QUEJA, RECURSO DE. NO CABE LA INTERPRETACION ANALOGICA DEL ARTICULO 100 DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACION CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 149 DE DICHO ORDENAMIENTO.
CONTRADICCION DE TESIS 32/91. SUSCITADA ENTRE EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO SUPERNUMERARIO DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-El entonces Tribunal Colegiado Supernumerario de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver la queja 23/97, estableció el siguiente criterio:
"TERCERO.-Son inoperantes los agravios expresados por el inconforme.
En efecto, el apoderado especial de 'Industrias Unidas', Sociedad Anónima, considera que la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al dar cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado en el juicio de amparo directo número 57/86, promovido por Carlos Pineda Becerril, y en donde se tuvo a la empresa como tercera perjudicada, incurrió en defecto en su ejecución, ya que, argumenta el inconforme, la responsable olvidó totalmente el contenido de la ejecutoria en el sentido de que se examinara la causal de rescisión alegada por el trabajador en el juicio laboral número 346/81, respecto a la disminución de su salario, y en base a dicho examen con amplia libertad jurisdiccional resolviera en relación a la litis planteada. Sin embargo, este Tribunal Colegiado se encuentra imposibilitado para conocer el sentido de la ejecutoria aludida, y con ello su alcance jurídico, a fin de establecer si efectivamente existe el defecto alegado por el recurrente respecto de su cumplimiento, ya que el presidente de la Junta responsable, al rendir su informe justificado sólo envió copia al carbón del laudo recurrido, más no de la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo número 57/87 en cuyo texto se establecieron los lineamientos que debía observar la responsable; en esa tesitura, resulta aplicable analógicamente la jurisprudencia número 244, visible en las páginas 689 y 690, del Tomo correspondiente a la Tercera Sala del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que establece: 'QUEJA, APLICACION POR ANALOGIA DE LA JURISPRUDENCIA 123, DEL APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION 1917-1965, EN LA.-La jurisprudencia número 123, visible en la página 396 del último Apéndice de la Sexta Epoca, Cuarta Parte, del Semanario Judicial, es aplicable por analogía a las quejas, ya que éstas se derivan de los juicios de amparo y, por consiguiente los recurrentes en aquéllas, mediante las constancias que estimen necesarias, deben comprobar no sólo la existencia de la resolución combatida, sino allegarse todos los elementos que demuestren los agravios en que fundan sus impugnaciones, de manera que si la autoridad responsable se limita a remitir copia certificada de la resolución, materia del recurso y de su notificación, y los interesados no aportan en el expediente las pruebas aludidas, deben tenerse por subsistentes las consideraciones que motivan tal resolución y declararse infundada la queja, salvo el caso de que del solo texto de la resolución aparezcan fundados.'; procede entonces que al no haber aportado el recurrente los elementos de prueba necesarios para el examen de sus motivos de inconformidad, los mismos resultan inoperantes, y por consecuencia procede declarar infundado el presente recurso de queja."
TERCERO.-El Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 116/91, estimó en lo conducente:
"TERCERO.- ' ... El segundo agravio también es fundado, porque el artículo 100 de la Ley de Amparo establece que la falta o deficiencia de los informes de la autoridad responsable en el recurso de queja establecen la presunción de ser ciertos los hechos respectivos y hace incurrir a la autoridad en una multa'.
"Del texto de dicho artículo debe colegirse que el legislador impuso a la autoridad responsable, una vez que se le hace saber la interposición del recurso de queja, la obligación de informar al Juez del amparo acerca del cumplimiento que dio a la ejecutoria pronunciada, remitiendo al efecto las resoluciones o los documentos necesarios para ese efecto."
"El precepto de referencia no impone al quejoso obligación alguna de rendir prueba acerca del exceso o defecto en que haya incurrido la autoridad responsable al ejecutar la sentencia que concedió el amparo."
"Ello es lógico porque de conformidad con la propia ley la queja se tramita ante el propio Juez que dictó la ejecutoria, por la cual la misma obra en su poder; porque en el propio expediente de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Amparo debe existir el informe que la autoridad responsable haya rendido respecto del cumplimiento que dio a la ejecutoria; y en caso de no haber cumplido la responsable con esa obligación el propio Juez debió requerir dicho cumplimiento, quedando presuntivamente acreditado que hubo falla en la ejecución de la sentencia de amparo."
"Es distinto el caso previsto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, de conformidad con el cual cuando la autoridad responsable no rinde su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinan su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."
"En este caso, resulta lógico que se arroje sobre el quejoso la carga de la prueba, porque el Juez del amparo no tiene precedentes de ninguna clase respecto de los actos reclamados; pero dicho artículo no puede aplicarse por analogía al recurso de queja, porque el juicio de amparo es de estricto derecho y el artículo 100 preceptúa lo debido respecto al procedimiento en el recurso de queja."
CUARTO.-Por razón de método debe estudiarse en principio, si en el caso existe materia para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis entre dos Tribunales Colegiados.
Al respecto, de la transcripción anterior se aprecia que el entonces Tribunal Colegiado Supernumerario de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver la queja 23/87, interpuesta por Industrias Unidas, Sociedad Anónima, dentro del juicio de amparo directo 57/86, promovido por Carlos Pineda Becerril, sustenta el criterio de que se encuentra imposibilitado para conocer el sentido de la ejecutoria por la que se concedió la protección a dicho quejoso, y con ello su alcance jurídico, a fin de establecer si efectivamente existe el alegado defecto en su cumplimiento, cuando la responsable, al rendir su informe, sólo envía copia al carbón del laudo pronunciado con motivo de ese cumplimiento, no así de la ejecutoria en donde se contienen los lineamientos que debió observar para cumplir con dicha ejecutoria, y el recurrente no aporta los elementos de convicción necesarios para demostrar los motivos de su inconformidad. Cabe advertir que la ejecutoria relativa al juicio de amparo directo 57/86, promovido por Carlos Pineda Becerril, fue pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, y no por el Tribunal Supernumerario de Trabajo de ese mismo Circuito que resolvió la queja 23/87; esto último ocurrió en virtud de que el citado Tribunal Colegiado en Materia Administrativa se declaró incompetente para seguir conociendo de asuntos laborales, en virtud del acuerdo de Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que creó el Tribunal Colegiado Supernumerario de Trabajo, el cual entró en funciones el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y siete.
Por otra parte, al resolver el recurso de queja 116/91, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, sustentó medularmente que conforme al artículo 100 de la Ley de Amparo, la falta o deficiencia de los informes de la responsable, establece la presunción de ser ciertos los hechos manifestados en el escrito de queja, sin que imponga al recurrente obligación alguna de rendir prueba del exceso o defecto alegado.
Lo expuesto revela que sí existe contradicción de tesis, sin que constituya impedimento para resolverla, lo arriba advertido en relación con el Tribunal Laboral del Tercer Circuito, así como que los criterios en controversia emanen de juicios de garantías de diversa naturaleza, pues como se vio, uno proviene del recurso de queja planteado con motivo del cumplimiento de una sentencia pronunciada en un amparo directo, mientras que el otro emana de uno indirecto; todo ello no constituye impedimento legal para resolver la presente contradicción, ya que los criterios divergentes tratan un mismo tema, o sea, el relacionado con la carga probatoria dentro del recurso de queja por exceso o defecto en el cumplimiento de una sentencia de amparo, aspecto que tiene aplicación en dicho recurso, independientemente de la naturaleza del juicio en el que se haya dictado la sentencia cuyo cumplimiento se cuestione.
En virtud de lo anterior, se procede al examen de los criterios en controversia.
QUINTO.-Este Pleno estima que debe prevalecer el criterio emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
Para establecer de manera clara y precisa el criterio que debe prevalecer, previamente conviene hacer referencia a los artículos 95, fracción IV, 98 y 100 de la propia ley reglamentaria; dichos dispositivos son del tenor siguiente:
"Artículo 95. El recurso de queja es procedente: ... IV. Contra las mismas autoridades, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia dictada en los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones VII y IX, de la Constitución Federal, en que se haya concedido al quejoso el amparo."
"Artículo 98. En los casos a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 95, la queja deberá interponerse ante el Juez de Distrito o autoridad que conozca o haya conocido del juicio de amparo en los términos del artículo 37, o ante el Tribunal Colegiado de Circuito si se trata del caso de la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal, precisamente por escrito, acompañando una copia para cada una de las autoridades responsables contra quienes se promueva y para cada una de las partes en el mismo juicio de amparo."
"Dada entrada al recurso, se requerirá a la autoridad contra la que se haya interpuesto para que rinda informe con justificación sobre la materia de la queja, dentro del término de tres días. Transcurrido éste, con informe o sin él, se dará vista al Ministerio Público por igual término, y dentro de los tres días siguientes se dictará la resolución que proceda."
Como se observa, el procedimiento del recurso de queja de que se trata es sumarísimo, limitándose al escrito de agravios, al informe que debe rendir la responsable una vez que se le ha corrido traslado, así como a la vista al Ministerio Público, debiendo pronunciarse en breve término la resolución correspondiente.
Por su parte, el artículo 100 de la citada Ley de Amparo establece:
"Artículo 100. La falta o deficiencia de los informes en los casos a que se refieren los dos artículos anteriores, establece la presunción de ser ciertos los hechos respectivos, y hará incurrir a las autoridades omisas en una multa de tres a treinta días de salario, que impondrá de plano la autoridad que conozca de la queja en la misma resolución que dicte sobre ella."
Como se advierte, el precepto legal antes transcrito, ante la falta o deficiencia de los informes, establece la presunción de certeza de los hechos manifestados en la queja; de ahí que válidamente pueda concluirse que, en tal hipótesis no corresponde al recurrente demostrar el exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo, máxime que en la ley de la materia no existe precepto alguno que imponga tal carga al recurrente.
Además, es lógico que sobre la responsable pese el aportar con su informe, los elementos que acrediten que se ajustó al fallo protector, por tener a su alcance dichos elementos, los que, a su vez, lógicamente desvirtuarán el excesivo o defectuoso cumplimiento que se le atribuye.
Por otra parte, en el cumplimiento puntual de una ejecutoria está interesada la sociedad misma, tal como se infiere de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido al agraviado la protección constitucional o apareciere que ya no hay materia para la ejecución. El Ministerio Público cuidará del cumplimiento de esta disposición".
El texto de este precepto, adminiculado al del artículo 100 de la Ley de Amparo - en tanto éste se relaciona con uno de los medios legales para obtener el exacto cumplimiento de una sentencia de amparo, como lo es el recurso de queja - reafirman la estimación ya expresada en el sentido de que corresponde a la autoridad demostrar que acató en sus términos la ejecutoria que concede el amparo, y si no lo hace, el Juez del amparo debe obligarla a que cumpla fielmente su sentencia, aun cuando el recurrente no aporte pruebas para demostrar el exceso o defecto alegado, según sea el caso.
No puede establecerse similitud entre las presunciones legales a que se refieren los artículos 100 y 149 de la Ley de Amparo, como bien lo señala en su sentencia el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
La certeza de los actos reclamados, regulada por el párrafo tercero del artículo 149, se actualiza cuando la autoridad responsable no rinde su informe justificado, el que tiene como contenido, de acuerdo con el párrafo segundo del mismo precepto legal, exponer las razones y fundamentos pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio; en cambio, el artículo 100 del ordenamiento citado, se refiere a la certeza de los hechos respectivos, ante la omisión de rendir un informe con justificación sobre la materia de la queja, informe que tiene como contenido, lógicamente, acreditar un comportamiento ajustado a la sentencia de amparo. En este caso, no queda a cargo del recurrente la prueba de los hechos que determinen el exceso o defecto en el actuar de la autoridad, una vez actualizada la presunción contenida en el artículo. Acontecen efectos distintos tratándose del párrafo cuarto del artículo 149, pues no obstante actualizada la certeza del acto, deja a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando no lo sea en sí mismo.
Finalmente, tratándose del recurso de queja por defecto o exceso en la ejecución de una sentencia de amparo, en donde la parte que debe rendir informe con justificación sobre la materia de la queja es la autoridad que dictó un acto contrario a la Constitución, destacado así en la propia sentencia de amparo, no sería acertado que la carga de la prueba se depositara en la parte que sufre con un nuevo acto que considera burla el mandato de la autoridad jurisdiccional, por acatarlo con defecto o exceso, y que, ante la ausencia o deficiencia del citado informe, tiene a su favor la presunción de ser ciertos los hechos respectivos; tampoco sería correcto que el juzgador no requiriera a la autoridad para que pruebe el cumplimiento que haya dado a la sentencia.
Por tanto, si, como se vio, no existe precepto alguno que le imponga al recurrente la carga probatoria de la imputación que hace a la responsable y, además, el multicitado artículo 100 de la Ley de Amparo establece que la falta o deficiencia del informe permitirá presumir que son ciertos los hechos de la queja, resulta inaceptable el criterio del Tribunal Colegiado Supernumerario del Tercer Circuito; en tal virtud, debe prevalecer el criterio que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito, conforme a la siguiente tesis jurisprudencial:
"QUEJA, RECURSO DE. NO CABE LA INTERPRETACION ANALOGICA DEL ARTICULO 100 DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACION CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 149 DE DICHO ORDENAMIENTO.-No puede establecerse similitud entre las presunciones legales a que se refieren los artículos 100 y 149 de la Ley de Amparo; la certeza de los actos reclamados, regulada por el párrafo tercero del artículo 149, se actualiza cuando la autoridad responsable no rinde su informe justificado, el que tiene como contenido, de acuerdo con el párrafo segundo del mismo precepto legal, exponer las razones y fundamentos pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio; en cambio, el artículo 100 del ordenamiento citado, se refiere a la certeza de los hechos respectivos, ante la omisión de rendir informe con justificación sobre la materia de la queja, informe que tiene como contenido, lógicamente, acreditar un comportamiento ajustado a la sentencia de amparo. En este caso, no queda a cargo del recurrente la prueba de los hechos que determinen el exceso o defecto en el proceder de la autoridad, una vez actualizada la presunción contenida en el citado artículo. Acontecen efectos distintos tratándose del párrafo tercero del artículo 149, pues no obstante actualizada la certeza del acto, deja a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando no lo sea en sí mismo."
Por lo expuesto y con apoyo en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, se resuelve:
UNICO.-Debe prevalecer la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
Notifíquese; remítase la tesis jurisprudencial al Pleno, a las Salas, y a los Tribunales Colegiados de Circuito que no intervinieron en la contradicción, así como al Semanario Judicial de la Federación y a su Gaceta; remítase copia de esta ejecutoria a los Tribunales Colegiados de los que derivó la contradicción y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de veinte votos de los señores Ministros De Silva Nava, Magaña Cárdenas, Lanz Cárdenas, Sempé Minvielle, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Alba Leyva, Cal y Mayor Gutiérrez, Gil de Lester, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Azuela Güitrón, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y presidente Schmill Ordóñez.
Firman el Ministro presidente y el Ministro ponente con el secretario general de Acuerdos que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31-31dd4a34/queja-recurso-de-no-cabe-la-interpretacion-analogica · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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