DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO). A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, CONSTITUCIONAL, TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y AQUELLAS CON FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES DEBEN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE LA IGUALDAD ENTRE LAS PARTES (DOF DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017). RECURSO DE REVISIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA. LOS ARTÍCULOS 91 Y 92 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO NO TRANSGREDEN EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO) SI SON INTERPRETADOS CONFORME AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA.
AMPARO EN REVISIÓN 53/2021. EDUARDO BECERRA HERNÁNDEZ Y OTROS. 30 DE JUNIO DE 2021. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: JOCELYN MONTSERRAT MENDIZABAL FERREYRO.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al treinta de junio de dos mil veintiuno.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Promoción de la demanda de amparo. Por escrito presentado el nueve de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Eduardo Becerra Hernández, por su propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto, contra las autoridades y por los actos siguientes:
"III. Autoridades responsables.
"1. El H. Congreso de la Unión;
"2. La H. Cámara de Senadores;
"3. La H. Cámara de Diputados;
"4. El presidente de los Estados Unidos Mexicanos;
"5. El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la ‘CNBV’).
"6. El vicepresidente Jurídico de la CNBV (el ‘vicepresidente jurídico’).
"7. El vicepresidente de Supervisión de Procedimientos Preventivos de la CNBV (el ‘vicepresidente de supervisión’).
"8. La Dirección General de Delitos y Sanciones de la CNBV (el ‘director de sanciones’).
"La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclama.
"1. Del H. Congreso de la Unión se reclama: (i) la elaboración, discusión, aprobación y expedición de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, específicamente por lo que respecta a los artículos 91 y 92 de dicho ordenamiento –decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1994–; y, (ii) todos los efectos y consecuencias de los actos antes mencionados.
"2. De la H. Cámara de Senadores se reclama: (i) su intervención en la elaboración, discusión, aprobación y expedición de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, específicamente por lo que respecta a los artículos 91 y 92 de dicho ordenamiento –decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1994–; y, (ii) todos sus efectos y consecuencias.
"3. De la H. Cámara de Diputados se reclama: (i) su intervención en la elaboración, discusión, aprobación y de la (sic) Ley Federal de Procedimiento Administrativo, específicamente por lo que respecta a los artículos 91 y 92 de dicho ordenamiento –decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1994–; y, (ii) todos sus efectos y consecuencias.
"4. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se reclama: (i) la promulgación y orden de publicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, específicamente por lo que respecta a los artículos 91 y 92 de dicho ordenamiento –decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1994–; y (ii) todos los efectos y consecuencias de los actos antes mencionados.
"5. Del presidente de la CNBV se reclama: (i) la aplicación en perjuicio del quejoso de las normas impugnadas de la LFPA; (ii) la expedición de la resolución administrativa por virtud de la cual fueron aplicadas las referidas normas en perjuicio del quejoso; y, (iii) todos sus efectos y consecuencias.
"6. Del vicepresidente jurídico de la CNBV se reclama: (i) la aplicación en perjuicio del quejoso de las normas impugnadas de la LFPA; (ii) la expedición de la resolución administrativa por virtud de la cual fueron aplicadas las referidas normas en perjuicio del quejoso; y, (iii) todos sus efectos y consecuencias.
"7. Del director de Sanciones de la CNBV (el ‘vicepresidente de supervisión’) se reclama: (i) la inminente ejecución de las normas impugnadas de la LFPA, en perjuicio del suscrito; (ii) la inminente ejecución de la Resolución Administrativa; y, (iii) todos sus efectos y consecuencias."
2. SEGUNDO.—Admisión. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular, mediante acuerdo de trece de agosto de dos mil diecinueve, la registró y admitió a trámite con el número 1170/2019.
3. TERCERO.—Sentencia. El doce de diciembre de dos mil diecinueve, el Juez del conocimiento dictó sentencia que se terminó de engrosar el treinta y uno de enero de dos mil veinte, en la cual, por una parte, sobreseyó en el juicio, por otra, negó el amparo por cuanto a hace la impugnación de leyes y, finalmente, lo concedió por lo que hace a la resolución combatida.
4. CUARTO.—Interposición y trámite del recurso de revisión. Inconformes, el quejoso y las autoridades responsables presidente, vicepresidente jurídico, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos y el director general de Delitos y Sanciones, todos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, interpusieron sendos recursos de revisión, mismos que correspondieron conocer al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y que, por acuerdo de seis de marzo de dos mil veinte, fueron registrados y admitidos con el número de expediente RA. 85/2020.
Por acuerdos de dieciséis y treinta de junio, así como seis de agosto de dos mil veinte, el órgano colegiado admitió, respectivamente, las revisiones adhesivas interpuestas por el quejoso Eduardo Becerra Hernández y, por las autoridades responsables presidente de la República y vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
5. QUINTO.—Sentencia. En sesión de tres de diciembre de dos mil veinte, el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento dictó sentencia, en la que determinó desechar el recurso de revisión interpuesto por el vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; desechar la revisión adhesiva interpuesta por el vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; modificar la sentencia recurrida; sobreseer en el juicio y remitir los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver la inconstitucionalidad de los artículos 91 y 92 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
6. SEXTO.—Trámite en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el registro del asunto bajo el expediente 53/2021; asumió la competencia originaria de este Alto Tribunal; admitió a trámite los recursos de revisión; turnó el asunto para su estudio al Ministro José Fernando Franco González Salas y lo radicó en la Segunda Sala por corresponder a su especialidad.
7. SÉPTIMO.—Avocamiento. En auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, la Ministra presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó el avocamiento de ésta al conocimiento del asunto y remitió el expediente al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
8. OCTAVO.—Publicación del proyecto. El proyecto de sentencia del presente asunto se publicó de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, párrafo segundo y 184, de la Ley de Amparo; y,
CONSIDERANDO:
9. PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del recurso de revisión.(1)
10. SEGUNDO.—Oportunidad. La oportunidad de la interposición de los recursos fue analizada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al emitir la resolución del amparo en revisión 85/2020, por tanto, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se ocupará de ello.
11. TERCERO.—Legitimación. Asimismo, el Tribunal Colegiado de Circuito oficiante reconoció la legitimación de la parte quejosa, así como de las autoridades presidente, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos y del director general de Delitos y Sanciones, todos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para interponer la revisión principal.
12. Igualmente, el órgano colegiado aceptó la legitimación del presidente de la República y la parte quejosa, para adherirse a la revisión principal.
13. CUARTO.—Antecedentes. Previo al examen de los agravios, es necesario destacar los siguientes antecedentes del asunto.
1. Mediante oficio de once de septiembre de dos mil dieciocho, el vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores otorgó a Eduardo Becerra Hernández el plazo de diez días hábiles para que manifestara lo que a su derecho conviniera, ofreciera pruebas y alegatos en el procedimiento administrativo sancionador CNVB.2S.4.()"16/08/2018"/1232/4.
2. Seguido el procedimiento, el uno de noviembre de dos mil dieciocho, el director de Sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, emitió la resolución del procedimiento sancionador, en la cual consideró que Eduardo Becerra Hernández contravino el artículo 370, fracción II, de la Ley del Mercado de Valores, respecto de "... la operación realizada el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, a través del sistema Tradition, Udibono, Serie 171214, por un monto de $500'000,000.00, tasa 1.36 ...", por lo cual, le impuso una multa equivalente a 20,000 días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México al momento de cometer la infracción.
3. En desacuerdo con lo anterior, el interesado interpuso recurso de revisión, mismo que fue admitido por el vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en suplencia por ausencia del presidente de dicha comisión.
4. Previos los trámites correspondientes, el vicepresidente de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en suplencia por ausencia del presidente y vicepresidente jurídico de la comisión, dictó resolución definitiva, mediante la cual declaró fundado el recurso de revisión, para el efecto de que la autoridad sancionadora revocara la resolución recurrida y emitiera una nueva en congruencia con los hechos y manifestaciones dados a conocer al desahogar el derecho de audiencia del recurrente.
5. Inconforme con lo anterior, el quejoso promovió juicio de amparo indirecto, en el cual, sostiene, entre otros aspectos, que los artículos 91 y 92 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo son inconstitucionales por lo siguiente:
• Su diseño normativo permite a la autoridad dictar, en el recurso de revisión, una nulidad para efectos, inhibiendo el dictado de una resolución de fondo.
• El artículo 92 de la ley impugnada establece un criterio para estudiar únicamente aquellos agravios que pudieren ser aptos para provocar la invalidez del acto impugnado; no obstante, dicho criterio es insuficiente pues no establece parámetros adicionales que permitan respetar el principio de justicia pronta y expedita.
• Los artículos impugnados como consecuencia de su indebido diseño propician que las autoridades privilegien las formalidades por encima de un pronunciamiento de fondo.
• En opinión del quejoso, dicha problemática se genera ante la ausencia de un lineamiento expreso en las normas impugnadas que fomente no sólo que se analice "cualquier agravio" sino que se estudie el agravio de fondo y genere un mayor beneficio al particular.
• Insiste, que las disposiciones reclamadas carecen de lineamientos, criterios o medidas que impidan que las autoridades contravengan el derecho humano a una justicia pronta, completa e imparcial.
• El sistema normativo impugnado, en los términos en los que fue diseñado, tiende a provocar escenarios absurdos, ya que las autoridades podrían limitarse a decretar la nulidad de un acto para que se subsane un vicio de forma, propiciando que el nuevo acto reitere otros vicios también formales.
• Refiere que el criterio de análisis no sólo es inconstitucional en la medida que no prevé mecanismos suficientes para asegurar la optimización del derecho humano a la impartición de justicia, sino que magnifica sus efectos perjudiciales al permitir la "nulidad para efectos".
• Ante la ausencia de medidas o reglamentación que limite la facultad prevista en el artículo 91, fracción IV, de la ley impugnada, es claro que la autoridad tiene plenas posibilidades para ordenar una revocación para efectos que bien podría traducirse en una nueva oportunidad para fundar y motivar el acto de autoridad.
• La posibilidad de revocar para efectos una determinación no sólo entraña la posibilidad de reforzar la fundamentación y motivación del acto, sino que crea una nueva oportunidad para juzgar a un posible infractor por segunda vez, en clara contravención al principio non bis in ídem tutelado en el artículo 23 de la Constitución Federal.
6. El Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México –quien conoció del asunto– dictó sentencia que terminó de engrosar el treinta y uno de enero de dos mil veinte, en la que por una parte sobreseyó en el juicio, por otra negó la protección constitucional; y finalmente, concedió el amparo solicitado. Las consideraciones que la sustentan son, esencialmente, las siguientes:
• En principio precisó los actos reclamados y verificó su existencia. Al respecto señaló que no resultó cierto el acto que se reclamó al vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores consistente en la emisión de la resolución contenida en el oficio P091/2019, de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, en el expediente CNBV.2C.8 RECURSO DE REVISIÓN 212(), 27/11/2018-27/11/2018", RR/578/EF/01.
• Asimismo, destacó que tampoco resultó cierto el acto reclamado al vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consistente en la ejecución de la resolución que constituye el acto reclamado.
• Además, de las copias certificadas de la resolución que constituye el acto reclamado, se advierte que quien emitió la resolución primigenia que le dio origen, fue el director general de Delitos y Sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que en todo caso sería dicha autoridad la que tendría que dar cumplimiento a aquella que se dictó en el recurso de revisión de que se trata.
• En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, sobreseyó en el juicio de amparo respecto de los actos atribuidos al vicepresidente jurídico y al vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, ambos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consistentes, respectivamente, en la emisión y la ejecución de la resolución contenida en el oficio P091/2019, de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, dentro del expediente CNBV.2C.8 RECURSO DE REVISIÓN 212(), 27/11/2018-27/11/2018", RR/578/EF/01.
• En cambio, señaló que resultaron ciertos los actos reclamados, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y presidente de la República, consistentes en la discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, específicamente los artículos 91 y 92.
• Asimismo, tuvo por ciertos los actos que se atribuyen al presidente, al vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos y al director general de Delitos y Sanciones, todos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consistentes, los dos primeros, en la emisión y, el último de ellos, en la ejecución de la resolución contenida en el oficio P091/2019, de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, dentro del expediente CNBV.2C.8 RECURSO DE REVISIÓN 212(), 27/11/2018-27/11/2018", RR/578/EF/01.
• En diverso apartado calificó como infundadas las causales de improcedencia hechas valer únicamente por la autoridad responsable presidente de la República, respecto del acto que se le atribuyó atinente a la promulgación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, específicamente sus artículos 91 y 92, consistentes en:
a) Interés jurídico prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo.
b) Omisión legislativa contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción II, constitucional.
c) La prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, respecto de la emisión de la resolución contenida en el oficio P091/2019, de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, al considerar que la parte quejosa debió agotar el principio de definitividad.
• En otro considerando, calificó como infundados los conceptos de violación en los cuales se hizo valer que los artículos 91 y 92 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo son inconstitucionales por ser contrarios a los principios que consagran los artículos 1o., 16, 17 y 23 de nuestra Carta Magna.
• Consideró que las disposiciones reclamadas, si bien tal como lo señala el quejoso en sus conceptos de violación, no establecen lineamientos expresos que fomenten el análisis de aquellos argumentos que propicien un pronunciamiento de fondo, sobre de otros, como pueden ser los que versen sobre cuestiones formales, ello no implica que por esa razón resulten ser contrarios a las normas constitucionales que señala.
• Lo anterior, pues conforme a la fracción XXX del artículo 73 de la norma fundamental el Congreso de la Unión tiene la facultad para expedir todas las leyes que sean necesarias, a fin de hacer efectivas las facultades previstas para el propio Congreso, y todas las otras concedidas por la Constitución a los Poderes de la Unión.
• De tal suerte que, carece de razón el quejoso al sostener que por el hecho de que las normas que impugna no contengan lineamientos expresos que fomenten no sólo el análisis de cualquier agravio que pudiera provocar la invalidez del acto, sino el estudio de aquel argumento que propicie un enjuiciamiento de fondo que a su vez genere un mayor beneficio al particular, resultan ser inconstitucionales.
• Ello, pues la disposición constitucional de referencia contiene una regla que confiere poder a la autoridad legislativa, mas no un derecho subjetivo público a favor del gobernado; lo cual implica que hasta en tanto no se ejerza esa atribución por parte del Congreso de la Unión, a fin de adecuar dichas normas legales al texto del artículo 17 de la propia Constitución, las situaciones jurídicas imperantes en materia de resolución de recurso de revisión en sede administrativa no cambian.
• Sin que la existencia en los términos actuales de las normas legales cuya inconstitucionalidad se reclama, pueda estimarse contraria a los principios de justicia pronta y completa previstos en el artículo 17 de la Norma Fundamental.
• Refirió que, respecto del derecho de seguridad jurídica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades.
• En ese sentido, sostuvo, la ley es acorde con el principio de seguridad jurídica, pues se aprecia que prevé los elementos indispensables para hacer valer el derecho de que se trata, por parte de los gobernados y para que, las autoridades actúen en consecuencia, sin incurrir en arbitrariedades.
• Estimó que carecen de fundamento los señalamientos del quejoso en el sentido de que las normas impugnadas generan una dilación innecesaria en la resolución de fondo derivado de la sanción que le fue impuesta en términos de la resolución correspondiente; y que la revocación para efectos permitirá que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través del director de sanciones tenga una nueva oportunidad para emitir una resolución en la que refuerce la fundamentación y motivación de la sanción que le fue impuesta.
• Ello, pues el retraso en el trámite natural de un procedimiento seguido en forma de juicio no puede estimarse que cause un perjuicio de imposible reparación. Además, las autoridades del Estado Mexicano tienen la obligación de fundar y motivar debidamente todas sus resoluciones, lo que no debe verse desde la óptica de un perjuicio sino de un beneficio.
• Finalmente, se consideró que tampoco asiste razón al solicitante de amparo, en el argumento que vierte en su demanda relacionado con que las normas que impugna propician que las autoridades administrativas juzguen en más de una ocasión a un particular dentro de un procedimiento administrativo sancionador, lo que contraviene el principio non bis in ídem y por tanto el artículo 23 de la Constitución.
• Lo anterior, porque de las normas reclamadas se desprende que implícitamente establecen la posibilidad de que se declare una "nulidad para efectos" y a ese respecto, en un caso análogo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el artículo 52, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo al prever la posibilidad de declarar la nulidad de la resolución impugnada para ciertos efectos no transgrede el principio non bis in ídem.
• En la última parte de la sentencia, el Juez de Distrito estudió los conceptos de violación, dirigidos a combatir la resolución contenida en el oficio P091/2019, de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, dentro del expediente CNBV.2C.8 RECURSO DE REVISIÓN 212(), 27/11/2018-27/11/2018", RR/578/EF/01 y su ejecución, mismos que declaró fundados, por lo que concedió el amparo para el efecto de que la autoridad dejara insubsistente la resolución reclamada y emitiera otra, en la que con base en el principio de mayor beneficio, analice la cuestión de fondo planteada por el recurrente en los agravios segundo y quinto.
7. En desacuerdo con la sentencia dictada, el quejoso y las autoridades presidente, vicepresidente jurídico, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos y el Director General de Delitos y Sanciones, todos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, interpusieron recursos de revisión, de los que correspondió conocer al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mismos que por acuerdo de seis de marzo de dos mil veinte, fueron registrados y admitidos con el numero RA. 85/2020.
En el recurso de revisión, el quejoso sostiene lo siguiente:
• El Juez de Distrito anuló de facto los criterios desarrollados en torno al control de constitucionalidad, llegando al absurdo de sostener que las normas impugnadas sólo podrían ser adecuadas al marco constitucional previsto en el artículo 17 constitucional hasta que el Congreso decida hacerlo.
• La sentencia es ilegal porque desconoce que el Poder Judicial de la Federación tiene facultades para declarar la inconstitucionalidad de una norma de carácter general.
• Es insostenible que el Juez haya considerado que las normas impugnadas debían seguir rigiendo hasta en tanto el Congreso de la Unión decidiera modificarlas y adaptarlas al contenido del artículo 17 constitucional, pues es claro que el Juez tenía la obligación de tutelar el contenido de dicha disposición constitucional a través del sistema concentrado de la Constitución.
• El Juez se abstuvo de pronunciarse en relación con el planteamiento de forma exhaustiva, pues no detalló las razones por la cuales consideró que las normas impugnadas no eran contrarias al artículo 17 constitucional.
• Resulta preocupante que el Juez reconozca que la normatividad impugnada no establece lineamientos que fomenten el análisis de los argumentos que propicien un pronunciamiento de fondo sobre otros y pese a ello no haya declarado la inconstitucionalidad de la norma.
• Es ilegal la sentencia al considerar que los artículos impugnados no transgreden el principio de seguridad jurídica, pues el planteamiento del quejoso fue en el sentido de que la ausencia de límites claros en las normas genera inseguridad, pues las autoridades no deben tener margen para actuar de manera arbitraria.
• Las normas reclamadas sí permiten que se juzgue doblemente a los particulares, ya que no se impide que la autoridad administrativa pueda subsanar vicios formales.
Asimismo, el quejoso Eduardo Becerra Hernández y, las autoridades responsables presidente de la República y vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hicieron valer revisión adhesiva.
El presidente de la República, en la revisión adhesiva, sostiene lo siguiente:
• Debe confirmarse el fallo recurrido ante lo inoperante de los agravios del recurrente, pues únicamente reitera lo manifestado vía conceptos de violación.
• Los artículos 91 y 92 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no son violatorios del principio non bis in ídem al prever una "nulidad para efectos", pues al respecto ya se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. XXXVII/2016 (10a.), de título y subtítulo: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 52, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL PREVER LA POSIBILIDAD DE DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA ‘PARA DETERMINADOS EFECTOS’, NO VIOLA EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM."
• Es infundado el concepto de violación relativo a que los artículos impugnados contravienen el artículo 17 constitucional, ello pues de un análisis histórico a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo se desprende que el legislador siempre ha procurado evitar los formalismos procedimentales, a efecto de que la autoridad se pronuncie sobre el fondo del asunto.
• El artículo 17 de la Constitución Federal, sólo es una de las normas a la que deben apegarse los tribunales, y éstos tienen que ajustar su actuación a todas.
8. En sesión de tres de diciembre de dos mil veinte, el Tribunal Colegiado de Circuito dictó sentencia en la cual determinó lo siguiente:
• Se desechó el recurso de revisión interpuesto por el vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al considerar que carece de legitimación.
• Lo anterior, pues el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio respecto a dicha autoridad, de tal suerte que, no se cumple el requisito previsto en el artículo 87 de la Ley de Amparo, consistente en que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que de cada una de ellas se haya reclamado;
• Por otro lado, se reconoció la legitimación de las restantes autoridades: presidente, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos y director general de Delitos y Sanciones, todos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, toda vez que se trata de las autoridades responsables en el juicio de amparo indirecto y la sentencia recurrida no les resultó favorable a sus intereses.
• También reconoció la legitimación de la parte quejosa para interponer el recurso de revisión principal.
• Empero, se desechó la revisión adhesiva interpuesta por el vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ello, pues si bien el Juzgado de Distrito sobreseyó en el juicio por lo que respecta al acto reclamado a esa autoridad consistente en la ejecución de la resolución contenida en el oficio P091/2019, de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, dictada en el expediente CNBV.2C.8 RECURSO DE REVISIÓN 212(), 27/11/2018-27/11/2018", RR/578/EF/01, también resulta cierto que dicho sobreseimiento no es materia del recurso de revisión principal interpuesto por la parte quejosa.
• Se reconoció la legitimación del presidente de la República para interponer la revisión adhesiva dado que el Juez negó la protección constitucional por cuanto hace a las normas impugnadas y en la revisión, el quejoso combate esa determinación.
• Asimismo, se reconoció legitimación a la parte quejosa para interponer la revisión adhesiva, toda vez que el fallo al que se adhiere le resulta favorable en una parte, pues el Juzgado de Distrito le concedió la protección constitucional solicitada en temas de legalidad.
• Se estimaron oportunos los recursos de revisión hechos valer.
• Además, se consideró que debe quedar firme el sobreseimiento decretado por el Juzgado de Distrito en el considerando cuarto de la resolución recurrida.
• Se estudiaron los agravios hechos valer en el recurso de revisión por los directores de área, ambos adscritos a la Dirección General Adjunta Jurídica de Procedimientos "C" de la Dirección General Contenciosa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en representación del presidente, del vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, y del director general de Delitos y Sanciones, de la referida comisión.
• Se consideraron fundados sus agravios, porque de la resolución reclamada en el juicio de amparo se advierte que el vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, actúo en suplencia por ausencia del presidente del referido órgano, por tanto, es a esta última autoridad a quien se le debe atribuir el acto impugnado y no a la recurrente.
• Por lo anterior, sobreseyó en el juicio constitucional, por lo que hace al vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto del acto reclamado consistente en la emisión de la resolución contenida en el oficio P091/2019, de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, dictada en el expediente CNBV.2C.8 RECURSO DE REVISIÓN 212(), 27/11/2018-27/11/2018", RR/578/EF/01, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.
• Derivado de lo anterior, por mayoría de razón, y por consecuencia lógica, se calificó como fundado el agravio hecho valer por el quejoso Eduardo Becerra Hernández, en su ocurso de revisión adhesiva, en la porción en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30193-99664999/derecho-de-acceso-a-la-justicia-principio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 391 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y 62 A 65 DEL REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA COMISIÓN NACIO (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA CUANDO SE IMPUGNA SÓLO EL REQUERIMIENTO A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) PAR (QUEJA)
- LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER REVISIÓN ADHESIVA EN AMPARO INDIRECTO. CARECE DE ELLA EL TESORERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CUANDO LA SENTENCIA RECURRIDA DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO POR I (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- RETENCIÓN DE BIENES PREVISTA COMO MEDIDA PRECAUTORIA EN EL CÓDIGO DE COMERCIO. PUEDE DECRETARSE SOBRE UNA TERCERA PERSONA SÓLO EN CUANTO A SU CARÁCTER DE ADMINISTRADORA, SOCIA O TU (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- RECURSO DE APELACIÓN POR RAZÓN DE CUANTÍA EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO SI EL JUICIO DE ORIGEN SE SIGUIÓ EN LA VÍA EJECUTIVA, AU (XXIII.2o.8 C (11a.))
- RECURSO DE RECLAMACIÓN. PROCEDE ÉSTE Y NO EL DE INCONFORMIDAD CONTRA EL AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE IMPONE UNA MULTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA (XVII.1o.C.T.68 L (10a.))
- SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. PROCEDE OTORGARLA, PARA EL EFECTO DE QUE EL QUEJOSO DISPONGA LIBREMENTE DE SUS FONDOS, CUANDO EL ACTO RECLAMAD (I.7o.A.74 A (10a.))
- IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 5o., FRACCIÓN I, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 7o., P (VI.1o.P.48 P (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis