I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LAS REFORMAS A LA NORMA IMPUGNADA NO IMPLICAN UN CAMBIO DE SENTIDO NORMATIVO (INVALIDEZ DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ, APROBADA MEDIANTE DECRETO 0661, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE Y, POR EXTENSIÓN, LA DE LOS DECRETOS DE REFORMA 0609 Y 0611 PUBLICADOS EN DICHO MEDIO OFICIAL EL CINCO Y DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, RESPECTIVAMENTE). III. DERECHO A LA CONSULTA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CONSTITUYE UN MANDATO CONVENCIONAL EN LA ELABORACIÓN DE LEYES Y OTROS PROCESOS DE ADOPCIÓN DE DECISIONES SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON LA CONDICIÓN DE AQUÉLLAS. IV. DERECHO A LA CONSULTA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LAS OBSERVACIONES DEL COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE ÉSTAS RESPECTO A LA CONVENCIÓN RELATIVA RESULTAN DE CARÁCTER ORIENTADOR (INVALIDEZ DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ, APROBADA MEDIANTE DECRETO 0661, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE Y, POR EXTENSIÓN, LA DE LOS DECRETOS DE REFORMA 0609 Y 0611 PUBLICADOS EN DICHO MEDIO OFICIAL EL CINCO Y DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, RESPECTIVAMENTE). V. DERECHO A LA CONSULTA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LAS NORMAS QUE REGULAN LOS SERVICIOS, LAS ACCIONES Y EL ENFOQUE QUE TENDRÁ LA ASISTENCIA SOCIAL RESPECTO DE LAS PERSONAS CON DICHA CONDICIÓN TIENE UN IMPACTO ESPECÍFICO EN ESE GRUPO DE PERSONAS (INVALIDEZ DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ, APROBADA MEDIANTE DECRETO 0661, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE Y, POR EXTENSIÓN, LA DE LOS DECRETOS DE REFORMA 0609 Y 0611 PUBLICADOS EN DICHO MEDIO OFICIAL EL CINCO Y DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, RESPECTIVAMENTE). VI. DERECHO A LA CONSULTA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL OBJETIVO QUE EL LEGISLADOR LOCAL HAYA PERSEGUIDO AL EMITIR NORMAS QUE IMPACTAN DIRECTAMENTE A ESE GRUPO DE PERSONAS NO LO EXIME DE LA OBLIGACIÓN DE SATISFACER AQUÉL (INVALIDEZ DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ, APROBADA MEDIANTE DECRETO 0661, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE Y, POR EXTENSIÓN, LA DE LOS DECRETOS DE REFORMA 0609 Y 0611 PUBLICADOS EN DICHO MEDIO OFICIAL EL CINCO Y DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, RESPECTIVAMENTE). VII. DERECHO A LA CONSULTA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA EMISIÓN DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ NO CONSTITUYE UNA SIMPLE TRANSCRIPCIÓN DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL EXPEDIDA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN (INVALIDEZ DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ, APROBADA MEDIANTE DECRETO 0661, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE Y, POR EXTENSIÓN, LA DE LOS DECRETOS DE REFORMA 0609 Y 0611 PUBLICADOS EN DICHO MEDIO OFICIAL EL CINCO Y DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, RESPECTIVAMENTE). VIII. DERECHO A LA CONSULTA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. OMISIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DE REALIZARLA EN TORNO A UNA LEGISLACIÓN QUE AFECTA DIRECTAMENTE A AQUEL GRUPO DE PERSONAS (INVALIDEZ DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ, APROBADA MEDIANTE DECRETO 0661, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE Y, POR EXTENSIÓN, LA DE LOS DECRETOS DE REFORMA 0609 Y 0611 PUBLICADOS EN DICHO MEDIO OFICIAL EL CINCO Y DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, RESPECTIVAMENTE). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES EMITIDAS CON POSTERIORIDAD A LAS IMPUGNADAS, EN VÍA DE CONSECUENCIA (INVALIDEZ DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ, APROBADA MEDIANTE DECRETO 0661, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE Y POR EXTENSIÓN, LA DE LOS DECRETOS DE REFORMA 0609 Y 0611 PUBLICADOS EN DICHO MEDIO OFICIAL EL CINCO Y DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, RESPECTIVAMENTE). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LOS CIENTO OCHENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DÍA EN QUE SE PUBLIQUE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE PRIVE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LOS POSIBLES EFECTOS BENÉFICOS DE LA NORMA INVALIDADA (INVALIDEZ DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ, APROBADA MEDIANTE DECRETO 0661, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE Y, POR EXTENSIÓN, LA DE
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 80/2017 Y SU ACUMULADA 81/2017. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSÍ. 20 DE ABRIL DE 2020. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO NARVÁEZ MEDÉCIGO.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al veinte de abril de dos mil veinte, emite la siguiente.
SENTENCIA
Mediante la que se resuelven los autos relativos a la acción de inconstitucionalidad 80/2017 y su acumulada 81/2017, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí contra la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
I. TRÁMITE
1. Presentación de la demanda. Los días diecinueve y veinte de julio de dos mil diecisiete la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, respectivamente, presentaron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sendas demandas de acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.(1)
2. Registro y turno. El uno de agosto de dos mil diecisiete el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente relativo a la demanda de acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, registrarla con el número 80/2017 y turnarla al Ministro Javier Laynez Potisek para que instruyera el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.(2) Ese mismo día el Ministro presidente ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, registrarla con el número 81/2017 y acumularla a la acción de inconstitucionalidad 80/2017 en razón de que se controvertía la misma norma.(3)
3. Admisión de la demanda. El dos de agosto de dos mil diecisiete, el Ministro instructor admitió las demandas presentadas contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo de San Luis Potosí y ordenó darles vista para que rindieran su informe. Finalmente, también ordenó dar vista a la procuradora general de la República para que manifestara lo que correspondiera a su representación.(4)
4. Informe de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. El veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, Daniel Pedroza Gaitán, ostentándose con el carácter de consejero jurídico del Estado de San Luis Potosí, rindió el informe de ley en representación del Poder Ejecutivo local.(5) El mismo día el diputado Manuel Barrera Guillén rindió el informe de ley en representación del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, en su carácter de presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de San Luis Potosí.(6)
5. Opinión de la Procuraduría General de la República. En el presente asunto no formuló pedimento.
6. Alegatos. El once de octubre de dos mil diecisiete se presentó un escrito de alegatos por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(7)
7. Cierre de instrucción. El dieciséis de octubre siguiente se cerró la instrucción para el efecto de que se elaborara el proyecto de resolución correspondiente,(8) de conformidad con el tercer párrafo del artículo 68 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(9) (en adelante ley reglamentaria).
8. Reformas a la ley impugnada. Los días cinco y diez de marzo de dos mil veinte se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, respectivamente, los Decretos 0609 y 0611. A través del Decreto 0609 se reformó el artículo 14, fracciones XXX, XXXII y XXXVI, y se adicionó la fracción XXXVII, quedando la anterior como fracción XXXVIII, de la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. A través del Decreto 0611 se reformó el artículo 6o., fracción IV, inciso b), numeral 1, y se adicionó un numeral 4 al propio inciso b), de esa misma ley estatal.
II. COMPETENCIA
9. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso g) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(10) (en adelante Constitución Federal), el numeral 1o. de la ley reglamentaria(11) y la fracción I del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(12) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí solicitan la declaración de invalidez de una ley estatal por considerar que vulnera los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte.
III. OPORTUNIDAD
10. De conformidad con el artículo 60 de la ley reglamentaria,(13) el plazo de treinta días naturales para presentar la demanda se debe computar a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la norma general impugnada.
11. En el caso, la ley impugnada fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí el veinte de junio de dos mil diecisiete.
12. Por tanto, el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del miércoles veintiuno de junio al jueves veinte de julio de dos mil diecisiete. Si las demandas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí fueron presentadas el diecinueve y veinte de julio respectivamente, entonces es claro que fueron promovidas de forma oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
13. De conformidad con el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria, en relación con el numeral 59 del mismo ordenamiento legal, las promoventes deben comparecer por conducto del funcionario que esté facultado para representarlas.
14. En el presente asunto comparece, por un lado, Luis Raúl González Pérez en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, personalidad que acreditó con copia certificada del acuerdo de designación del Senado de la República de fecha trece de noviembre de dos mil catorce.(14) Dicho funcionario cuenta con facultades para representar a este órgano constitucional autónomo, de conformidad con la fracción I del artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(15) y cuenta con la atribución para promover acciones de inconstitucionalidad en términos de la fracción XI de ese mismo precepto. Asimismo, la representación se le confiere en el artículo 18 de su reglamento interno.(16) Por tanto, acreditó contar con facultades para promover la presente acción de inconstitucionalidad, así como de actuar en representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de conformidad con el inciso g) de la fracción II del artículo 105 constitucional.
15. Por otro lado, comparece Jorge Andrés López Espinosa en su carácter de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, personalidad que acreditó con copia certificada de la constancia de designación expedida por la Legislatura del Estado y publicada en el Diario Oficial local el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete.(17) Dicho funcionario cuenta con facultades para representar a este órgano estatal, de conformidad con la fracción I del artículo 33 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí(18) y cuenta con la atribución para promover acciones de inconstitucionalidad de acuerdo con la fracción VII del artículo 26 de dicho ordenamiento. Por tanto, acreditó contar con facultades para promover la presente acción de inconstitucionalidad, así como de actuar en representación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, de conformidad con el inciso g) de la fracción II del artículo 105 constitucional.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
16. En la presente acción de inconstitucionalidad no se hicieron valer causas de improcedencia. Sin embargo, es un hecho notorio que se invoca como tal con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles (19) –de aplicación supletoria en términos del artículo 1o. de la ley reglamentaria–(20) que los días cinco y diez de marzo de dos mil veinte fueron publicados, respectivamente, los Decretos 0609 y 0611 en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí. Como ya se señaló líneas arriba (supra párr. 8), dichos decretos modificaron diversos artículos de la ley impugnada por las Comisiones accionantes. Por consiguiente, corresponde analizar de oficio si en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la ley reglamentaria, aplicable a este tipo de procedimientos constitucionales en términos del diverso precepto 59 de ese mismo ordenamiento legal, relativa a la cesación de efectos de la norma general objeto de la controversia.(21)
17. La Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que las recientes reformas a la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí no constituyen un nuevo acto legislativo que dé lugar al sobreseimiento de las presentes acciones de inconstitucionalidad. Como se explica a continuación, en línea con la tesis de jurisprudencia de título y subtítulo: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.",(22) así como con el criterio adoptado recientemente por el propio Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 66/2019,(23) la nueva redacción de los artículos 6o., fracción IV, inciso b), numerales 1 y 4, y 14, fracciones XXX, XXXII, XXXVI y XXXVII, de la ley impugnada arroja claramente que las reformas aprobadas simplemente concretizan las respectivas condiciones de aplicación de las obligaciones ya previstas en los preceptos legales modificados. Aquéllas no representan por ende un cambio de sentido normativo que modifique la trascendencia, el contenido o el alcance de los artículos combatidos por los accionantes.
18. Como ha sostenido reiteradamente este Tribunal Pleno, no cualquier modificación a una norma constituye la creación de un nuevo acto legislativo, pues para ello es necesario que el ajuste de la norma produzca un efecto normativo distinto en el sistema al que pertenece, incluso aunque sea de forma tenue.(24) En esta tesitura, es conveniente presentar un cuadro comparativo pormenorizado con los cambios a la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí:
Ver cuadro comparativo
19. Como puede observarse, en primer lugar, las reformas referidas simplemente ampliaron los supuestos bajo los cuales se puede considerar que las mujeres de esa entidad federativa se encuentran en estado de desventaja social. Es decir, se modificó el concepto para abarcar como grupo de especial atención en dicha categoría a las madres solas con hijos menores o con alguna discapacidad [artículo 6o., fracción IV, inciso b), numeral 1], y se adicionó un supuesto para incorporar en ella a las mujeres que se encontraran en situación de explotación, incluida la de carácter sexual [artículo 6o., fracción IV, inciso b), numeral 4]. En segundo lugar se precisaron los medios de difusión a través de los cuales el DIF estatal publicitará los órganos de enlace y los distintos programas en materia de asistencia social que tiene a su cargo (artículo 14, fracciones XXX y XXXII). Por último, visiblemente por una errata legislativa, se adicionó una fracción con texto sobre información preventiva para difundir entre la población (artículo 14, fracción XXXVII) que ya estaba previsto a la letra en la ley antes de las reformas (artículo 14, fracción XXXVI), recorriéndose así el número de la última fracción del precepto (artículo 14, fracción XXXVIII). Ninguna de estas reformas y adiciones al texto, sin embargo, altera de forma relevante el sentido normativo de las obligaciones previstas con anterioridad ni, por tanto, el sistema de asistencia social del Estado de San Luis Potosí.
20. Por otra parte, si de los escritos de demanda se desprende que las Comisiones accionantes plantean la inconstitucionalidad de la norma general impugnada únicamente en relación con porciones normativas distintas a las reformadas, entonces con menos razón puede considerarse que los decretos referidos representen un nuevo acto legislativo que conduzca al sobreseimiento de los presentes medios de impugnación. En específico del artículo 6o. de la ley se controvierte la porción normativa que prevé que las personas que se encuentren en situación especialmente difícil originada por discapacidad podrán ser consideradas como sujetos de atención de los programas de asistencia social en esa entidad (fracción I).(25) Del artículo 14, en cambio, se impugnan sólo aquellas porciones normativas que confieren atribuciones al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (en adelante DIF estatal) para ser el órgano encargado de: 1) acreditar la discapacidad de las personas que quieran hacer uso de los beneficios de la ley; 2) elaborar un censo de personas con discapacidad; 3) prestar servicios de representación jurídica a las personas con discapacidad; y, 4) promover la adaptación del espacio urbano para el libre tránsito y autonomía de las personas con discapacidad (fracciones XIV, XXII, XXVII y XXXIV).(26) Los preceptos reformados por los Decretos 0609 y 0611, en suma, no guardan relación alguna con las impugnaciones hechas valer por las Comisiones accionantes.
21. Al no implicar modificaciones del sentido normativo de la ley impugnada, ni estar relacionadas con la cuestión efectivamente planteada por las Comisiones accionantes, es de concluirse que las reformas y adiciones publicadas el cinco y el diez de marzo de dos mil veinte a los artículos 6o. y 14 de la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí no constituyen un nuevo acto legislativo que obligara a las accionantes a promover una nueva acción de inconstitucionalidad. De este modo y toda vez que este Tribunal Pleno no advierte que se actualice alguna otra causa de improcedencia, lo procedente es entrar a analizar el fondo del asunto.
VI. ESTUDIO DE FONDO
22. Artículos impugnados. Las Comisiones accionantes plantean la inconstitucionalidad de los artículos 3o., 4o., fracción IV, inciso a), 5o., fracciones VI, XIV y XV, 6o., fracción I, 14, fracciones XIV, XXII, XXVII y XXXIV, 16, 18, fracciones I, II y IV, 47, fracción X y 50, fracciones IV, V, XV y XVI, de la Ley de Asistencia Social para el Estado y los Municipios de San Luis Potosí. Dichos preceptos se transcriben a continuación:
"Artículo 3o. Para efectos de esta ley se entiende por asistencia social, el conjunto de acciones dirigidas a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de desventaja, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva."
"Artículo 4o. Para efecto de interpretación de la presente ley se entenderá por:
"...
"IV. Grupos en desventaja: Toda persona que puede incluirse en las siguientes categorías:
"a) En situación especialmente difícil, entendiéndose por ésta: Los hombres y mujeres con enfermedad física o mental discapacitante, o en desventaja física, económica, jurídica o cultural."
"Artículo 5o. Los servicios de asistencia social que prestan el Ejecutivo del Estado, los Municipios, y los que lleven a cabo las instituciones de asistencia pública y privada, comprenden acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación, y son los siguientes:
"...
"VI. La prevención de la discapacidad en los grupos en desventaja, proveyendo a la familia y la comunidad de conocimientos y de técnicas efectivas para prevenirla;
"...
"XIV. La rehabilitación de las personas con discapacidad;
"XV. La capacitación a la familia de técnicas efectivas para el tratamiento de personas con discapacidad."
"Artículo 6o. Los sujetos de atención de la asistencia social tendrán derecho a recibir servicios de calidad con oportunidad y con calidez, por parte del personal profesional calificado; a la confidencialidad respecto a sus condiciones personales y de los servicios que reciben; y a recibirlos sin discriminación, cuando se encuentren:
"I. En situación especialmente difícil originada por discapacidad."
"Artículo 14. El DIF Estatal tendrá las siguientes atribuciones:
"...
"XIV. Acreditar la discapacidad de las personas que así lo soliciten, para hacer uso de los beneficios especiales que se les otorgan;
"...
"XXII. Elaborar el Censo Nominal de Personas con discapacidad en el Estado, con la información generada por cada uno de los Municipios;
"...
"XXVII. Prestar servicios de representación y asistencia jurídica y de orientación social a niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, madres adolescentes y solteras, en estado de indigencia, indígenas, migrantes o desplazados, y todas aquellas personas que por diversas circunstancias no puedan ejercer plenamente sus derechos;
"...
"XXXIV. Promover ante las dependencias y entidades de la administración pública del Estado y Municipios, la adaptación del espacio urbano para que satisfaga los requerimientos legales según la Norma Oficial Mexicana respectiva, para el libre tránsito y autonomía de las personas con discapacidad."
"Artículo 16. La atención y rehabilitación de las personas con discapacidad, la brindará el DIF Estatal, a través de la Dirección de Integración Social de Personas con Discapacidad; la que tendrá por objeto coordinar y, en su caso, ejecutar los programas a que se refiere la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y Municipios, esta ley, su reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones legales aplicables."
"Artículo 18. A efecto de otorgar la atención a los sujetos de asistencia social a que se refiere esta ley, el DIF Estatal contará con establecimientos públicos de asistencia social que tendrán por objeto:
"I. El albergue temporal de niñas, niños y adolescentes con o sin discapacidad, mujeres y adultos mayores en situación vulnerable, en donde se llevan a cabo preferentemente los siguientes servicios:
"a) La alimentación y bebidas con alto contenido nutricional y bajo o nulo contenido calórico.
"b) El fomento y cuidado de la salud.
"c) La vigilancia del desarrollo educativo en el caso de niñas, niños y adolescentes.
"d) La promoción de actividades educativas y recreativas.
"e) La capacitación para el trabajo e incorporación a una vida productiva.
"f) La atención médica y psicológica.
"g) El apoyo jurídico;
"II. El albergue y atención especializada a niñas, niños y adolescentes con discapacidad producida por daño neurológico;
"...
"IV. La rehabilitación de personas con discapacidad."
"Artículo 47. Son obligaciones de los ayuntamientos en materia de asistencia social:
"...
"X. Establecer, de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, instituciones de asistencia social pública y centros de asistencia social temporal para niñas, niños y adolescentes en estado de abandono, víctimas de violencia familiar, personas con discapacidad y adultos mayores, y aquellos que brinden protección y atención a grupos en desventaja de su Municipio."
"Artículo 50. Los DIF municipales ejercerán las funciones siguientes:
"...
"IV. Fomentar la incorporación de las personas con discapacidad a la vida social, económica y cultural;
"V. Prestar asesoría jurídica, psicológica y social en materia familiar y derechos humanos, a la población en estado de abandono y desventaja social, preferentemente a niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores;
"...
"XV. Operar establecimientos de asistencia y albergue temporal para niñas, niños y adolescentes con o sin discapacidad, mujeres y adultos mayores en estado de desventaja y discriminación;
"XVI. Elaborar el Censo Nominal de Personas con Discapacidad del Municipio, que permita orientar y evaluar las políticas asistenciales, remitiendo a la brevedad posible al DIF Estatal la información recabada, y"
23. Conceptos de invalidez. En contra de las referidas disposiciones legales las Comisiones accionantes formulan los siguientes conceptos de invalidez:
• Comisión Nacional de los Derechos Humanos
a) Por una parte, plantea la inconstitucionalidad de los artículos 3o., 4o., fracción IV, inciso a), 5o., fracciones VI, XIV y XV, 6o., fracción I, 18, fracciones I, II y IV y 50, fracciones IV, V, XV y XVI, de la Ley de Asistencia Social para el Estado y los Municipios de San Luis Potosí, porque las autoridades omitieron la obligación de realizar una consulta previa, libre, informada, de buena fe y mediante procedimientos culturalmente adecuados a las personas con discapacidad del Estado, conforme a lo establecido en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.(27)
b) Por otra parte, plantea la inconstitucionalidad de los artículos 3o., 4o., fracción IV, inciso a) y 6o., fracción I, de la Ley de Asistencia Social para el Estado y los Municipios de San Luis Potosí por utilizar un lenguaje discriminatorio hacia las personas con discapacidad, lo cual violenta el artículo 1o. constitucional y los preceptos 5 y 8.1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.(28)
• Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí
a) Sostiene que la ley impugnada establece una visión estereotipada de la discapacidad, pues señala que las personas con discapacidad son un grupo vulnerable por el solo hecho de tener una condición diferente y que esto impide el reconocimiento, goce y ejercicio de su dignidad. (Primer concepto de invalidez)
b) Afirma que la ley impugnada establece una visión paternalista del Estado sobre las personas con discapacidad, lo cual restringe el reconocimiento de la dignidad de estas personas. (Tercer concepto de invalidez)
c) Sostiene que la ley impugnada es omisa en generar mecanismos para:
• Prevenir para evitar que las personas con discapacidad sufran abusos de aquellos que se encuentran en una situación ventajosa sobre ellos. (Segundo concepto de invalidez)
• Facilitar la movilidad de las personas con discapacidad con la mayor independencia posible. (Cuarto concepto de invalidez)
• Adecuar los espacios públicos para que las personas con discapacidad tengan acceso al entorno y los servicios prestados por el Estado. (Quinto concepto de invalidez)
• Diferenciar el tipo de discapacidad de cada persona, pues establece medios homologados para otorgar los recursos destinados a cubrir las necesidades de estas personas (Sexto concepto de invalidez). Esto limita el apoyo asistencial y coarta la independencia y autonomía de las personas con discapacidad. (Séptimo concepto de invalidez)
• Ampliar la protección para incluir a las familias de las personas con discapacidad para que logren una integración adecuada en la sociedad. (Octavo concepto de invalidez)
• Capacitar al personal de las instituciones asistencialistas públicas o privadas con una perspectiva adecuada para las personas con discapacidad, desde el modelo previsto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. (Noveno concepto de invalidez)
d) Finalmente, argumenta que se vulneró el derecho a la consulta previa establecido en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual provocó las violaciones señaladas en los agravios anteriores, pues de haber escuchado a las personas con discapacidad se hubieran recolectado sus inquietudes y opiniones al respecto.(29)
24. Informes de las autoridades demandadas. Por su parte, los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de San Luis Potosí rindieron sus respectivos informes en los siguientes términos:
• Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí
a) Afirma que las demandas impugnan la inconstitucionalidad material de la norma y no actos atribuibles al Poder Ejecutivo. Además, agrega que la ley impugnada tuvo como objeto armonizar su contenido con la "Ley de Asistencia Social" y la "Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes" por lo que no modificó la sintaxis que empleaba la ley anterior. Por lo tanto, si bien la ley impugnada hace alusión a las personas con discapacidad, no se concibió la necesidad de realizar consulta alguna al momento de renovarla, porque el objeto de la norma no es confrontar, vulnerar o invadir la esfera de derechos que garantizan y protegen a estas personas.
b) Sostiene que la norma impugnada no propicia la utilización de un lenguaje discriminatorio, estereotipado o estigmatizado, al considerar a las personas con discapacidad como "grupos en desventaja".
• Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí
a) Afirma que es incorrecto que debiera llevar a cabo una consulta sobre la aprobación de la ley impugnada, pues ésta no tiene el propósito de hacer efectiva la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino regular la prestación de servicios de asistencia social a personas en situación de desventaja, en condiciones de abandono, desprotección o desventaja física, mental, jurídica, social o cultural.
b) Alega que las demandas omiten el hecho de que el Poder Legislativo del Estado emitió la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y Municipios de San Luis Potosí la cual sí tiene por objeto hacer efectiva la Convención señalada.
c) Finalmente, respecto al uso de un lenguaje discriminatorio, el Poder Legislativo Estatal argumenta que el término "desventaja física y mental" no se refiere exclusivamente a las personas con discapacidad, pues la ley impugnada hace alusión a todos aquellos grupos que se encuentran en una posición desfavorable y que requieren servicios de asistencia social. Por otro lado, al referirse a los términos "situación especialmente difícil originada por discapacidad" y "enfermedad física o mental discapacitante" señala que debe atenderse al objeto de la ley y que los términos empleados están en consonancia con el concepto de discapacidad previsto en la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad".
25. Litis. En el presente asunto la cuestión se reduce a dilucidar si los artículos impugnados vulneran algún derecho humano reconocido en la Constitución Federal o en los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano. Los planteamientos de las accionantes, sin embargo, no se analizarán exactamente en el orden presentado, sino en función de si su naturaleza es procesal o sustantiva. Específicamente, dado que considerar fundados los conceptos de invalidez relacionados con la omisión de realizar un procedimiento de consulta a las personas con discapacidad sería suficiente para declarar la invalidez de todos los preceptos impugnados, primero se abordarán tales planteamientos (A). Sólo si éstos llegaran a desestimarse es que se procederá a analizar el resto de los conceptos de invalidez esgrimidos por las accionantes (B).
A
26. Ambas Comisiones accionantes plantearon que no se había llevado a cabo una consulta a personas con discapacidad como lo dispone el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante la Convención) y, por consiguiente, que dicha omisión debía conducir a declarar la invalidez de los preceptos impugnados.
27. El Tribunal Pleno considera que es sustancialmente fundado ese concepto de invalidez. Tal como reconocen en sus respectivos informes las autoridades que participaron en el proceso legislativo que dio lugar a la expedición de las normas legales impugnadas, no se llevó a cabo algún procedimiento o mecanismo para consultar previamente dichas medidas a las personas con discapacidad. Como se explica a continuación, en tanto que la expedición de la normativa impugnada representa una decisión que afecta directamente este grupo, la omisión de realizar una consulta previa en relación con ella, viola el artículo 4.3 de la Convención.
28. Como se sostuvo recientemente al resolver la acción de inconstitucionalidad 68/2018, la obligación de consultar a las personas con discapacidad deriva del artículo 4.3 de la Convención. Éste dispone a la letra lo siguiente:
"4.3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan."
29. El texto del precepto es bastante claro. Sin embargo, para comprender a cabalidad la obligación de consulta a personas con discapacidad prevista en la Convención resulta pertinente destacar algunas cuestiones del contexto en el que aquélla surge, así como su importancia en la lucha del movimiento de personas con discapacidad por exigir sus derechos.
30. En primer lugar, la razón que subyace a esta exigencia consiste en que se supere un modelo rehabilitador de la discapacidad –donde las personas con estas condiciones son sujetos pasivos de la ayuda que se les brinda– y, en cambio, se favorezca un "modelo social" en el que la causa de la discapacidad es el contexto que la genera, es decir, las deficiencias de la sociedad en la que estas personas se encuentran para generar servicios adecuados, una vez consideradas las necesidades particulares de las personas co
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30103-dc48f26b/i-accion-de-inconstitucionalidad-lineamientos-minimos-requeridos-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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