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Modo: Corpus Pro

PRESCRIPCIÓN. PARA SU ACTUALIZACIÓN NO DEBE COMPUTARSE EL TIEMPO QUE MEDIÓ EN LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO QUE CONCLUYÓ CON LA IMPROCEDENCIA DE LA VÍA Y DEJÓ A SALVO LOS DERECHOS DE LA PARTE ACTORA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 25/2020. · Registro digital (IUS): 30242
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-11-26
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II , Pág. 1314.

AMPARO DIRECTO 25/2020. 13 DE OCTUBRE DE 2021. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS Y PAÚL FRANCISCO GONZÁLEZ DE LA TORRE.

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día trece de octubre de dos mil veintiuno, emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la cual se resuelve el amparo directo 25/2020, promovido por **********, en contra de la resolución que el siete de diciembre de dos mil dieciocho emitió la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el recurso de apelación **********.

I. Antecedentes

1. Hechos. La empresa ********** celebró un contrato con el **********, por conducto del síndico municipal y del secretario de Administración, para la prestación de servicios médicos a los empleados del Ayuntamiento.(1)

2. Los servicios prestados comprendieron una variada gama de actos y actividades; entre otros, atención médica de primer, segundo y tercer nivel, servicios médicos dentales, práctica de estudios de laboratorio, sesiones de quimioterapia, gastos hospitalarios, costo de ambulancia y traslado a hospital, cirugías oncológicas y oculares, exámenes toxicológicos, servicios de enfermería y estudios de gabinete.

3. La descripción general y el importe causado por los servicios médicos prestados en el marco del contrato de origen fue documentado en ciento veintinueve facturas expedidas por ********** en favor del **********.

4. Conforme a la primera y última facturas expedidas, la prestación de los servicios médicos se realizó en el periodo comprendido entre el veintisiete de agosto de dos mil diez y el quince de enero de dos mil trece, los cuales generaron un importe global de $********** (**********).(2)

5. El **********, realizó una serie de pagos mediante transferencias bancarias electrónicas a la empresa **********. El último pago que reconoció haber realizado corresponde al cinco de abril de dos mil quince.

6. Primer juicio ordinario. El diez de abril del año mencionado, los representantes legales de ********** demandaron en la vía ordinaria mercantil al **********, el pago de $********** (**********), por concepto de honorarios que se causaron por la prestación de servicios médicos a los empleados del Ayuntamiento durante el periodo comprendido entre el veintisiete de agosto de dos mil diez al quince de enero de dos mil trece, así como el pago de intereses legales a razón del 6% anual y de la pena convencional pactada en el contrato de origen por $********** (**********).(3)

7. De la demanda correspondió conocer al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos. Por acuerdo de quince de abril de dos mil quince, su titular la admitió con el número ********** y ordenó el emplazamiento del **********, para que diera contestación al escrito inicial de demanda.(4)

8. Por acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil quince, el Juez de Distrito certificó que el **********, no contestó la demanda, por lo que declaró perdido su derecho para oponer excepciones y defensas.(5)

9. Agotadas las etapas del juicio, el Juez dictó sentencia el dieciséis de diciembre de dos mil quince, en la que declaró que la vía ordinaria mercantil fue procedente y que ********** demostró parcialmente su acción, por lo que únicamente condenó al **********, al pago de $********** (**********), por concepto de honorarios causados por la prestación de servicios médicos de primer, segundo y tercer nivel, así como el pago de los intereses moratorios sobre la cantidad indicada.(6)

10. El Juez absolvió a la parte demandada del pago de la penalización que reclamó la empresa por el monto de $********** (**********) y no realizó condena en costas.

11. Recursos de apelación. Inconformes, ********** y el ********** interpusieron sendos recursos de apelación, de los que conoció el Tribunal Unitario del Décimo Octavo Circuito bajo el expediente **********.(7)

12. ********** se inconformó con la decisión de absolver a su contraparte del pago de la penalización, pues, según expresó en su agravio, está demostrado que incumplió la obligación de pagar oportunamente los servicios que prestó a los servidores públicos del Ayuntamiento; mientras que este último cuestionó la condena principal al pago de honorarios e intereses moratorios porque, en su consideración, cubrió el costo de los servicios que prestó la sociedad mercantil.

13. Por resolución de ocho de julio de dos mil dieciséis, el tribunal declaró de oficio la improcedencia de la vía ordinaria mercantil intentada y dejó a salvo los derechos de la sociedad mercantil para que los dedujera en la vía y forma que corresponda, pues consideró que la controversia no tuvo origen en un acto de comercio, sino en un contrato eminentemente administrativo, por lo que su cumplimiento no puede ser demandado en la vía mercantil.(8)

14. Primer juicio de amparo directo. En desacuerdo, ********** promovió amparo directo. Por auto de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, el Magistrado presidente del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito admitió la demanda y la registró con el número **********.(9)

15. La sociedad mercantil planteó un solo concepto de violación, cuyo principal argumento fue que el contrato de prestación de servicios médicos no es de naturaleza administrativa, por lo que su cumplimiento forzoso era susceptible de reclamarse en la vía ordinaria mercantil.

16. El ********** promovió amparo adhesivo, que se admitió el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis.(10) Sus conceptos de violación se dirigieron a evidenciar la inoperancia de los que fueron propuestos por la quejosa principal, sin añadir consideraciones para robustecer la resolución reclamada.

17. Por sentencia de quince de febrero de dos mil diecisiete, el Tribunal Colegiado negó el amparo a la empresa **********, con la explicación de que aun cuando el contrato de origen no es de naturaleza administrativa, no combatió la consideración del Tribunal Unitario en el sentido de que el contrato no corresponde a un acto mercantil en términos del artículo 75 del Código de Comercio.

18. Como se negó la protección constitucional a la quejosa principal, el Tribunal Colegiado declaró sin materia el amparo adhesivo.

19. Segundo juicio ordinario. El dieciocho de abril de dos mil diecisiete, los apoderados de **********, demandaron en la vía sumaria civil(11) al ********** el pago de $********** (**********), por concepto de honorarios que se causaron por la prestación de servicios médicos a los empleados del Ayuntamiento durante el periodo comprendido entre el veintisiete de agosto de dos mil diez al quince de enero de dos mil trece; el pago de intereses legales a razón del 6% anual, de la pena convencional pactada en el contrato de origen por $********** (**********) y el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados, que estimó en $********** (**********).(12)

20. Por acuerdo de ocho de mayo de dos mil diecisiete, el Juzgado Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos admitió la demanda, la registró con el número ********** y ordenó emplazar al ********** para que formulara su contestación.(13)

21. Agotadas las etapas del juicio, el Juez dictó sentencia el cuatro de junio de dos mil dieciocho, en que determinó que la vía sumaria civil es adecuada; sin embargo, declaró fundada la excepción de prescripción opuesta por el **********, pues consideró que:(14)

• En términos del artículo 1246, fracción I, del Código Civil para el Estado de Morelos,(15) los honorarios, sueldos o salarios por la prestación de cualquier servicio, prescriben en dos años computados a partir de la fecha en que se dejaron de proveer los servicios que los causaron.

• El plazo de prescripción comenzó a transcurrir el quince de enero de dos mil trece, fecha en que la quejosa dejó de prestar servicios médicos al personal del **********, por lo que, en principio, el vencimiento del plazo habría correspondido al quince de enero de dos mil quince.

• Se configuró un supuesto de interrupción de la prescripción, ya que el ********** reconoció que el cinco de abril de dos mil quince realizó pagos del adeudo; por lo tanto, el plazo prescriptivo se postergó hasta el cinco de abril de dos mil diecisiete.

• La demanda que originó el juicio sumario civil fue presentada el dieciocho de abril de dos mil diecisiete, fecha en que ya se había consumado el plazo de prescripción en favor del ********** y en perjuicio de la empresa **********.

• No pasa desapercibido que la sociedad mercantil promovió el juicio ordinario mercantil ********** el diez de abril de dos mil quince, en que demandó del **********, el pago de los montos consignados en las facturas expedidas por la prestación de los servicios médicos.

• Con la promoción de ese juicio no se interrumpió la prescripción de la acción intentada, pues se declaró improcedente la vía ordinaria mercantil, determinación que constituye una forma de desestimar la demanda, en términos del artículo 1251, fracción II, del Código Civil para el Estado de Morelos, pues la vía es un presupuesto procesal que de no estar satisfecho, impide emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la acción.(16)

22. Recurso de apelación. En desacuerdo, ********** interpuso recurso de apelación y el ********** se adhirió al medio de defensa. Por acuerdo de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, el Magistrado instructor de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos admitió el recurso principal y adhesivo, y ordenó su registro con el número **********.(17)

23. Los agravios expresados por la sociedad mercantil contienen cuatro argumentos principales:

• El ********** no cumplió el requerimiento que le fue formulado por el Juez civil para que exhibiera el contrato de prestación de servicios original, por lo que debe considerarse que se trata de un acto jurídico existente y que subsiste.

• El Juez civil no analizó la auténtica pretensión que deriva del escrito inicial de demanda y su aclaración, pues su reclamo principal fue el cumplimiento del contrato de prestación de servicios, no el cobro de honorarios.

• El examen sobre la prescripción debió efectuarse a la luz de las cláusulas del contrato, conforme a las cuales no se pactó la posibilidad de que se extinguiera la acción para reclamar su cumplimiento por el transcurso del tiempo.

• El término de prescripción de la acción se interrumpió con la promoción del juicio ordinario mercantil **********.

24. La Sala dictó sentencia el siete de diciembre de dos mil dieciocho y confirmó la resolución recurrida con la explicación de que el Juez civil analizó la pretensión reclamada, concretamente, el pago de honorarios por servicios médicos prestados, por lo que el plazo de prescripción aplicable es de dos años.

25. La Sala responsable agregó que el juicio ordinario mercantil ********** concluyó con una resolución en que se declaró la improcedencia de la vía intentada, decisión que corresponde a la desestimación de la demanda en términos del artículo 1251, fracción II, del Código Civil para el Estado de Morelos,(18) por lo que la promoción de tal juicio no interrumpió el plazo de prescripción.

II. Juicio de amparo directo

26. Inconforme con esa decisión, ********** promovió un juicio de amparo directo. Mediante acuerdo de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, el Magistrado presidente del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito admitió la demanda y la registro con el número **********.(19)

27. La sociedad mercantil expone cuatro conceptos de violación en los que plantea que no prescribió la acción intentada, porque en su consideración la metodología que empleó el Juez civil y la Sala responsable para analizar su configuración es incorrecta pues se apartó de la auténtica acción ejercida. Aun cuando sus planteamientos convergen en esa noción, pueden identificarse en dos rubros, únicamente para efectos de facilidad en la comprensión del asunto:

Conceptos de violación relativos a que no prescribió la acción intentada

• El reclamo se orientó al cumplimiento del contrato de prestación de servicios, no al pago de honorarios.

• El examen de la prescripción no debió efectuarse a la luz del artículo 1246, fracción I, del Código Civil para el Estado de Morelos, porque no reclamó el pago de honorarios, sino el cumplimiento de un contrato de prestación de servicios.

• En el contrato de origen no se pactó la posibilidad de que el derecho a reclamar su cumplimiento se extinguiera por el transcurso del tiempo.

• El plazo de prescripción estuvo en suspenso durante el tiempo en que estuvo en trámite el juicio ordinario mercantil **********, pues así lo dispone el artículo 223 del Código Procesal Civil del Estado Morelos.(20)

• No prescribió la acción para demandar el pago de las cantidades derivadas de la prestación de servicios médicos, pues de la fecha en que se resolvió en definitiva el juicio ordinario mercantil ********** mediante la ejecutoria del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito (quince de febrero de dos mil diecisiete) a la de promoción del juicio sumario civil (ocho de abril de dos mil diecisiete) transcurrió más de un mes.

Conceptos de violación en que se alega la existencia y subsistencia jurídica del contrato de prestación de servicios

• El Ayuntamiento no cumplió el requerimiento del Juez civil para que exhibiera el original del contrato de prestación de servicios, por lo que debe considerarse que el acuerdo de voluntades existe y jurídicamente subsiste.

• El ********** no demandó, en vía de reconvención, la declaración de nulidad del contrato de prestación de servicios, de tal manera que se trata de un acto subsistente.

28. Mediante auto de trece de marzo de dos mil diecinueve, se admitió el amparo adhesivo del **********.(21) En sus conceptos de violación, plantea la inoperancia de los que fueron expresados por la quejosa principal.

III. Solicitud de facultad de atracción

29. Por resolución de veinticuatro de enero de dos mil veinte, el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerciera su facultad de atracción para resolver el citado juicio de amparo directo.(22)

30. En sesión virtual de quince de julio de dos mil veinte, la Primera Sala de este Alto Tribunal determinó ejercer su facultad de atracción 169/2020, para conocer del juicio de amparo.(23)

31. Por acuerdo de nueve de octubre de dos mil veinte, el presidente de esta Suprema Corte ordenó el avocamiento del amparo directo con el número 25/2020, lo turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la formulación del proyecto de resolución y ordenó su envío a la Sala de su adscripción.(24)

32. Mediante proveído de trece de noviembre de dos mil veinte, el presidente de la Primera Sala recibió los autos del juicio de amparo y ordenó que fueran remitidos a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.(25)

IV. Competencia

33. Esta Primera Sala es competente para resolver el presente juicio de amparo directo, porque se ejerció la facultad de atracción para su conocimiento en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(26) 40 de la Ley de Amparo(27) y 21, fracción III, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(28) en relación con el punto tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013.(29)

V. Oportunidad

34. En el caso es innecesario analizar la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo directo ni de la adhesión al medio de defensa principal, en virtud de que ese presupuesto ya fue examinado por el Tribunal Colegiado en la resolución de veinticuatro de enero de dos mil veinte.

VI. Existencia del acto

35. Es cierto el acto reclamado consistente en la resolución de siete de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos en el toca **********, acto que fue remitido a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación por el Tribunal Colegiado, para la resolución del juicio de amparo.

VII. Razones por las que se decidió ejercer la facultad de atracción

36. En sesión virtual de quince de julio de dos mil veinte, esta Primera Sala ejerció su facultad de atracción para conocer del asunto, por las razones siguientes:

37. En principio, se determinó que sobre el tema de la interrupción de la prescripción sería pertinente determinar si se actualiza o no cuando existió un juicio previo en el que se desestimó la demanda por actualizarse la improcedencia de la vía y se dejaron a salvo los derechos para que se hicieran valer en la que correspondiera, en atención a lo previsto en el artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Federal.

38. Además, se destacó que sobre ese supuesto existen dos criterios de esta Sala, la tesis aislada 1a. LXXVII/2019 (10a.), de rubro: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA DETERMINACIÓN QUE DECRETA LA IMPROCEDENCIA DE LA VÍA Y DEJA A SALVO LOS DERECHOS DEL ACCIONANTE, DEBE PERMITIR MATERIALMENTE AL ACTOR INICIAR UN NUEVO PROCEDIMIENTO EN LA VÍA Y FORMA CORRESPONDIENTES.";(30) y la jurisprudencia 1a./J. 124/2008, de rubro: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. EL PLAZO PARA QUE OPERE NO SE INTERRUMPE CUANDO SE DESESTIMA LA DEMANDA POR PROCEDER UNA EXCEPCIÓN DILATORIA O PROCESAL (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE SAN LUIS POTOSÍ Y VERACRUZ)."(31)

39. La Sala dijo que la solución del caso permitiría analizar cuál sería el criterio que se ajusta al caso concreto y que genere la mayor protección a los derechos de las partes involucradas.

VIII. Estudio

40. La controversia de origen corresponde a un juicio sumario civil en el que una sociedad mercantil demandó el pago de ciertas cantidades por concepto de honorarios causados por la prestación de servicios médicos a los empleados del **********.

41. El juicio sumario civil concluyó con una resolución en que el Juez declaró que la acción ejercida prescribió, conforme al artículo 1246, fracción I, del Código Civil para el Estado de Morelos,(32) pues desde la fecha en que se dejaron de prestar los servicios a la de promoción del juicio transcurrieron más de dos años, sin que operara el supuesto de interrupción de dicho plazo por el hecho de que previamente ********** intentara el cobro de esos honorarios mediante la promoción del juicio ordinario mercantil **********. Esta decisión fue confirmada por la Sala responsable al conocer del recurso de apelación la sociedad mercantil y constituye el acto reclamado en este juicio de amparo directo.

42. Las condiciones del caso revelan que únicamente están comprometidos derechos patrimoniales de una persona moral de derecho privado que afirmó brindar servicios médicos a un ente de derecho público, por lo que no presenta méritos para emprender su examen bajo la aproximación de la suplencia de la queja en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo.(33)

43. La controversia no involucra menores o incapaces ni están comprometidos derechos de naturaleza agraria, laboral ni se advierten condiciones de la quejosa que exijan suplir las eventuales deficiencias de sus conceptos de violación.

44. Sin perjuicio de lo anterior, el examen de los conceptos de violación se realizará atendiendo a la causa de pedir(34) y, con fundamento en el artículo 189 de la Ley de Amparo,(35) se analizarán en primer lugar los conceptos de violación segundo y tercero, pues en ellos la empresa quejosa propone argumentos que de resultar fundados satisfarían su pretensión en el juicio de amparo, que se traduce en revertir la determinación de la Sala responsable sobre la prescripción de la acción intentada en la vía sumaria civil, sobre la base de que la promoción del juicio ordinario mercantil mantuvo en suspenso el plazo para que se configure esa figura extintiva.

45. La empresa quejosa argumenta que la decisión de la Sala responsable es violatoria del artículo 17 constitucional,(36) puesto que no consideró que con el escrito de demanda acompañó documentales que son demostrativas de que el plazo de prescripción estuvo suspendido durante el tiempo en que estuvo en trámite el juicio ordinario mercantil ********** en el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos y hasta que causó ejecutoria la resolución de segunda instancia dictada por el Tribunal Unitario del Décimo Octavo de Circuito.

46. Explica que, en términos del artículo 223 del Código Procesal Civil del Estado Morelos,(37) la prescripción de la acción para reclamar el pago de los servicios médicos prestados al Ayuntamiento se suspendió con motivo de la promoción del juicio ordinario mercantil indicado.

47. Afirma que entre la fecha en que causó ejecutoria la resolución que le puso fin a ese juicio(38) a la fecha en que se promovió el juicio sumario civil del que deriva la sentencia reclamada(39) transcurrieron únicamente dos meses y tres días, por lo que es falso que se haya consumado el plazo prescriptivo de dos años que consideró aplicable la Sala responsable.

48. Atendiendo a la causa de pedir que se desprende de los conceptos de violación en estudio, esta Primera Sala considera que son esencialmente fundados y suficientes para demostrar la violación alegada.

49. Esta Suprema Corte, ha establecido que el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva, previsto en los artículos 17 de la Constitución Federal es un derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera pronta y expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades se decida sobre la pretensión o la defensa, y en su caso, se ejecute tal decisión.

50. Se ha sostenido que este derecho impone la obligación al Estado a no supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecerse cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que este derecho se ve afectado por aquellas normas que imponen requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador.

51. Por eso, se ha precisado que no todos los requisitos para acceder a un proceso pueden ser considerados inconstitucionales, como ocurre con aquellos que respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como lo son la admisibilidad de un escrito; la legitimación activa y pasiva de las partes; la representación; la oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; la competencia del órgano ante el cual se promueve; la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia de la acción; y, la procedencia de la vía.

52. Al referirse al derecho a una tutela judicial efectiva y a la procedencia de la vía, esta Primera Sala ha señalado que las leyes procesales determinan la vía en que debe tramitarse cada acción, por lo cual, la prosecución en un juicio en la forma establecida por aquéllas tiene el carácter de presupuesto procesal, cuyo estudio es de orden público, y que debe atenderse previamente a la decisión de fondo, porque el análisis de las acciones sólo puede realizarse si el juicio, en la vía escogida es procedente, pues de no serlo, las autoridades jurisdiccionales estarían impedidos para resolver sobre las acciones planteadas.

53. A falta de los requisitos de procedencia de la vía, se actualiza la improcedencia de una acción, cuyos efectos variarán dependiendo de las reglas que se establezcan en la legislación ordinaria competente y las condiciones que puedan determinarse, pues podría generar el impedimento para intentar nuevamente la acción, o bien, acudir a la instancia adecuada a resolver la cuestión de fondo planteada.

54. Lo importante en cada caso será que para poder concluir que existe un verdadero acceso a la jurisdicción o a los tribunales, es necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios.

55. Por consiguiente, la ley aplicable no deberá imponer límites a ese derecho, aunque sí la previsión de requisitos y formalidades esenciales para el desarrollo del proceso, por lo que los órganos encargados de administrar justicia deben asumir una actitud de facilitadores de acceso a la jurisdicción.

56. Sobre este aspecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala(40) señaló que los Jueces como rectores del proceso tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con la finalidad de no sacrificar la justicia y el debido proceso en pro del formalismo y la impunidad.

57. En similar sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al interpretar el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el informe 105/99 emitido en el caso 10.194, "Palacios, Narciso-Argentina", de veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve estableció:

"61. Es precisamente este tipo de irregularidades las que trata de prevenir el derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado en el artículo 25 de la Convención, el cual impide que el acceso a la justicia se convierta en un desagradable juego de confusiones en desmedro de los particulares. Las garantías a la tutela judicial efectiva y al debido proceso imponen una interpretación más justa y beneficiosa en el análisis de los requisitos de admisión a la justicia, al punto que por el principio pro actione, hay que extremar las posibilidades de interpretación en el sentido más favorable al acceso a la jurisdicción."

58. En relación con lo anterior, al resolver el amparo directo en revisión 1080/2014, esta Primera Sala señaló que el principio pro actione está encaminado a no entorpecer ni obstruir el derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que, ante la duda, los requisitos y presupuestos procesales siempre deberán ser interpretados en el sentido más favorable a la plena efectividad de ese derecho humano, esto es, en caso de duda entre abrir o no un juicio en defensa de un derecho humano, por aplicación de ese principio, se debe elegir la respuesta afirmativa.

59. Más aún, esta Primera Sala de la Suprema Corte al resolver la contradicción de tesis 74/2009(41) reconoció que este principio interpretativo deriva del principio pro personae. Lo anterior con base en que este principio permite establecer que, ante eventuales interpretaciones distintas de una misma norma, se debe optar por aquella que conduzca a una mejor protección de los derechos fundamentales, descartando así las que restrinjan o limiten su ejercicio.

60. Finalmente, no puede soslayarse que el quince de septiembre de dos mil diecisiete fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la adición de un tercer párrafo al artículo 17 de la Constitución Federal, que establece:

"Artículo 17.

"...

"Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. ..."

61. En la exposición de motivos para la reforma constitucional se señaló que en el Estado Mexicano predomina la percepción de que la justicia funciona mal, y dos de los mayores problemas que se perciben son la injusticia y la desigualdad; añadiéndose que en la actualidad se confunde la aplicación de normas con la impartición de justicia, lo cual causa insatisfacción y frustración en la sociedad y convierte al sistema de impartición de justicia en un sistema que genera injusticias.

62. Lo anterior se considera así, pues en la referida exposición de motivos se dijo que predomina una ideología procesalista que impide la resolución de fondo de los conflictos planteados ante los tribunales. Se observó que, en la impartición de justicia, en todos los niveles de gobierno, las leyes se aplican de forma tajante o irreflexiva, y no se valora si en la situación particular cabe una ponderación del derecho sustantivo por encima del derecho adjetivo para resolver la controversia.

63. Por lo anterior, el Constituyente fue categórico en señalar que la referida reforma constitucional exige un cambio de mentalidad en las autoridades jurisdiccionales para que no se opte por la resolución más sencilla o rápida, sino por aquella que decida efectivamente la controversia y la aplicación del derecho sustantivo.

64. A partir del marco constitucional descrito, el planteamiento de las quejosas es atendible para establecer la interpretación que debe darse a las normas aplicadas en su caso concreto, a fin de que resulte acorde con los parámetros y alcances que ha establecido este Alto Tribunal, con respecto al derecho a una tutela judicial efectiva, pues la interpretación realizada por los órganos del Estado, incluidos los tribunales ordinarios y los de amparo, de ninguna manera puede ser vinculante.

65. Esto es así, pues aun cuando la función que ejerce este tribunal no consiste, en principio, en determinar la correcta interpretación de la ley, sí lo es, cuando la interpretación de la autoridad responsable tiene el potencial de vulnerar la Constitución, siendo posible encontrar una intelección que la torne compatible con ésta, por lo que la opción de una modalidad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30242-22029ceb/prescripcion-para-su-actualizacion-no-debe-computarse-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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