SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. EL SISTEMA NORMATIVO COMPLEJO QUE REGULA LA AFILIACIÓN DE LOS ASCENDIENTES DE LOS DERECHOHABIENTES COMO BENEFICIARIOS, CONTIENE DISTINCIONES BASADAS EN LAS CATEGORÍAS SOSPECHOSAS DE CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA Y ESTADO CIVIL, PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA EXIGENCIA DE QUE EL PRETENSO BENEFICIARIO ASCENDIENTE DE UN DERECHOHABIENTE NO CUENTE CON AFILIACIÓN VIGENTE EN UNA DIVERSA INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, NO SUPERA EL TEST DE IGUALDAD BAJO UN ESCRUTINIO ESTRICTO. SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN LA AFILIACIÓN DE LOS ASCENDIENTES DE LOS DERECHOHABIENTES COMO BENEFICIARIOS CONSTITUYEN UN SISTEMA NORMATIVO COMPLEJO. SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. LAS DISTINCIONES CONTENIDAS EN EL SISTEMA NORMATIVO COMPLEJO QUE REGULA LA AFILIACIÓN DE LOS ASCENDIENTES DE LOS DERECHOHABIENTES COMO BENEFICIARIOS NO CUMPLEN CON UNA FINALIDAD IMPERIOSA DESDE EL PUNTO DE VISTA CONSTITUCIONAL. SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. LAS DISTINCIONES CONTENIDAS EN EL SISTEMA NORMATIVO COMPLEJO QUE REGULA LA AFILIACIÓN DE LOS ASCENDIENTES DE LOS DERECHOHABIENTES COMO BENEFICIARIOS NO ESTÁN ESTRECHAMENTE VINCULADAS CON UNA FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE IMPERIOSA. SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. LAS DISTINCIONES CONTENIDAS EN EL SISTEMA NORMATIVO COMPLEJO QUE REGULA LA AFILIACIÓN DE LOS ASCENDIENTES DE LOS DERECHOHABIENTES COMO BENEFICIARIOS, NO SON LA MEDIDA MENOS RESTRICTIVA POSIBLE PARA CONSEGUIR UNA FINALIDAD VIABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA CONSTITUCIONAL. SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. LAS DISTINCIONES CONTENIDAS EN EL SISTEMA NORMATIVO COMPLEJO QUE REGULA LA AFILIACIÓN DE LOS ASCENDIENTES DE LOS DERECHOHABIENTES COMO BENEFICIARIOS NO SUPERAN EL TEST DE IGUALDAD BAJO UN ESCRUTINIO ESTRICTO [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA XVII.2o.P.A.2 A (11a.)].
AMPARO EN REVISIÓN 697/2021. 16 DE JUNIO DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: RAFAEL RIVERA DURÓN. SECRETARIA: LILIANA CAMPOS HEIRAS.
31. SEXTO.—Técnica de estudio. La problemática jurídica que originó el juicio de amparo indirecto de origen deriva de la improcedencia de la solicitud de la quejosa –en su carácter de trabajadora y derechohabiente del servicio médico asistencial de Pensiones Civiles del Estado– para afiliar a sus padres como beneficiarios.
32. En esa tesitura, el presente recurso de revisión será resuelto bajo la figura procesal de suplencia de la queja deficiente en favor de la parte quejosa, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, porque al encontrarse subjúdice el que los pretensos beneficiarios de la quejosa trabajadora tengan o no derecho a alguno de los beneficios que establece el servicio médico asistencial de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, el rechazo de la suplencia equivaldría a prejuzgar que no lo tienen, con lo que se renunciaría de antemano a la posibilidad de descubrir la verdad jurídica y porque un beneficiario del trabajador se asimila a éste para efectos de la mencionada disposición.
33. Apoya lo anterior, la tesis 2a. CXI/2002,(2) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. PARA QUE PROCEDA BASTA CON QUE EL PROMOVENTE DEL AMPARO SE OSTENTE COMO BENEFICIARIO DE UN TRABAJADOR PROTEGIDO POR LA SEGURIDAD SOCIAL. Si el juicio de amparo es promovido por una persona que se ostenta como beneficiaria de un trabajador protegido por la seguridad social, resulta procedente suplir la queja deficiente con base en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en primer lugar, porque ante la duda de que aquélla tenga o no derecho a alguno de los beneficios que establece dicho régimen, el rechazo de la suplencia equivaldría a prejuzgar que no lo tiene, con lo que se renuncia de antemano a la posibilidad de descubrir la verdad jurídica y, en segundo, porque un beneficiario del trabajador se asimila a éste para efectos de la mencionada disposición."
34. Precisado lo anterior, se procede al estudio de fondo de la sentencia recurrida.
35. En su único agravio, la recurrente refiere que la juzgadora omitió precisar como actos reclamados la aplicación tácita del artículo 27, fracción V, del Estatuto Orgánico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.
36. Explica que le causa agravio que la a quo omitió analizar las consideraciones vertidas en el concepto de violación referente a que el trámite, procedimiento y formato que se pretende sea llenado para el procedimiento de afiliación contenido en el Manual de Procedimientos de Estudio Socioeconómico para la Afiliación de Beneficiarios al Servicio Médico Asistencial de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, no se encuentra registrado en el Registro Estatal de Trámites y Servicios ni en el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, en términos de los artículos 48 de la Ley General de Mejora Regulatoria y 45 de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Chihuahua.
37. Sostiene que se omitió observar que previo a estimar si dichos requisitos resultan constitucionalmente válidos o no, primeramente debe analizarse si son exigibles, siendo que las responsables son sujetos obligados en términos de la Ley General de Mejora Regulatoria y de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Chihuahua.
38. Tampoco se analizó el hecho de que las responsables pretenden someter a la quejosa a un procedimiento que no se encuentra contenido en la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, ni en el Reglamento de Servicios Médicos de los Trabajadores al Servicio del Estado.
39. Menciona que la juzgadora de amparo no analizó previamente si los requisitos son exigibles a la luz de los principios de supremacía jerárquica y de reserva de ley; ambos parten de la facultad reglamentaria, puesto que la ley no prevé requisito alguno, por lo que ni el manual ni el reglamento podrán contravenir las disposiciones de la ley, dado que no se puede contradecir a una cosa que es inexistente.
40. Sostuvo en sus conceptos de violación que la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua no contempla el sujetarse a un formato como parte del procedimiento, por lo que no se puede a través del Manual de Procedimientos de Estudio Socioeconómico para la Afiliación de Beneficiarios al Servicio Médico Asistencial o a través del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, exigir mayores requisitos a los contemplados en las normas de las cuales deriva este último, sumado a que la Constitución constriñe a que los mismos sean normados a través de una ley y no de otro tipo de norma.
41. Refiere que se omitió advertir el estado de vulnerabilidad con el que cuentan sus padres al ser adultos mayores, en términos de la Ley de los Derechos de la Personas Adultos Mayores, así como de las 100 Reglas de Brasilia.
42. Cita el criterio I.3o.C.289 C (10a.), registro digital: 2015257, de rubro: "ADULTOS MAYORES. LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DEBEN SALVAGUARDAR SUS DERECHOS Y SU DIGNIDAD HUMANA, EN TANTO SEA EVIDENTE QUE SU ESTADO DE VULNERABILIDAD PUEDE CONDUCIR A UNA DISCRIMINACIÓN INSTITIUCIONAL, SOCIAL, FAMILIAR, LABORAL Y ECONÓMICA."
43. El a quo realiza una interpretación incorrecta de los preceptos impugnados, puesto que establece que hay que acreditar la dependencia económica; sin embargo, el artículo 285 del Código Civil del Estado de Chihuahua establece que los alimentos y, en particular, la atención médica deberán otorgarse en caso de enfermedad.
44. El principio de solidaridad que rige a las relaciones familiares es una institución de carácter social y de interés público, pudiendo entenderse como "la obligación natural, la cual está vinculada con un conjunto de obligaciones que atienden a la propia condición humana, que marcada por la vulnerabilidad y la fragilidad, hacen que las personas, por sus propias limitaciones, necesiten estar ligadas las unas a las otras", traduciéndose en la conciencia y compromiso del hombre para alcanzar el bien común de las personas, especialmente de las menos favorecidas.
45. No comparte el razonamiento de la a quo en el que pretende analizar la constitucionalidad del requisito del estudio socioeconómico apoyándose en el concepto de alimentos, el que establece categóricamente que los hijos están obligados a proporcionarlos a sus padres, no obstante, dice que tal obligación nace a partir de que los padres lo necesiten, lo que es inexacto, ya que parte del supuesto de que sus padres no necesitan la atención médica, por lo que tal tópico debe analizarse a la luz de la seguridad social y no del derecho civil.
46. Omite analizar que la normatividad combatida exige una dependencia absoluta hacia la trabajadora a efecto de acceder al servicio médico, ya que constriñe a exigir que los beneficiarios prácticamente no tengan ningún tipo de ingreso o inmueble, lo que a todas luces es inverosímil.
47. La juzgadora omite analizar la proporcionalidad del requisito de dependencia económica, al exigir que la misma sea absoluta, sin establecer parámetros claros a efecto de verificar el grado mínimo de dependencia para poder cumplir con dicho requisito, por lo que es evidente la transgresión al debido proceso del procedimiento de afiliación al servicio médico.
48. La sentencia causa agravio al no valorarse la posibilidad de ordenar a la responsable que verificara si el procedimiento se realiza bajo un esquema de constitucionalidad, respetándose las garantías del debido proceso, esto es, otorgándose vista en todo el procedimiento a fin de aportar pruebas en contrario al estudio económico.
49. Sostiene que la juzgadora de amparo omitió estudiar la constitucionalidad del requisito contenido en el último párrafo del artículo 25 del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, consistente en no contar con una diversa seguridad social.
50. Dichos agravios son fundados –suplidos en su deficiencia–, en atención a que la secretaria en funciones de Juez de Distrito incumplió el artículo 74, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, dado que omitió analizar la totalidad de los argumentos expuestos en su escrito inicial de demanda.
51. En esa tesitura, en términos del numeral 93, fracción V, de la Ley de Amparo, este órgano colegiado procede a estudiar los conceptos de violación cuyo estudio se omitió en la sentencia recurrida en torno a la improcedencia de afiliación de su madre como beneficiaria.
52. De la causa de pedir contenida en los conceptos de violación de la demanda de amparo se colige que la parte quejosa alegó, en esencia, que el hecho de que se exija a los ascendientes que dependan económicamente de los derechohabientes a fin de acceder al servicio médico asistencial de Pensiones Civiles del Estado, es violatorio de los derechos a la igualdad y a la no discriminación, reconocidos en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el hecho de que se obligue a depender totalmente del asegurado o que cuenten con algún ingreso monetario independiente o pensión diversa no es incompatible con su pretensión de ser afiliado al servicio médico como beneficiario del trabajador, pues dicha prerrogativa, como parte de la seguridad social, no es gratuita ni generosa, sino que se va gestando durante la vida laboral del trabajador mediante el pago de sus cuotas y aportaciones, con lo cual también se busca el mejoramiento del nivel de vida de sus beneficiarios, en atención al principio de solidaridad familiar y al derecho a disfrutar una vida digna.
53. Añadió que el requisito exigido relativo a que el pretenso beneficiario no cuente con diversa seguridad social es inconstitucional, ya que ambas afiliaciones tienen origen en circunstancias divergentes e independientes, por lo que no se pueden válidamente excluir entre sí, pues no son contraprestaciones gratuitas.
54. Es decir, la quejosa hace derivar la violación a los derechos a la igualdad y a la no discriminación de un parámetro de comparación de índole económico, en torno a la exigencia de que los ascendientes pretensos beneficiarios dependan económicamente de la trabajadora, a pesar de que no se trata de una prestación "gratuita". Causa de pedir de la que es válido obtener que el parámetro de comparación efectivamente planteado que evidencia un trato diferenciado es aquel existente entre las ascendientes que (1) dependen económicamente del derechohabiente trabajador y (2) aquellos ascendientes que no dependen económicamente del trabajador.
55. Lo anterior sin soslayar las posibles violaciones a derechos fundamentales al analizar caso a caso qué debe entenderse por dependencia económica, si ésta tutela hasta un grado relevante, así como cuándo se configura y cuándo no; todo lo cual no es materia del estudio que se desarrolla en esta ejecutoria.
56. Motivos de disenso que son fundados, suplidos en su queja deficiente, en atención a las siguientes razones:
57. Los derechos a la igualdad y a la no discriminación reconocidos en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permean todo el ordenamiento jurídico, por lo que cualquier tratamiento que resulte discriminatorio es per se incompatible con ésta. Sin embargo, es importante recordar que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos.
58. En igual sentido, la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino su utilización de forma injustificada que afecte el ejercicio de un derecho humano.
59. Apoya a lo anterior la jurisprudencia P./J. 9/2016 (10a.),(3) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL. El principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico. Cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es, per se, incompatible con ésta. Es contraria toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. Sin embargo, es importante recordar que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos. En igual sentido, la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino su utilización de forma injustificada. No se debe perder de vista, además, que la discriminación tiene como nota característica que el trato diferente afecte el ejercicio de un derecho humano. El escrutinio estricto de las distinciones basadas en las categorías sospechosas garantiza que sólo serán constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta."
60. Luego, las discusiones en torno a los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación suelen transitar por, entre otros ejes, el análisis de actos y preceptos normativos que directa o indirectamente (por resultado), o de forma tácita, sean discriminatorios. En el entendido de que cuando una persona alega discriminación en su contra debe proporcionar un parámetro o término de comparación para demostrar, en primer lugar, un trato diferenciado, con lo que se busca evitar la existencia de normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación (i) una ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas; o, (ii) efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares.
61. Así, los casos de discriminación, como consecuencia de un tratamiento normativo diferenciado, exigen un análisis que se divide en dos etapas sucesivas y no simultáneas: la primera implica una revisión con base en la cual se determine si las situaciones a comparar en efecto pueden contrastarse o si, por el contrario, revisten divergencias importantes que impidan una confrontación entre ambas por no entrañar realmente un tratamiento diferenciado; y la segunda en la cual se estudie si las distinciones de trato son admisibles o legítimas, lo cual exige que su justificación sea objetiva y razonable.
62. Parámetro de comparación que efectivamente denota un trato diferenciado entre los ascendientes que (1) dependen económicamente del derechohabiente trabajador y (2) aquellos ascendientes que no dependen económicamente del trabajador.
63. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 44/2018 (10a.),(4) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribe a continuación:
"DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN. METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE CASOS QUE INVOLUCREN LA POSIBLE EXISTENCIA DE UN TRATAMIENTO NORMATIVO DIFERENCIADO. Las discusiones en torno a los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación suelen transitar por tres ejes: 1) la necesidad de adoptar ajustes razonables para lograr una igualdad sustantiva y no meramente formal entre las personas; 2) la adopción de medidas especiales o afirmativas, normalmente llamadas ‘acciones afirmativas’; y, 3) el análisis de actos y preceptos normativos que directa o indirectamente (por resultado), o de forma tácita, sean discriminatorios. En el tercer supuesto, cuando una persona alega discriminación en su contra, debe proporcionar un parámetro o término de comparación para demostrar, en primer lugar, un trato diferenciado, con lo que se busca evitar la existencia de normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación: i) una ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas; o, ii) efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares. Así, los casos de discriminación como consecuencia de un tratamiento normativo diferenciado exigen un análisis que se divide en dos etapas sucesivas y no simultáneas: la primera implica una revisión con base en la cual se determine si las situaciones a comparar en efecto pueden contrastarse o si, por el contrario, revisten divergencias importantes que impidan una confrontación entre ambas por no entrañar realmente un tratamiento diferenciado; y una segunda, en la cual se estudie si las distinciones de trato son admisibles o legítimas, lo cual exige que su justificación sea objetiva y razonable, utilizando, según proceda, un escrutinio estricto –para confirmar la rigurosa necesidad de la medida– o uno ordinario –para confirmar su instrumentalidad–. En ese sentido, el primer análisis debe realizarse con cautela, pues es común que diversas situaciones que se estiman incomparables por provenir de situaciones de hecho distintas, en realidad conllevan diferencias de trato que, más allá de no ser análogas, en realidad se estiman razonables. En efecto, esta primera etapa pretende excluir casos donde no pueda hablarse de discriminación, al no existir un tratamiento diferenciado."
64. Precisado lo anterior, a fin de justificar la calificativa anunciada a los motivos de disenso en estudio, es necesario determinar (i) si la normatividad aplicable para afiliar a los ascendientes pretensos beneficiarios en el servicio médico asistencial de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua constituye o no un sistema normativo complejo; luego, (ii) establecer si las violaciones alegadas tienen sustento en una o varias "categorías sospechosas" en contravención al artículo 1o., último párrafo, constitucional y, finalmente, (iii) determinar y analizar si acorde con las técnicas de adjudicación desarrolladas por el derecho constitucional, las violaciones a derechos fundamentales deben ser estudiadas bajo un test de proporcionalidad o uno de igualdad bajo un escrutinio estricto; todo ello con base en la doctrina jurisprudencial y aislada emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
65. (i) Normatividad aplicable para afiliar a pretensos beneficiarios en el servicio médico asistencial de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.
66. Como se determinó en el apartado que antecede, la normatividad aplicable para afiliar a pretensos beneficiarios en el servicio médico asistencial de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua constituye un sistema normativo complejo(5) que se integra por el (1) Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua; (2) Estatuto Orgánico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua; y, (3) Manual de Procedimientos de Estudio Socioeconómico para la Afiliación de Beneficiarios al Servicio Médico Asistencial de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.
67. Con la diferencia de que en caso de solicitar la afiliación de un ascendiente, también se deberá acreditar la dependencia económica con el trabajador(6) y, además, se deberán adjuntar los documentos que establece el artículo 3o. del citado manual, consistentes en (1) y (2) original de acta de nacimiento de la asegurada y de sus padres; (3) copia del último comprobante de pago de la asegurada; (4) original del acta de matrimonio de los padres; (5) original del acta de defunción en caso de que uno de los dos fallezca; (6) original del acta de divorcio, de ser el caso; (7) original del certificado de inexistencia de matrimonio del padre o de la madre, según el caso; (8) copias de la credencial de elector de la asegurada y sus padres; (9) inscripción de persona física sin actividad económica o constancia de situación fiscal de cada uno de los padres ante el Servicio de Administración Tributaria; (10) copia del CURP de cada uno de los padres; (11) original del certificado de inexistencia o existencia de propiedades a nombre los padres emitida por el Registro Público de la Propiedad; y, (12) constancias de no vigencia/afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto Chihuahuense de la Salud (ICHISAL), Instituto Municipal de Pensiones del Municipio de Chihuahua (IMPE) o Servicios Médicos Municipales (SMM) a nombre de los padres de la asegurada. 68. Documentos que si bien se exigen para la realización del estudio socioeconómico, lo cierto es que se erigen como verdaderos requisitos, sin los cuales no resulta factible la realización de dicho estudio para acreditar la dependencia económica y, por ende, no se logra la pretendida afiliación del ascendiente beneficiario.
69. Y de los cuales se obtiene una razonable y fuerte presunción en el sentido de que, si se reportan ingresos ante el Servicio de Administración Tributaria, se tienen inmuebles a su nombre en el Registro Público de la Propiedad y/o cuentan con una afiliación vigente a una diversa institución de seguridad social, no dependen económicamente del trabajador derechohabiente.
70. En esa tesitura, le asiste razón a la quejosa en el sentido de que con motivo de esa relación normativa estrecha, puede controvertir las citadas disposiciones generales, aunque no todas le hayan sido aplicadas expresamente –sino tácitamente– en su perjuicio, en torno a la solicitud de afiliación de sus padres como beneficiarios.
71. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 91/2018 (10a.),(7) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUZGADOR FEDERAL ESTÁ FACULTADO PARA INTRODUCIR EN SU SENTENCIA EL ANÁLISIS DE NORMAS QUE NO FORMARON PARTE DE LA LITIS, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN ESTRECHAMENTE RELACIONADAS CON LA MATERIA DE LA IMPUGNACIÓN, POR CONSTITUIR UN SISTEMA NORMATIVO."
72. (ii) ¿Las violaciones alegadas por la quejosa tienen sustento en alguna "categoría sospechosa" prevista en el artículo 1o., último párrafo, constitucional?
73. De conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) está prohibida toda discriminación motivada por categorías sospechosas, entre las que destacan –de manera enunciativa– el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
74. En el entendido de que según el artículo 1o., fracción III, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,(9) la "discriminación" implica toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de ciertos motivos, entre los que destacan –en relación al tema que nos ocupa– la condición social o económica y la situación familiar.
75. Por su parte –en el ámbito internacional–, el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(10) dispone que los Estados Parte se comprometen a respetar los derechos y libertades y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona, sin discriminación alguna por motivos de, entre otros, posición económica o cualquier otra condición social.
76. Mientras que el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(11) dispone que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de ésta. Al respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de, entre otros, posición económica o cualquier otra condición social.
77. En esa tesitura, la razón de tener un catálogo de "categorías sospechosas" es resaltar de manera no limitativa que existen ciertas características o atributos en las personas que han sido históricamente tomadas en cuenta para categorizar, excluir, marginalizar y/o discriminar a quienes las tienen o a quienes han sido asociados con estos atributos o características, como por ejemplo, las categorías de sexo, raza, color, origen nacional, opiniones políticas, posición económica o cualquier otra condición o situación social, han sido consideradas como las principales categorías sospechosas incluidas en los tratados internacionales y en diversas Constituciones.
78. Apoya lo anterior la tesis 1a. CCCXV/2015 (10a.),(12) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente:
"CATEGORÍAS SOSPECHOSAS. LA INCLUSIÓN DE NUEVAS FORMAS DE ÉSTAS EN LAS CONSTITUCIONES Y EN LA JURISPRUDENCIA ATIENDE AL CARÁCTER EVOLUTIVO DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. La razón de tener un catálogo de categorías sospechosas es resaltar de manera no limitativa que existen ciertas características o atributos en las personas que han sido históricamente tomadas en cuenta para categorizar, excluir, marginalizar y/o discriminar a quienes las tienen o a quienes han sido asociados con estos atributos o características. Así por ejemplo, las categorías de sexo, raza, color, origen nacional, posición económica, opiniones políticas, o cualquier otra condición o situación social, han sido consideradas como las principales categorías sospechosas incluidas en los tratados internacionales y en diversas Constituciones. Ahora bien, con el paso del tiempo, se ha incluido en la jurisprudencia y/o en las Constituciones otras categorías atendiendo a otras formas de discriminación detectadas. Así pues, por un lado, en atención al carácter evolutivo de la interpretación de los derechos humanos, la jurisprudencia convencional y constitucional ha incluido, por ejemplo, a la preferencia sexual como una categoría sospechosa. Por otro lado, diversas Constituciones han previsto expresamente nuevas formas de categorías sospechosas, tales como la edad, la discapacidad y el estado civil –o el estado marital–."
79. Precisado lo anterior, del sistema normativo exigido para que los ascendientes sean afiliados al citado servicio médico –en específico, el artículo 25, fracción VII y último párrafo, y el reglamento reclamado– se obtienen las siguientes distinciones:
Ver distinciones
80. En esa tesitura, este Tribunal Colegiado considera que las distinciones 1, 2, 4 y 5 se basan en las condiciones socioeconómicas de los ascendientes pretensos beneficiarios –como su posición económica, que forma parte de su condición social–, al exigir la comprobación de la dependencia económica con el asegurado, para lo cual se les exige que no cuenten con una afiliación vigente a una diversa institución de seguridad social, que no tengan actividad económica registrada ante el Servicio de Administración Tributaria y que no cuenten con inmuebles a su nombre en el Registro Público de la Propiedad.
81. Es decir, se trata de requisitos necesarios para acreditar la dependencia económica a través de un estudio socioeconómico, bajo la premisa de que aquellos que no estén afiliados a una diversa institución de seguridad social, no tengan actividad económica registrada ante el Servicio de Administración Tributaria y carezcan de propiedades a su nombre en el Registro Público de la Propiedad, dependen totalmente –desde un punto de vista económico– del trabajador derechohabiente.
82. De ahí que es válido encuadrar dichos requisitos dentro de una categoría de posición económica, como parte de la condición o situación social de los pretensos beneficiarios.
83. Mientras que, por otra parte, la distinción contenida en el numeral 3 tiene sustento en una condicionante en torno al estado civil del ascendiente pretenso beneficiario, al exigir la inexistencia de un matrimonio posterior al divorcio, en su caso, entre los ascendientes del asegurado.
84. En suma, las distinciones en cuestión tienen fundamento en las categorías sospechosas de condición socioeconómica y estado civil, respectivamente.
85. (iii) ¿A fin de analizar la regularidad constitucional de las normas generales reclamadas se debe emplear un test de proporcionalidad o uno de igualdad bajo un escrutinio estricto?
86. Tanto la Constitución como los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado Mexicano prevén la posibilidad de otorgar un trato desigual a quienes no se encuentran en una paridad frente a los otros sujetos, si dicho trato implica una distinción justificada; pero si, por el contrario, la medida adoptada carece de razonabilidad, entonces será excluyente y, por ende, discriminatoria. Esto es, si bien la igualdad de trato implica la eliminación de distinciones o exclusiones arbitrarias prohibidas por la Constitución, lo cierto es que determinadas distinciones pueden ser favorecedoras y encontrarse justificadas, como ocurre con las acciones positivas, que buscan dar preferencia a sectores históricamente marginados y vulnerables para compensar las desventajas que sufren.
87. Apoya lo anterior la tesis 1a. CCCLXXXIV/2014 (10a.),(19) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. NOTAS RELEVANTES QUE EL OPERADOR DE LA NORMA DEBE CONSIDERAR
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31216-db07501a/servicio-medico-asistencial-de-pensiones-civiles-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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