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Modo: Corpus Pro

PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR INCUMPLIMIENTO DE UN LAUDO. EL ACUERDO LEGISLATIVO QUE RECHAZA DARLE INICIO, POR DECLARAR IMPROCEDENTE O SIN MATERIA LA SOLICITUD DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN, NO CONSTITUYE UN ACTO DISCRECIONAL Y SOBERANO DEL CONGRESO LOCAL Y EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/2020. · Registro digital (IUS): 30170
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-10-22
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Octubre de 2021, Tomo II, Pág. 3022.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 30 DE AGOSTO DE 2021. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GLORIA AVECIA SOLANO, JORGE CRISTÓBAL ARREDONDO GALLEGOS, CÉSAR THOMÉ GONZÁLEZ, LUCILA CASTELÁN RUEDA Y CLAUDIA MAVEL CURIEL LÓPEZ. DISIDENTES: MARIO ALBERTO DOMÍNGUEZ TREJO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR Y JORGE HÉCTOR CORTÉS ORTIZ. PONENTE: MARIO ALBERTO DOMÍNGUEZ TREJO. ENCARGADA DEL ENGROSE: CLAUDIA MAVEL CURIEL LÓPEZ. SECRETARIO: CARLOS ABRAHAM DOMÍNGUEZ MONTERO.

Zapopan, Jalisco, acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión virtual de treinta de agosto de dos mil veintiuno.

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio **********, de **********, suscrito electrónicamente por los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito se denunció la posible contradicción de tesis sustentadas por dicho órgano jurisdiccional, al resolver el amparo en revisión 89/2019, frente al diverso sostenido por el Séptimo Tribunal Colegiado de la misma especialidad y circuito, al resolver el amparo en revisión 169/2017.

2. SEGUNDO.—Admisión. Por auto de catorce de diciembre de dos mil veinte,(1) la presidencia de este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, registrándose bajo el número de expediente 25/2020, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

3. En el mismo acuerdo, sobre la base de que el órgano jurisdiccional denunciante remitió la sentencia dictada en el amparo en revisión 89/2019 de su índice, se solicitaron a los tribunales contendientes diversas constancias que pudieran resultar útiles para el estudio y resolución del presente asunto, y destacadamente pidió al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, la remisión de la sentencia dictada en el amparo en «revisión» 169/2017, así como el informe relativo a la vigencia de ese criterio.

4. Por último, se ordenó girar oficio a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que informara a este Pleno de Circuito sobre la existencia de algún asunto radicado ante el Alto Tribunal del País que guardara relación con la temática planteada en la presente contradicción de tesis.

5. TERCERO.—Sustanciación y turno. En proveído de doce de marzo de dos mil veintiuno,(2) se recibió copia autorizada de la sentencia dictada en el amparo en revisión 169/2017 del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y, además, se tuvo a la presidencia de dicho órgano jurisdiccional informando que el criterio sustentado en ese asunto seguía vigente.

6. En proveído de dieciocho de mayo del año en curso, el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó por oficio **********, que de la consulta realizada por la Secretaría General de Acuerdos, tanto en el sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, como en los acuerdos de admisión dictados por el Ministro presidente durante los últimos seis meses, no se advirtió la existencia de algún asunto que guardara relación con el tema aquí planteado.

7. En el mismo auto, el presidente del Pleno de Circuito en Materia Administrativa de este Tercer Circuito turnó el asunto al Magistrado Mario Alberto Domínguez Trejo para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 13, fracción VII y 28 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; término que se ordenó prorrogar por acuerdo de presidencia de diecisiete de junio del año en curso.

8. Por último, el asunto se listó para estudiarse en la sesión de treinta de agosto de dos mil veintiuno, no obstante, una vez que tuvo verificativo la sesión correspondiente, el proyecto de resolución fue rechazado por mayoría de cinco votos, por tanto, por determinación del Pleno, se le asignó el engrose correspondiente a la Magistrada Claudia Mavel Curiel López.

CONSIDERANDO:

9. PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su texto vigente con anterioridad a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno. Lo anterior, en acatamiento al punto de acuerdo 26/2021 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las "Consultas sobre el funcionamiento de los Plenos de Circuito en relación con la reforma constitucional en materia de Justicia Federal, publicada el 11 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación",(3) cuya parte conducente se transcribe a continuación:

"PRIMERA. En acatamiento a los artículos 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y segundo, tercero y quinto transitorios del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2021 y el Acuerdo General 1/2021, de 8 de abril de 2021, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, y se establecen sus bases, los Plenos de Circuito continuarán operando en los términos en que lo venían haciendo. Asimismo, los órganos del Consejo de la Judicatura Federal continuarán ejerciendo sus atribuciones relativas a su integración, funcionamiento y vigilancia, hasta tanto entran en funciones los Plenos Regionales, en los términos precisados en el AG 8/2015 y la demás normatividad aplicable."

10. SEGUNDO.—Legitimación. Esta denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, acorde con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haberse planteado por los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

11. TERCERO.—Posturas contendientes. A fin de determinar si la denuncia de contradicción de tesis es existente, resulta oportuno hacer alusión a los antecedentes y consideraciones en que se sustentaron los criterios divergentes.

A. Primera postura: Sentencia dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 89/2019.

Juicio de amparo.

Tres ciudadanos promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa del Congreso Local de cumplimentar la determinación del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, de decretar y aplicar una suspensión en el cargo por el término de quince días sin goce de sueldo, al presidente municipal de Guadalajara, Jalisco, pues no obstante que en los autos del juicio burocrático de origen se ordenó la sanción, la autoridad responsable por Acuerdo Legislativo **********, de fecha **********, con carácter de dictamen, la declaró sin materia.

Lo anterior, bajo el argumento de que el servidor público en cuestión ya no estaba ejerciendo la función de presidente municipal, sino un servidor público diverso; lo que dictaminó la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal del Congreso, en términos de los artículos 87, fracción IV, y 205 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco (legislación vigente en esa época).

El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, bajo el número de expediente 3669/2018 y, seguidos los trámites correspondientes, el siete de febrero de dos mil diecinueve se celebró la audiencia constitucional. En la misma fecha se dictó la sentencia respectiva, en donde el juzgador del conocimiento decretó el sobreseimiento en el juicio, al considerar actualizada la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 5o. del propio ordenamiento, porque, a su juicio, los quejosos carecían de interés jurídico para impugnar en la instancia constitucional la determinación reclamada al Congreso Local, porque esas resoluciones son inatacables por particulares, pues no le reportan ningún beneficio o perjuicio, y aunque los particulares tienen derecho a solicitar lo que en derecho les corresponda en el juicio laboral en relación con la conducta de los servidores públicos, su intervención no tiene el alcance de impugnar en el amparo las decisiones del Congreso del Estado de Jalisco.

Recurso de revisión.

Inconforme con lo anterior, los propios quejosos interpusieron recurso de revisión, el que por razón de turno le correspondió conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de toca 89/2019 y, agotada la instrucción respectiva, el asunto se resolvió en sesión de diez de julio de dos mil diecinueve, en donde el órgano jurisdiccional confirmó la sentencia recurrida por diversas razones y, por ende, decretó el sobreseimiento en el juicio.

Lo anterior, al considerar que en la especie se actualizaba una diversa hipótesis de improcedencia a la decretada por el Juez de Distrito, esto es, la prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, habida cuenta que el acto reclamado consistente en la negativa del Congreso Local de cumplimentar la decisión del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, consistente en la suspensión temporal sin goce de sueldo del cargo al titular del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara Jalisco, se trata de un acto soberano.

Para resolver en ese sentido, el tribunal de control constitucional se apoyó en las razones medulares siguientes:

• Que en términos de la contradicción de tesis 217/2018, resuelta por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, si bien el Tribunal de Arbitraje y Escalafón Local tenía la posibilidad de hacer uso de la medida de apremio consistente en la suspensión en el cargo de munícipe, de conformidad con el artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios a fin de hacerlo cumplir un laudo, al Congreso tocaba determinar si se surtían las condiciones para suspender al funcionario.

• Que conforme con dicha divergencia de criterios, era indudable que la suspensión de un edil en el Estado de Jalisco competía al Congreso por tratarse de una facultad propia.

• Que las diversas interpretaciones efectuadas por la Segunda Sala en diferentes asuntos respecto a la hoy fracción VII del numeral 61 de la Ley de Amparo conducían a estimar que hay ciertos actos que, indefectiblemente, son soberanos; léase el amparo en revisión 471/2006, en el que se dijo que el procedimiento para la designación de presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se torna en una actuación de esa naturaleza del Senado de la República.

• Que de tal ejecutoria destacaba que, entre otros actos soberanos, se encuentran la elección, suspensión o remoción de funcionarios, ya que la Constitución –Federal o Local– indica que tienen esa cualidad porque para hacerlo gozan de discrecionalidad e independencia y que no necesariamente se convierte en una decisión arbitraria.

• Que incluso la propia Sala, al resolver la contradicción de tesis 118/2009, determinó que la elección, ratificación o cese de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, se trata de actos soberanos y discrecionales, siendo que en dicha ejecutoria reiteró el criterio sustentado en el amparo en revisión 471/2006 y otros más en los que se precisó cuáles debían entenderse como actos soberanos y llegó al convencimiento de aquellos relacionados con los nombramientos de los aludidos juzgadores.

• Que siguiendo esa misma línea argumentativa, la Corte ha sido consistente en que, por antonomasia, la elección de Magistrados por el Congreso, así como consejeros de la Judicatura en el Estado de Jalisco e incluso del presidente del Instituto de Transparencia, se traducen en actos soberanos, de ahí que configuraba la causal de improcedencia establecida por el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo abrogada (ahora 61, fracción VII, de la actual), puesto que su decisión es discrecional, en virtud de que no exige que sea avalada por algún otro órgano estatal; sin que ello signifique que la Legislatura esté exenta de fundar y motivar sus resoluciones.

• Que, por consiguiente, el acto consistente en la decisión legislativa de no suspender a un munícipe es discrecional y soberano emitido por el Congreso del Estado; de ahí que el amparo intentado en su contra es improcedente.

B. Segunda postura: Sentencia dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 169/2017.

Antecedentes.

Mediante resolución de dieciséis de junio de dos mil catorce, el Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco condenó al Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, a efecto de que reinstalara al actor en el juicio de origen en su cargo de jefe de departamento dependiente de la Dirección de Ingresos de la Tesorería del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, así como al pago proporcional de salarios vencidos más sus incrementos, entre otras prestaciones.

En proveído de quince de agosto de dos mil quince, el propio Tribunal de Arbitraje y Escalafón Estatal requirió al Ayuntamiento Constitucional demandado, a efecto de que, dentro del término de treinta días, diera cumplimiento con el pago en favor del actor, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se le aplicaría una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo, en términos del artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Debido al incumplimiento de esa determinación, el Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco emitió un nuevo acuerdo el trece de enero de dos mil dieciséis, en el cual hizo efectivo el apercibimiento de multa y requirió de nueva cuenta al Ayuntamiento demandado, para que dentro del término de tres días diera cumplimiento al laudo, pero ahora con el apercibimiento de que, en caso de que esa entidad incurriera en omisión nuevamente, se suspendería del cargo al presidente municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, por un plazo de quince días sin goce de sueldo, en términos del referido numeral 143.

Posteriormente, el Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, incurrió de nueva cuenta en omisión y, por ende, mediante proveído de uno de marzo de dos mil dieciséis, se hizo efectivo el apercibimiento de trece de enero anterior, consistente en suspender en el cargo por un plazo de quince días sin goce de sueldo al presidente municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, por lo que se ordenó girar oficio al Congreso del Estado de Jalisco, para que por su conducto se llevara a cabo la referida acción.

En sesión de **********, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó el Acuerdo Legislativo ********** en el que se determinó desechar por improcedente la solicitud del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, de suspender del cargo por quince días sin goce de sueldo al titular del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, por no acreditarse una causa grave en términos de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral 76 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y el arábigo 23 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal.

Lo anterior, por no calificar como causa grave para la procedencia del trámite de suspensión el incumplimiento atribuido al síndico municipal, conforme al dictamen de las Comisiones de Desarrollo Municipal y la de Gobernación del Congreso, en términos de los artículos 82-A, fracción V, y 88, respectivamente, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco (vigente en esa época).

Juicio de amparo.

En contra de esa determinación, el actor en el juicio burocrático de origen promovió juicio de amparo en la vía indirecta, el cual correspondió conocer al entonces Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, bajo el número de expediente 3223/2016 y, seguidos los trámites correspondientes, se celebró la audiencia constitucional. Posteriormente, el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete se dictó la sentencia respectiva, en donde el Juez de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por considerar ilegal la decisión reclamada, al considerar que no le corresponde al Congreso Local enjuiciar la decisión del tribunal laboral, para verificar si la conducta del miembro del Ayuntamiento es grave o no y resolverlo mediante el voto mayoritario de los diputados, esto es así, porque la decisión de suspender a dicho funcionario ya había sido tomada por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, el cual tiene facultades para ello y, por ende, el Congreso únicamente está obligado a acatar la orden de suspensión del tribunal burocrático, bajo el procedimiento previsto en los artículos 224 y 232 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, tomando en cuenta que la causa grave ya se estableció por el tribunal laboral.

Recurso de revisión.

Inconforme con lo anterior, el demandado Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, por conducto de su representación, interpuso recurso de revisión, el que por razón de turno le correspondió conocer al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 169/2017 y una vez agotada la instrucción relativa, el asunto se resolvió en sesión de veintidós de junio de dos mil diecisiete y, en lo que interesa, decidió confirmar la sentencia recurrida, en lo relativo a la concesión del amparo decretado en favor del actor-quejoso.

Las razones torales para esa decisión se sintetizan a continuación:

• Que en oposición a lo expresado por la autoridad recurrente no se configura la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la legislación rectora en la materia. Para sustentar su decisión, el órgano colegiado se apoyó en la contradicción de tesis 118/2009 de la Segunda Sala del Alto Tribunal que interpretó el contenido del numeral 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo abrogada, de la que se desprendía qué debía entenderse por actos soberanos emitidos por el Congreso jalisciense y, dentro de ellos, no incluía a los procedimientos de elección, ratificación o cese en el encargo de Magistrado del Tribunal Supremo de la entidad.(4)

• Que esa divergencia de criterios (118/2009), servía como sustento para desentrañar a cuáles actos del Congreso del Estado podía considerárseles como soberanos o discrecionales, dentro de los que no se encontraban aquellos en donde había injerencia de un tercero, en la especie, del Tribunal de Arbitraje y Escalafón.

• Que de ello resultaba que si la sanción traducida en la suspensión del cargo de edil sin goce de sueldo por el lapso de quince días derivaba de un juicio laboral burocrático, no era viable estimar que la decisión del Congreso se convirtiera en un acto soberano y, por ende, no cabía sobreseer en el juicio de amparo con base en el artículo 61, fracción VII, de la legislación rectora en la materia, ya que se trataba de un procedimiento reglado en el que el ente legislativo no actuaba motu proprio –por sí mismo–.

• Que entonces, al no imprimirle discrecionalidad a la actuación del Congreso, éste se convertía en un mero ejecutor, puesto que conforme con el marco jurídico aplicable –constitucional y legal–, la decisión de aquél junto con sus comisiones en torno a la suspensión o revocación de mandato de los miembros de un Ayuntamiento no podían estimarse soberanas ni discrecionales, porque colisionaban al mismo tiempo con el deber de fundar y motivar sus determinaciones; de ahí que sus decisiones al respecto no eran libres e independientes.

• Que, además, la Constitución jalisciense no le otorgaba al Congreso la facultad para suspender o revocar el mandato de alguno de los miembros de un Ayuntamiento, de forma soberana o discrecional, o sea, sin seguir regla alguna, dado que no podían adoptarse dejando de lado una debida fundamentación y motivación; por ende, no se configuraba la causal de improcedencia alegada por la autoridad disidente –numeral 61, fracción VII, de la Ley de Amparo–.

Derivado de esa decisión, el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito emitió la tesis III.7o.A.14 A (10a.), que es del siguiente tenor:

"ACUERDO LEGISLATIVO QUE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER DEL CARGO A UN MIEMBRO DE UN AYUNTAMIENTO POR INCUMPLIMIENTO DE UN LAUDO, A PETICIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN. AL NO SER UN ACTO SOBERANO O DISCRECIONAL DEL CONGRESO LOCAL, SU RECLAMO EN EL JUICIO DE AMPARO NO ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la hipótesis de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada –de contenido sustancialmente igual a la fracción VII del artículo 61 de la ley de la materia vigente–, consistente en que se trate de resoluciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas comisiones o Diputaciones Permanentes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente, implica la atribución de los órganos legislativos mencionados de resolver en forma independiente, sin injerencia de terceros, o bien, conforme a su arbitrio y con prudencia en la adopción de su decisión, lo que debe entenderse como el poder, atribución o derecho que una norma de derecho positivo vigente otorga a la autoridad para decidir acerca de algo, sin sujetarse a determinadas reglas. En ese sentido, el Acuerdo Legislativo que resuelve el procedimiento para suspender del cargo a un miembro de un Ayuntamiento por incumplimiento de un laudo, a petición del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, no es un acto soberano o discrecional del Congreso de esta entidad federativa, toda vez que dicha atribución se encuentra sujeta a la injerencia de un tercero, como lo es el propio órgano jurisdiccional burocrático, quien es el que pidió la suspensión del funcionario. Asimismo, porque los artículos 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 76 de la Constitución del Estado de Jalisco, así como 82 A, fracción V, 88, fracción IV y 224 a 232 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, si bien confieren al Congreso Local la facultad de resolver sobre la suspensión o revocación del mandato de alguno de los miembros de un Ayuntamiento, lo cierto es que ésta es reglada; de ahí que el Acuerdo Legislativo resultante no puede considerarse soberano y discrecional. Además, esas decisiones deben tomarse con la debida fundamentación y motivación, esto es, sujetarse al control racional del derecho, lo cual se contrapone con las atribuciones discrecionales y soberanas, es decir, absolutamente libres e independientes de cualquier consideración. Por tanto, el reclamo del acuerdo señalado en el juicio de amparo no actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 61 de Ley de Amparo citada."(5)

Con base en el anterior criterio, el propio tribunal contendiente denunció una posible contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con diversas sentencias de los Tribunales Colegiados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto, todos en Materia Administrativa del Tercer Circuito (aspecto que se abordará más adelante).

12. CUARTO.—Consideraciones previas. Antes de proceder a la confrontación de las posturas jurídicas involucradas en este asunto, es pertinente realizar las siguientes acotaciones.

13. Como se mencionó en el apartado anterior, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 169/2017 de su índice, consideró necesario denunciar la divergencia de criterios, en relación con diversas sentencias dictadas por Tribunales Colegiados del mismo circuito, pero de diferentes materias.

14. El conocimiento de esa contradicción de tesis le correspondió conocer a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el número de expediente 267/2017 y, en ese asunto, la Superioridad fijó la cuestión jurídica a dilucidar en los siguientes términos:

"... debe estimarse existente la contradicción de criterios únicamente para determinar si es legalmente competente un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, o lo es un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo, para conocer un amparo en revisión interpuesto contra la sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto, donde se reclama la emisión de un acuerdo legislativo, por parte del Congreso del Estado de Jalisco, dictaminado por las comisiones correspondientes, consistente en la negativa para suspender del cargo a un miembro de un Ayuntamiento, con motivo del incumplimiento de un laudo dictado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón de la misma entidad."

15. Sobre el particular, la Segunda Sala del Tribunal Constitucional Mexicano decidió que en tratándose del órgano competente para conocer de la revisión interpuesta contra la sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto, donde se reclamó la emisión de un acuerdo legislativo del Congreso del Estado de Jalisco, que niega suspender del cargo a un miembro de un Ayuntamiento por incumplir un laudo, se surtía en favor de un Tribunal Colegiado de Circuito especializado en materia administrativa.

16. Las consideraciones esenciales quedaron plasmadas en la jurisprudencia 2a./J. 159/2017 (10a.), que dice lo siguiente:

"COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DONDE SE RECLAMÓ LA EMISIÓN DE UN ACUERDO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, QUE NIEGA SUSPENDER DEL CARGO A UN MIEMBRO DE UN AYUNTAMIENTO POR INCUMPLIR UN LAUDO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Acorde con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 145/2015 (10a.), para establecer la competencia por materia de un Tribunal Colegiado de Circuito especializado para conocer del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto, debe atenderse tanto a la naturaleza del acto reclamado como a la de la autoridad señalada como responsable, sin considerar la materia en la que el Juez de Distrito haya fijado su competencia. En ese sentido, el Tribunal Colegiado de Circuito especializado en Materia Administrativa es el competente para conocer del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto, cuando el acto reclamado lo constituya un Acuerdo Legislativo emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, dictaminado por unanimidad por las comisiones correspondientes, que niega suspender del cargo a un miembro de un Ayuntamiento por incumplir un laudo dictado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón de la misma entidad, teniendo en cuenta que la naturaleza del acto reclamado es materialmente administrativa, al ser emitido en forma unilateral y discrecional, sin la intervención del gobernado, produciendo efectos directos e inmediatos, independientemente de que en el asunto también se traten cuestiones laborales."(6)

17. En tales condiciones, pese a que el amparo en revisión 169/2017 del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito resultó ser materia de la contradicción de tesis 267/2017 del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la postre motivó la jurisprudencia de clave 2a./J. 159/2017 (10a.), no puede considerarse como un asunto superado para efectos de la presente contradicción, pues como se evidenció con claridad, la superioridad elucidó un tópico ostensiblemente diferente al que aquí se suscita, es decir, únicamente estableció un aspecto competencial para conocer de las revisiones interpuestas contra las sentencias de amparo en donde se reclama la emisión de un acuerdo legislativo del Congreso del Estado de Jalisco, que niega suspender del cargo a un miembro de un Ayuntamiento por incumplir un laudo.

18. Consecuentemente, este Pleno de Circuito no advierte algún obstáculo jurídico para proceder a la confrontación de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Sexto y Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los amparos en revisión 89/2019 y 169/2017, de sus respectivos índices.

19. QUINTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Este Pleno

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30170-0bef7d1a/procedimiento-de-suspension-de-funcionarios-municipales-por-incumplimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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