta que las disposiciones impugnadas vulneran los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad, así como la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos; siendo contrario a lo dispuesto en los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Federal; 1, 2 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (CIDFP, en adelante); y 3, 4 y 7 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CIPTPDF, en adelante).
5. En su primer concepto de invalidez, la CNDH argumenta que los artículos 28, fracción IV, y 105, fracción I, de la LDFT vulneran los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad, toda vez que remiten a disposiciones derogadas de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP, en adelante); y fueron emitidas por una autoridad incompetente, generando un parámetro diferenciado en materia de registro de detenciones.
6. En este sentido, señala que los derechos a la seguridad jurídica y a la legalidad, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, son la base del sistema jurídico mexicano, pues tutelan que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre. Considera que su esencia radica en "saber a qué atenerse", garantizando que toda persona se encuentre protegida del arbitrio estatal, es decir buscan la proscripción de la discrecionalidad y la arbitrariedad en las actuaciones estatales. Desprendiéndose la obligación paralela de los legisladores de otorgar certeza en las leyes.
7. Así, indica que la actuación de las autoridades debe estar acotada de manera expresa en la ley, en el ámbito de sus competencias; siendo un principio general del derecho el que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les faculta.
8. De lo anterior, señala que la actuación de la autoridad se debe acotar y encauzar conforme a la Constitución Federal o las leyes secundarias acordes, de tal forma que la autoridad estatal no puede contradecir aquéllas al actuar con base en disposiciones legales.
9. Ahora bien, por un lado, respecto del artículo 28, fracción IV, impugnado, la CNDH arguye que la Legislatura Local no cuenta con la "habilitación constitucional" para legislar en materia de registro de detenciones.
10. En esta línea, destaca la reforma constitucional de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve relativa a la Guardia Nacional, en la que se modificó el artículo 73, fracción XXIII, donde se estableció la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para expedir la Ley Nacional del Registro de Detenciones (LNRD, en adelante), publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo del mismo año.
11. Dicha ley nacional tiene como objeto regular la integración y funcionamiento del Registro Nacional de Detenciones, estableciendo los procedimientos que garanticen el control y seguimiento sobre la forma en que se efectuó la detención de personas por parte de la autoridad. Además, establece que el Registro Nacional consiste en una base de datos que concentra la información a nivel nacional sobre las personas detenidas conforme a las facultades de las autoridades durante las etapas del proceso penal o del procedimiento administrativo sancionador ante el Juez municipal o cívico, y que dicho registro será administrado y operado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con base en las disposiciones que al respecto se emitan.
12. Adicionalmente, establece las características del registro, las facultades de los servidores públicos y sujetos obligados, así como sus responsabilidades.
13. Por tanto, el hecho de que el legislador local prevea un Registro Administrativo de Detenciones en la entidad federativa y remita a disposiciones de la LGSNSP, deriva en la inobservancia del marco competencial constitucional y legal en la materia, transgrediendo los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad.
14. Finalmente, indica que la obligación de las autoridades estatales en la materia, consiste en ajustarse a los parámetros previstos en la LNRD, sin poder establecer regulación alguna al respecto. Por lo que, el Congreso Local no está habilitado para regular que la Fiscalía Estatal y el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas cuenten con un Registro Administrativo de Detenciones, al margen de la LNRD que señala que todas las instituciones de seguridad pública que lleven a cabo una detención deberán realizar el registro inmediato en el Registro Nacional.
15. Por otro lado, la CNDH plantea que es indebido que el artículo 105, fracción I, impugnado, establezca que estos registros administrativos se encuentran previstos en la LGSNSP, toda vez que con ello remite a disposiciones derogadas y deja en estado de incertidumbre a los gobernados.
16. En efecto, indica que la reforma a la LGSNSP de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve derogó los artículos 113 a 116, por tanto, el legislador local debió observar dicha situación al momento de crear el Registro Administrativo de Detenciones Local, pues el Registro Nacional de Detenciones se encuentra regulado en una ley diversa y única.
17. En su segundo concepto de invalidez, la CNDH argumenta que el artículo 6 de la LDFT, al establecer la supletoriedad de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGDF, en adelante), así como del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP, en adelante), vulnera los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad.
18. Desde el punto de vista de la CNDH, tanto la LGDF como la LDFT son obligatorias para las autoridades estatales; sin embargo, es la primera la que define el contenido de la segunda, siendo aplicable en primer lugar; además, el CNPP tampoco puede preverse como supletorio, ya que la LGDF citada es la que prevé la supletoriedad del referido código.
19. Lo anterior, deriva competencialmente del artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Federal, que otorgó al Congreso de la Unión la facultad para expedir la ley general que estableciera como mínimo los tipos penales y sus sanciones en materia de desaparición forzada de personas y otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, además de prever los aspectos de coordinación y competencia.
20. Con esta reforma, se privó a las entidades federativas de la atribución derivada del artículo 124 de la Constitución Federal, manteniendo sólo las facultades que el legislador federal les otorgue conforme a lo dispuesto en la LGDF.
21. Ahora bien, el artículo 6 de la LGDF establece categóricamente las disposiciones de aplicación supletoria, a saber, el CNPP, el Código Penal Federal y las legislaciones civiles aplicables, así como la Ley General de Víctimas y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, con lo cual, no se deja margen de regulación, ni siquiera procesal, a las entidades en este aspecto. Por tanto, no es válido que se disponga la aplicación, en primer lugar, de normas locales, y de forma residual la LGDF que se emitió en ejercicio de una "facultad constitucional exclusiva".
22. Asimismo, el precepto impugnado tampoco puede prever la supletoriedad del CNPP, pues no puede regular cuestiones relacionadas con la investigación, procedimiento y sanción de delitos que el Congreso de la Unión reservó a la LGDF. En este sentido, el Congreso Local no puede prever la supletoriedad de leyes que son de observancia general para toda la República, pues sujetaría la operatividad de la legislación general y nacional, a una ley estatal.
23. Finalmente, la CNDH arguye que este Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2015 y su acumulada 23/2015 determinó que tanto las leyes generales como el CNPP, no pueden preverse como supletorios en y para una ley local.
24. Informe del Poder Legislativo del Estado de Tabasco.(4) El Poder Legislativo Local sostiene, respecto del primer concepto de invalidez, que no se vulneran los derechos a la seguridad jurídica y a la legalidad al establecerse en la ley impugnada un Registro Administrativo de Detenciones.
25. Señala que no es óbice la derogación de diversas disposiciones de la LGSNSP, dado que la facultad legislativa ejercida se fundamenta en el artículo 133, en relación con el 48, de la LGDF.
26. En este sentido, si el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas cuenta con la herramienta del Registro Administrativo de Detenciones, el sistema estatal también debe contar con ella, al no existir algún impedimento e inclusive haber sido ordenado por el legislador federal.
27. Estas disposiciones continúan vigentes en tanto ni esta ley ni la reforma efectuada a la LGSNSP derogaron, tácita o explícitamente, los preceptos aludidos. De ahí que, la Legislatura Local haya seguido las directrices de la legislación primigenia, es decir, la LGDF.
28. El Congreso Local considera que, si bien la LGDF hace una remisión a la LGSNSP, lo cierto es que, si la remitida es reformada, sin que la remitente se modifique, las disposiciones de la remitente continúan en vigor.
29. Al respecto, menciona que ambas son leyes generales y tienen la misma jerarquía normativa y ámbito espacial de vigencia; sin embargo, no regulan sobre la misma materia, por tanto, no puede operar una derogación tácita. Sostiene su afirmación en la jurisprudencia: "CONFLICTO DE LEYES. ES INEXISTENTE CUANDO OPERA LA DEROGACIÓN TÁCITA DE LA LEY ANTERIOR POR LA POSTERIOR."(5)
30. Bajo esa línea, señala que las leyes generales no pretenden agotar la regulación de la materia, sino funcionar como plataformas mínimas desde las que las entidades federativas puedan darse sus propias normas tomando en cuenta su realidad social, sin perder de vista la excepción que se estableció al artículo 124 de la Constitución Federal. Sustenta su afirmación en la tesis: "LEYES LOCALES EN MATERIAS CONCURRENTES. EN ELLAS SE PUEDEN AUMENTAR LAS PROHIBICIONES O LOS DEBERES IMPUESTOS POR LAS LEYES GENERALES."(6) y "LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL."(7)
31. Aunado, arguye que los artículos 28, fracción IV, y 105, fracción I, impugnados, no vulneran los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad, porque respetan las bases en las normas que facultan a dicha Legislatura. Sirve de apoyo la jurisprudencia: "DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. SU CONTRAVENCIÓN NO PUEDE DERIVAR DE LA DISTINTA REGULACIÓN DE DOS SUPUESTOS JURÍDICOS ESENCIALEMENTE DIFERENTES."(8)
32. En otro punto, respecto del segundo concepto de invalidez, el Poder Legislativo Local considera que la supletoriedad se aplica para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones de tal forma que se integre con principios generales contenidos en otras leyes. Además, cuando la referencia de una ley a otra es expresa, debe entenderse que la aplicación de la supletoria se debe hacer sólo en los supuestos no contemplados por la primera.
33. En este sentido, la supletoriedad se aplica para dar debida coherencia al sistema jurídico, y este mecanismo se observa generalmente de leyes especializadas hacia leyes de contenido general. Consecuentemente, implica un principio de economía e integración.
34. Finalmente, arguye que es posible prever normas de jerarquía superior como supletorias, a efecto de darle coherencia y debida integración al sistema jurídico. Sostiene su afirmación en las tesis: "SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.";(9) "LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.";(10) "TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.";(11) y, "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONFORME A LA CONSTITUCIÓN."(12)
35. De ahí que deba reconocerse la validez del artículo 6 impugnado, al no vulnerar los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad.
36. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.(13) El Poder Ejecutivo Local sostiene, respecto del primer concepto de invalidez, que si bien las disposiciones de la LGSNSP fueron derogadas, la LGDF establece en el artículo 133 que las entidades federativas deberán contar al menos con el Registro Administrativo de Detenciones.
37. Inclusive, indica que el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas debe contar con dicho registro en atención al artículo tercero transitorio de la LNRD.
38. Así, argumenta que no es posible dejar en un estado de indefensión a las personas respecto de la existencia de un registro, de ahí que hasta en tanto se efectúe la transición del registro administrativo al de carácter nacional, debe permanecer el estatal, entendiéndose que, una vez iniciado el Registro Nacional, el estatal perderá sus efectos. Por tanto, la LDFT buscó cumplir con la LGDF, así como con la LNRD.
39. En este sentido, menciona que las leyes generales tienen la misma jerarquía, por lo que no se puede otorgar diferente rango a la LGDF respecto de la LGSNSP, ya que ambas se encuentran en la misma posición y con el mismo ámbito de aplicación espacial, aunque regulando materias diversas pero convergentes. Sostiene su afirmación en las tesis: "LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL."(14) y "LEYES LOCALES EN MATERIAS CONCURRENTES. EN ELLAS SE PUEDEN AUMENTAR LAS PROHIBICIONES O LOS DEBERES IMPUESTOS POR LAS LEYES GENERALES."(15)
40. Por tanto, el Congreso Local en ningún momento pretendió legislar en materia de registro de detenciones, sino únicamente armonizar la materia de desaparición forzada con la LGDF. De ahí que los artículos 28, fracción IV, y 105, fracción I, no vulneren los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad.
41. En un sentido diverso, respecto del segundo concepto de invalidez, el Poder Ejecutivo Local sostiene que la supletoriedad conlleva la finalidad de traducir principios y rectificar algunas omisiones, es decir, otorgar una debida relación entre lo que establece una ley de contenido general y una ley de contenido especializado; se trata de un reenvío a otro texto legislativo cuando exista duda en la interpretación del primero.
42. Así, arguye que, si bien las normas generales son jerárquicamente superiores de acuerdo al artículo 133 de la Constitución Federal, ello no puede entenderse como que las mismas no pueden converger entre sí, esto es, que las leyes superiores forman parte de la "supremacía constitucional", y pueden ser referidas por los legisladores como supletorias de una secundaria a efectos de darle debida coherencia e integración al sistema.
43. Por tanto, se debe reconocerse la validez del artículo 6 impugnado, dado que la supletoriedad prevista no implica que la LGDF esté supeditada a la LDFT, sino que tiene el carácter de norma de reenvío para dilucidar a la norma estatal. Sostiene su afirmación en la jurisprudencia: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE."(16)
44. Opinión del fiscal general de la República. El fiscal no formuló opinión en el presente asunto.
45. Cierre de instrucción. Visto el estado procesal de los autos, el día trece de noviembre de dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 68, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá dictó auto de cierre de instrucción.
II. COMPETENCIA
46. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(17) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(18) así como el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2013 de este Tribunal Pleno;(19) toda vez que se plantea la posible contradicción entre los artículos 6, 28, fracción IV, y 105, fracción I, de la LDFT, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el doce de junio de dos mil diecinueve, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIDFP y la CIPTPDF.
III. OPORTUNIDAD
47. El plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que se haya publicado en el correspondiente medio oficial, la norma general o tratado internacional impugnado.(20)
48. El Decreto 102 por el que se expide la LDFT se publicó el doce de junio de dos mil diecinueve.(21) Por lo que, el plazo para su impugnación transcurrió del trece de junio al doce de julio, ambos de dos mil diecinueve.
49. En el caso, la demanda de la CNDH se recibió el doce de julio de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.(22) Por tanto, cabe concluir que resulta oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
50. La CNDH se encuentra legitimada para promover la presente acción de inconstitucionalidad, al sostener que una ley de carácter local vulnera diversos derechos humanos establecidos tanto en la Constitución Federal, como en diversos tratados internacionales de los que México es Parte.(23)
51. En ese sentido, el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos faculta al presidente de ésta, para promover las acciones de inconstitucionalidad que le correspondan.(24) Ahora bien, la demanda es suscrita por Luis Raúl González Pérez, quien se ostenta como presidente de dicha Comisión, lo que acredita con copia certificada del acuerdo de designación de trece de noviembre de dos mil catorce, emitido por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.(25)
52. En consecuencia, se debe colegir que dicho servidor tiene la representación del órgano legitimado para promover la presente acción de inconstitucionalidad.(26)
V. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA
53. Al no haberse planteado ninguna causal de improcedencia, ni advertirse por parte de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación alguna de oficio, procede estudiar la cuestión planteada.
VI. PRECISIÓN DE LA LITIS
54. De conformidad con el artículo 71 de la ley reglamentaria de la materia, este Alto Tribunal debe corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados en la demanda.(27) Como se ha señalado anteriormente, la CNDH considera que diversos artículos de la LDFT vulneran los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad.
55. Mientras que los argumentos relativos a los artículos 6 y 105, fracción I, impugnados, son claros en cuanto a la norma sobre la que se pretende la invalidez, no ocurre lo mismo respecto del tercer precepto impugnado.(28)
56. Este Alto Tribunal considera, a partir de una lectura integral del escrito de demanda, que el precepto realmente impugnado por la CNDH es el artículo 28, fracción IV,(29) y no el artículo 28, fracción V,(30) pues el único que sería congruente con el concepto de invalidez relativo a la falta de competencia estatal para regular el Registro de Detenciones sería el primero mencionado.
57. Asimismo, se advierte que la CNDH al señalar los preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados menciona, entre otros, el artículo "III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas", y en el punto inmediato siguiente, los artículos "3, 4 y 7 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas."(31)
58. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera, dado un análisis de los tratados internacionales en cuestión, que la primer referencia al artículo III,(32) efectivamente se refiere a la CIDFP, mientras que la referencia a los numerales 3, 4 y 7,(33) son en realidad de la CIPTPDF.
59. Precisado lo anterior, se procederá a analizar la validez de los artículos 6, 28, fracción IV, y 105, fracción I, de la ley impugnada.
VII. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
60. A fin de dar respuesta a los conceptos de invalidez, primero se analizará la constitucionalidad de los artículos 28, fracción IV, y 105, fracción I, impugnados (A); y, posteriormente, se estudiará la constitucionalidad del artículo 6, impugnado (B).
A. Estudio de constitucionalidad de los artículos 28, fracción IV, y 105, fracción I, de la LDFT
61. La CNDH considera, en esencia, que los artículos 28, fracción IV, y 105, fracción I, de la LDFT contravienen los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; pues por un lado, las normas impugnadas remiten a disposiciones derogadas de la LGSNSP y, por otro, fueron emitidas por una autoridad incompetente.
62. Al respecto, resulta conveniente señalar lo que establecen los preceptos impugnados:
"Artículo 28. El sistema estatal para el ejercicio de sus facultades contará con las herramientas siguientes: ...
"IV. El Registro Administrativo de Detenciones. ..."
"Artículo 105. En términos de lo dispuesto en el capítulo séptimo de la ley general, la Fiscalía Estatal deberá contar al menos con:
"I. El Registro Administrativo de Detenciones, previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ..."
63. Este Tribunal Pleno considera que los argumentos hechos valer por la CNDH son infundados, pues, por un lado, la entidad federativa sí estaba facultada para establecer un Registro Administrativo de Detenciones; y, por otro, la remisión normativa a la LGSNSP no provoca inseguridad para los gobernados.
64. En primer lugar, es necesario establecer el marco competencial en materia de registro de detenciones y desaparición forzada.
65. A nivel internacional, ha sido preocupación la necesidad de establecer registros de detenciones con la finalidad de evitar las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, así como la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes a las personas privadas de la libertad. En este sentido, diversos instrumentos no vinculantes, tanto del sistema interamericano de protección de derechos humanos, como del sistema internacional, han instado a los Estados para su implementación, muestra de esto son las reglas 6 a 10 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela),(34) los principios 12 y 16 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a cualquier Forma de Detención o Prisión,(35) los puntos 20 y 21 de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad,(36) así como el principio IX, numeral 2, de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.(37)
66. Además, el Estado Mexicano es Parte y, en consecuencia, se encuentra obligado por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, así como por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, las cuales en sus artículos 17.3 y XI, respectivamente le ordenan mantener registros oficiales y expedientes actualizados de las personas privadas de libertad.(38)
67. Inclusive, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México, condenó al Estado Mexicano a la adopción de las medidas complementarias señaladas en la misma sentencia para fortalecer el funcionamiento y utilidad del entonces Registro Administrativo de Detenciones.(39)
68. Ahora bien, a nivel nacional, a raíz de la reforma constitucional de diez de julio de dos mil quince, se otorgó al Congreso de la Unión la facultad para expedir la ley general que estableciera como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en materia de desaparición forzada de personas, la cual debía expedirse dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del decreto.(40) Dicha ley general debía contemplar, además, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios. Así, el artículo 73, fracción XXI, inciso a), quedó de la forma siguiente:
"Artículo 73. El Congreso tiene facultad: ...
"XXI. Para expedir:
"a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.
"Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios."
69. En uso de su facultad, el Congreso de la Unión expidió el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete la LGDF, la cual, señala en su artículo 2 que tiene por objeto:
• Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes, para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas, y esclarecer los hechos; así como para prevenir, investigar y erradicar los delitos establecidos en dicha ley.
• Establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados y sus sanciones.
• Crear la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenar la creación de homólogas locales en las entidades federativas.
• Garantizar la protección integral de los derechos de las personas desaparecidas hasta que se conozca su suerte; así como la atención, asistencia, protección y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no repetición necesarias.
• Crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas.
• Establecer la forma de participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas; así como garantizar su coadyuvancia en la investigación, de manera que puedan dar opiniones, recibir información y aportar indicios o evidencia.
• Crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
70. Bajo esta línea, el legislador previó que una de las herramientas del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas sería el Registro Administrativo de Detenciones.(41) Asimismo, facultó a las entidades federativas para que, además de lo establecido en la ley, contaran, al menos, con el Registro Administrativo de Detenciones, previsto en la LGSNSP.(42)
71. De lo anterior, se observa que, en un primer momento, el legislador federal otorgó a las entidades federativas la facultad de establecer un registro administrativo.
72. Sin embargo, en virtud de la reforma constitucional de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en materia de Guardia Nacional, se modificó, entre otros, la fracción XXIII del artículo 73 de la Constitución Federal, para quedar como sigue:
"Artículo 73. El Congreso tiene facultad: ...
"XXIII. Para expedir leyes que, con respeto a los derechos humanos, establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios; organicen la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución; así como la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley Nacional del Registro de Detenciones." (énfasis añadido)
73. Así, el Congreso de la Unión quedó facultado para crear la LNRD, dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto,(43) la cual debía contemplar como mínimo:(44)
• Las características del registro y los principios que rigen su conformación, uso y conservación.
• El momento de realizar el registro de la persona dentro del procedimiento de detención.
• El tratamiento de los datos personales de la persona detenida, en términos de las leyes en la materia.
• Los criterios para clasificar la información como reservada o confidencial.
• Las personas autorizadas para acceder a la base de datos del registro y los niveles de acceso.
• Las atribuciones de los servido
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29932-2dd29924/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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