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Modo: Corpus Pro

MINISTERIO PUBLICO. ASEGURAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POR EL, EN LA AVERIGUACION PREVIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 95/95. · Registro digital (IUS): 3019
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE BIENES ASEGURADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTROS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Abril de 1995, , Pág. 90.

AMPARO EN REVISION 95/95. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE BIENES ASEGURADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTROS.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Resultan ineficaces los agravios expresados tanto por el Director General de Control de Bienes Asegurados de la Procuraduría General de la República, como por el Agente del Ministerio Público Federal encargado de la averiguación previa 4384/DGI/93, y por el Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, motivos de inconformidad que se analizarán conjuntamente por ser coincidentes en su sentido.

En efecto, en primer término debe decirse que en los juicios de amparo, tanto las autoridades responsables, como los terceros perjudicados, no pueden alegar como motivo de agravio, que el juez de Distrito al conceder el amparo solicitado por el quejoso, viole las garantías de seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República en perjuicio de los informantes, en virtud de que los jueces de Distrito, como órganos controladores de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen por función tutelar las garantías individuales de los gobernados, y específicamente, al resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, proceden en términos de la Ley de Amparo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, supletoriamente, de acuerdo al Código Federal de Procedimientos Civiles, por tanto, son éstos los ordenamientos legales que, en su caso, puede infringir el juez de Distrito al fallar en un juicio de garantías.

Por otra parte, alegan los Agentes del Ministerio Público Federal inconformes, que el aseguramiento decretado no resultó violatorio de las garantías individuales de la impetrante, y al efecto citan las tesis de jurisprudencia siguientes P.XI/93 "ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES PRODUCTO DEL DELITO, MEDIDAS PARA EL. SU OBJETO, ENTRE OTROS, CONSISTE EN GARANTIZAR LA EVENTUAL APLICACION DE LA PENA DEL DECOMISO" y P.X/93 "ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES PRODUCTO DEL DELITO POR EL MINISTERIO PUBLICO. EL ARTICULO 40 DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DEL FUERO COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DEL FUERO FEDERAL, Y LOS ARTICULOS 123 Y 181 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE LO ESTABLECEN, NO VIOLAN EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL", tesis que aparecen en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 61 del mes de enero de mil novecientos noventa y tres.

Ahora bien, este Tribunal Colegiado estima que las referidas tesis no tienen aplicación al caso concreto, pues contrariamente a lo que alegan las recurrentes que las citan, fue correcto que el juez de Distrito haya concedido el amparo y protección de la justicia federal solicitado por la quejosa respecto al acto reclamado consistente en el aseguramiento que el Representante Social encargado de la averiguación previa 4384/93, llevó a cabo sobre el inmueble identificado como el lote número quince de la manzana diez de la primera sección del fraccionamiento "La Floresta", ubicado en la ciudad de Tijuana, Baja California, así como el mobiliario que lo conforma, toda vez que, en principio, del análisis de las tesis de jurisprudencia que citan las recurrentes, se advierte que parten de la premisa fundamental de que las medidas de aseguramiento se realicen sobre bienes del indiciado, motivo por el cual no resultan aplicables al presente juicio de garantías, pues como se ha visto, el predio asegurado es propiedad de una persona que no tiene la calidad de inculpada y por ende, es extraña a la averiguación previa 4384/93, y asimismo, debe decirse que si bien es cierto que el artículo 40 del Código Penal Federal autoriza el decomiso de los instrumentos del delito, así como las cosas que sean objeto o producto de él, y también señala que las autoridades competentes procederán al inmediato aseguramiento de los bienes que "podrían" ser materia del decomiso durante la averiguación previa o en el proceso, también lo es que, aun como lo alega la Representación Social Federal inconforme, en la averiguación previa sí puede llevar a cabo el aseguramiento de aquellos bienes, sin embargo, para que ello sea factible es necesario que el bien objeto del aseguramiento sea instrumento, objeto del delito o producto de él, sin que en el caso se encuentre acreditada alguna de esas circunstancias, tal y como acertadamente lo concluyó el juez de Distrito, en virtud de que lo único que se desprende del acuerdo de aseguramiento decretado dentro de la averiguación previa 4384/DGI/93, es que dicha averiguación previa se instruye en contra de los hermanos Arellano Félix y que éstos presumiblemente pudieron haberse escondido en alguno de los domicilios cuyo cateo fue autorizado por el Juez Cuarto de Distrito, o que en los mismos se encontraran armas o drogas, luego, no siendo el inmueble motivo del acto reclamado propiedad de las personas contra las que se instruye la citada averiguación, como lo dijo el a quo, el aseguramiento reclamado resulta inconstitucional, puesto que del contenido del testimonio de la escritura pública número once mil trescientos cuarenta y ocho de fecha veintiséis de agosto de mil novecientos setenta y ocho, otorgada ante el Notario Número Seis de esta ciudad, relativa a la compraventa de mutuo con interés y constitución de garantía hipotecaria que celebran como vendedora Inmuebles y Fraccionamientos de Tijuana, S.A., y por otra parte como acreedor Banco Nacional de México, S.A., y como compradores y deudores Miguel Raúl Reyes Velázquez y María de los Angeles Marines de Reyes, así como de la diversa escritura treinta y seis mil cinco de veintiuno de enero de mil novecientos noventa y uno, referente a la cancelación de hipoteca que hacen los señores Juan Urías López y José Enrique Zamora Cota, en representación de Banco Nacional de México, S.N.C., a favor de los hoy promoventes, se desprende que éstos realizaron la compraventa del inmueble identificado como el lote quince de la manzana diez, del fraccionamiento "La Floresta" de esta ciudad, con superficie de 216.80 metros cuadrados, documento que quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta localidad, bajo partida 796, a fojas 56-57, Tomo VI, sección civil en fecha dos de noviembre de mil novecientos setenta y ocho.

Del análisis de la anterior documental, resulta válido concluir como ya se dijo, que fue correcto por el a quo tener por acreditado que dicho inmueble es propiedad de los promoventes del juicio de garantías, y que además, al practicarse el cateo dentro del inmueble mencionado, no se encontró a las personas que buscaban o algún otro objeto (armas o droga) que se señalaban en la citada orden de cateo, luego, es evidente que no se demostró que los quejosos y el inmueble tuvieran relación con los ilícitos que se atribuyen a los hermanos Arellano Félix, puesto que el Ministerio Público no rindió prueba de su aseveración en ese sentido y aun cuando en el acuerdo de aseguramiento la Fiscalía responsable menciona que la de nombre Emma Valenzuela Peña de Rhyder, externó que el inmueble antes precisado lo adquirió, mediante contrato de compraventa con mutuo con interés y garantía hipotecaria, celebrado con Joaquín Santana Santana, en representación de Inmuebles y Fraccionamientos de Tijuana, S. A., y que al parecer dicha empresa pertenece a los hermanos Arellano Félix, sin embargo, tal manifestación no es suficiente por sí misma para probar lo en ella afirmado, así como tampoco prueba que el referido bien se haya adquirido por sus propietarios con dinero producto de actividades de narcotráfico de los indiciados Arellano Félix.

De igual forma y como correctamente lo resolvió el juez de Distrito la circunstancia de que el contrato de compraventa del inmueble propiedad de los peticionarios de garantías, se haya celebrado con Joaquín Santana Santana en representación de Inmobiliaria y Fraccionamientos de Tijuana, S.A., en su carácter de apoderado general, según se advierte de la escritura pública once mil trescientos cuarenta y ocho de fecha veintiséis de agosto de mil novecientos setenta y ocho, tal relación contractual no determina que exista vinculación alguna entre los quejosos y los hermanos Arellano Félix, toda vez que ese nexo tampoco se encuentra evidenciado en las constancias que integran el acuerdo de aseguramiento, o bien que exista relación alguna entre los amparistas y Joaquín Santana Santana, quien fue representante de la inmobiliaria multicitada, en razón de que dicha persona no se menciona entre quienes se citaron como prestanombres; y se insiste, sin que se desprenda del contenido del acuerdo de veintidós de septiembre del presente año, que los promoventes tengan el carácter de indiciados dentro de la averiguación previa 4384/DGI/93, ni que en los hechos delictivos que dieron origen al aseguramiento hayan tenido participación, o que exista señalamiento alguno en su contra por parte de las personas involucradas en los mismos, por lo que, debe decirse que no les asiste la razón a los inconformes al sostener que quedó acreditado que el inmueble asegurado era producto de las actividades de narcotráfico de los Arellano Félix, en virtud de que para arribar a tal conclusión el Fiscal Federal parte de testimonios consistentes en informes de la Policía Judicial Federal en donde se asienta, que la de nombre Emma Valenzuela Peña de Rhyder, externó que el inmueble antes precisado lo adquirió, mediante contrato de compraventa con mutuo con interés y garantía hipotecaria, celebrado con Joaquín Santana Santana, en representación de Inmuebles y Fraccionamientos de Tijuana, S.A., que al parecer dicha empresa pertenece a los hermanos Arellano Félix, testimonios que, como correctamente señaló el a quo, no merecen siquiera valor indiciario, por ser sus emisores meros testigos de oídas, luego, ello proyecta lo correcto de la resolución del juez de Distrito, pues el aseguramiento de un bien, sea mueble o inmueble por parte del Ministerio Público no puede apoyarse exclusivamente en especulaciones y en base a ellas querer construir pruebas presuncionales, que, se insiste, legalmente no constituyen siquiera indicios, así las cosas, el agravio en estudio resulta infundado.

En este orden de ideas, ante la ineficacia de los agravios analizados procede confirmar la resolución recurrida en su parte conducente, y deberá concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos Miguel Raúl Reyes Velázquez y María de los Angeles Marines de Reyes.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 107 fracción VIII in fine de la Constitución General de la República, 83, 85, 89, 90 y 91 de la Ley de Amparo, así como el artículo 44 del Capítulo IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO. Se confirma la resolución recurrida en su parte conducente.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Miguel Raúl Reyes Velázquez y María de los Angeles Marines de Reyes, en contra de los actos que reclamaron de las autoridades mencionadas en el resultando primero de esta sentencia, como lo son el Director General de Control de Bienes Asegurados de la Procuraduría General de la República y Agentes del Ministerio Público Federal, o bien la persona que al momento de requerirse el cumplimiento de esta sentencia de amparo, conozca de dicha averiguación; asimismo, respecto de los actos reclamados al Delegado del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la ciudad de Tijuana, Baja California; actos que quedaron precisados en el resultando primero de este fallo.

Notifíquese, publíquese y anótese en el Libro de Registro, con testimonio de esta sentencia, vuelvan los autos al lugar de su procedencia y en su oportunidad archívese este expediente.

ASI, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados licenciados Pedro Fernando Reyes Colín, Miguel Angel Morales Hernández y Raúl Molina Torres, siendo ponente el primero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3019-c5caf2c0/ministerio-publico-aseguramiento-de-bienes-inmuebles-por-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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