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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DE PLANO Y DE OFICIO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE SU TRÁMITE EN TALES TÉRMINOS, RESPECTO DE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, DE RESPONDER A LA SOLICITUD DE AFILIACIÓN DE UN BENEFICIARIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2021. · Registro digital (IUS): 30182
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-10-29
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Octubre de 2021, Tomo II, Pág. 3170.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MANUEL ARMANDO JUÁREZ MORALES, JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ RUIZ, RAFAEL RIVERA DURÓN, ABRAHAM CALDERÓN DÍAZ, JULIO RAMOS SALAS Y RICARDO MARTÍNEZ CARBAJAL. DISIDENTE: JOSÉ RAYMUNDO CORNEJO OLVERA (PRESIDENTE), QUIEN FORMULA VOTO PARTICULAR. PONENTE: RAFAEL RIVERA DURÓN. SECRETARIA: MARTHA CECILIA ZÚÑIGA ROSAS.

II. Competencia

6. Este Pleno de Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; quinto transitorio del Acuerdo General Número 1/2021, de ocho de abril de dos mil veintiuno, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, y se establecen sus bases; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero y quince de diciembre, ambos de dos mil quince; por tratarse de una posible discrepancia entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este circuito y corresponde, exclusivamente a este órgano, dilucidarla y determinar, en su caso, cuál será el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

III. Legitimación

7. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la formuló uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

IV. Criterios denunciados

8. Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, deben analizarse las consideraciones y argumentos en que los Tribunales Colegiados de Circuito basaron sus resoluciones.

Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, al resolver el recurso de queja administrativo 103/2020.

Antecedentes:

La parte quejosa solicitó en su demanda de amparo la suspensión del acto reclamado y expresó bajo protesta de decir verdad, que es derechohabiente de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, proporcionó su número de afiliación y señaló que presentó ante la responsable una solicitud a fin de que le fuera otorgada la calidad de beneficiario a su cónyuge, sin que se le haya dado respuesta.

El Juez de Distrito decretó la suspensión de oficio y de plano, con efectos restitutorios por considerar que la omisión reclamada afectó el derecho de acceso a la salud.

Inconforme con esta decisión, el director general y el Departamento de Afiliación y Vigencia, ambos de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, interpusieron el recurso de queja.

En sesión de veintinueve de mayo de dos mil veinte, el Tribunal Colegiado de Circuito resolvió confirmar el auto recurrido, en los términos siguientes:

Consideró infundados los agravios, para tal efecto se refirió al significado del derecho a la salud, como la obligación del Estado de determinar la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, y garantizar su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes.(1)

Sobre este último punto, se dijo que del análisis conjunto de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y, 12, numeral 2, inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se desprendía que el Estado Mexicano se encuentra obligado a crear las condiciones que aseguren a todas las personas la asistencia médica y servicios médicos en casos de enfermedad.

Se advirtió que una cuestión fundamental e inherente a la debida protección del derecho a la salud es que los servicios se presten de manera integral, lo que implicaba que se debía proporcionar un tratamiento adecuado y completo. En este sentido, la debida protección del derecho a la salud incluía, cuando menos, el suministro de medicamentos básicos necesarios para su tratamiento.

Por ello, no debía entenderse como un impedimento o una restricción para los beneficiarios de las dependencias y entidades que prestan el servicio de protección de la salud, el hecho de que algún medicamento no esté incluido en el cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud, pues atento a la visión progresiva con la que deben apreciarse los derechos fundamentales del gobernado, dichas dependencias y entidades, entre las que se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social, deben suministrar de cualquier forma a sus beneficiarios esos medicamentos, siempre que exista una prescripción médica que lo avale.

Sin que resultara impedimento que los medicamentos sean de reciente descubrimiento o que únicamente se manejen u obtengan en el sector privado, o incluso, que existieran otras enfermedades que merecieran igual o mayor atención por parte del sector salud (criterio utilitarista), pues éstas son cuestiones ajenas al derecho del individuo (quejoso) de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado a su favor como derecho humano de primer nivel, y del correlativo deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos.(2)

Por otra parte, se precisó que de lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 126 de la ley de la materia, se desprendía con claridad que tratándose de actos que importen peligro de privación de la vida, la suspensión debía concederse de oficio y de plano.

Que si bien el artículo 126 de la ley de la materia prevé que la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, también lo era que dicho precepto no admitía una sola interpretación literal conforme a la cual "el peligro de privación de la vida" se actualice sólo en casos en que haya una persecución letal o una pena de muerte o casos como los que, en otras épocas históricas, era esperable entender que quedaban referidos en tal expresión, en los que directamente se viera comprometida la vida de un individuo.

Se afirmó lo anterior, ya que una interpretación de tal expresión, sensible a las problemáticas actuales y a la protección de los derechos humanos, lleva a considerar que son diversas las hipótesis que de facto pueden representar un riesgo o amenaza a la subsistencia de las personas, como sucede en determinados casos en torno a ciertos riesgos o afectaciones a la salud que comprometen la subsistencia o integridad de las personas, pues son esas situaciones de alto y sensible riesgo a las que la legislación de amparo ha querido acoger y dar una protección especial y de amplio acceso.

En relación con ese tipo de suspensión (de plano) y el tema de omisión de atención médica, citó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(3) se ha pronunciado en el sentido de que procede conceder la medida cautelar, a partir de un juicio valorativo que pondere las manifestaciones contenidas en la demanda de amparo, en las que se advierta que el acto relativo comprometa la esfera de derechos del gobernado, equiparándola a un tormento en términos del artículo 22 de la Constitución Federal, pues la finalidad de la suspensión de mérito radica en tutelar derechos fundamentales de especial relevancia, de ataques que se consumarían irreparablemente en perjuicio del quejoso.

Agregó que del estudio integral de la demanda de amparo y de su anexo, el cual consistió en la copia simple del escrito de seis de marzo de dos mil veinte, presentado en esa misma fecha en el Departamento de Afiliación y Vigencia de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, dirigido al director general y al encargado de ese Departamento de Afiliación, se advirtió que en el proemio del mismo aparece el nombre de la quejosa, el número de afiliación, quien solicitó se le reconociera el carácter de beneficiario a su cónyuge para recibir atención médica de parte de dicha institución social.

Se consideró correcto lo resuelto por la Juez de Distrito al decretar de oficio y de plano la suspensión de la omisión reclamada, toda vez que se ponderaron no sólo las manifestaciones de la peticionaria contenidas en su demanda de amparo, sino el contenido de la referida documental que anexó, la omisión y dilación de la atención médica que comprometía la esfera de derechos, fundamentalmente los vinculados con los derechos humanos a la vida, a la salud e incluso a la dignidad humana, en tanto que el hecho de no proporcionarle la atención médica con la prontitud necesaria, pone en riesgo la vida, la salud e integridad física.

Ello se consideró así, porque si bien la negativa de un instituto de salud de prestar el servicio médico, por lo general, no constituía un acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, para efectos de proveer de oficio y de plano sobre la suspensión en términos de la legislación de la materia, pues aunque implica un acto de privación no se equipara a tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; lo cierto era que en casos excepcionales, como el de la especie, tal negativa por parte de esa institución de seguridad social, sí podía constituir un acto inhumano o de maltrato y debía proveerse sobre la suspensión de oficio y de plano (que salvaguardará su dignidad y salud durante el trámite del juicio, en los términos del artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo), cuando se encuentra en estado de vulnerabilidad, de manera que por las circunstancias y el contexto en que se da esta condición, resultaba razonable suponer que privar al quejoso del servicio de salud o prestarlo con dilación comprometía no sólo su dignidad, sino su integridad personal y la de las personas que lo rodean e incluso su vida, por las consecuencias que podía traer consigo la demora en la atención de sus enfermedades y la satisfacción de sus necesidades en el rubro de salud.

Se afirmó que el caso era excepcional, dada la situación del país (contingencia sanitaria por SARS-CoV2), por lo cual, la Secretaría de Salud ordenó la suspensión inmediata, del treinta de marzo al treinta de mayo de dos mil veinte, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional, con especial énfasis en grupos vulnerables; por ende, el derecho a la salud requiere de una protección reforzada, aunado a que, al encontrarse el país en una situación de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, implicaba que debían necesariamente tomarse decisiones extraordinarias a fin de garantizar al quejoso su derecho a la salud, como lo es que deban minimizarse los trámites requeridos para la obtención de los medicamentos y tratamientos necesarios.

Sobre todo, porque la quejosa señaló que el Instituto de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua ha sido omiso en otorgarle a su cónyuge el servicio como beneficiario, no obstante haber solicitado se reconozca tal carácter por ser esposo de una derechohabiente.

Además, se destacó que en los asuntos en los cuales se reclamaban actos que ponían en peligro la vida, cobraba puntual importancia la protesta de decir verdad de los hechos contenidos en la demanda, porque debía partirse de la idea de que el quejoso se responsabilizó de sus afirmaciones y partiendo de esa premisa podía el juzgador proceder a suspender los actos reclamados.(4)

Lo anterior encontró sentido porque la suspensión de plano se decidió sin sustanciar incidente y sin exigir requisito alguno para que surtiera efectos, pues la medida tenía por objeto la protección de bienes jurídicos irreductibles y de preservación preponderante, como lo era el derecho a la salud y, por ende, a la vida, cuya protección conlleva una urgencia y gravedad que permitían al juzgador actuar de manera inmediata y únicamente utilizando su discrecionalidad.

Se destacaron los antecedentes del acto reclamado donde la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que el seis de marzo de 2020 en su carácter de derechohabiente de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, ante las autoridades responsables presentó solicitud de afiliación al instituto en mención de su esposo y beneficiario, ello para acceder al servicio médico y que se removieran los requisitos discriminatorios fijados para el efecto de que pudiera acceder al servicio médico asistencial que se sirve brindar la institución citada, escrito que se firmó por la quejosa.

Que a la solicitud se anexaron las actas de nacimiento, credenciales de elector, comprobantes de domicilio, recibo de pago y acta de matrimonio y se solicitó que fuera proporcionada información respecto a los requisitos administrativos y diversas condiciones necesarias para la afiliación del esposo de un trabajador o pensionado de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.

Se tomó en cuenta lo expuesto en el primer concepto de violación y se resolvió que los actos negativos u omisivos relacionados con la prestación de ese servicio, incidían directamente en el derecho fundamental de protección a la salud y, desde luego, en la esfera jurídica de los derechohabientes y sus beneficiarios y, por ende, en cuanto a las consecuencias y efectos que producía el referido acto reclamado, era posible otorgar la suspensión.

Asimismo, se señaló que las autoridades responsables debían ponderar en todo momento la salud de los impetrantes del amparo y les correspondía privilegiar el derecho a la salud y a la integridad física, previsto por el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implicaba que al tomar sus decisiones, deberían preservar la salud, sobre cualquier otra circunstancia administrativa interna en las clínicas o centros hospitalarios a su cargo; en el entendido que de soslayar el derecho aludido, las consecuencias que de ello pudieran derivar quedarían bajo su más estricta responsabilidad.

Por tanto, una interpretación de tal expresión, sensible a las problemáticas actuales y a la protección de los derechos humanos, llevó a considerar que eran diversas las hipótesis que de facto pueden representar un riesgo o amenaza a la subsistencia de las personas, como sucede en determinados casos en torno a ciertos riesgos o afectaciones a la salud que comprometen la subsistencia o integridad de las personas; pues son esas situaciones de alto y sensible riesgo las que la legislación de amparo ha querido acoger y dar una protección especial y de amplio acceso, haciendo inaplazable y de carácter urgente proveer sobre la demanda y su suspensión.

Agregó que en el ámbito jurisdiccional, específicamente en los juicios de amparo, tratándose de asuntos donde los actos reclamados pueden afectar la salud de la parte quejosa, hasta el grado de poner en riesgo su vida, era procedente que los tribunales interpretaran el artículo 15 de la Ley de Amparo con la mayor amplitud, a efecto de proteger los derechos humanos de los promoventes, considerándolos casos urgentes y de tramitación inmediata.

Sin que al respecto, la autoridad responsable pudiera argumentar la falta de presupuesto para cumplir con la suspensión, atendiendo al contenido del artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque atendiendo a lo determinado en el amparo en revisión 378/2014, resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la autoridad debía tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al disfrute del más alto nivel posible de salud de los pacientes afectados, por lo que debían recibir su tratamiento médico en instalaciones separadas del resto de los pacientes, a efecto de evitar el contagio de alguna enfermedad.

De las normas internacionales se advirtió que imponen al Estado Mexicano, por una parte, una obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio hasta el máximo de los recursos que disponga. Así, cuando el Estado contratante, aduciendo una falta de recursos, incumpla con la plena realización del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, o bien, no asegure los niveles esenciales del mismo, corresponderá no sólo a éste comprobar dicha situación, sino además debía acreditar que ha realizado todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos que están a su disposición, habida cuenta que en el uso de su arbitrio para el desarrollo de las políticas públicas, y para las decisiones atinentes a la distribución o redistribución de recursos, debe tomar en cuenta a los grupos vulnerables, así como a las situaciones de riesgo, en el entendido de que se encuentra proscrito que incurra en decisiones que resulten arbitrarias o discriminatorias.

Asimismo, tomó en cuenta que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inejecución 493/2001, en sesión de veintiocho de febrero de dos mil dos, determinó que el artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acepta que el presupuesto no debe ser estricto, inflexible, ni imposible de modificar, pues prevé la posibilidad de que pueda variarse al establecer que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior, de donde se desprendió que en el propio texto de la Norma Constitucional referida, subyace el principio de modificación presupuestaria, al permitir que el gasto pueda programarse en dos momentos, uno anterior, y otro posterior, a saber: a) Al aprobarse el presupuesto de egresos; o, b) En ley posterior, la que por su cronología necesariamente sucede a aquel proyecto presupuestario original en el tiempo; de manera que el precepto constitucional en mención, en lugar de constituir un valladar insuperable para la autoridad responsable, prevé la posibilidad de modificación del presupuesto original para adecuarlo a las necesidades sobrevenidas, es decir, su virtud es la de establecer un remedio para los casos fortuitos, que le permite solicitar los ajustes presupuestarios necesarios para enfatizar las obligaciones pecuniarias del Estado, gasto que necesaria e ineludiblemente debe autorizarse por tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es impostergable.

Además, se dijo que si la autoridad ya tiene autorizado un presupuesto que le permite efectuar un pago, aun cuando no esté previsto específicamente en él, debía realizarlo si con ello da cumplimiento a un mandato de amparo, pues exclusivamente en esta hipótesis no podría considerarse jurídicamente que vulnera la prohibición contenida en el artículo 126 de la Constitución General de la República, en razón de que el cumplimiento de la suspensión decretada en el incidente deducido de un juicio de amparo no podía quedar condicionado a la determinación de si se aprueba o no una partida presupuestal para hacer frente a la obligación impuesta, dado que la supremacía de la Constitución Federal imponía categóricamente que aquéllas fueran cumplidas inexcusablemente por lo que únicamente en estas hipótesis no podía operar el principio de responsabilidad que deriva del mencionado artículo 126 constitucional, pues técnicamente no se estaría contraviniendo, sino que se actualizaría un caso de excepción en el que no sería punible la conducta de la autoridad.

Se consideró que tal proceder tampoco contravendría el artículo 134 del Ordenamiento Fundamental, relativo al manejo de los recursos económicos con apego al principio de honradez, el cual se entendía como un actuar probo, recto, sin desvío alguno, pues no hay improbidad alguna en cumplir un mandato de suspensión del acto reclamado en un juicio de amparo, por el contrario, es un principio rector de los actos de la autoridad cumplir y hacer cumplir la Constitución y, por ende, los mandatos de amparo que derivan de ésta, cuya finalidad es el restablecimiento del orden constitucional.

Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 85/2020.

Antecedentes:

La parte quejosa reclamó a la Dirección General, al director de Prestaciones Económicas y responsable y/o encargado del Departamento de Afiliación y Vigencia, todos de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, la omisión de dar respuesta al escrito en el que una derechohabiente solicitó la afiliación al servicio médico respecto de su cónyuge.

El Juez de Distrito concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, con efectos restitutorios por considerar que la omisión reclamada afectó el derecho a la salud.

Inconforme con tal determinación, el director general de Prestaciones Económicas y responsable y/o encargado del Departamento de Afiliación y vigencia, todos de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, interpusieron recurso de queja.

En sesión de diez de junio de dos mil veinte, el Tribunal Colegiado de Circuito resolvió fundado el recurso y revocó en lo conducente el acuerdo recurrido, expresando lo siguiente:

Consideró fundados los agravios y para explicar las razones en que se apoyó dicha conclusión, reprodujo el contenido del artículo 131, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.(5)

En correlación con lo anterior, se precisó lo que disponen los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo; asimismo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) estableció, en lo que interesaba, que la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el artículo 147 de la Ley de Amparo, debía analizarse en función de las consecuencias que caso a caso podían producir los actos reclamados.

Lo que a su vez, señaló, era determinante para decidir si el efecto de la suspensión debía consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encontraban o debían restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado.

En esos términos, indicó que la naturaleza omisiva de los actos reclamados era relevante para determinar el contenido que adoptaría la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procedía o no, pues esto último dependía, en todo caso, de que la suspensión no coincidiera exactamente, agotara o dejara sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo.

Ahora bien, precisó que de la revisión de las constancias que integraban el juicio de amparo indirecto, apreció que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables la omisión de dar respuesta al escrito recibido el seis de noviembre de dos mil diecinueve, en el que la quejosa solicitó la afiliación al servicio médico respecto de su cónyuge.

Lo anterior evidenció que el acto reclamado no encuadraba en ninguna de las hipótesis señaladas en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, pues tal como lo señaló la autoridad recurrente, no se trató de un acto que importara peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; menos aún de un acto que tuviera o pudiera tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.

Y además, no se trató de un acto negativo con efectos positivos, pues ello significaría que la omisión de las autoridades responsables actualizaría un "hacer" por parte de aquéllas, que pudiera dar lugar a suspender ese actuar.

No obstante lo anterior, se dijo que el Juez de Distrito en el Estado consideró que el acto reclamado producía consecuencias y efectos contra los cuales era posible otorgar la medida suspensional con efectos restitutorios, por considerar que la omisión reclamada afectaba el derecho a la salud, y en ese contexto decretó la suspensión de plano de los actos precisando los efectos.

Tales consideraciones no se compartieron, pues el acto reclamado no era la negativa u omisión de dar atención médica al quejoso, sino la de la responsable de responder la petición relativa a la solicitud de afiliación del cónyuge a los servicios médicos de la institución recurrente.

Por lo que no se consideró aplicable la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que citó el juzgador federal, de rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO.", dado que el acto relativo no comprometía la esfera de derechos del gobernado, equiparándola a un tormento en términos del artículo 22 de la Constitución Federal, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo, no se advirtió que la quejosa se haya dolido de la omisión de las responsables de darle atención médica a su cónyuge, menos aún se refirió que éste requiera de alguna atención médica especial por la cual deba considerarse que la omisión de la responsable en dar respuesta a su petición, pone en peligro la vida del cónyuge.

Y, si bien, en cuanto al fondo de su petición, se advirtió que la quejosa pretendía que, de ser procedente su solicitud, se le otorgara el servicio de afiliación médica a la persona que indicó, ello en todo caso sería la materia de la respuesta que le fuera otorgada, sin que resultara factible, incluso en el juicio principal, analizar la procedencia o no de esa solicitud, ya que la demanda de amparo se formuló específicamente contra la omisión de las autoridades responsables de dar respuesta al citado escrito.

Resultó incluso que de obtener sentencia favorable en el juicio principal, los efectos de la misma serían exclusivamente para que se otorgara la respuesta correspondiente y se notificara a la parte quejosa, pero de ninguna manera involucrarían el tema sobre la afiliación que solicitó la quejosa en el escrito respectivo, porque ello correspondía determinarlo a las autoridades ante quienes se formuló esa solicitud.

De tales consideraciones derivó la tesis XVII.2o.P.A.75 A (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 1, mayo de 2021, Tomo III, página 2627, con número de registro digital: 2023089, bajo el título, subtítulo y texto siguientes:

"SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA NEGATIVA DE DAR EL SERVICIO MÉDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AL BENEFICIARIO DE UN DERECHOHABIENTE, AL NO ENCUADRAR EN LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 15 Y 126 DE LA LEY DE AMPARO.

"Hechos: La quejosa (derechohabiente) promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó la negativa de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua de proporcionar el derecho a la salud a su padre (beneficiario). Al respecto, el Juez de Distrito concedió la suspensión de oficio y de plano con efectos restitutorios, para el efecto de que se le brindara el servicio médico; resolución contra la cual la autoridad responsable interpuso recurso de queja.

"Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es improcedente conceder la suspensión de oficio y de plano contra la negativa señalada, al no satisfacerse los supuestos previstos en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo.

"Justificación: La negativa de la autoridad recurrente, Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua de dar servicio médico al beneficiario de un derechohabiente, no encuadra en alguna de las hipótesis señaladas en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, pues no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; menos aún se trata de un acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; por lo que debe tramitarse el incidente de suspensión, siempre que haya solicitud expresa del quejoso."

V. Existencia de la contradicción

9. En principio, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que para que se actualice la contradicción de tesis, basta que exis

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30182-e13e34eb/suspension-de-plano-y-de-oficio-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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