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Modo: Corpus Pro

JUBILACIÓN. AL TRATARSE DE UN DERECHO DE SEGURIDAD SOCIAL, SU RECLAMO, COMO PRESTACIÓN PRINCIPAL, DEBE TRAMITARSE EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL –CONFLICTOS DE SEGURIDAD SOCIAL– [ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS AISLADA VIII.1o.C.T.3 L (10a.)].

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 612/2020. · Registro digital (IUS): 30197
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2021-11-05
Promovente: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo IV , Pág. 3204.

AMPARO DIRECTO 612/2020. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 22 DE ABRIL DE 2021. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARIO ISRAEL PÉREZ HERRERA, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO. SECRETARIO: MARIO FELIPE SÁNCHEZ MORENO.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—Solución del caso.

Por razón de método se analiza el primer concepto de violación de la parte quejosa, en el cual aduce una violación a las formalidades esenciales del procedimiento y a la seguridad jurídica, pues afirma que, indebidamente, el procedimiento laboral del cual deriva el laudo reclamado, se desahogó y llevó de conformidad con lo señalado en los artículos 892 a 899 de la Ley Federal del Trabajo, siendo que lo correcto, atendiendo a la litis planteada en el escrito inicial de demanda, no encuadra en el supuesto de un procedimiento especial, sino en lo estipulado en el procedimiento ordinario, en términos de los numerales 870 a 872 de la referida ley, pues se reclaman prestaciones económicas que exceden de tres meses de salario.

Lo anterior deviene infundado.

A efecto de corroborar ello, se estima pertinente tener en cuenta lo que determinan los artículos 870, 892 y 899-A de la Ley Federal del Trabajo, que disponen:

"Artículo 870. Las disposiciones de este capítulo rigen la tramitación y resolución de los conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica que no tengan una tramitación especial en esta ley."

"Artículo 892. Las disposiciones de este capítulo rigen la tramitación de los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de los artículos 5o. fracción III; 28, fracción III; 151; 153, fracción X; 158; 162; 204, fracción IX; 209, fracción V; 210; 236, fracciones II y III; 389; 418; 425, fracción IV; 427, fracciones I, II y VI; 434, fracciones I, III y V; 439; 503 y 505 de esta ley y los conflictos que tengan por objeto el cobro de prestaciones que no excedan del importe de tres meses de salarios."

"Artículo 899-A. Los conflictos individuales de seguridad social son los que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de aquellas que conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deban cubrir el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las Administradoras de Fondos para el Retiro, así como las que resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos-ley que contengan beneficios en materia de seguridad social."

De las disposiciones legales transcritas se aprecia que los conflictos individuales que no tengan una tramitación especial deben ser incoados conforme a las reglas del juicio ordinario, y en la vía especial se tramitan las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de los artículos 5o., fracción III, 28, fracción III, 151, 153, fracción X, 162, 204, fracción IX, 209, fracción V, 210, 236, fracciones II y III, 389, 418, 425, fracción IV, 427, fracciones I, II y VI, 434, fracciones I, III y IV, 439, 503 y 505 de la legislación laboral, así como los conflictos que tengan por objeto el cobro de prestaciones que no excedan el importe de tres meses de salario.

Asimismo, dentro de los procedimientos especiales se destacan los conflictos individuales de seguridad social, los cuales tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, así como las que resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos-ley que contengan beneficios en materia de seguridad social. Bajo ese esquema, resulta factible establecer que para que un conflicto sea de tramitación especial, en términos de lo establecido en el artículo 892 de la citada ley laboral, es menester que se actualicen las hipótesis establecidas en ese numeral, o bien, que las prestaciones reclamadas tengan por objeto el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, así como las que resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos-ley que contengan beneficios en materia de seguridad social, pues cuando lo reclamado no se encuentra dentro de alguno de los supuestos referidos, el procedimiento a seguir para la tramitación del conflicto es, precisamente, el juicio ordinario, previsto en el diverso artículo 870.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, del análisis integral de la demanda natural se aprecia que el actor, ahora tercero interesado, reclamó de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el reconocimiento de su antigüedad genérica, a partir del veintiséis de febrero de mil novecientos noventa, y el otorgamiento y pago de una pensión jubilatoria en términos de la cláusula 69, fracción I, del Contrato Colectivo de Trabajo Único CFE-SUTERM, bienio 2014-2016, así como el pago de la prima de antigüedad, ayuda para despensa, aguinaldo y servicio médico, como parte de la jubilación, así como el pago retroactivo de las pensiones jubilatorias.

Conforme a lo hasta aquí expuesto, se obtiene que el actor en el juicio laboral reclamó prestaciones que se encuentran previstas en el procedimiento especial, como el reconocimiento de antigüedad y el otorgamiento de una pensión jubilatoria prevista en un contrato colectivo de trabajo.

Cobra aplicación a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 89/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, junio de 2011, página 183, con número de registro digital: 161916, que dispone lo siguiente:

"ANTIGÜEDAD GENÉRICA Y DE CATEGORÍA. LOS CONFLICTOS EN LOS QUE SE RECLAME SU RECONOCIMIENTO SE RIGEN POR EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 892 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Los conflictos en los que se reclame el reconocimiento de la antigüedad genérica y la de categoría, deben tramitarse según lo previsto en el capítulo XVIII de la Ley Federal del Trabajo, que establece las disposiciones a las que deben ajustarse los procedimientos especiales ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, conforme a su artículo 892, toda vez que éste no distingue y, por el contrario, establece explícitamente los supuestos de procedencia de la aludida vía, señalando al efecto únicamente el artículo 158 del mismo ordenamiento, por lo que necesariamente debe entenderse referido a cualquier clase de reconocimiento de antigüedad, máxime que establece como supuesto para su tramitación todos aquellos conflictos que tengan por objeto el cobro de prestaciones que no excedan de 3 meses de salario y, en este caso, el reconocimiento de antigüedad no representa pretensión pecuniaria alguna."

Así como la tesis de jurisprudencia VII.2o.T. J/65 L (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, que se comparte, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 77, Tomo VI, agosto de 2020, página 5891, con número de registro digital: 2021904, de título, subtítulo y texto siguientes:

"PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SEGURIDAD SOCIAL. DEBE SUSTANCIARSE PARA RESOLVER LAS DEMANDAS EN LAS QUE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS RECLAMEN EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO PREVISTA EN LA CLÁUSULA 128 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO APLICABLE, INCLUSO CUANDO EXIJAN EL PAGO DE DIVERSAS PRESTACIONES ACCESORIAS, INDEPENDIENTEMENTE DE SU MONTO (INTERPRETACIÓN DE LA PARTE FINAL DEL ARTÍCULO 892 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO). Conforme al artículo 892 de la Ley Federal del Trabajo, los procedimientos especiales son sumarios y tienen por objeto resolver los conflictos que requieren una mayor celeridad, por lo que las prestaciones de seguridad social previstas tanto en la Ley Federal del Trabajo, como en la Ley del Seguro Social, tratándose de los trabajadores sindicalizados al servicio de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, se cubren directamente por las empresas patronales, en términos del contrato colectivo de trabajo, como sucede cuando se demanda el pago de indemnizaciones derivadas de un riesgo de trabajo, que produce algún padecimiento del orden profesional, las cuales deben ser objeto de reclamo ante el tribunal laboral mediante la sustanciación del procedimiento especial de seguridad social (regulado en los artículos 892 a 899-A de la ley citada). Esto es, el trámite del pago de la indemnización prevista en la cláusula 128 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, al versar sobre un reclamo de seguridad social, debe sustanciarse a través del procedimiento especial referido, aun cuando, además, se demande el cobro de diversas prestaciones económicas, independientemente de su monto, pues ello no se ubica en la hipótesis de la parte final del referido artículo 892, que establece que a través de esa instancia se tramitarán todos los conflictos que tengan por objeto el cobro de prestaciones que no excedan el importe de tres meses de salario, ya que este supuesto de excepción (cuyo monto de las prestaciones no exceda de tres meses de salario), precedido de la conjunción copulativa ‘y’, debe interpretarse en el sentido de que el procedimiento especial debe seguirse también cuando se reclamen únicamente prestaciones que no excedan a ese importe; circunstancia distinta a las establecidas en la primera parte del citado precepto, de manera que si se demanda la indemnización consistente en 1,670 días de salario ordinario, como consecuencia de un riesgo de trabajo y el pago de otras prestaciones económicas accesorias, independientemente de su monto (que no deben entenderse como autónomas), el procedimiento a seguirse para exigir su pago es el especial."

Por tanto, si la Junta responsable tramitó el juicio laboral conforme a las reglas previstas en el procedimiento especial contemplado en el artículo 892 de la Ley Federal del Trabajo, fue correcto su proceder, aun cuando se realizó el reclamó de prestaciones económicas que exceden de tres meses de salario, pues en el caso, las prestaciones que exceden de ese importe derivan del reclamó de las prestaciones en dinero de un contrato colectivo de trabajo que contiene beneficios en materia de seguridad social.

Sin que pase inadvertido para quienes resuelven, la tesis aislada VIII.1o.C.T.3 L (10a.), sustentada por este Tribunal Colegiado de Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Tomo IV, junio de 2018, página 3079, con número de registro digital: 2017172, que a la letra dispone:

"JUBILACIÓN. AL NO TRATARSE DE UN BENEFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL, SU RECLAMO, COMO PRESTACIÓN PRINCIPAL, DEBE TRAMITARSE EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO. El otorgamiento del derecho a la jubilación no deriva de los seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, ni de los que, conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deban cubrir este instituto y las Administradoras de Fondos para el Retiro, de modo que su reclamo debe tramitarse en el procedimiento ordinario, en términos del artículo 870 de la Ley Federal del Trabajo, al no tratarse de un beneficio en materia de seguridad social de los previstos en los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 899-A de la Ley Federal del Trabajo."

Sin embargo, la actual integración de este órgano colegiado, con fundamento en los artículos 228 y 229 de la Ley de Amparo, se aparta del criterio sostenido en dicha tesis, donde sin analizarse el marco jurídico aplicable al caso, tanto nacional, como internacional, se llegó a la conclusión de que la jubilación no se trata de un beneficio de seguridad social.

Aun cuando en la referida tesis se hace alusión al artículo 899-A de la Ley Federal del Trabajo, el cual precisamente prevé que los conflictos individuales de seguridad social, en relación con el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, cuyo origen son los seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, cuya administración corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como las prestaciones referidas que, conforme a la Ley del Seguro Social y a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deban cubrir al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).

Sin embargo, no se destacó ni se analizó que tanto en dicho artículo, como en el 899-B, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, se prevén como un conflicto de seguridad social, las prestaciones que resulten en virtud de los contratos colectivos de trabajo o contratos-ley, donde se contengan esa clase de beneficios.

Además, no obstante lo anterior, tampoco se tomó en consideración que la jubilación está reconocida como un derecho de seguridad social por el "Protocolo de San Salvador", ratificado por el Estado Mexicano el diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, el cual dispone:

"Artículo 9.

"Derecho a la Seguridad Social

"1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.

"2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto." (lo destacado es propio)

Asimismo, debe destacarse que la propia Constitución General, en su artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a) precisa, de manera clara y rotunda, lo relativo a la seguridad social, su forma de organización y las bases o aspectos mínimos que debe comprender, en cuyo caso se contempla como elemento a cubrir la jubilación, en términos amplios y no limitativamente.

Aunado a lo anterior, quienes ahora resuelven advierten que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la pensión por jubilación como una prestación de seguridad social, tal y como se advierte de los criterios que a continuación se citan:

Tesis aislada P. XXXVI/2013 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, página 63, con número de registro digital: 2004106, que a la letra dispone:

"SEGURIDAD SOCIAL. LAS JUBILACIONES, PENSIONES U OTRAS FORMAS DE RETIRO GOZAN DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS DEL SALARIO CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADOS A, FRACCIÓN VIII Y B, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto, ubicado en el título sexto ‘Del Trabajo y de la Previsión Social’, contiene los derechos de los trabajadores del sector privado (apartado A) y del sector público (apartado B), y sus medidas de protección, en particular, las atinentes al salario (mínimo y en general), con la finalidad de que el trabajador reciba una cantidad que asegure sus necesidades y las de su familia, sin atentar contra su dignidad, decoro y libertad humanas; asimismo, en dichos apartados se establecen las bases mínimas de la seguridad social para los trabajadores a través de diversos seguros, entre ellos, los que dan lugar al pago de las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro. Ahora, si bien sobre estos últimos conceptos la Norma Suprema no prevé medidas concretas de protección, lo cierto es que también gozan de aquellas establecidas para el salario que les resulten aplicables, específicamente las contenidas en el artículo 123, apartados A, fracción VIII y B, fracción VI, de la Constitución General de la República, en tanto que los ingresos respectivos son asimilables al ser producto del trabajo, aun cuando el salario es percibido durante la vida activa del trabajador, y las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro derivadas de la seguridad social se obtienen cuando el prestador del servicio por su edad, número de años trabajados o alguna otra circunstancia como la enfermedad o la invalidez, adquiere el derecho a percibirlas. Además, si dichas prestaciones de seguridad social sustituyen al salario cuando el trabajador ya no está laboralmente activo, y los ingresos derivados de todos esos conceptos tienen por objeto satisfacer sus necesidades y las de su familia, por igualdad de razón –en tanto se trata de la protección de los derechos adquiridos por el trabajador, quien posee también el derecho al mínimo vital inherente a todo ser humano–, las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro deben resguardarse en términos del precepto señalado, esto es, por ser equivalentes en cuanto a su naturaleza al salario mínimo, deben exceptuarse de embargo, compensación o descuento (artículo 123, apartado A, fracción VIII), y no pueden ser objeto de retenciones, descuentos, deducciones o embargos no previstos en la ley (artículo 123, apartado B, fracción VI)."

Tesis de jurisprudencia 2a./J. 107/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, con número de registro digital: 172196, cuyos rubro y texto establecen:

"JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PARA QUE RECLAMEN EL PAGO ANUAL ASIGNADO POR DECRETOS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2000 Y 2001 ESTÁ SUJETO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. En los citados Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de los años 1999 y 2000, se asignó determinada cantidad para el ‘Ramo General 19 Aportaciones a Seguridad Social’, para incrementar el monto mínimo de las pensiones y jubilaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, y otorgar un pago único a favor de sus jubilados y pensionados, así como a sus beneficiarios, respectivamente. Ahora bien, el ejercicio de la acción para reclamar el pago de las cantidades que correspondan a esos conceptos queda sujeto al término prescriptivo de un año contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, en términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, porque no obstante que tienen el carácter de prestaciones de seguridad social por estar dentro de ese rubro, dichos conceptos no se encuentran dentro de los supuestos previstos en el artículo 279 de la anterior Ley del Seguro Social ni del correlativo 300 de la citada Ley vigente."

Tesis de jurisprudencia 2a./J. 70/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, julio de 2005, página 483, con número de registro digital: 177799, cuyo contenido a letra señala:

"SEGURO SOCIAL. LA COMPETENCIA DELEGADA PARA CONOCER DE LA REVISIÓN (DERIVADA DEL AMPARO EN QUE SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 277 D Y 286 K DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE AGOSTO DE 2004), SE SURTE A FAVOR DE UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. El citado precepto transitorio se refiere, en su parte final, a la eventual aportación del Instituto Mexicano del Seguro Social de las sumas que correspondan de su presupuesto, con cargo a las cuotas de seguridad social, contribuciones y aportaciones que conforme a la ley que lo regula deba recaudar y recibir, al Régimen de Jubilaciones y Pensiones de sus trabajadores que ostenten la calidad de trabajador, jubilado o pensionado del propio instituto, hasta antes de la entrada en vigor del decreto señalado. Ahora bien, si en un juicio de amparo indirecto se impugna su inconstitucionalidad, la competencia para conocer del recurso de revisión se surte a favor de un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, por ser de esa naturaleza el precepto mencionado, pues con ello no se afecta o modifica el régimen de seguridad social, sino su presupuesto. Lo anterior sin perjuicio de que, llegado el caso, deje a salvo la jurisdicción originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por darse alguno de los supuestos que establece el acuerdo 5/2001, del Tribunal Pleno de 21 de junio de 2001."

Criterio similar ha sostenido este Tribunal Colegiado de Circuito en cuatro ejecutorias que anteceden, relativas a los juicios de amparo directo 317/2020, 365/2020, 593/2020 y 656/2020, resueltos en sesiones de fecha cuatro de marzo las dos primeras, y ocho y quince de abril de dos mil veintiuno las otras dos, respectivamente, por lo que, en el caso, ésta resulta ser la quinta ejecutoria con la que se integra jurisprudencia, de conformidad con los artículos 222, 223 y 224 de la Ley de Amparo.

Por otro lado, la parte quejosa, en la primera parte del sexto concepto de violación, en relación con la cláusula 69 del contrato colectivo de trabajo, sostiene que la responsable inobservó el artículo 31 de la Ley Federal del Trabajo, así como los criterios y precedentes ya pronunciados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a dicho tópico, ya que resolvió que procedía conceder al actor la aplicación de dicha cláusula en relación con lo dispuesto respecto del personal femenino, es decir, concedió la pensión jubilatoria reclamada con veinticinco años de servicios, sin límite de edad. Se cita la cláusula en lo que interesa:

"Cualquier trabajador, por conducto del SUTERM, podrá solicitar y obtener su jubilación con el 100% del salario del puesto de que sean titulares, siempre y cuando haya cumplido 25 años de servicios y 55 años de edad, o 30 años de servicios sin límite de edad; las mujeres con 25 años de servicios sin límite de edad;"

Para resolver el tópico planteado, es necesario tomar en cuenta que en la demanda del juicio de origen el trabajador aduce, en lo que interesa (foja 5 a 7), que la patronal se ha negado a reconocerle su antigüedad genérica, respecto del periodo del veintiséis de febrero de mil novecientos noventa al treinta de enero de mil novecientos noventa (sic), en el que se desempeñó como técnico superior adscrito a la Central de Ciclo Combinado de la Comisión Federal de Electricidad; que conforme a dicho plazo, le resulta procedente el otorgamiento de su jubilación con el 100% de su salario diario integrado, toda vez que cubre la totalidad de las exigencias contractuales establecidas para ese efecto, desde el veintiséis de febrero de dos mil quince.

En ese sentido, arguye que la cláusula de mérito establece los requisitos para la jubilación respecto de hombres y mujeres, y que le resulta aplicable a pesar de su carácter de hombre, pues debe respetarse la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, pues de lo contrario se contraviene el derecho humano a la igualdad reconocido constitucionalmente, así como el principio pro persona.

Debe precisarse que la demandada, aquí quejosa, en su contestación manifestó la razón por la que el actor, aquí tercero interesado, no tenía derecho a solicitar la jubilación atendiendo a la cuestión de género; al respecto, señaló que el contrato colectivo de trabajo único no es violatorio de la Ley Federal de Trabajo ni de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que atiende a la cosa juzgada, pues dicho contrato deriva del acuerdo de voluntades vinculadas a relaciones jurídicas de coordinación y menciona, en lo que interesa: (foja 573 del juicio original)

"Lo anteriormente expuesto tiene relación directa con la regla general que regula la procedencia del juicio laboral de donde emanó la presente controversia laboral, por lo que el señalamiento de discriminación por razón de género planteado, no forma parte de la conducta y funciones normativas con las que se determinó la existencia de la Comisión Federal de Electricidad, ni el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana."

En consecuencia, en el laudo de dieciocho de marzo de dos mil veinte (fojas 726 a 730 del juicio de origen), la Junta utilizó la metodología jurídica para determinar si existía un trato normativo diferenciado, como lo argumentaba el trabajador, e hizo hincapié de que en caso de no aplicar la cláusula 69 del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM, bienio 2014-2016, en su favor, sería darle un tratamiento distinto por razón de género en perjuicio del accionante, por lo que en consideración de la Junta, en la especie, es un trato evidentemente diferenciado, siendo que se refiere a personal de la misma empleadora que, independientemente de sus diferencias de género, deberían gozar del mismo trato normativo para los efectos del reconocimiento del derecho a la jubilación.

Así, en relación con lo anterior, determinó que la aplicación de dicha cláusula 69 del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM, bienio 2014-2016, que establece el supuesto de requerir veinticinco años de servicios sin límite de edad a las mujeres para el otorgamiento del beneficio de la jubilación, debería aplicarse al trabajador accionante, para efectos de evitar un tratamiento deficientemente diferenciado en su perjuicio, con respecto a su pretensión jubilatoria deducida en juicio.

Finalmente, en sus motivos de disenso, la quejosa agrega que el trabajador no cumple con los requisitos de edad y tiempo de servicios, ya que la Junta no tomó en cuenta lo resuelto en la contradicción de tesis 128/2019, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 140/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo anterior deviene fundado, toda vez que como lo sostiene la quejosa, también en el amparo directo en revisión 7027/2018, la Segunda Sala del Más Alto Tribunal, se pronunció sobre la cuestión de género que deriva de la cláusula 69 de los contratos colectivos de trabajo de la Comisión Federal de Electricidad, bienios 2014-2016 y 2016-2018, de la cual se determinó que no toda desigualdad de trato implica transgresión a la garantía de igualdad, sino sólo cuando se realiza frente a situaciones que pueden considerarse iguales y que carecen de una justificación objetiva y razonable para su diferencia, de conformidad con criterios o juicios de valor generalmente aceptados.

Explica que para que la diferenciación resulte constitucionalmente válida, no basta con que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es indispensable, además, que las consecuencias jurídicas que resultan de tal disposición sean adecuadas a dicho fin, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional.

Además, indicó que cuando las cláusulas de un contrato colectivo de trabajo no reúnan las características de una norma general, ello no implica que su contenido escape al control de constitucionalidad, pues los pactos colectivos se otorgan en términos de la libertad y autonomía sindical y no significa que las partes, al establecer las condiciones de trabajo, puedan apartarse de los derechos fundamentales que protege la Constitución General e, incluso, los tratados internacionales, en especial los referidos a la materia laboral.

A su vez, concluyó que de la cláusula relativa al bienio 2014-2016, destaca que se evidencia una diferenciación de trato entre hombres y mujeres, respecto de la edad requerida para tener derecho a la pensión por jubilación, en relación con los mismos años de servicios, pues para las trabajadoras se requiere de veinticinco años de servicios sin exigencia de edad, y para los trabajadores puede ser que tengan veinticinco años de servicios y cincuenta y cinco años de edad, o bien, treinta años de servicio sin límite de edad.

Por tanto, estimó que la cláusula en comento sí establece un trato diferenciado para acceder a la jubilación en razón de género, dado que realiza una distinción entre hombres y mujeres frente a supuestos de hecho equivalentes; sin embargo, la Sala confirma que dicha cláusula atiende a un fin constitucionalmente válido, dado que el otorgamiento de una pensión jubilatoria sin límite de edad a las mujeres trabajadoras que cumplan con veinticinco años de servicios, no constituye una restricción para el otorgamiento de dicha prestación, sino un reconocimiento a la función que la mujer desempeña dentro de nuestra sociedad.

En ese contexto, la Sala también precisó que las circunstancias sociales y familiares que han rodeado a las mujeres en el transcurso de los años han llevado a implementar diversas medidas, tanto contractuales como legislativas, a fin de lograr un mayor equilibrio entre hombres y mujeres en el desarrollo de las actividades laborales (acciones afirmativas).

Por lo que la Sala resolvió que dicha distinción no representa un acto que atente contra los principios fundamentales de igualdad y no discriminación protegidos por nuestra Carta Magna, sino un reconocimiento a las mujeres con motivo de su participación en el desarrollo general de nuestra sociedad, así como en los diversos ámbitos

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30197-0b2d38f4/jubilacion-al-tratarse-de-un-derecho-de-seguridad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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