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Modo: Corpus Pro

REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. DEBE DECRETARSE POR VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE INDIVISIBILIDAD DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL, SI EN EL INCIDENTE RELATIVO EL JUEZ DE DISTRITO DICTA DOS INTERLOCUTORIAS DISTINTAS RESPECTO DE DIVERSAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SIN ACTUALIZARSE PARA ELLO EL CASO DE EXCEPCIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 133 DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: INCIDENTE DE SUSPENSIÓN (REVISIÓN) 75/2009. · Registro digital (IUS): 24197
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: TESORERO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Pág. 1837.

INCIDENTE DE SUSPENSIÓN (REVISIÓN) 75/2009. TESORERO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 13 DE MAYO DE 2009. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FRANCISCO JAVIER CÁRDENAS RAMÍREZ. SECRETARIO: ALEJANDRO ANDRACA CARRERA.

CONSIDERANDO:

CUARTO. No se habrán de analizar las consideraciones que sustentan la interlocutoria recurrida, ni el agravio formulado en su contra por la autoridad recurrente, a pesar de haberse transcrito, toda vez que este tribunal colegiado advierte que en el caso el a quo incurrió en una violación a las reglas fundamentales que norman el trámite del incidente de suspensión, por lo que en el caso deberá reponerse el procedimiento en términos de la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía al caso a estudio.

Dicha porción normativa dispone lo siguiente:

"Artículo 91. El tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los tribunales colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas: ... IV. Si en la revisión de una sentencia definitiva, en los casos de la fracción IV del artículo 83, encontraren que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o que el juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia, incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, revocarán la recurrida y mandarán reponer el procedimiento, así como cuando aparezca también que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley; y ..."

Se estima que dicha porción normativa resulta aplicable por igualdad de razón al recurso de revisión que se interponga contra la interlocutoria que decide sobre la suspensión definitiva, al no existir precepto específico en la Ley de Amparo regulador de las violaciones al procedimiento incidental, las cuales no pueden ser soslayadas por los órganos jurisdiccionales que conozcan del recurso de revisión respectivo, en los casos en que adviertan que se violaron las reglas fundamentales que norman el incidente relativo, o cuando se incurra en alguna omisión que deje sin defensa a alguna de las partes o que pudiera influir en la interlocutoria relativa, citándose en ese aspecto, por compartirse, la jurisprudencia 518 del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 457, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra señala:

"INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL. Aun cuando el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo dispone que en la revisión de una sentencia definitiva, los tribunales de amparo revocarán dicha sentencia y ordenarán la reposición del procedimiento cuando, entre otros casos, encontraren que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo; que se incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva; tal disposición es aplicable tratándose de la revisión de una interlocutoria dictada en el incidente de suspensión, pues iguales supuestos pueden surtirse en éste, es decir, también pueden violarse las reglas fundamentales que norman el procedimiento; se puede incurrir en alguna omisión que deje sin defensa al recurrente o que pudiere influir en la interlocutoria relativa y estos supuestos se actualizan cuando, entre otros casos, el resolutor celebró la audiencia incidental sin ordenar el desahogo de una probanza legalmente ofrecida y admitida; cuando omitió solicitar el informe a la responsable; cuando se omitió dar cuenta con el informe previo; cuando solicitó el informe respectivo a la responsable expresando diferente nombre del quejoso; o bien, cuando omitió acordar respecto de las pruebas ofrecidas, siendo evidente que en estos casos, el recurrente quedó en estado de indefensión, lo que amerita la revocación de la resolución recurrida y ordenarse la reposición del procedimiento, con apoyo en lo preceptuado en la disposición de mérito, que por ello, resulta aplicable por analogía."

Asimismo, se cita por compartirse la tesis XI.2o.2 K del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 665, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente:

"VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ES PROCEDENTE SU REPOSICIÓN. La reposición del procedimiento contemplada en el numeral 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, se refiere a revisiones interpuestas en contra de sentencias definitivas; sin embargo, como los casos considerados como violaciones al procedimiento normadores del juicio de garantías, también pueden darse en el trámite incidental y, al no existir precepto específico en la Ley de Amparo, regulador de las violaciones al procedimiento incidental, las cuales no pueden ser soslayadas por los jueces de Distrito en cuanto órganos tuteladores de los derechos públicos de los gobernados y, además, de acuerdo con el principio general de derecho, de que donde existe la misma razón debe aplicarse la misma disposición, también es aplicable a los incidentes."

Precisado lo anterior, importa señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la audiencia incidental goza de características similares a la audiencia constitucional, rigiendo en aquélla los principios de indivisibilidad (o unidad), al no contemplarse la posibilidad de escindirla en sus etapas; el de continuidad de la audiencia, al establecer una serie de fases que sucesivamente deben desarrollarse hasta la conclusión del incidente; y el de celeridad procesal en el caso del incidente, ya que dada la naturaleza de su objeto, se impone el deber de resolver sobre la solicitud de la medida cautelar dentro del plazo de setenta y dos horas seguidas de la fecha en que se promovió la suspensión.

Al respecto se cita, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 78/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 7, Tomo XIII, Junio de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

"REVISIÓN. ES PROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA LOS ACUERDOS DICTADOS EN LA AUDIENCIA INCIDENTAL EN LA QUE SE DECIDE SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 82, 83, 95, 131 y 133 de la Ley de Amparo, se colige que al regirse la audiencia incidental por los principios de indivisibilidad, al no contemplarse la posibilidad de escindirla en sus etapas; el de continuidad de la audiencia, al establecer una serie de fases que sucesivamente deben desarrollarse hasta la conclusión del incidente; y el de celeridad procesal, ya que dada la naturaleza del objeto del incidente, se impone el deber de resolver sobre la solicitud de la medida cautelar dentro del plazo de setenta y dos horas seguidas de la fecha en que se promovió la suspensión, es incuestionable que la sustanciación del recurso que proceda contra los acuerdos dictados en la audiencia, no debe violar tales principios; antes bien, deben seguir rigiendo. En esa tesitura, se puede afirmar que el recurso de revisión que se llegue a interponer en contra de la resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva, resulta ser el medio idóneo para combatir los acuerdos relacionados con las pruebas y alegatos que se dicten durante la audiencia incidental, atento que la interlocutoria descansa en lo fundamental en esas pruebas y alegatos, al formar parte de una unidad, lo que no sucedería si debiera impugnarse a través del recurso de queja en el que no se podría combatir la interlocutoria aludida; además de que la procedencia del recurso de revisión no pugnaría con los principios de continuidad procesal y celeridad, en virtud de que aquél se interpondría en contra de la resolución en que se conceda o niegue la suspensión definitiva, sin alterar la secuencia procesal, propiciando con mayor premura el dictado de una sola resolución en la que se examinen las violaciones al procedimiento y las de fondo. Lo anterior es acorde con los principios de concentración y economía procesal que rigen la sustanciación de los recursos, al poder combatir en un solo medio de impugnación las violaciones al procedimiento y las de fondo, facilitando las labores de los Tribunales Colegiados de Circuito. Adicionalmente, debe decirse que de estimarse fundados los agravios relacionados con violaciones al procedimiento, válidamente se podría dejar insubsistente la interlocutoria de suspensión, ordenándose la reposición del procedimiento y disponiéndose la vigencia de la suspensión provisional otorgada, hasta en tanto se resuelva sobre la definitiva, aunado a que, de acuerdo con el principio de mutabilidad de las interlocutorias de suspensión, esta resolución sólo sería modificada por hecho superveniente, o bien, por la interposición del citado recurso y no por virtud de una simple insubsistencia como consecuencia de la resolución de un diverso recurso, como es el de queja. Así, puede concluirse que si bien contra los acuerdos dictados en la audiencia incidental no procede el recurso de revisión expresamente, aquéllos son combatibles a través de éste cuando se interponga contra las resoluciones en que se conceda o niegue la suspensión definitiva, pues una interpretación literal y restrictiva de este precepto implicaría la procedencia de dos recursos distintos contra resoluciones dictadas dentro de una misma audiencia incidental, es decir, queja contra acuerdos de trámite y revisión contra interlocutorias de suspensión, lo que generaría una serie de conflictos de técnica jurídica. Asimismo, si la audiencia incidental goza de características similares a la constitucional, por mayoría de razón se deben armonizar las fracciones II y IV del artículo 83 de la ley de la materia, para hacer procedente el recurso de revisión contra los acuerdos dictados durante la celebración de la audiencia incidental, máxime que, como ya se precisó, este recurso procede no sólo contra la interlocutoria, sino también contra todas aquellas actuaciones posteriores al decretamiento de la suspensión definitiva, tratándose de la medida cautelar."

A partir de lo anterior, como primera premisa se tiene que la audiencia incidental se rige por principios similares a los de la audiencia constitucional, siendo éstos, entre otros, el principio de indivisibilidad o de unidad procesal conforme al cual, debe entenderse que la audiencia incidental constituye formalmente un solo acto procesal que, por regla general, debe abrirse, sustanciarse y concluirse en un único momento sin la posibilidad de escindirla para resolver en distintas oportunidades, sobre los diversos actos materia de la solicitud de suspensión o respecto de las diversas autoridades responsables de ellos.

Dicha regla general, se encuentra establecida en el primer párrafo del artículo 131 de la Ley de Amparo, que establece lo que sigue:

"Artículo 131. Promovida la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, el juez de Distrito pedirá informe previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro de veinticuatro horas. Transcurrido dicho término, con informe o sin él, se celebrará la audiencia dentro de setenta y dos horas, excepto el caso previsto en el artículo 133, en la fecha y hora que se hayan señalado en el auto inicial, en la que el juez podrá recibir únicamente las pruebas documental o de inspección ocular que ofrezcan las partes, las que se recibirán desde luego; y oyendo los alegatos del quejoso, del tercero perjudicado, si lo hubiera, y del Ministerio Público, el juez resolverá en la misma audiencia, concediendo o negando la suspensión o lo que fuere procedente con arreglo al artículo 134 de esta ley."

Conforme a la porción normativa transcrita, se advierte como segunda premisa que la regla general de la indivisibilidad o unidad de la audiencia incidental, conforme a la cual el juez de amparo debe resolver en un solo momento respecto de la totalidad de los actos reclamados y autoridades responsables materia de la solicitud de suspensión, tiene como única excepción el supuesto previsto en el artículo 133 de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, en el que se establece que cuando determinada o determinadas autoridades responsables se encuentren fuera del lugar de residencia del juez federal, sin que sea posible por dicha razón que rindan su informe previo con la oportunidad debida, al no haberse hecho uso de la vía telegráfica, la audiencia se celebrará respecto del acto de las autoridades ubicadas en el lugar de residencia del órgano jurisdiccional, a reserva de celebrar una diversa audiencia respecto de las autoridades foráneas.

El referido artículo 133 de la Ley de Amparo señala lo que sigue:

"Artículo 133. Cuando alguna o algunas de las autoridades responsables funcionen fuera del lugar de la residencia del juez de Distrito, y no sea posible que rindan su informe previo con la debida oportunidad, por no haberse hecho uso de la vía telegráfica, se celebrará la audiencia respecto del acto reclamado de las autoridades residentes en el lugar, a reserva de celebrar la que corresponda a las autoridades foráneas; pudiendo modificarse o revocarse la resolución dictada en la primera audiencia en vista de los nuevos informes."

De todo lo antes expuesto, y partiendo de la interpretación sistemática de los artículos 131 y 133 de la Ley de Amparo, este tribunal colegiado concluye que la audiencia incidental se rige por principios similares a los de la constitucional, siendo éstos, entre otros, el principio de indivisibilidad o unidad procesal, conforme al cual la audiencia incidental constituye formalmente un solo acto procesal que, por regla general, debe abrirse, sustanciarse y concluirse en un único momento sin la posibilidad de escindirla en sus etapas ni de resolver en distintas oportunidades sobre los diversos actos materia de la solicitud de suspensión o respecto de las diversas autoridades responsables de ellos.

Por su parte, la única excepción a la regla general antes mencionada se encuentra prevista en el artículo 133 de la Ley de Amparo, que establece la posibilidad de celebrar una primera audiencia respecto del acto de las autoridades ubicadas en el lugar de residencia del órgano jurisdiccional, a reserva de celebrar una diversa audiencia respecto de las autoridades foráneas cuando estas últimas, en virtud del lugar de su residencia, no hayan podido rendir su informe previo con la oportunidad debida al no haberse hecho uso de la vía telegráfica.

En mérito de ello, se estima que si el juez de amparo celebra la audiencia incidental y dicta la interlocutoria respectiva en relación con diversas autoridades responsables ubicadas en el lugar de residencia del juez de distrito, pero en la propia interlocutoria señala una nueva fecha para la celebración de una diversa audiencia respecto de otra autoridad local, dicha actuación resulta violatoria del principio de indivisibilidad o de unidad procesal de la audiencia incidental y, por tanto, constituye una violación al procedimiento en el trámite del incidente de suspensión susceptible de reponerse para que atendiendo a la finalidad de concentración procesal, se celebre una sola audiencia y se dicte una sola interlocutoria respecto de todos los actos reclamados y autoridades responsables que correspondan, a fin de que las partes estén en posibilidad de combatir integralmente, de ser conforme a sus intereses, la negativa o concesión de suspensión respectiva, y evitando así la posible existencia de dos medios de impugnación contra las diversas interlocutorias o el posible dictado de sentencias contradictorias en éstos, además de que ello es conveniente conforme al principio constitucional de seguridad jurídica.

Precisado lo anterior, en el caso concreto de los autos del incidente de origen se advierte que la parte quejosa **********, por conducto de su representante legal, promovió juicio de garantías en el que reclamó del Congreso, Gobernador, Secretario de Gobernación, Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Puebla, así como del Tesorero del Ayuntamiento del Municipio de Puebla y de la Comisión Federal de Electricidad, División Centro Oriente, Zona de Distribución Puebla, la aprobación, expedición, promulgación y publicación de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal de dos mil nueve, en concreto por lo que hace a los artículos 1o., fracción II, inciso d), y 13, fracción II, del citado ordenamiento legal, así como los actos de ejecución de dichos preceptos legales, con motivo del que señaló como su primer acto de aplicación, consistente en el "aviso-recibo" emitido por la Comisión Federal de Electricidad por el periodo del treinta y uno de diciembre de dos mil ocho al treinta y uno de enero de dos mil nueve, en el que se realiza el cobro del derecho de alumbrado público materia del amparo (recibo agregado en la foja 9 frente y vuelta de autos).

En relación con ello, la quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados en los siguientes términos:

"CAPÍTULO DE SUSPENSIÓN. Se solicita la suspensión provisional del acto reclamado, y en su momento procesal oportuno la definitiva, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 123, 124, 125, 130 y demás aplicables de la Ley de Amparo, toda vez que de ejecutarse el acto reclamado, haría física y legalmente de difícil restitución en el goce de las garantías individuales violadas a la aquí quejosa, por lo que procede y así lo estoy solicitando sea concedida la suspensión provisional de los actos reclamado, en virtud de que con esto no se afecta al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público. Dicha suspensión la solicita la quejosa, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan hasta en tanto no se dicte sentencia en este juicio de amparo y no se haga efectivo el cobro de la tarifa de la energía eléctrica del 2% que se me incrementó al total del consumo a la quejosa, así mismo, para que no se le suspenda el servicio de energía eléctrica, ni se le embarguen bienes que lo garanticen, respecto de los inmuebles de su propiedad en los cuales se presta el servicio, solicitando que no se establezca garantía alguna para que surta efectos esta medida cautelar solicitada, en términos de lo dispuesto por la tesis X.2o. J/5, visible a página 1625 del Tomo XIV, Diciembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito de la Novena Época, que es del rubro siguiente: ‘SUSPENSIÓN. NO ES PROCEDENTE SOLICITAR LA GARANTÍA CUANDO LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ES SEÑALADA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE.’." (foja 7).

Mediante auto de fecha veinticuatro de febrero de dos mil nueve, la entonces Juez Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, solicitó los informes previos respectivos a las autoridades responsables, y concedió la suspensión provisional solicitada (foja 53 frente y vuelta).

El auto referido en el párrafo precedente, se notificó a la Comisión Federal de Electricidad, División Centro Oriente, Zona de Distribución Puebla, con residencia en la ciudad del mismo nombre, el día veintiséis de febrero de dos mil nueve (constancia visible en la foja 59 del cuaderno de suspensión).

Seguido el trámite respectivo, el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, encargado del despacho por Ministerio de Ley, mediante interlocutoria de fecha veintisiete de febrero siguiente, otorgó la suspensión definitiva de los actos reclamados, y en el considerando cuarto de la misma interlocutoria, refirió lo siguiente:

"CUARTO.-Por otra parte, en atención a que se encuentra transcurriendo el término de veinticuatro horas para que rinda su informe previo la autoridad señalada como responsable, Comisión Federal de Electricidad División Centro Oriente Zona de Distribución, Puebla, difiérase la audiencia incidental para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del cuatro de marzo de dos mil nueve." (foja 68).

En el segundo punto resolutivo de dicha resolución sostuvo:

"SEGUNDO. Se difiere la audiencia incidental por lo que hace a la autoridad señalada como responsable, Comisión Federal de Electricidad División Centro Oriente, Zona de Distribución, Puebla, para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, del cuatro de marzo de dos mil nueve, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta interlocutoria." (foja 68).

En tales condiciones, en una diversa audiencia incidental de fecha cuatro de marzo de dos mil nueve, la entonces titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, emitió una diversa interlocutoria en la que concedió la suspensión definitiva solicitada, únicamente en relación con los actos reclamados a la Comisión Federal de Electricidad responsable (fojas 72 y 73).

Precisado lo anterior, de los antecedentes del caso concreto, en relación con el principio de indivisibilidad o de unidad procesal que rige para la audiencia incidental, y conforme a las reglas de los artículos 131 y 133 de la Ley de Amparo, este tribunal colegiado estima que el a quo incurrió en una violación a las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del incidente de suspensión y, concretamente, en una violación al principio de indivisibilidad mencionado, en atención a que en forma ilegal celebró una primera audiencia incidental y dictó una primera interlocutoria en la que concedió la suspensión solicitada respecto de los actos reclamados al Congreso, Gobernador, Secretario de Gobernación, Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Puebla, así como al Tesorero del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, y en la misma interlocutoria "difirió" la audiencia incidental por cuanto hace a la Comisión Federal de Electricidad, División Centro Oriente, Zona de Distribución Puebla, al no haber fenecido aún el término con que contaba para rendir su informe previo, no obstante que dicha Comisión tiene el carácter de una autoridad local y no de una autoridad foránea para los fines del artículo 133 de la Ley de Amparo, celebrándose posteriormente una segunda audiencia y dictándose una segunda interlocutoria relativa a los actos reclamados a dicha responsable.

En consecuencia, se concluye que la existencia de dos audiencias incidentales y de dos interlocutorias en los autos de origen, sin que se actualice el supuesto del mencionado artículo 133 de la Ley de Amparo, es violatoria del principio de indivisibilidad o de unidad procesal que rige para dicha audiencia y, por tanto, constituye una violación al procedimiento del incidente de suspensión susceptible de reponerse, a fin de que atendiendo a esa finalidad de concentración procesal se celebre una sola audiencia con el dictado de una sola resolución interlocutoria, con el objeto de que las partes estén en posibilidad de combatir integralmente, de ser conforme a sus intereses, la negativa o concesión de suspensión respectiva, evitando así la posible existencia de dos medios de impugnación contra las diversas interlocutorias y el posible dictado de sentencias contradictorias en éstos, además de que ello es conveniente conforme al principio constitucional de seguridad jurídica.

No obsta a lo anterior, el que el recurso de revisión se haya interpuesto solamente en contra de la interlocutoria de fecha veintisiete de febrero de dos mil nueve, en la que el Secretario encargado del despacho por Ministerio de Ley, ordenó diferir la audiencia incidental en relación con los actos reclamados a la Comisión Federal de Electricidad responsable, y no así en contra de la diversa interlocutoria de cuatro de marzo siguiente, en que se concedió la suspensión definitiva solicitada respecto de dicha responsable; lo anterior, en virtud de que para los fines de la reposición del procedimiento técnicamente no pueden desvincularse ambas actuaciones, toda vez que la segunda es consecuencia del incorrecto diferimiento ordenado en la primera, como sucede técnicamente en forma análoga en el recurso de revisión en que se analiza en forma simultánea el auto que tiene por no interpuesta la demanda y el auto preventivo que le precede, pues igualmente uno es consecuencia del otro.

Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 97/97, aplicada por analogía, visible en la página 21 del Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala:

"REVISIÓN EN CONTRA DEL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. ES MATERIA DE ELLA LA LEGALIDAD DEL ACUERDO QUE MANDA ACLARARLA O COMPLETARLA.-Contra el auto que manda aclarar o completar la demanda de garantías, dictado con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, no procede el recurso de queja porque no ocasiona, por sí mismo, un perjuicio irreparable, como lo exige la fracción VI del artículo 95 de la misma ley, en la medida que, de cumplimentarse lo prevenido, procedería la admisión de la demanda. El perjuicio irreparable sólo se produciría si el Juez de Distrito, por estimar no cumplimentado o indebidamente cumplimentado el requerimiento formulado, tuviera por no presentada la demanda. Ahora bien, si contra el acuerdo preventivo no procede el recurso de queja y es el auto que tiene por no presentada la demanda el que actualiza ese perjuicio al promovente del amparo, en contra del cual procede el recurso de revisión, según lo previsto en la fracción I del artículo 83 de la citada ley, se concluye que en la revisión en contra del auto que tiene por no presentada la demanda puede plantearse y examinarse la legalidad del auto preventivo, cuyo incumplimiento es la base y fundamento de la determinación de tener por no interpuesta la demanda, en la que actualiza el perjuicio de la ilegalidad del auto preventivo."

En las condiciones apuntadas, lo procedente es revocar la interlocutoria recurrida de fecha veintisiete de febrero de dos mil nueve, así como la diversa interlocutoria de fecha cuatro de marzo siguiente, emitida en consecuencia, y ordenar al a quo que deje insubsistentes ambas audiencias incidentales y reponga el procedimiento en el incidente de suspensión de origen, a fin de que celebre una sola audiencia incidental con el dictado de una sola resolución interlocutoria, en la que resuelva lo procedente sobre la solicitud de suspensión definitiva de la quejosa en relación con la totalidad de los actos reclamados y autoridades responsables materia de la petición de dicha medida cautelar.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca la interlocutoria sujeta a revisión de fecha veintisiete de febrero de dos mil nueve, así como la diversa interlocutoria de cuatro de marzo siguiente.

SEGUNDO.-Se ordena reponer el procedimiento en el incidente de suspensión derivado del juicio de garantías 202/2009, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, promovido por **********, en los términos precisados en la parte final del cuarto considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de distrito de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Francisco Javier Cárdenas Ramírez, José Eduardo Téllez Espinoza y Jorge Higuera Corona, siendo ponente el primero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 14, fracción IV y penúltimo párrafo, 18, fracción II y 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24197-0c7a97c3/reposicion-del-procedimiento-en-el-incidente-de-suspension · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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