QUEJA POR EXCESO O DEFECTO DE EJECUCION DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL JUZGADOR DEBE TENER A LA VISTA LA RESOLUCION CUYO CUMPLIMIENTO SE RECLAMA.
CONTRADICCION DE TESIS 8/92. SUSCITADA ENTRE EL SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y uno el recurso de queja número 317/91, interpuesto por Petróleos Mexicanos, en contra del laudo de fecha siete de marzo de mil novecientos noventa y uno, dictado por la Junta Especial Número Doce de la Federal de Conciliación y Arbitraje, sostuvo en el considerando IV, el criterio siguiente:
"Son infundados los agravios que se hacen valer. En ellos se alega que la Junta incurre en exceso en el cumplimiento de la ejecutoria emitida por este Tribunal Colegiado al resolver el juicio de amparo directo número 8867/89, promovido por Salvador Saavedra Colmenares, porque no obstante que en ésta se concedió el amparo para que se condenara 'al otorgamiento del contrato de planta por escrito a partir del mes de abril de 1963, a cubrirle las diferencias salariales que resulten por el descenso de categoría que sufriera el actor a partir del mes de enero de 1968 entre las categorías de cadenero de primera y cabo de oficio, que condene al tiempo extra, viáticos, gastos de movilización, renta de casa y fondo de ahorro, DEBIENDO REITERAR LOS DEMAS PUNTOS DE CONDENA QUE NO FUERON MATERIA DE ESTA EJECUTORIA'; que entonces si en el laudo anterior, se había condenado expresamente sólo a la Sección Sindical número 40 a pagar los salarios caídos y dicha Sección no impugnó el laudo, por consiguiente quedó firme su condena y la responsable debió reiterarla por no haber sido materia de la ejecutoria, siendo que en el nuevo laudo se le condena a cubrir los salarios caídos a partir del veintinueve de julio de mil novecientos sesenta y ocho (sic), de ahí que estime que al no reiterar los puntos de condena que no fueron materia de la ejecutoria se incurra en exceso imponiéndole una condena económica que no le corresponde. Deben estimarse infundados los anteriores argumentos, en virtud de que en autos no obran ni la copia certificada de la ejecutoria que motivó el presente recurso, ni la diversa relativa al laudo de seis de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, a fin de constatar si efectivamente sólo se había condenado a la Sección 40 del Sindicato codemandado a cubrir los salarios caídos, para establecer si tal cuestión debía como lo afirma el inconforme ser reiterada en el laudo reclamado, para de ahí establecer si la responsable incurre o no en el exceso acusado. No obsta a la conclusión alcanzada la circunstancia de que en este tribunal obre el cuaderno de amparo en que se contiene la ejecutoria que dio origen al laudo que se impugna por exceso, dado que por una parte, al recurrente toca probar su afirmación de que en el caso hubo exceso en la ejecución del fallo protector, atendiendo al principio de que el que afirma está obligado a probar y, por otra, porque los procedimientos relativos al recurso de queja por exceso o defecto, son autónomos del juicio de amparo directo; por tanto, como el recurrente no pidió que se tomaran en cuenta las constancias del aludido juicio de garantías, este tribunal, de oficio, no tiene la posibilidad legal de hacerlo. Es cierto que conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, este tribunal debe vigilar que se cumpla la multicitada ejecutoria, por ser una cuestión de orden público, sin embargo, esto último se agota cuando la autoridad da cumplimiento al dictar el laudo motivo de la queja; de tal manera que cuando la responsable informa sobre esto el tribunal de amparo no puede oficiosamente detectar si hubo o no exceso o defecto, sino que su actuar debe concretarse a dar vista a las partes para que sean ellas las encargadas de interponer el recurso correspondiente, si a su manera de entender, consideran que hay exceso o defecto; por tanto, quienes interponen el recurso de queja aludido deben procurar allegar las pruebas conducentes, porque conforme al artículo 100 de la Ley de Amparo, sólo se establece la presunción de ser ciertos los hechos cuando la autoridad omite rendir su informe justificado o lo hace deficientemente, y ésta se hace acreedora a una multa, más no se establece obligación para que sea el tribunal de amparo el encargado de traer a la vista el expediente que contiene la ejecutoria pues le está vedado actuar de oficio en este caso. Toda vez que el criterio sostenido en esta ejecutoria es contradictorio con el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la jurisprudencia número 3, publicada en la Tercera Parte del Informe de Labores correspondiente al año de 1988, consultable en la página 517, cuyo tenor literal es el siguiente: 'QUEJA POR EXCESO O DEFECTO DE EJECUCION. FACULTAD DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE TENER A LA VISTA LA RESOLUCION A CUMPLIR.-El cumplimiento de un fallo constitucional es de orden público, por lo que al momento de resolver la queja en que se plantea el exceso o defecto en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo, el juzgador está facultado para tener a la vista los autos del juicio de garantías relativo, sin que esto implique relevar al recurrente de la obligación de aportar los elementos de prueba necesarios para demostrar la existencia de la resolución combatida y los agravios en que funda su impugnación, porque se encuentra en el tribunal de amparo, el expediente en que obra la ejecutoria cuyo cumplimiento se reclama.', con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, se ordena denunciar la contradicción existente entre ambos criterios, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida cuál de ellos es el que debe prevalecer. En el orden de ideas expuesto y toda vez que el inconforme no aportó las pruebas necesarias para demostrar el exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por este tribunal en el juicio de garantías número 8867/89, promovido por Salvador Saavedra Colmenares, que afirma, procede declarar infundada la queja."
TERCERO.-El Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en la ciudad de Toluca, México, al resolver el recurso de queja número 24/88, interpuesto por Honorio Hernández Vargas en contra de la sentencia de cinco de abril de mil novecientos ochenta y ocho, dictada por la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del mencionado Estado, conformó la jurisprudencia que aparece publicada con el número 3, en la Tercera Parte del Informe de Labores correspondiente al año de 1988, ejecutoria en la que sostuvo en el considerando cuarto, lo siguiente:
"CUARTO.-El recurrente expresó como motivo de inconformidad el siguiente: Que la autoridad responsable, en su nueva resolución de cinco de abril de mil novecientos ochenta y ocho, condenó al recurrente, al pago de costas judiciales, aplicando incorrectamente el artículo 241 del Código de Procedimientos Civiles, porque, aunque fue condenado por dos instancias, en la segunda, que constituyó el acto reclamado, no se hizo condenación en costas y en el juicio constitucional 1495/87, interpuesto en contra de dicha resolución, no se resolvió sobre gastos y costas judiciales, por lo que la responsable se excedió en ejecución de la sentencia dictada en el juicio de amparo precitado. Es infundado el motivo de inconformidad. En efecto, Honorio Hernández Vargas, interpuso recurso de queja en contra de la sentencia dictada por la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, dentro del toca número 284/87, en cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por este Primer Tribunal Colegiado, el diecinueve de enero del año en curso, en el amparo directo número 1495/87, promovido por el representante legal de la empresa 'Terminal Toluca', S.A. de C.V. En la especie, consta en autos el informe justificado rendido por la responsable, en el que expresó ser cierto el acto reclamado y que en cumplimiento de la ejecutoria emitida por este Tribunal Colegiado en el expediente 1495/87, dictó sentencia el cinco de abril de este año, misma que acompañó a su informe respectivo; asimismo, se tienen a la vista los autos originales del juicio de garantías en el que se pronunció la ejecutoria de mérito, en virtud de que dichos autos se encuentran en este Tribunal Colegiado y de que, en la especie, se trata del cumplimiento a un fallo constitucional que es de orden público, sin que ello implique relevar al recurrente de la obligación de probar la existencia de la resolución combatida y el agravio en que funda su impugnación. Ahora bien, mediante ejecutoria pronunciada el diecinueve de enero de mil novecientos ochenta y ocho, dentro del juicio de amparo 1495/87, este Tribunal Colegiado concedió el amparo a la empresa 'Terminal Toluca', S.A. de C.V. para el efecto de que la responsable dejara insubsistente la sentencia impugnada y dictara otra en la que condenara a Honorio Hernández Vargas a la desocupación y entrega del inmueble materia de la controversia, sin analizar aspecto alguno sobre condenación en costas; sin embargo, en términos del artículo 241 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, la responsable está obligada a decretar la condena en costas, a quien fuera condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, por lo que no asiste razón al agraviado, en el sentido de que la Sala aplicó inadecuadamente el precepto señalado, ya que si bien en la ejecutoria a cumplimentar, no se constriñó al ad quem a decretar el pago de las costas, como en el fallo ahora recurrido se confirmó el de primera instancia, se actualiza el supuesto normativo de mérito, y con ello, la obligación de la Sala responsable, en términos del precepto en comento, para establecer la condena relativa. En las condiciones apuntadas, no se advierte que la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, incurriera en exceso al cumplimentar la ejecutoria de mérito, por lo que debe declararse infundada la presente queja."
CUARTO.-El análisis comparativo de los criterios antes transcritos, permite establecer que en la especie sí existe la contradicción de tesis denunciada, cuanto a que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, sostiene que al resolverse el recurso de queja por exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria, no deben ser tomados en cuenta los autos del juicio de amparo que se relacionan con ese recurso si el recurrente no lo solicitó, ya que a éste corresponde probar su afirmación y el recurso de queja es autónomo del juicio de amparo, de manera que el tribunal no puede oficiosamente tomarlo en cuenta, aun cuando es verdad que debe vigilar el cumplimiento de sus ejecutorias por ser esto una cuestión de orden público, sin embargo con el informe de la responsable acerca del cumplimiento, ya el tribunal no puede de oficio estimar si hubo exceso o defecto, por tanto, quienes interponen el recurso, deben allegar las pruebas conducentes; en tanto que el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito considera que cuando se plantea queja por exceso o defecto en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo, el juzgador está facultado para tener a la vista el expediente de amparo relativo porque el cumplimiento del fallo constitucional es de orden público; sin que ello implique relevar al recurrente de probar la existencia de la resolución combatida en la queja; es decir que partiendo del mismo supuesto, llegan a conclusiones jurídicas diversas.
QUINTO.-Este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que debe prevalecer la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en atención a las razones que a continuación se exponen:
En primer término cabe destacar que la ejecución de las sentencias de amparo, constituye el acto más importante y trascendente para los intereses del o de los quejosos, en el desarrollo del control constitucional, de allí que además de resolver en la propia sentencia, que la autoridad responsable violó garantías individuales en su perjuicio, existe la imprescindible obligación del Juez constitucional, el velar para que se cumplan las sentencias de amparo, pues ello constituye una cuestión de orden público, ya que incumbe no sólo al peticionario de garantías, sino que va más allá del solo interés particular, en virtud de que, con independencia de que la observancia del fallo constitucional redunde en beneficio personal del quejoso, también contribuye a consolidar el imperio y la vigencia de la Constitución, obligando así a respetarla a todas las autoridades; así expresamente en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se establece que: "No podrá archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido al agraviado la protección constitucional ...". Ahora bien, el exceso o defecto en el cumplimiento de tales ejecutorias de amparo, da lugar a la promoción del recurso de queja estatuido en la fracción IV, del artículo 95 de la Ley de Amparo, cuyo trámite lo regulan los preceptos de la propia ley en cita, como son: "Artículo 98. En los casos a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 95, la queja deberá interponerse ante el Juez de Distrito o autoridad que conozca o haya conocido del juicio de amparo en los términos del artículo 37, ante el Tribunal Colegiado de Circuito si se trata del caso de la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal, precisamente por escrito, acompañando una copia para cada una de las autoridades responsables contra quienes se promueva y para cada una de las partes en el mismo juicio de amparo. Dada entrada al recurso, se requerirá a la autoridad contra la que se haya interpuesto para que rinda informe con justificación sobre materia de la queja dentro del término de tres días. Transcurrido éste, con informe o sin él, se dará vista al Ministerio Público por igual término, y dentro de los tres días siguientes se dictará la resolución que proceda"; "Artículo 100. La falta o deficiencia de los informes en los casos a que se refieren los dos artículos anteriores, establece la presunción de ser ciertos los hechos respectivos, y hará incurrir a las autoridades omisas en una multa de tres a treinta días de salario que impondrá de plano la autoridad que conozca de la queja en la misma resolución que dicte sobre ella".
En este orden de ideas y si del numeral transcrito en último término, se desprende que el legislador impuso a la autoridad responsable, la obligación de informar al Juez de amparo o Tribunal Colegiado en su caso, acerca del cumplimiento que dio a la ejecutoria respectiva, remitiendo, al efecto las constancias que así lo acrediten y lo conminó a que si no da cumplimiento a lo anterior, se presumirán ciertos los hechos afirmados en la queja; ello da pauta a concluir válidamente que a la autoridad responsable corresponde demostrar el cumplimiento fiel de la sentencia de amparo cuando se alega exceso o defecto en el mismo. Lo anterior es así, debido a que por razón de orden público, existe interés en que las ejecutorias que se dicten en los juicios de amparo, se cumplan por parte de las autoridades.
Cabe señalar además, que de dichos preceptos legales no se advierte que se imponga al recurrente la obligación de rendir pruebas acerca del exceso o defecto en que haya incurrido la autoridad responsable y que motiva el recurso correspondiente, y, por otra parte, el citado artículo 100 de la Ley de Amparo, establece que la falta o deficiencia del informe permitirá presumir que son ciertos los hechos de la queja. Sin que deba perderse de vista que de conformidad con el artículo 98 de la Ley de Amparo, la queja se tramita ante el propio tribunal que dictó la ejecutoria, por lo cual la misma obra en su poder.
De tal suerte que, aun cuando el recurso de queja se tramite por cuerda separada, lo cierto es que tiene estrecha vinculación con el juicio de garantías del que se origina y, por tanto, tratándose como ya se expresó, de un juicio terminado, no existe impedimento legal para que éste sea traído a la vista por el juzgador de amparo a efecto de resolver lo procedente en relación a la queja de que se trata, debido a que, como se asentó procedentemente, es de orden público el cumplimiento de las sentencias de amparo; sin que resulte válido argumentar que la obligación contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se agota cuando la autoridad da cumplimiento e informa de él al tribunal de amparo, el que no puede oficiosamente detectar si hubo exceso o defecto; ya que, precisamente, la interposición de la queja es porque se considera que se dio uno de esos supuestos y por tanto, ya no será como lo sostiene el Séptimo Tribunal en Materia del Trabajo, una gestión oficiosa el determinar si hubo exceso o defecto en la ejecución, por virtud de la interposición del recurso de que se viene haciendo mención.
No es ocioso señalar que en la especie no sería el caso de aplicar por analogía la jurisprudencia 1538, visible en las páginas 2445 y 2446, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, del rubro: "QUEJA, APLICACION POR ANALOGIA DE LA JURISPRUDENCIA 123, DEL APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION 1917- 1965, EN LA.", relativa a la queja en contra de la suspensión provisional, en la que existe obligación de ofrecer pruebas; debido a que en el presente caso el juicio de amparo respectivo se encuentra concluido. De ahí que no exista impedimento legal para que se tenga a la vista el expediente de amparo, a efecto de establecer tanto los efectos para los que se concedió la protección federal, como el cumplimiento dado por parte de la o las responsables a la ejecutoria de mérito, con el informe que sobre el particular haya rendido; y, en el caso de que no exista tal informe o haya sido deficiente, deben presumirse ciertos los hechos manifestados en la queja al tenor de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley de Amparo.
Por tales razones el criterio que debe prevalecer, es el sostenido en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, sin que tal declaración afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de los recursos en los cuales se emitieron las tesis contradictorias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 197-A, de la Ley de Amparo y conforme a la siguiente tesis jurisprudencial:
"QUEJA POR EXCESO O DEFECTO DE EJECUCION DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL JUZGADOR DEBE TENER A LA VISTA LA RESOLUCION CUYO CUMPLIMIENTO SE RECLAMA.-El cumplimiento de un fallo constitucional es de orden público, acorde a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por lo que al momento de resolver la queja en se plantea el exceso o defecto de una ejecutoria de amparo, el juzgador debe tener a la vista la ejecutoria cuyo cumplimiento se reclama, ya que se encuentra en su poder el expediente en que ella obra."
En mérito de lo asentado, deberá darse cumplimiento a lo previsto en la fracción III del artículo 195 de la Ley de Amparo.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Sí existe contradicción entre las tesis sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, al resolver los recursos de queja números 317/91 y 24/88, respectivamente.
SEGUNDO.-Debe prevalecer con eficacia de jurisprudencia la tesis sustentada por el primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en los términos precisados en la parte final del considerando quinto de esta resolución.
TERCERO.-Remítase de inmediato al Semanario Judicial de la Federación la tesis de jurisprudencia que se sustenta, la que deberá identificarse con el número que le corresponda como lo prevé el artículo 195, fracciones I y II del ordenamiento legal antes invocado, asimismo remítase a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, en acatamiento a dicho precepto.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno por mayoría de dieciocho votos de los señores Ministros: Lanz Cárdenas, Sempé Minvielle, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Alba Leyva, Cal y Mayor Gutiérrez, Gil de Lester, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Azuela Güitrón, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y presidente Schmill Ordóñez; los señores Ministros de Silva Nava y Magaña Cárdenas votaron en contra. Los señores Ministros Castañón León, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores y Chapital Gutiérrez manifestaron su inconformidad con las consideraciones del proyecto; y el señor Ministro Llanos Duarte, manifestó su inconformidad con algunas de esas consideraciones. Fue Ponente el señor Ministro Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30-e7e82257/queja-por-exceso-o-defecto-de-ejecucion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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