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Modo: Corpus Pro

ACTUARIO, HIPOTESIS EN QUE DEBE SER SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 49/92. · Registro digital (IUS): 2132
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Octubre de 1994, , Pág. 5.

CONTRADICCION DE TESIS 49/92. SUSCITADA ENTRE EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-El Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 4/92, promovido por Hotel Sierra Continental Manzanillo, Sociedad Anónima de Capital Variable, en lo que aquí interesa, consideró lo siguiente:

"TERCERO.-Es esencialmente fundado y suficiente para revocar el fallo objeto del recurso a que el presente toca se contrae, el concepto de inconformidad por el cual se alega, contra las consideraciones que vertió el Juez de Distrito para sobreseer en el juicio constitucional, que no es necesario señalar como autoridad responsable al actuario notificador de la Junta de Conciliación y Arbitraje, cuando se reclama la ilegalidad del llamamiento a juicio.

"En efecto, los actos reclamados no son atribuibles exclusivamente al actuario mencionado, sino principalmente a la Junta del conocimiento, pues por una parte tal órgano colegiado ordenó la práctica de la diligencia de mérito y por otra, es la directamente responsable de cuidar que se haya efectuado en términos de lo dispuesto por el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, dado que el cumplimiento de las formalidades legales que contempla a dicho numeral, es condición para que se integre la relación jurídica procesal entre las partes, sin la cual no puede existir procedimiento ulterior ni resolución válida, de ahí que el examen relativo debe hacerse aun de oficio por tratarse de un presupuesto de validez de todo proceso y por ende, de orden público; punto este último en cuyo torno es pertinente invocar la jurisprudencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 1287 y 1288 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, bajo la voz: 'EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PUBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO.', que dice: 'La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificados oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no y si, en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia.'.

"Así entonces, sólo a la Junta responsable le es imputable la omisión de haber examinado escrupulosamente el emplazamiento que ordenó practicar al demandado, como correctamente se alega en los agravios; de ahí que si el Juez de Distrito no lo advirtió de tal manera, habiendo sobreseído en el juicio por la falta de señalamiento del actuario de la Junta, como autoridad responsable, con ello causó el agravio que se invoca.

"Ahora bien, como la determinación del a quo se apoyó en la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito que aparece publicada en la página 55 del Tomo II, julio-diciembre de 1988, Segunda Parte, Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación, que dice: 'ACTUARIO, CUANDO DEBE SER SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE.-El actuario es una autoridad y con motivo de su función puede violar garantías individuales y cuando esto suceda deberá señalársele como responsable, por ser él quien debe ser oído a efecto de justificar sus actos, con independencia de que también pudieran tener tal carácter la Junta o su presidente' y, sucede que tanto por las razones esgrimidas para calificar el proceder del resolutor, como por las que en seguida se expondrán, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio de su similar, puesto que cuando como acto reclamado o como uno de ellos se señala la falta de emplazamiento o su irregular realización, no es necesaria la designación del actuario como autoridad responsable. Ciertamente, como se ha destacado en líneas precedentes, si tanto la orden para la práctica de la primera citación a juicio, como la obligación de examinar que ésta se verificó correctamente, en cualquier momento del proceso, esencialmente cuando se tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo, como al dictar el laudo, con la facultad de volver a ordenar su práctica en caso de que no se hubiera efectuado correctamente, son actos reservados a la Junta, sucede por consecuencia que sea innecesario en el proceso constitucional el enjuiciamiento del diligenciario, cuya razón es factible a encontrar en el hecho de que, de llamársele a juicio, su intervención como autoridad responsable, en nada influiría para el cuestionamiento del emplazamiento, habida consideración que éste, por la dinámica del procedimiento, estaría sancionado por el actuar de la Junta, y en el mejor de los casos, de concederse el amparo no sería el actuario, motu proprio quien cumpliría con la sentencia protectora que ordenara reponer el procedimiento para que practicara debidamente el emplazamiento, sino la Junta del conocimiento por ser la responsable de cuidar el debido curso del proceso.

"No está por demás agregar que sobre el tópico que se comenta, se ha pronunciado la Tercera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente al resolver la contradicción de tesis 20/90, suscitada entre el Primero y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en la misma materia del Primer Circuito, en los siguientes términos: 'ACTUARIO, ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO.-El artículo 11 de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable la que promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; en esta clasificación queda comprendido el funcionario que realiza materialmente el emplazamiento, por las siguientes razones: I. Porque el juzgador sólo ordena que se haga el emplazamiento, y el actuario es el ejecutor de dicha orden; II. Porque en el emplazamiento es el actuario quien está obligado a observar los lineamientos legales que regulan tal acto; en consecuencia, III. Es el actuario quien está obligado a defender su acto, porque es el que conoce los pormenores de la diligencia de emplazamiento, por tanto, las actuaciones que realiza el actuario a practicar no sólo el emplazamiento, sino todas las notificaciones en el procedimiento respectivo, son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de observar los lineamientos legales, que regulan tales actos.'. Empero es pertinente considerar, que no se está en la hipótesis que contempla el artículo 192, párrafos primero y último, de la Ley de Amparo, toda vez que el tema ahí dilucidado no corresponde a un aspecto exclusivo del derecho civil, y por tanto, de la especialidad de la Tercera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes bien, atañe a una cuestión sobre la técnica en el juicio de garantías o sea a una cuestión común a todas las Salas de dicho Alto Tribunal del país, y que por tanto, puede abarcar cualquiera de las materias del derecho, específicamente cuando por razón de la naturaleza del acto reclamado, haya necesidad de cuestionar el emplazamiento del demandado; de ahí que no sea aplicable al caso que se atiende, la jurisprudencia últimamente transcrita; sirviendo de apoyo a esta consideración el criterio del Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada al resolver las contradicciones de tesis, números 17/90, 36/90 y 65/90, publicadas en las páginas 13 y 14, de la Gaceta número 50, de febrero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"'COMPETENCIA EN CONTRADICCION DE TESIS EN MATERIA COMUN CORRESPONDE AL PLENO Y NO A LAS SALAS.-Los artículos 24, fracción XII, 25, fracción XI, 26, fracción XI, y 27, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación deben interpretarse en el sentido de que la competencia de cada una de las Salas de la Suprema Corte para conocer de la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, se determina atendiendo a la materia a que se refieren los criterios que entran en contradicción y no a la del amparo en que se dicta la resolución. Por razones de la especialidad compete a las Salas conocer de las contradicciones cuando los temas que tratan los criterios en contradicción sean de la especialidad de la Sala, pero no cuando aborden cuestiones comunes a todas ellas, aunque se pronuncien en amparos cuyas materias les compete. Si los criterios en contradicción no se refieren a cuestiones de la competencia especializada de la Sala, sino que corresponden a materias comunes, no se justifica que aquélla conozca de este tipo de contradicciones; además de admitir que las Salas asumieran competencia en esos casos, se abriría la posibilidad de una nueva contradicción entre los criterios que, al respecto, llegaran a sustentar, con lo que no se lograría la seguridad jurídica que se persigue con la denuncia de contradicción. Por ello, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11, fracción XV, de la Ley Orgánica citada, debe interpretarse que corresponde al Pleno de la Suprema Corte conocer y resolver ese tipo de contradicciones.'.

"Por consiguiente y con fundamento en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, procede revocar la sentencia recurrida y abordar el estudio de los conceptos de violación que omitió examinar el a quo al haber sobreseído en el juicio.".

TERCERO.-Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al fallar en el amparo en revisión 942/88, promovido por Vidrios y Espejos Finos, Sociedad Anónima, consideró lo siguiente:

"TERCERO.-El anterior agravio es infundado.

"En efecto, tal y como lo consideró el Juez de Distrito, conforme al título catorce, capítulo VII, de la Ley Federal del Trabajo, la autoridad que interviene en toda notificación es el actuario de la Junta correspondiente; es por ello que si éste al llevar a cabo una notificación la hace contrariando la ley, su actuación será considerada como ilegal.

"Ahora bien, como en el caso el quejoso estima que el emplazamiento es ilegal, como lo dijo el Juez a quo, debió haber señalado como autoridad responsable al actuario respectivo, ya que la violación que se considera cometida, sólo a él sería atribuible al tener lugar en el desarrollo de su actuación. Por lo anterior se considera que no asiste razón al recurrente cuando afirma que las únicas autoridades responsables lo son la Junta como ordenadora y su presidente como ejecutora, y esto es así, porque, como ya se dijo, el actuario es una autoridad y con motivo de su función puede violar garantías individuales y cuando esto sucede deberá señalársele como responsable, por ser él quien debe ser oído a efecto de justificar sus actos, esto con independencia de que también pudiera tener el carácter de responsable la Junta o su presidente, según la intervención que se les atribuya en el caso concreto; siendo esto así el agravio resulta infundado tanto más que en autos no se advierte que exista constancia del emplazamiento.

"Por lo que antecede y al ser infundado el agravio, procede confirmar la sentencia que se revisa.".

CUARTO.-De los asuntos antes relacionados se desprende que ambos Tribunales Colegiados se han pronunciado en torno a un mismo tema, a saber, si en el amparo en que se combate el emplazamiento efectuado en el juicio laboral respectivo, debe o no llamarse a juicio como autoridad responsable al actuario de la Junta de Conciliación y Arbitraje que lo practicó; asimismo, se evidencia también que dichos tribunales sustentaron criterios contradictorios, pues mientras el primero de ellos o sea, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito consideró que cuando se reclama la ilegalidad del emplazamiento, no es necesario señalar como autoridad responsable al actuario notificador que lo realizó y, por ende, tampoco debe llamársele a juicio; en cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito sostuvo, que como la autoridad que interviene en toda notificación es el actuario de la Junta correspondiente, en el caso de que el quejoso estime que el emplazamiento que se le hizo es ilegal debe señalarse como autoridad responsable al actuario respectivo, ya que la violación que se considera cometida sólo a él le sería atribuible.

QUINTO.-Debe prevalecer el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

En efecto, el artículo 11 de la Ley de Amparo establece:

"Artículo 11. Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado."

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 301, publicada en la página 520 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, también establece el concepto de autoridad responsable, al decir: "AUTORIDADES RESPONSABLES DEL ACTO OBJETO DE AMPARO.-Lo son, no solamente la autoridad superior que ordena el acto, sino también las subalternas que lo ejecuten o traten de ejecutarlo, y contra cualquiera de ellas procede el amparo.".

Partiendo de las anteriores definiciones, procede asentar, que si el actuario o diligenciario adscrito a un tribunal es un funcionario que tiene a su cargo la encomienda de ejecutar las órdenes de su superior, como es el caso de llevar a cabo el emplazamiento a juicio a la parte demandada, es inconcuso que tal función queda comprendida dentro de la clasificación de autoridad responsable; y si por otra parte, al verificar dicho emplazamiento o cualquier notificación, está obligado a cumplir cabalmente con los lineamientos legales que regulan ese acto, entonces, es incuestionable, que él es el directamente encargado de defender la legalidad de su actuación, puesto que es el que conoce los pormenores de la misma, que realiza bajo su estricta responsabilidad.

En estas condiciones, si como en el caso de donde emana la presente contradicción de tesis, el agraviado ocurre en demanda de amparo indirecto, ostentándose como extraño al juicio, porque en su concepto no fue emplazado debidamente al mismo, resulta incontrovertible que está obligado a señalar al diligenciario como autoridad responsable, para que ocurra al juicio de garantías, a fin de que no quede inaudito, y esté en posibilidad de entrar a la defensa de su actuación.

Es cierto lo argumentado en la tesis del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en el sentido de que conforme a la jurisprudencia número 780, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1287, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que aparece bajo el rubro: "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PUBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO."; los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no el emplazamiento y, en caso afirmativo, a verificar si se observaron las leyes de la materia; sin embargo, también es verdad que en la especie esa circunstancia no está a discusión, sino que de lo que se trata es que el quejoso está señalando en su demanda de amparo, omisiones o irregularidades que atribuye directamente al diligenciario, en cuanto a su actuar, y en esas condiciones, como se dijo, compete a éste salir al juicio a defender su actuación, con independencia de que el titular del tribunal oportunamente cumpla con su función de verificar de oficio la actuación de su subalterno, ya que puede darse el caso, de que se traten de cuestiones del personal conocimiento, dentro de las funciones legales, de quien practicó la diligencia y que justifiquen su proceder, y que por constituir pormenores de su actuación sea susceptible de actualizarse la necesidad de ser oído, como parte, puesto que también es autoridad responsable en su carácter de ejecutora, lo que primordialmente hace indispensable que se le señale como tal a fin de que intervengan en el juicio de garantías; máxime que contra lo que opina dicho Tribunal Colegiado, en la hipótesis de que se conceda el amparo, su actuación sí tiene influencia en el cumplimiento de la ejecutoria respectiva, porque al avocarse a lo que ordene su superior está sujetándose igualmente a aquella sentencia.

Atento lo anterior, debe prevalecer el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en los términos que a continuación se precisan:

-De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Amparo, el actuario tiene la calidad de autoridad responsable, por lo que si en el amparo indirecto, el quejoso se ostenta como extraño al juicio, y le atribuye omisiones o irregularidades respecto al emplazamiento, debe señalarse a ese funcionario como autoridad responsable, toda vez que el mismo está obligado a cumplir cabalmente con los lineamientos legales que regulan tal acto; consecuentemente es el directamente encargado de defender la legalidad de su actuación, puesto que es el que conoce los pormenores de la misma, que lleva a cabo bajo su estricta responsabilidad, ello, con independencia de que el titular del tribunal que igualmente puede tener el carácter de autoridad responsable, cumpla con su deber de revisar de oficio el actuar de su subalterno.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO.-Existe contradicción de tesis, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión número 4/92, y la sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al fallar el amparo en revisión 942/88.

SEGUNDO.-Debe prevalecer el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

Notifíquese; remítase la tesis jurisprudencial a los Tribunales Colegiados de Circuito que no intervinieron en la contradicción, así como al Semanario Judicial de la Federación y a su Gaceta; remítase copia de esta ejecutoria a los Tribunales Colegiados de los que derivó la contradicción y, en su oportunidad archívese el expediente.

Así, lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por mayoría de dieciséis votos de los señores Ministros Magaña Cárdenas, Montes García, Sempé Minvielle, López Contreras, Llanos Duarte, Adato Green, Alba Leyva, Cal y Mayor Gutiérrez, Gil de Lester, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y presidente Schmill Ordóñez; el señor Ministro de Silva Nava votó en contra.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2132-1ee57bc8/actuario-hipotesis-en-que-debe-ser-senalado-como · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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