DESTITUCION DE TRABAJADORES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, POR ORDEN DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA FEDERACION. ESTA DEBE PAGAR LOS SALARIOS CAIDOS CUANDO ES ANULADA LA ORDEN.
CONTRADICCION DE TESIS 52/90. SUSCITADA ENTRE EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL PRIMER CIRCUITO EN MATERIA DE TRABAJO Y EL SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO DEL PRIMER CIRCUITO EN MATERIA DE TRABAJO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente conflicto, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 27, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
SEGUNDO.-El ministro Juan Díaz Romero, al denunciar la posible contradicción de tesis, expuso:
"Con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales y 27, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por medio del presente escrito me permito hacer la denuncia de la posible contradicción de tesis sustentadas por el Cuarto y Séptimo Tribunales Colegiados, ambos del Primer Circuito en materia de trabajo, al resolver los amparos directos 3554/89 promovido por Petróleos Mexicanos y 8887/88 promovido por Azúcar, S.A. de C.V., respectivamente, a efecto de que esta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decida qué tesis debe prevalecer."
TERCERO.-El Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia de Trabajo, al resolver el juicio de amparo directo número 3554/89, promovido por Petróleos Mexicanos, en la parte que interesa, para conceder la protección solicitada expuso las siguientes consideraciones:
"TERCERO.-Son esencialmente fundados los conceptos de violación expresados por el organismo quejoso, de conformidad con las siguientes consideraciones. La trabajadora, demandó de Petróleos Mexicanos el cumplimiento de su contrato individual de trabajo por el despido injustificado de que se dijo fue objeto, el reconocimiento de su antigüedad, el pago de salarios caídos con los aumentos salariales, prestaciones y pago de los porcentajes de fondo de ahorros a que alude la cláusula 164 del contrato colectivo de trabajo, conforme al salario tabulado, entre otras prestaciones. La empresa demandada negó la procedencia de la acción de la actora arguyendo que le rescindió el contrato individual de trabajo por así habérselo ordenado la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, a través de la resolución administrativa de fecha veintisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco. Por su parte la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, compareció a juicio indicando que efectivamente tenía interés en el juicio ya que había instaurado en contra de la actora el procedimiento administrativo en el que le encontró culpable de diversas faltas de probidad y consecuencia de ello ordenó la destitución de la mencionada actora y al efecto acompañó copia debidamente certificada del procedimiento que siguió y de la resolución a que alude; asimismo, acompañó copia certificada de la resolución dictada por la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, emitida en el juicio número 11372/85-11812/85-12012/85-42/86 de nulidad que siguió la actora en contra de dicha Secretaría, respecto de la resolución por ella emitida, en la que se declaró la nulidad de ésta e igualmente señaló que contra tal sentencia interpuso el recurso de queja y que para probarlo acompañaba copia certificada del mismo, lo que no hizo (dicha comparecencia fue la única efectuada por dicha Secretaría en el juicio laboral; así que no ofreció ningún otro elemento probatorio). Cabe aclarar que la actora al ofrecer pruebas entre otras acompañó copia certificada del proceso número 41/84 seguido ante el Juez Noveno de Distrito en el Distrito Federal en Materia Penal en contra de ella y otros por los delitos de fraude en el que se dictó sentencia definitiva el diecisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro mediante la cual se le absolvió por no haberse encontrado comprobado el cuerpo del delito. La Junta responsable resolvió sustancialmente, que la actora probó su acción por lo que condenó a Petróleos Mexicanos a reinstalarla y a pagarle las prestaciones demandadas (aun cuando no en forma total) y respecto de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, como la relación de trabajo era entre el quejoso y la actora, no le causaba perjuicio alguno la presente resolución. Ahora bien efectivamente, si la Secretaría de la Contraloría General de la Federación compareció a juicio como tercera interesada y ofreció como pruebas de su parte para acreditar su interés la copia certificada tanto de la resolución administrativa que emitió de fecha veintisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco en la que como ya se indicó ordenó la destitución de la actora del cargo que como servidora pública tenía en Petróleos Mexicanos y además la resolución de veintisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete dictada por la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, mediante la cual se declaró la nulidad de tal resolución administrativa, sin que distinga que esta última se encuentra subjudice, y también existe la copia certificada del proceso penal que se instauró en contra de la actora y del que salió absuelta, es jurídico concluir que la responsable debió tener por plenamente acreditado que Petróleos Mexicanos sólo obró como ejecutor de lo mandado por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación orden que por cierto no podía desacatar so pena de incurrir a su vez en responsabilidad de conformidad con lo mandado por el artículo 47, fracción XIX, de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados Públicos, y así determinar que la responsabilidad por la destitución de la trabajadora era para la referida Secretaría y por tanto era a su cargo la obligación para que le pagaran los daños y perjuicios que su orden ocasionó, máxime si se toma en cuenta que Petróleos Mexicanos indicó, cuando contestó la demanda, que había separado a la trabajadora no como un acto propio de la institución ni actuando como patrón sino como consecuencia de lo ordenado por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, orden que, como ya se vio estaba obligado a acatar; en tal virtud se insiste, la Junta responsable, con los elementos probatorios señalados, debió condenar a la Secretaría al pago de los salarios caídos y demás prestaciones reclamadas con excepción de la reinstalación y del reconocimiento de su antigüedad que son a cargo de dicha Institución (Petróleos Mexicanos), pues con dicha institución trabajaba, ello hasta la fecha en que se hizo sabedora de la resolución emitida por la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación que anuló tal orden, lo que sucedió cuando menos desde que la Secretaría compareció a juicio y allegó tal resolución, cuya admisión fue notificada a las partes por la responsable el catorce de julio de mil novecientos ochenta y siete, pues de ahí para adelante cesó la responsabilidad de la Secretaría, y al desaparecer la orden, la obligación de Petróleos Mexicanos de acatarla, por lo que al tener conocimiento de su anulación quedó obligado a restituir en forma inmediata a la trabajadora de sus derechos esto es a reinstalarla como si no hubiera sido separada; así que a partir de esa fecha y mientras no hubiere reinstalado a la trabajadora en el goce de sus derechos, él es responsable por los salarios caídos, desde luego incluyendo en ellos los incrementos que éstos hubieran tenido y demás prestaciones reclamadas, también con sus respectivos incrementos como lo indican las Cláusulas 27 y 164 del contrato colectivo de trabajo (reinstalación que se dio el veintiocho de junio de mil novecientos ochenta y nueve, en que fue reinstalada la trabajadora en el puesto de Almacenista "A" nivel 23, adscrita al centro de trabajo clave 801 de la Refinería "18 de Marzo de la Proveeduría y Almacenes de Petróleos Mexicanos", por obrar a fojas 25 del cuaderno de amparo copia certificada del acta de reinstalación), todo lo anterior en virtud de que la actora probó que fue injustificada la rescisión de la relación laboral. Sirve de base para la anterior determinación en cuanto a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación se refiere (tercera interesado) la tesis de jurisprudencia número 305, que aparece publicada a fojas 275 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Cuarta Sala, bajo el rubro "TERCERO INTERESADO, EFECTO JURIDICO QUE PRODUCE EL JUICIO RESPECTO AL.-Así las cosas, es jurídico concluir que, si la responsable no actuó en la forma indicada anteriormente el laudo que emitió es conculcatorio de las garantías individuales de la quejosa, por lo que en reparación de tales violaciones, debe concedérsele el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo dictado y en su lugar, dicte otro en el que se ajuste a lo mandado por esta ejecutoria.".
CUARTO.-El Séptimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo, al resolver el juicio de amparo directo número 8887/88, promovido por Azúcar, Sociedad Anónima de Capital Variable, para negar el amparo solicitado formuló las siguientes consideraciones: "QUINTO.- Los conceptos de violación que se esgrimen en la demanda, resultan inoperantes en un aspecto e infundados en otro. Contrariamente a lo que arguye la quejosa, la Junta responsable obró en forma adecuada, al haber analizado en el laudo, si la separación del actor de su empleo se debía a una rescisión de contrato de trabajo; pues, eso era lo correcto, atendiendo a la litis planteada y a lo probado en autos, integrándose la primera con lo que señaló el actor accionante en su demanda, en el sentido de que la rescisión de su contrato era injustificada; y lo que, en consecuencia con ese argumento adujo la propia demandada, ahora quejosa, en su contestación (folios 49 a 57), en la que negó que el actor tuviera acción y derecho para demandar las prestaciones que reclama porque le fue rescindido su contrato individual de trabajo por causas imputables a él. Luego, en ese aspecto, no existió por parte de la responsable, violación a los preceptos secundarios y constitucionales que señala la amparista. Ahora bien, el argumento laboral que consideró la Junta responsable para concluir en la forma en que lo hizo, se contiene en el considerando cuarto del laudo en cuestión (folios 390 y 391) y se hizo consistir en que la empresa no había cumplido con lo dispuesto en la última parte del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo porque se concretó a referir la resolución dictada por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y a rescindir la relación laboral del actor con fundamento en el artículo 185 de la Ley Federal del Trabajo, "sin ... haber acreditado ni señalado la causa o causas que originaron la rescisión del trabajador ..." En otros términos, la autoridad responsable estima que el patrón omitió cumplir con la obligación que le impone la ley laboral de que se comunique al trabajador la causa que motivó la rescisión de su contrato de trabajo, porque implica obviamente que se precisen los motivos que tuvo el patrón al respecto, que en el caso se limitaron a expresar que la Secretaría de la Contraloría le impuso una sanción consistente en ... destitución del puesto e inhabilitación por tres años para desempeñar cargo, empleo o comisión dentro del gobierno federal ..., sin expresar las causas que lo originaron sino solamente el fundamento. Además, conforme al artículo 185 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón podrá rescindir la relación de trabajo si existe un motivo razonable de pérdida de la confianza, el cual no se dio a conocer al trabajador. Advirtiéndose, que la empresa quejosa no hace valer ningún concepto de violación en contra de esa consideración, por lo que este tribunal no puede emitir juicio al respecto, porque no es posible en el caso suplir la deficiencia de la queja, al ser la parte patronal quien acude al amparo. Tiene aplicación al caso la tesis jurisprudencial número 39 visible en la página 41 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Sala, Quinta Parte, del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES.-Si los conceptos de violación que hace valer el patrón quejoso no combaten las consideraciones que rigen el sentido del laudo reclamado, dichos conceptos resultan inoperantes.". En otro orden, si bien es cierto que la responsable no consideró en su resolución, las argumentaciones que planteó la tercera interesada Secretaría de la Contraloría General de la Federación, específicamente lo relativo al hecho de que la determinación de la demandada, separando al actor de su empleo, emanó del mandato de más autoridad administrativa; no menos lo es que esa omisión ningún perjuicio le causa al quejoso porque en ella se contiene sólo la estimación de la tercera interesada, pero la apreciación de pruebas la efectúa la autoridad que conoce del conflicto, en el caso la Junta responsable; además de que la responsable ninguna obligación tenía de referirlos en su laudo, o hacer un especial análisis de los mismos, ya que se reitera que se condenó a Azúcar, S.A. de C.V., porque la responsable consideró que no observaron las formalidades previstas por el artículo 47, fracción XV, segundo párrafo, de la Ley Federal del Trabajo. Por otro lado, no le asiste razón a la solicitante del amparo, cuando arguye que la condena que se le impuso en el laudo, es injusta e ilegal, porque hasta el momento en que se emitió éste, no se había decretado la ilegalidad de la resolución administrativa en que se impuso al trabajador la sanción consistente en la destitución del puesto; ya que, la Junta no apoyó su determinación en la ilegalidad de la resolución administrativa de referencia, sino en el hecho de que la empresa no dio cumplimiento a lo dispuesto en la última parte del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo y tampoco señaló ni acreditó la causa o causas que dieron lugar a la rescisión, consideración ésta que, como ya se estableció con antelación, no fue combatida en el presente juicio de garantías. Por lo que hace al concepto de violación relativo a que el laudo impugnado es injusto e ilegal, en razón de que se podría dar el supuesto de que el actor obtuviera un fallo favorable a sus intereses, en el juicio de nulidad que promovió en contra de la resolución de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y por tanto, existe la posibilidad de que se condene a la demandada dos veces por el mismo hecho; es pertinente señalar, que no es admisible, jurídicamente hablando, tachar de injusto e ilegal un laudo, partiendo de supuestos de realización futura e incierta, como lo es el hecho de que el actor obtenga resolución favorable en el juicio de nulidad de referencia. Abundando al respecto, es menester agregar que, aun en el supuesto de que en el juicio de nulidad se diera una resolución favorable al ahora tercer perjudicado, el laudo que en este juicio constitucional se ataca, no sería contrario a derecho por esa sola circunstancia, ni violatorio de garantías de seguridad jurídica en perjuicio de la quejosa, puesto que, en ambos juicios, se resuelve sobre cuestiones diferentes, en aquel, sobre la validez o nulidad de la resolución administrativa y en el juicio laboral, sobre la procedencia o improcedencia del pago de prestaciones derivadas de una relación de tipo laboral, establecida entre el actor y la empresa demandada. En lo referente a que la autoridad responsable violó diversos preceptos legales, al haber condenado a la empresa a cubrir las prestaciones que reclamó el actor, dado que, en todo caso, a quien debió condenar era a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, porque ésta fue la que impuso al demandante la sanción relativa a la destitución del puesto que ocupaba; se debe decir que, ese argumento es infundado. Infundado, en razón de que si las prestaciones que reclamaron en el juicio de origen, son prestaciones que derivan de una relación eminentemente laboral, que como se desprende del expediente laboral, sólo se dio entre la empresa quejosa y el actor, pero de ninguna manera entre la Secretaría de Estado aludida y el trabajador; resulta evidente, que no se podía fincar condena alguna en contra de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, pues, se insiste, entre esa dependencia y el actor nunca existió una relación de trabajo que pudiera originar obligación respecto de esas prestaciones".
QUINTO.-Para verificar si existe contradicción cabe destacar que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver la controversia constitucional planteada por Azúcar, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través del juicio de amparo directo 8887/88, determinó que no era posible que se condenara a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, "en razón de que si las prestaciones que reclamaron en el juicio de origen, son prestaciones que derivan de una relación eminentemente laboral, que como se desprende del expediente laboral, sólo se dio entre la empresa quejosa y el actor, pero de ninguna manera entre la secretaría de Estado aludida y el trabajador".
Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, con motivo del juicio de amparo directo 3554/89, promovido por Petróleos Mexicanos, sostiene la responsabilidad de la Secretaría de la Contraloría General de la República, de la destitución del servidor público, a virtud de la orden girada al patrón y, por tanto, si dicho mandamiento es anulado por el Tribunal Fiscal de la Federación, a través de la Segunda Sala Regional Metropolitana, debe pagar los daños y perjuicios que se traducen en salarios caídos, toda vez que Petróleos Mexicanos separó al actor del juicio laboral, no por un acto propio, sino como consecuencia del mandamiento de dicha secretaría.
De lo anterior se deduce que sí hay contradicción y que su materia requiere establecer si la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, llamada al juicio laboral en donde se dilucidan cuestiones sobre responsabilidad derivada del despido que proviene de una orden de destitución del puesto girada por la propia secretaría, ésta debe ser condenada al pago de salarios caídos por concepto de daños y perjuicios, si se demuestra en el procedimiento laboral que el despido es injustificado, con motivo de la anulación de dicha orden a través del juicio administrativo correspondiente.
SEXTO.-Esta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que debe prevalecer, en esencia, el criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, por cuanto a que la Secretaría de la Contraloría General de la Federación debe sufrir la condena a reparar los daños y perjuicios que se traducen en el importe de los salarios caídos, que causó con motivo de la orden de destitución del puesto que giró a la empresa patronal, si como resultado del juicio administrativo correspondiente, donde se decretó la nulidad de dicha orden, en el laboral se concluye que el despido es injustificado.
En principio, cabe señalar que a través de la tesis de jurisprudencia 1924, publicada en las páginas 3101 y 3102, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, bajo el rubro: "TERCERO INTERESADO, EFECTOS JURIDICOS QUE PRODUCE EL JUICIO RESPECTO AL.", se ha establecido que mediante la resolución de un conflicto de naturaleza laboral, puede afectarse a terceras personas, por lo que éstas están facultadas para intervenir, si comprueban su interés en el propio procedimiento, convirtiéndose de esta manera en partes, dándose con ello la oportunidad de ser oídas en su defensa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo.
Igualmente, cabe precisar que Petróleos Mexicanos tiene el carácter de organismo descentralizado, según el Diario Oficial de la Federación del 15 de noviembre de 1982, tomo CCCLXXV, número 11, y Azúcar, Sociedad Anónima de Capital Variable, el de empresa de participación estatal mayoritaria, según el Diario Oficial de la Federación del 13 de julio de 1983, tomo CCCLXI, número 9, pertenecientes a la Administración Pública Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política Federal, que establece:
"Artículo 90. La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios de orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.
"Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos".
Ahora bien, de acuerdo con la Ley de la Administración Pública Federal, la organización de la propia administración estará compuesta, entre otros, por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal como las demandadas en los juicios laborales de donde emanan los juicios de garantías donde se sustentan las tesis contradictorias que se examinan. Así, los artículos 1o., 2o. y 3o. de la citada ley orgánica, establecen:
"Artículo 1o. La presente ley establece las bases de organización de la administración pública federal, centralizada y paraestatal.
"La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República integran la administración pública centralizada.
"Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal.
"Artículo 2o. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la administración pública centralizada:
I. Secretarías de Estado, y
II. Departamentos Administrativos.
"Artículo 3o. El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal:
I. Organismos descentralizados;
II. Empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y
III. Fideicomisos.
Por otra parte, el carácter de servidores públicos de los funcionarios o empleados destituidos por orden de dicha Secretaría, se advierte de los artículos 108 de la Constitución Política Federal y 2o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que respectivamente, establecen:
"Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros de los poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito Federal, a los funcionarios y empleados, y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones", y
"Artículo 2o. Son sujetos de esta ley, los servidores públicos mencionados en el párrafo primero y tercero del artículo 108 constitucional y todas aquellas personas que manejan o apliquen recursos económicos federales."
Además, la circunstancia de que aquellas empresas se encuentran obligadas a acatar las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciban de la propia Secretaría, a través del superior jerárquico o de la contraloría interna que tenga dentro de su organización, deriva de lo dispuesto en los artículos 47, fracción XIX, 48, 58 y 59 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que, respectivamente, establecen:
"Artículo 47. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las Fuerzas Armadas: ... XIX. Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de las Secretaría de la Contraloría, conforme a la competencia de ésta;"
"Artículo 48. Para los efectos de esta ley se entenderá por Secretaría a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Para los mismos efectos, se entenderá por superior jerárquico al titular de la dependencia y, en el caso de las entidades, al coordinador del sector correspondiente, el cual aplicará las sanciones cuya imposición se les atribuya a través de la contraloría interna de su dependencia."
"Artículo 58. La secretaría aplicará las sanciones correspondientes a los contralores internos de las dependencias cuando éstos incurran en actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa."
"Artículo 59. Incurrirán en responsabilidad administrativa los servidores públicos de las contralorías internas que se abstengan injustificadamente de sancionar a los infractores o que, al hacerlo, no se ajusten a lo previsto por esta Ley. La secretaría informará de ello al titular de la dependencia y aplicará las sanciones correspondientes."
Es más, el artículo 53 de la propia ley de responsabilidades señala que las faltas administrativas serán sancionadas de la siguiente manera:
"Artículo 53. Las sanciones por falta administrativa consistirán en: I. Apercibimiento privado o público; II. Amonestación privada o pública; III. Suspensión; IV. Destitución del puesto; V. Sanción económica; VI. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro o cause daños o perjuicios, será de seis meses a tres años si el monto de aquéllos no excede de cien veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal y de tres años a diez años si excede de dicho límite."
Estas sanciones se mandarán aplicar por conducto del superior jerárquico o de la contraloría interna de la dependencia, según lo dispuesto en el invocado artículo 59, así como en el artículo 56, fracción II, que establece: "Para la aplicación de las sanciones a que hace referencia el artículo 53 se observarán las siguientes reglas: ... II. La destitución del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos, se demandará por el superior jerárquico de acuerdo con los procedimientos consecuentes con la naturaleza de la relación y en los términos de las leyes respectivas."
Ahora bien, es evidente que de esa misma ley nacen derechos y obligaciones derivados de la nulidad de las resoluciones de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, y así, el artículo 70 determina:
"Artículo 70. Los sujetos sancionados podrán impugnar ante el Tribunal Fiscal de la Federación las resoluciones administrativas por las que se les impongan las sanciones a que se refiere este capítulo. Las resoluciones anulatorias dictadas por ese tribunal, que causen ejecutoria, tendrán el efecto de restituir al servidor público en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones anuladas, sin perjuicio de lo que establecen otras leyes.". Sin duda, este precepto legal da la pauta para que, una vez obtenida la anulación de la resolución con la cual fue destituido el empleado o trabajador, servidor público, se le restituya en sus derechos, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes.
Por tanto, tales preceptos legales permiten establecer que si bien es cierto que entre la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y el funcionario o empleado destituido, no existe relación alguna de naturaleza laboral, no menos verdad es que entre la citada Secretaría, la empresa como patrón, y el trabajador, existe una relación de carácter estrictamente legal.
Ahora bien, si en la Ley Federal del Trabajo se señalan los derechos que tiene el que es despedido en forma injustificada, tales como el ser reinstalado y que se le paguen salarios caídos, es lógico que dicha responsabilidad debe recaer, no solamente en el patrón, con el que tiene la relación de trabajo, sino también en la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, por ser la que dio lugar a ese despido injustificado mediante la orden de destitución del puesto que fue anulada, teniendo aquél la obligación de reinstalar al actor y, ésta, la de pagar salarios caídos.
De todo lo anterior se concluye que, si la citada Secretaría fue llamada al conflicto laboral, así sea como tercera interesada, y en él se le dio la oportunidad de ser oída en su defensa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo, puede resultar afectada con la resolución que se pronuncie en dicho conflicto.
Resolver la controversia, haciendo recaer en el patrón toda la responsabilidad laboral del despido, daría lugar a la inobservancia del artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en relación con el 123, fracción XXII, de la Constitución Política Federal y el 48 de la Ley
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/397-e4b9e82b/destitucion-de-trabajadores-de-organismos-descentralizados-por-orden · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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