VÍA ORAL CIVIL. ES LA IDÓNEA CUANDO UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEMANDA EL PAGO DE UN PRÉSTAMO OTORGADO A UN ELEMENTO EN ACTIVO O PENSIONADO, AL CONSTITUIR UNA PRESTACIÓN DE CARÁCTER LABORAL CONSIGNADA EN EL TÍTULO DE CRÉDITO BASE DE LA ACCIÓN.
AMPARO DIRECTO 79/2021. 25 DE MAYO DE 2021. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO. SECRETARIA: ALEJANDRA JUÁREZ ZEPEDA.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—Estudio. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa resultan ineficaces para conceder la protección constitucional solicitada.
Resultan ineficaces los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, dado que basa los mismos en lo siguiente:
• Se trastocó el derecho fundamental de legalidad, pues aduce que la resolución reclamada carece de razonamientos lógico-jurídicos ante el ayuno de fundamentación y motivación que la sustente, ya que no existía impedimento legal para que se admitiera la demanda, por cumplir con los requisitos previstos en el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como en los numerales 1390 Bis 11 y 1390 Bis 12 del Código de Comercio.
• Se realizó una incorrecta aplicación de los artículos 75, fracción XXIV, 1093 y 1104, fracción II, del Código de Comercio; 24, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles; 168, tercer párrafo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 1, 2, fracción XI, 3 y 4 de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal.
• La responsable tenía la obligación de analizar todas y cada una de las constancias que integran el expediente para fijar de manera clara y realizar el análisis de las manifestaciones de una de las partes, que representa la pérdida de la imparcialidad y el consecuente estado de indefensión de la contraparte.
• Asimismo, destacó que el demandado a la fecha se encuentra jubilado.
• No se atendió a la naturaleza de la acción causal ejercida, acorde con lo señalado en el artículo 75, fracción XXIV, del Código de Comercio, en el que se catalogan como actos de comercio las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Resulta infundado el primero de los motivos de disenso, pues debe decirse que en el escrito de demanda el organismo promovente, aquí quejoso, demandó de **********, en la vía oral mercantil y en ejercicio de la acción causal, el pago de la cantidad de ********** (********** M.N.), consignada en el título de crédito base de la acción No. **********, así como el correspondiente a los intereses ordinarios y moratorios, y a los gastos y costas que origine el juicio.
El Juez de proceso oral desechó la referida demanda porque consideró que el cobro del adeudo por medio de la acción causal ejercida debía hacerse en la vía y forma correspondientes al negocio jurídico subyacente, esto es, respecto de un contrato de mutuo, pues el documento base constituye un préstamo efectuado entre particulares y, por tanto, el beneficiario del título de crédito no podía aprovecharse del reconocimiento de obligaciones ahí insertas, sino en las derivadas del negocio causal.
Asimismo, para determinar la vía, el Juez responsable estimó que el mencionado préstamo a corto plazo implica una relación de mutuo, de acuerdo con lo previsto por los artículos 2384(5) del Código Civil para el Distrito Federal y 3 de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal.(6)
Además, apoyó su determinación en los criterios: "TÍTULOS DE CRÉDITO. LA PRESENTACIÓN DEL TÍTULO SUSCRITO POR EL DEMANDADO, ADMINICULADO CON SU CONFESIÓN EN EL SENTIDO DE QUE LO SUSCRIBIÓ, Y LA NARRACIÓN DE LA RELACIÓN CAUSAL SUBYACENTE EN LA DEMANDA, DESPUÉS DE PRESCRITA LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA, SON INSUFICIENTES PARA PROBAR LA ACCIÓN CAUSAL.", "TÍTULOS DE CRÉDITO. LA PRESENTACIÓN DEL TÍTULO SUSCRITO POR EL DEMANDADO, ADMINICULADO CON SU CONFESIÓN EN EL SENTIDO DE QUE LO SUSCRIBIÓ, Y LA NARRACIÓN DE LA RELACIÓN CAUSAL SUBYACENTE EN LA DEMANDA, DESPUÉS DE PRESCRITA LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA, SON INSUFICIENTES PARA PROBAR LA ACCIÓN CAUSAL.", "ACCIÓN CAUSAL. LA REFERIDA EN EL ARTÍCULO 168 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, DEBE EJERCITARSE EN LA VÍA CIVIL Y EN LA FORMA QUE CORRESPONDA AL NEGOCIO JURÍDICO SUBYACENTE QUE DIO LUGAR A LA EMISIÓN DEL TÍTULO DE CRÉDITO (LEGISLACIÓN DEL ESTDO DE VERACRUZ).", "PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA.", "PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA." y "PROCEDENCIA DE LA VÍA. LA OBLIGACIÓN DE TRAMITAR LOS PROCEDIMIENTOS EN LA IDÓNEA, PARA EMITIR UNA SENTENCIA VÁLIDA, NO TRANSGREDE DERECHOS FUNDAMENTALES."
El contexto legal precedente y los criterios invocados, permiten calificar de infundada la aducida violación al derecho de legalidad, ya que el Juez responsable sustentó su decisión en las consideraciones que apoyan en su conjunto tales criterios y fundamentos, lo cual constituye el apoyo jurídico que la parte quejosa pretende controvertir en el concepto de violación.
Por tanto, carece de sustento la violación al derecho de legalidad alegada.
Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 268, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página mil doscientos cuarenta y uno, Tomo I, Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte-SCJN, Décima Tercera Sección-Fundamentación y motivación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, con número de registro digital: 1011560, que dice:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso."
Aunado a lo anterior, las consideraciones que sustentaron la resolución reclamada involucraron la relación entre la acción ejercida y el documento base de la acción, así como la naturaleza legal de éste, que de suyo, descarta la aplicación de lo establecido en el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sin que la parte quejosa precise razonamiento jurídico relativo a lo señalado por la autoridad responsable, ni a la aplicación de los numerales 1390 Bis 11 y 1390 Bis 12 del Código de Comercio para establecer la admisión de la demanda en la vía y forma precisadas en la demanda.
Por lo que se refiere a los restantes conceptos de violación, la parte quejosa sostiene que la resolución reclamada es ilegal; en principio, debe decirse que es inoperante su argumento sobre la incorrecta aplicación de los artículos 75, fracción XXIV, 1093 y 1104, fracción II, del Código de Comercio; 24, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles; 168, tercer párrafo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 1, 2, fracción XI, 3 y 4 de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal.
Lo anterior, porque la a quo no basó el desechamiento de la demanda en el contenido de los mencionados numerales, sino en la acción causal ejercida y en la naturaleza del documento base, en función de los cuales concluyó que carecía de competencia legal para conocer de la demanda.
De ahí su inoperancia, pues no se está en algún supuesto para suplir la deficiencia de la queja, conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo.
Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 1339, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página mil quinientos uno, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte-SCJN, Décima Primera Sección-Sentencias de amparo y sus efectos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, con número de registro digital: 1003218, de rubro y texto:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse."
Así como la tesis de jurisprudencia 501, consultable en la página cuatrocientos treinta y nueve, Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro digital: 913443, que es del tenor siguiente:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO NI SE ESTÁ EN ALGUNO DE LOS CASOS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTOS EN LA LEY. Si en un juicio de amparo en materia civil, el quejoso omite controvertir y, por lo mismo, demostrar, que las consideraciones medulares en que se sustenta el fallo reclamado son contrarias a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, sin que, por otra parte, se surta alguna de las hipótesis previstas por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente en favor del agraviado; los conceptos de violación resultan inoperantes y debe negarse la protección constitucional solicitada."
Por otra parte, es inoperante la manifestación que vierte en el sentido de que hubo incongruencia en la fijación de la litis y alega que se le dejó en estado de indefensión, ya que el acto reclamado lo constituye el desechamiento de la demanda, que implicó el estudio de ésta y de los documentos en que se fundó, lo cual aborda un supuesto distinto al que involucra la transgresión de que se trata, pues aún no se ha emplazado a juicio a su contraparte, ya que para ello se requería la admisión de la demanda que, en el caso, no aconteció.
Así, el hecho de que la promovente ********** demandara en la vía oral mercantil y en ejercicio de la acción causal del jubilado(7) ********** el pago de la cantidad de ********** (********** M.N.), consignada en el título de crédito base de la acción No. **********, así como el correspondiente a los intereses ordinarios y moratorios, es un indicativo de que ese adeudo constituye un préstamo que tiene el carácter de una prestación de carácter laboral, en tanto fue expedido por el organismo público descentralizado promovente en uso de sus facultades legales y reglamentarias y como beneficio para quienes prestan sus servicios, sus beneficiarios o pensionados de la mencionada institución, lo cual pone de manifiesto que se está en presencia de un préstamo otorgado en función del régimen de seguridad social al que tienen derecho.
Acto que no es de naturaleza comercial conforme a lo previsto en el artículo 75 del Código de Comercio, ni se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 1049 del citado ordenamiento legal, aunado a que las partes que en él intervienen no tienen la calidad de comerciantes; por tanto, atendiendo a las particularidades del caso, lo conducente era que la demanda se promoviera en la vía oral civil.
Lo anterior permite calificar de ineficaces los restantes argumentos relacionados con la acción causal ejercida, ante la subsistencia del desechamiento de la demanda, pero en razón de que la vía elegida por la parte promovente no es jurídicamente la adecuada.
En esas condiciones, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 103, fracción I y 107 fracciones I, II, III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 17, fracción III, 170, fracción I, 186, 188 y 189 de la Ley de Amparo; y, 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.—La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra el acto que reclamó del Juez Trigésimo Sexto de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, consistente en la resolución que puso fin al juicio, dictada el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno en el juicio oral mercantil **********.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Víctor Hugo Díaz Arellano, como presidente y Martha Gabriela Sánchez Alonso, así como el licenciado Rogelio Mario Sánchez Leos, secretario de tribunal en funciones de Magistrado, en virtud de la autorización otorgada en sesión celebrada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en términos de lo dispuesto por el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante oficio CCJ/ST/0210/2021, para desempeñar funciones de Magistrado hasta tanto la Comisión de Carrera Judicial lo determine o el Pleno del Consejo adscriba Magistrado que integre este órgano jurisdiccional; lo resolvió el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, siendo ponente la segunda de los nombrados en sesión ordinaria virtual celebrada el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, conforme a lo establecido en el Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el cual fue aprobado en sesión ordinaria de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, entrando en vigor al día siguiente de su aprobación y publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de marzo del presente año, mediante el cual se reforma el periodo de vigencia establecido en el artículo 1 del similar Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte, así como la circular SECNO/10/2021 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en la que se adoptó regresar al plan de contingencia previsto en los artículos 1, 2, 20, 21, 27 y primero transitorio del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y lo dispuesto en los artículos único, y primero transitorio, del diverso Acuerdo General 37/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el periodo de su vigencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de diciembre de dos mil veinte.
En términos de lo previsto en los artículos 3, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: Las tesis de jurisprudencia 268 y 1339 citadas en esta sentencia, también aparecen publicadas con las claves 1a./J. 139/2005 y 1a./J. 81/2002 en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXII, diciembre de 2005, página 162 y XVI, diciembre de 2002, página 61, con números de registro digital: 176546 y 185425, respectivamente.
________________
5. "Artículo 2384. El mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver a otro tanto de la misma especie y calidad."
6. "Artículo 3o. La Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal bajo su nueva denominación mantendrá su carácter de organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con el objeto de administrar y otorgar las prestaciones y servicios establecidos en la presente ley."
7. "Artículo 1o. La presente ley es de orden público e interés social, de observancia en el Distrito Federal y se aplicará:
"I. Al personal de línea que integra la Policía Preventiva del Distrito Federal, así como a los pensionistas y a los familiares derechohabientes de unos y otros, y
"II. A las unidades administrativas competentes conforme a esta ley, del Departamento del Distrito Federal.
"Se exceptúa de la aplicación de esta ley, al personal civil que preste sus servicios en la Policía Preventiva del Distrito Federal y esté comprendido dentro del régimen de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado."
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30183-a7e035af/via-oral-civil-es-la-idonea-cuando-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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