AUDIENCIA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU DIFERIMIENTO TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES LOCALES O FORÁNEAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 327/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y PRIMERO DEL SEXTO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 16 DE AGOSTO DE 2017. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y EDUARDO MEDINA MORA I. DISIDENTES: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IRMA GÓMEZ RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, debido a que el tema a dilucidar corresponde a la materia de su especialidad.
Lo anterior, con apoyo además, en la tesis P. I/2012 (10a.), sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal que se lee bajo el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(1)
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por la Magistrada presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.
TERCERO.-Criterios contendientes. Para determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es necesario conocer las consideraciones que expusieron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes en sus respectivas ejecutorias.
1. Los datos que se obtuvieron respecto del recurso de revisión incidental **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, son los siguientes:
• **********, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su representante legal **********, acudió al juicio de amparo a reclamar de diversas autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, "los inminentes actos de despojo y violatorios de los derechos humanos de la quejosa, mediante los cuales, sin la obligada fundamentación y motivación del acto administrativo de autoridad y sin mediar el legal procedimiento administrativo, han ocupado los inmuebles propiedad de la quejosa, han derribado árboles existentes en los terrenos, han introducido maquinaria pesada de construcción y personal que realizan actividades diversas de movimiento de tierras y procedimientos constructivos sin el permiso o autorización de la quejosa en los predios ubicados en las (sic) márgenes de la carretera federal (libre) Toluca-La Marquesa, kilómetro 36+801 al 38+622 en el Estado de México."
• El conocimiento del asunto correspondió al Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, quien ordenó tramitar por duplicado y separado el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo indirecto ********** de su índice, solicitó informe previo a las autoridades señaladas como responsables y negó la suspensión provisional de los actos reclamados; además señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, que tuvo verificativo el veintiséis de enero de dos mil quince; enseguida, dictó la interlocutoria que concluyó con los puntos resolutivos siguientes:
"PRIMERO.-Se niega a **********, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su representante legal ********** la suspensión definitiva, contra la autoridad y acto precisado en el considerando primero de esta resolución, por las razones ahí establecidas.
"SEGUNDO.-Se deja pendiente de resolver la presente incidencia, respecto de las autoridades señaladas en el considerando tercero de la presente determinación, y se fijan las nueve horas con quince minutos del nueve de febrero de dos mil quince para su celebración."
• La interlocutoria acabada de relacionar fue recurrida a través de la revisión, por el representante legal de la quejosa, medio de impugnación del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, dentro del recurso de revisión incidental **********, en el que también se tuvieron como impugnados los acuerdos dictados en la audiencia incidental de veintiséis de enero de dos mil quince, así como los emitidos en la diversa audiencia de nueve de febrero siguiente y la interlocutoria de la misma fecha; agotado el procedimiento respectivo el ocho de octubre de la mencionada anualidad, dictó ejecutoria en la cual confirmó la interlocutoria recurrida y negó la suspensión definitiva, dentro de las razones en que se sustenta tal determinación, cobran relevancia para el presente asunto, las siguientes:
"...
APARTADO "A". Examen de los argumentos hechos valer contra los acuerdos sostenidos en las audiencias incidentales de veintiséis de enero y nueve de febrero de dos mil quince.
"Estudiadas las constancias de manera íntegra y confrontando los argumentos que sostienen las audiencias de que se trata, con los agravios propuestos en su contra, se advierte que éstos son en una parte infundados, en otra inoperantes y en una más fundados pero inoperantes.
"A fin de sustentar lo anterior, es preciso indicar que los artículos 141, 142, 143 y 144 de la Ley de Amparo son del contenido siguiente: (se transcriben)
"De lo expuesto, se advierte que cuando alguna autoridad responsable tenga su residencia fuera de la jurisdicción del órgano que conoce del amparo, y no sea posible que rinda su informe previo con la debida oportunidad, se celebrará la audiencia incidental, respecto del acto reclamado de las autoridades residentes (sic), a reserva de celebrar la que corresponda a las autoridades foráneas; y en ese sentido se aclara, que la resolución dictada en la primera audiencia podrá modificarse o revocarse con vista de los nuevos informes.
"Además, se establece que la falta de informe previo hará presumir cierto el acto reclamado para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva.
"En ese sentido, se faculta a la autoridad que conoce de la suspensión para que solicite documentos y ordene las diligencias que considere necesarias, a efecto de que cuente con todos los elementos necesarios para resolver sobre la suspensión definitiva y se precisa que en el incidente de suspensión, únicamente, se admitirán las pruebas documental y de inspección judicial; en el entendido de que tratándose de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, también será admisible la prueba testimonial; aclarándose además que en dicho incidente no serán aplicables las disposiciones relativas al ofrecimiento y admisión de las pruebas en el juicio de amparo principal.
"En relación a las formalidades que deben seguirse en la audiencia incidental, se dispone que en ésta, a la cual podrán comparecer las partes, se dará cuenta con los informes previos; se recibirán las documentales que el órgano jurisdiccional se hubiera allegado en su caso y los resultados de las diligencias que hubiera ordenado, así como las pruebas ofrecidas por las partes; se recibirán sus alegatos, y se resolverá sobre la suspensión definitiva y, en su caso, acerca de las medidas y garantías a que estará sujeta.
"Así las cosas, bajo las consideraciones antes expuestas, se advierte que es infundado el argumento donde la accionante alega que el Juez de Distrito violó el principio de unidad, al celebrar en un primer momento la audiencia incidental respecto de las responsables Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal y Director de Permisos y Aprovechamientos de la Dirección General Adjunta de Supervisión Física de Autopistas de la Dirección General de Desarrollo Carretero, ambos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dictando la resolución correspondiente, y diferirla para posteriormente celebrar una segunda audiencia, respecto a la responsable Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dictando también la sentencia correspondiente.
"Es así, ya que no asiste razón a la recurrente, toda vez que dicha actuación se encuentra ajustada a derecho.
"En efecto, es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en concreto el Pleno de dicho Órgano Máximo de Justicia, ha sostenido el criterio relativo a que, de la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos que rigen el trámite del incidente de suspensión (se refirió a los numerales 82, 83, 95, 131 y 133 de la Ley de Amparo abrogada), se colige que la audiencia incidental, se rige por los principios de indivisibilidad, al no contemplarse la posibilidad de escindirla en sus etapas; el de continuidad de la audiencia, al establecer una serie de fases que sucesivamente deben desarrollarse hasta la conclusión del incidente; y el de celeridad procesal, ya que dada la naturaleza del objeto del incidente, se impone el deber de resolver sobre la solicitud de la medida cautelar dentro del plazo de setenta y dos horas seguidas de la fecha en que se promovió la suspensión.
"El citado criterio se sostuvo en la tesis de jurisprudencia de clave P./J. 78/2001, visible en la página 7 del Tomo XIII del mes de junio de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice:
"‘REVISIÓN. ES PROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA LOS ACUERDOS DICTADOS EN LA AUDIENCIA INCIDENTAL EN LA QUE SE DECIDE SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA.’ (se transcribe)
"Sin embargo, el artículo 141 de la Ley de Amparo en vigor, el cual ya ha sido transcrito, faculta al juzgador a reservar la celebración de la audiencia incidental, respecto de las autoridades que residan fuera de la jurisdicción del Juez, a fin de que puedan estar en oportunidad de rendir su informe previo. De ahí que si en la especie, el juzgador reservó la celebración de la audiencia incidental, respecto de una autoridad foránea, a saber, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien tiene su residencia en el Distrito Federal, tal actuar del Juez no resulta incorrecto como lo pretende hacer valer la recurrente, de ahí la ineficacia del agravio en análisis, sobre todo porque con independencia de si aquel numeral se refiere al lugar de residencia o jurisdicción del Juez, lo cierto es que con relación a dicha autoridad foránea, el juzgador celebró la audiencia incidental y dictó interlocutoria con fecha nueve de febrero de dos mil quince, en la que se negó a la quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados, de suerte que aquella actuación de la que se duele, ningún agravio le causa ya, toda vez que ya fue materializada.
"Aunado a que el caso de excepción a que hace referencia la tesis invocada por la recurrente, si bien interpreta el artículo 133 de la Ley de Amparo abrogada, lo cierto es que el transcrito artículo 141 vigente es de contenido similar a aquél, de ahí que dicho criterio no sustenta los argumentos de la recurrente en los términos que plantea, sino por el contrario, apoya la determinación asumida por el a quo, en tanto que su actuar resultó apegado a derecho.
"Además, es de precisar que el mencionado numeral no obliga al Juez de Distrito a resolver lo conducente a la totalidad de las autoridades foráneas en una sola audiencia incidental, es decir, la citada norma no prevé que deba celebrarse una sola audiencia en relación con todas las autoridades foráneas, sino que, únicamente, establece la posibilidad de que pueda diferirse la audiencia incidental, respecto de dichas autoridades, sin que se limite el número de veces o de autoridades en relación con las cuales pueda ser celebrada y diferida.
"Ello es perfectamente razonable en la medida en que la norma debe ser interpretada en un sentido funcional; así, es posible entender que la intención del legislador al autorizar al juzgador a celebrar la audiencia incidental por unas autoridades y diferirla por otras, es la de permitir que se resuelva el incidente de suspensión, respecto de las autoridades en relación con las cuales se cuenta con la información necesaria para ello y, de esta manera, evitar retardos innecesarios en la resolución que deba darse a los actos a ellas atribuidos; lo que es acorde al derecho fundamental de tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 17 constitucional, que prevé, entre otras cosas, que la impartición de justicia debe ser pronta, completa e imparcial.
"En efecto, de la interpretación funcional del artículo 141 de la Ley de Amparo, se advierte que el objeto de dicha norma es que, al margen del lugar de residencia de la autoridad de la cual no se cuente con su informe previo, el juzgador de amparo esté en aptitud de celebrar la audiencia incidental y dictar la resolución correspondiente en relación con las autoridades, respecto de las que sí cuente con los datos necesarios para decidir sobre la suspensión de los actos reclamados, y de este modo eliminar retardos innecesarios en la resolución del incidente de suspensión.
"Lo anterior, se denota con el hecho de que el propio numeral de que se trata, condiciona el diferimiento de la audiencia incidental a aquellos casos en que para la responsable "no sea posible que rinda su informe previo con la debida oportunidad", de donde se infiere que el supuesto que se debe actualizar para que sea diferida dicha audiencia es, precisamente, que la responsable, con independencia del lugar de su residencia, no haya estado en posibilidad de rendir dicho informe, y si bien el legislador en este supuesto se refiere únicamente a las autoridades que residan fuera de la jurisdicción del órgano de control constitucional, se advierte que ello es atendiendo a que resulta lógico pensar que quienes pudieran tener alguna dificultad, por cuestión de distancia, en rendir su informe previo de manera oportuna, son dichas autoridades.
"De este modo, atendiendo al objeto con que fue legislado dicho numeral, al margen de la forma en que fue redactado, debe entenderse que el supuesto que se debe actualizar para que el juzgador esté en aptitud de diferir la audiencia incidental es que la responsable no haya estado en posibilidad de rendir dicho informe de manera oportuna, con independencia del lugar de su residencia, sin que exista la obligación de la autoridad de amparo de celebrar una sola audiencia en relación con todas las autoridades foráneas, o bien, respecto de la totalidad de las autoridades locales, dado que el artículo 141 de la Ley de Amparo, nada dice en ese sentido.
"Pensar de otro modo, llevaría al absurdo de establecer que en los supuestos en que las autoridades responsables residan dentro de la jurisdicción del órgano de amparo, el juzgador en todo caso estaría obligado a celebrar la audiencia incidental y, por ende, resolver el incidente de suspensión, incluso en los casos en que de autos se advirtiera que la responsable no tuvo posibilidad de presentar su informe previo de manera oportuna, como por ejemplo, cuando no obre constancia de notificación del proveído en que se requirió dicho informe, o bien, esté transcurriendo el término de cuarenta y ocho horas con que cuenta para rendirlo, de conformidad con la fracción III del artículo 138 de la Ley de Amparo.
"Lo que desde luego no es posible, ya que de ser así se violarían las formalidades del procedimiento en perjuicio de la responsable, quien por supuesto tiene derecho a ser oída en el incidente de suspensión.
"Además, de concluir que el Juez de Distrito está obligado a celebrar una sola audiencia en relación a todas las autoridades foráneas, o bien, respecto de la totalidad de las autoridades locales, llevaría a pensar que el juzgador está impedido para resolver el incidente de suspensión, respecto de una autoridad de la cual ya cuenta con la información necesaria, sólo por el hecho de que aún no se reúnen los elementos necesarios para resolver en relación con una diversa autoridad, con independencia de su lugar de residencia, lo que desde luego infringe el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 17 constitucional, que prevé, entre otras cosas, que la impartición de justicia debe ser pronta, completa e imparcial.
"Ello es así, pues puede darse el caso que en un juicio de amparo sean designadas como responsables, tanto autoridades que residan dentro de la jurisdicción del órgano judicial, como fuera de ella, y que llegada la fecha fijada para la celebración de la audiencia incidental, se cuente con la información necesaria para resolver sobre el incidente de suspensión sólo respecto de algunas autoridades foráneas y locales, y que, por tanto, siguiendo el razonamiento de la recurrente, el juzgador deba diferir la audiencia por la totalidad de las autoridades responsables, a fin de poder celebrar una sola audiencia en relación con todas las autoridades foráneas, o bien, de las autoridades locales, lo que por supuesto no sería razonable, ya que con ello, únicamente, se retardaría de manera innecesaria la resolución del incidente de suspensión, respecto a los actos reclamados a las autoridades de las cuales sí se cuenta con los datos necesarios para ello; máxime que el dictado de la resolución interlocutoria pudiera postergarse de manera indefinida, ante la eventualidad de que por diversidad de razones (por ejemplo, falta de constancias de notificación, la no localización del domicilio de las autoridades, la devolución de las piezas postales remitidas, la imprecisión en la denominación de la autoridad, el periodo vacacional de las autoridades, entre otros motivos) no se cuente con los datos necesarios para resolver por todas las autoridades, ya sean foráneas o locales, lo que evidentemente sería en perjuicio del quejoso y en violación al referido derecho fundamental de tutela judicial.
"Por tanto, es razonable concluir que, atendiendo a la interpretación funcional del artículo 141 de la Ley de Amparo, con independencia del lugar de residencia de las autoridades responsables, el Juez de Distrito está en aptitud de celebrar la audiencia incidental, respecto de las autoridades en relación con las cuales cuenta con la información necesaria para resolver el incidente de suspensión, y diferirla por cuanto hace a las que no tuvieron posibilidad de rendir su informe previo de manera oportuna, sin que exista la obligación de la autoridad de amparo de celebrar una sola audiencia en relación con todas las autoridades foráneas, o bien, respecto de la totalidad de las autoridades locales.
"Máxime que debe tenerse presente que si bien en el juicio de amparo las autoridades responsables pueden clasificarse como ordenadoras y ejecutoras, lo cierto es que el quejoso debe atribuir a cada autoridad de manera separada actos concretos y directos, aunque sean similares o se relacionen entre sí, de modo que el Juez de Distrito al decidir sobre la suspensión debe resolver respecto a cada uno de los actos reclamados.
"En ese sentido, tampoco se advierte que el hecho de que el juzgador difiera la audiencia pudiera causar perjuicio al quejoso respecto a lo que decida al resolver el incidente de suspensión, pues en todo caso y al margen de que celebre o no una sola audiencia, tendrá que pronunciarse de manera independiente respecto a cada uno de los actos atribuidos a las responsables; máxime que el propio numeral que se interpreta en su parte final establece que ‘la resolución dictada en la primera audiencia podrá modificarse o revocarse con vista de los nuevos informes’, de donde se desprende que en el evento de que del contenido de los informes previos recibidos con posterioridad a la celebración de la primer anuencia, el Juez de Distrito advierta alguna información que afecte lo sostenido en la resolución interlocutoria primigenia, el juzgador podrá modificar o revocar dicha determinación, a fin de hacerla congruente con los datos que proporcionen las constancias de autos, lo que garantiza que no se deje en estado de indefensión a ninguna de las partes, ya sea quejoso o tercero interesado, o bien, se les cause un perjuicio.
"Por tanto, es que resultan infundados los argumentos en que la quejosa alega que el Juez de Distrito difirió la audiencia incidental en su perjuicio.
"Sin que este tribunal comparta el criterio sostenido en la jurisprudencia VI.1o.A. J/4 (10a.), sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 3, enero de 2013, página 1847, con número de registro 2002635, que cita la recurrente, la cual es del rubro y texto siguientes:
"‘REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. DEBE DECRETARSE POR VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE INDIVISIBILIDAD DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL, SI EN EL INCIDENTE RELATIVO EL JUEZ DE DISTRITO DICTA DOS INTERLOCUTORIAS DISTINTAS RESPECTO DE DIVERSAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SIN ACTUALIZARSE PARA ELLO EL CASO DE EXCEPCIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 133 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe)
"...
"Sin embargo, de manera respetuosa este Tribunal Colegiado difiere de lo sostenido por el homólogo federal, ya que sobre el principio de indivisibilidad o de unidad procesal de la audiencia incidental previsto en tales numerales, los cuales cabe decir forman parte de una norma que aunque federal tiene el carácter de secundaria, debe prevalecer el derecho fundamental de tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé, entre otras cosas, que la impartición de justicia debe ser pronta, completa e imparcial.
"...
"De lo expuesto, resulta claro que el derecho fundamental de tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 17 de constitucional que prevé, entre otros, el principio de administración de justicia pronta y expedita, establece, en esencia, la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias puestas a su conocimiento sin demoras innecesarias, por lo que debe prevalecer sobre el principio de indivisibilidad o de unidad procesal de la audiencia incidental en que se sustentó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para emitir la jurisprudencia VI.1o.A. J/4 (10a.), de la cual se difiere. ..."
2. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito conoció y resolvió la revisión de los incidentes de suspensión **********, **********, **********, ********** y **********, en los cuales sostuvo idéntico criterio, con la única diferencia «de» que, en el tercero de los asuntos, la reposición del procedimiento fue consecuencia de que el agravio, que al respecto formuló el recurrente, resultó fundado; en tanto que en los demás asuntos, obedeció a que el órgano del conocimiento, de oficio, detectó que el Juez de origen incurrió, en lo que consideró, una violación a las reglas del procedimiento; entonces, se transcriben, en lo que aquí interesa, las consideraciones de la ejecutoria relativa al primero de los asuntos en mención, del cual se desprenden los datos siguientes:
• **********, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su representante legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del gobernador del Estado de Puebla y otras autoridades, que hizo consistir en la aprobación, expedición, promulgación y publicación del Decreto mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el ejercicio fiscal de dos mil nueve, concretamente la fracción II, inciso d), del artículo 1o. y la fracción II del numeral 13; así como los actos tendentes al cumplimiento, aplicación y ejecución del acto reclamado, a través de la Comisión Federal de Electricidad.
El conocimiento del asunto correspondió al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, que lo registró con el número **********, ordenó la apertura del incidente de suspensión, solicitó los informes previos respectivos y concedió la suspensión provisional; seguido el trámite respectivo, el veintisiete de febrero de dos mil nueve, dictó la interlocutoria en la cual, por una parte, concedió la suspensión definitiva solicitada y, por otra, difirió la audiencia incidental en razón a que se encontraba transcurriendo el término a efecto de que la Comisión Federal de Electricidad División Centro Oriente Zona de Distribución, Puebla, rindiera su informe previo.
• Inconforme con tal determinación, la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, interpuso recurso de revisión en su contra, lo que dio origen, precisamente, al toca **********, resuelto en la sesión correspondiente al trece de mayo de dos mil nueve, en que el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, revocó la interlocutoria sujeta a revisión y ordenó reponer el procedimiento en el incidente de suspensión relativo, conforme a las consideraciones siguientes:
"CUARTO.-No se habrán de analizar las consideraciones que sustentan la interlocutoria recurrida, ni el agravio formulado en su contra por la autoridad recurrente, a pesar de haberse transcrito, toda vez que este Tribunal Colegiado, advierte que en el caso el a quo incurrió en una violación a las reglas fundamentales que norman el trámite del incidente de suspensión, por lo que en el caso deberá reponerse el procedimiento en términos de la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía al caso a estudio.
"Dicha porción normativa dispone lo siguiente: (se transcribe)
"...
"Precisado lo anterior, importa señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la audiencia incidental goza de características similares a la audiencia constitucional, rigiendo en aquélla los principios de indivisibilidad (o unidad), al no contemplarse la posibilidad de escindirla en sus etapas; el de continuidad de la audiencia, al establecer una serie de fases que sucesivamente deben desarrollarse hasta la conclusión del incidente; y el de celeridad procesal en el caso del incidente, ya que dada la naturaleza de su objeto, se impone el deber de resolver sobre la solicitud de la medida cautelar dentro del plazo de setenta y dos horas seguidas de la fecha en que se promovió la suspensión.
"Al respecto se cita, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 78/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 7, Tomo XIII, junio de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:
"‘REVISIÓN. ES PROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA LOS ACUERDOS DICTADOS EN LA AUDIENCIA INCIDENTAL EN LA QUE SE DECIDE SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA.’ (se transcribe)
"A partir de lo anterior, como primera premisa se tiene que la audiencia incidental se rige por principios similares a los de la audiencia constitucional, siendo éstos, entre otros, el principio de indivisibilidad o de unidad procesal, conforme al cual, debe entenderse que la audiencia incidental constituye formalmente un solo acto procesal que, por regla general, debe abrirse, sustanciarse y concluirse en un único momento sin la posibilidad de escindirla para resolver en distintas oportunidades, sobre los diversos actos materia de la solicitud de suspensión o respecto de las diversas autoridades responsables de ellos.
"Dicha regla general, se encuentra establecida en el primer párrafo del artículo 131 de la Ley de Amparo, que establece lo que sigue: (se transcribe)
"Conforme a la porción normativa transcrita, se advierte como segunda premisa que la regla general de la indivisibilidad o unidad de la audiencia incidental, conforme a la cual el Juez de amparo debe resolver en un solo momento, respecto de la totalidad de los actos reclamados y autoridades responsables, materia de la solicitud de suspensión, tiene como única excepción el supuesto previsto en el artículo 133 de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, en el que se establece que cuando determinada o determinadas autoridades responsables, se encuentren fuera del lugar de residencia del Juez Federal, sin que sea posible por dicha razón que rindan su informe previo con la oportunidad debida, al no haberse hecho uso de la vía telegráfica, la audiencia se celebrará, respecto del acto de las autoridades ubicadas en el lugar de residencia del órgano jurisdiccional, a reserva de celebrar una diversa audiencia, respecto de las autoridades foráneas.
"El referido artículo 133 de la Ley de Amparo señala lo que sigue: (se transcribe)
"De todo lo antes expuesto y partiendo de la interpretación sistemática de los artículos 131 y 133 de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado concluye que la audiencia incidental se rige por principios similares a los de la constitucional, siendo éstos, entre otros, el principio de indivisibilidad o unidad procesal, conforme al cual la audiencia incidental, constituye, formalmente, un solo acto procesal
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27390-a4c851bb/audiencia-en-el-incidente-de-suspension-su-diferimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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