PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 391 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y 62 A 65 DEL REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. NO PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA PARA QUE NO SE CONTINÚE CON SU TRÁMITE O NO SE EMITA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA CORRESPONDIENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 65/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO QUINTO Y DÉCIMO SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 9 DE MAYO DE 2012. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. AUSENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos tercero, quinto y octavo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, toda vez que los asuntos de los que deriva el posible punto de divergencia son del orden administrativo, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.
No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido es:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de distinto o del mismo circuito, como acontece en el presente asunto.
No obstante lo anterior, esta Segunda Sala considera que en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo establecido en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
TERCERO. En principio, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que el denunciante considera contradictorios.
En ese sentido, cabe señalar que el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el quince de noviembre de dos mil once el incidente de suspensión en revisión número **********, sostuvo, en lo que al caso importa, lo siguiente:
"SÉPTIMO. El examen del recurso de revisión principal pone de manifiesto que la autoridad recurrente formula, esencialmente, los siguientes agravios: ... Precisados los puntos fundamentales de agravio, es necesario señalar que en el considerando tercero de la interlocutoria recurrida la Juez de Distrito concedió la suspensión definitiva a la empresa quejosa únicamente para los efectos solicitados, esto es, a fin de que la autoridad responsable continúe con el procedimiento administrativo de sanción número **********, pero se abstenga de resolverlo en definitiva, hasta en tanto dicte la sentencia en el cuaderno principal del juicio de amparo de que se trata. Además, la Juez del conocimiento determinó que al emitirse la resolución final en el procedimiento administrativo de origen, no se conservaría la materia del juicio de garantías en lo principal, causando a la quejosa un perjuicio de difícil reparación. Asimismo, la Juez Federal sostuvo que el objeto de la suspensión concedida es mantener viva la materia del juicio de amparo, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, deje sin efectos el juicio constitucional evitando a la quejosa los perjuicios que la consumación del acto que reclama pudiera ocasionarle. Por último, la juzgadora de origen estableció que la medida cautelar relativa no suspende diversos actos que no sean materia de la demanda de garantías y estará vigente hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio en lo principal del cual deriva tal incidencia. Para dar respuesta a los planteamientos compendiados con los numerales 1 (uno), 4 (cuatro), 5 (cinco) y 6 (seis) en la síntesis relativa, debe puntualizarse que la suspensión del acto reclamado tiene por objeto primordial mantener viva la materia de amparo, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal; en virtud de esta medida cautelar, se impide provisionalmente que el acto que se reclama se ejecute o surta sus efectos, mientras se decide si es violatorio de la Constitución Federal. De esta manera, la suspensión se considera como un medio más de protección que, dentro del procedimiento del amparo, concede la ley a los gobernados; de modo que el Juez de Distrito, antes de estudiar a fondo el caso que se lleva a su consideración, antes de recibir alguna prueba, antes de saber de modo cierto si existe una violación constitucional, tiene la facultad para suspender la ejecución del acto reclamado (si se dan los supuestos legales), desde luego, en resolución provisional y en definitiva mediante un procedimiento sumario que se reduce a una audiencia en la que se oye al quejoso, a la autoridad responsable y al Ministerio Público. Desde esa óptica, es pertinente precisar que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció respecto del tema de la suspensión del procedimiento, al resolver en sesión del catorce de octubre de dos mil tres, la contradicción de tesis número 28/2003, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito, pues en la ejecutoria relativa determinó lo siguiente: El legislador no dispuso de manera expresa la improcedencia de la suspensión del procedimiento por contravenir disposiciones de orden público. El artículo 138 de la Ley de Amparo contempla la posibilidad de que el procedimiento del que deriva el acto reclamado sea suspendido y prevé dos hipótesis sobre el particular: la primera dispone que la suspensión en el amparo se concederá ‘en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él’, la cual constituye la regla general; mientras que en la segunda hipótesis se establece una excepción a lo anterior y, por tanto, sí procede la suspensión del procedimiento cuando la continuación de éste ‘deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso’. Que el aspecto medular que debe tomarse en consideración para determinar si la suspensión puede tener o no el efecto de suspender el procedimiento es la irreparabilidad del daño ocasionado al quejoso, de tal forma que si el daño o perjuicio es reparable, la suspensión ‘se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado’; por el contrario, si el daño o perjuicio es irreparable, la suspensión tendrá el efecto de impedir ‘la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado’. Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia número P./J. 83/2003 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, diciembre de 2003, Novena Época, que es del rubro y sinopsis del tenor siguientes: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LAS RESOLUCIONES QUE DIRIMEN LA CUESTIÓN DE PERSONALIDAD. PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE, SIN PARALIZAR EL PROCEDIMIENTO, EL JUEZ NATURAL SE ABSTENGA DE DICTAR SENTENCIA MIENTRAS SE DECIDE EL AMPARO.’ (se transcribió). Sobre esas premisas, es patente que resultan parcialmente fundados los planteamientos en estudio, toda vez que debe puntualizarse que para los efectos de la suspensión, la continuación y resolución del procedimiento administrativo número ********** no causa una afectación de imposible reparación a la quejosa **********, dado que no se aprecia que afecte de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, ya que en la demanda de amparo la solicitante de garantías sólo se inconforma contra diversas violaciones formales que, afirma, se cometieron al emitir el oficio número **********, del doce de agosto de dos mil once, mediante el cual se concedió a la empresa quejosa la garantía de audiencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 391, fracciones I y II, de la Ley del Mercado de Valores, 62 y 64 del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tales como que ese comunicado no se encuentra debidamente fundado y motivado, las cuales puede reclamar al impugnar la resolución que se dicte en el citado procedimiento administrativo. Se expone tal aserto, en la medida de que la continuación del referido procedimiento administrativo no deja irreparablemente consumado el eventual daño o perjuicio que pueda ocasionarse a la quejosa con la sustanciación de aquella instancia, en virtud de que como bien lo aduce la autoridad responsable, mediante el oficio del doce de agosto de dos mil once únicamente se concedió a la solicitante del amparo la garantía de audiencia, de conformidad con el artículo 14 de la Constitución General de la República (fojas ciento siete a la ciento quince del expediente de suspensión), como se advierte de la siguiente transcripción: ‘En tal virtud, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas invocadas, como presunta infractora y con fundamento en los artículos 1o., 2o., 3o. y 62 del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2005, le concede un plazo de diez días hábiles, contado a partir del día hábil siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente oficio, a fin de que en ejercicio del derecho de audiencia que le otorga el artículo 391, fracción I, de la Ley del Mercado de Valores, por escrito, ante la Dirección General Adjunta de Sanciones Administrativas B de este órgano desconcentrado, a través de persona legalmente acreditada, manifieste lo que a su interés convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos, apercibiéndole que de no hacerlo así, o bien, que en su contestación no aporte elementos que comprueben que su actuación se encontró apegada a la normatividad aplicable, en términos de lo previsto en la fracción II de dicho precepto legal, en relación con el artículo 64 del referido reglamento de supervisión, se tendrán por acreditadas las infracciones observadas, y conforme a lo dispuesto en el artículo 392 del ordenamiento legal citado en segundo término, se procederá a imponer las sanciones administrativas a que se haya hecho acreedora. La respuesta que se presente deberá también ser enviada en un archivo en formato MS word por correo electrónico a las siguientes direcciones: ********** y **********, en el entendido de que para efectos del cómputo del plazo se considerará sólo aquella fecha en que sea recibida por escrito ante esta comisión. Lo anterior, con base en la facultad conferida al que suscribe el presente, en términos de lo previsto en los artículos 4o., fracción XIX y 12, fracción IV, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en relación con los artículos 10, 12 y 38, fracciones I, VII, IX y XII, del reglamento interior de este órgano desconcentrado, publicado en el Diario Oficial (sic) el 12 de agosto de 2009, en concordancia con el 1o., 2o., 3o. y 64 del reglamento de supervisión de esta comisión, publicado en el referido Periódico Oficial el 18 de enero de 2005, así como en el artículo primero, fracción IV, inciso b), del acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores delega al presidente, vicepresidente jurídico, director general de Delitos y Sanciones y directores generales adjuntos de Sanciones A y B, de la propia comisión, la facultad de imponer sanciones administrativas, adoptado por la H. Junta de Gobierno de este órgano desconcentrado en la sesión celebrada el 18 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de ese mismo año, así como en el artículo 1o., fracción VIII, del acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicado en el mencionado órgano informativo el 31 de agosto de 2009.’. Las precisiones anteriores ponen de manifiesto que en el oficio número ********** del doce de agosto de dos mil once, el director general de Delitos y Sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores concedió a la quejosa **********, el plazo de diez días hábiles para que manifestara lo que a su derecho correspondiera en relación con las eventuales irregularidades cometidas el trece de octubre de dos mil ocho, al reportar información relevante a la **********, a través del sistema denominado **********. En tal sentido, como bien lo sostiene la autoridad recurrente, con el inicio del referido procedimiento administrativo no se causa algún daño irreparable a la empresa quejosa, toda vez que el aspecto medular que debe tomarse en consideración para determinar si la suspensión puede tener o no el efecto de paralizar el procedimiento es la irreparabilidad del eventual daño causado a la solicitante del amparo, cuestión que no se actualiza en la especie. Lo anterior tiene singular relevancia, habida cuenta que si el daño o perjuicio es reparable, no procede conceder la suspensión definitiva en los términos solicitados por la quejosa, dado que se paralizaría injustificadamente la continuación del procedimiento natural; toda vez que las eventuales violaciones formales cometidas en el oficio número ********** del doce de agosto de dos mil once, las puede reclamar al impugnar la resolución que se dicte en el citado procedimiento administrativo. Cabe magnificar que es acertada la aseveración de la recurrente en el sentido de que la quejosa no tiene certeza de que la resolución administrativa que se dicte en el procedimiento relativo le causará algún perjuicio a su esfera jurídica, razón por la cual no se encuentra acreditado en el incidente de suspensión que se cause algún daño irreparable con la continuación y dictado de aquella resolución, dado que no existe certeza, se insiste, de que habría de sancionarse a la solicitante del amparo y, en todo caso, que la sanción pueda ser irreparable, sino sólo se evidencia que se le requirió y apercibió para que hiciera valer lo que a su derecho correspondiera, en términos de lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores y del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Al resultar fundados los argumentos analizados, lo cual motiva la revocación de la interlocutoria recurrida, es innecesario examinar los restantes agravios del recurso de revisión principal, en primer lugar porque no cambiarían el sentido de este fallo, además de que no le reportarían un mayor beneficio a la autoridad recurrente que el aquí alcanzado. Por los motivos expuestos, resultan ineficaces los argumentos hechos valer por la quejosa en la adhesión al recurso de revisión principal, esencialmente, porque no se actualiza la excepción establecida en el artículo 138 de la Ley de Amparo, relativa a la irreparabilidad que pudiera ocasionar la continuación y resolución del procedimiento administrativo número **********, dado que como se explicó en los párrafos anteriores, con la emisión del oficio número ********** del doce de agosto de dos mil once, únicamente se concedió a la quejosa la garantía de audiencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 391, fracciones I y II, de la Ley del Mercado de Valores, 62 y 64 del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Además de que, contrario a lo aducido por la quejosa, el hecho de que la autoridad responsable tenga la oportunidad de dictar resolución en el procedimiento administrativo relativo, no necesariamente se traduce en que se le sancione, sino que la determinación de que se trata se encuentra subordinada a la sustanciación de aquella instancia y a los elementos de convicción que ofrezca a efecto de desvirtuar las irregularidades imputadas. En abono a lo anterior, es importante significar que no basta para conceder la suspensión solicitada la aseveración que realizó la quejosa en la revisión adhesiva, en cuanto a que los artículos 391, fracciones I y II, de la Ley del Mercado de Valores, 62 y 64 del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, infringen las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 20, apartado B, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al limitar las formalidades esenciales del procedimiento y la presunción de inocencia, así como el principio de no autoincriminación; ya que se trata de argumentos que se analizarán en el juicio principal al estudiarse, en su caso, la constitucionalidad de los actos reclamados, además de que esa aseveración está sujeta a prueba en el trámite del juicio de amparo y en la audiencia constitucional. Por otro lado, debe desestimarse la afirmación dogmática de la quejosa en el sentido de que se encuentra acreditada la apariencia del buen derecho para conceder la suspensión definitiva solicitada; toda vez que en el incidente relativo no está demostrada la irreparabilidad que produce el inicio, sustanciación y resolución del procedimiento administrativo de mérito, sino que aquella instancia simplemente se instauró a la quejosa con el objeto de concederle su garantía de audiencia, de ahí que no se encuentra actualizada la excepción contenida en el artículo 138 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, no existe la certeza de que se haya vulnerado algún derecho (aun en apariencia) de manera irreparable; además de que en el supuesto de que la resolución sea adversa a los intereses de la quejosa, tendrá la oportunidad de controvertir los eventuales vicios formales o procesales cometidos en sede administrativa al impugnar tal resolución definitiva, por lo que no quedarían irremediablemente consumados; de ahí la ineficacia de los argumentos hechos valer en la revisión adhesiva en estudio. Sirve de apoyo a estas últimas consideraciones, por su contenido y alcance, la tesis número 1a. L/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 344 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del rubro y texto siguientes: ‘REVISIÓN ADHESIVA. REGLAS SOBRE EL ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS FORMULADOS EN ELLA.’ (se transcribió). En las relatadas condiciones, dado que resultaron fundados los agravios esgrimidos por la autoridad recurrente, procede revocar la interlocutoria recurrida y negar la suspensión definitiva solicitada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en lo dispuesto en los artículos 83, fracción II, inciso a) y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve ...".
Por su parte, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veintiséis de enero de dos mil doce el incidente de suspensión en revisión número **********, sostuvo, en lo que al caso interesa, lo siguiente:
"CUARTO. Previo al análisis de la resolución impugnada conviene precisar los actos reclamados en el juicio de amparo y que son materia de la suspensión origen del presente recurso de revisión, así como los efectos para los cuales la solicitó. De la demanda, se desprende que la parte quejosa solicitó la suspensión respecto a los efectos y consecuencias de la emisión del acto reclamado consistente en el oficio número ********** dictado dentro del procedimiento de sanción número ********** por medio del cual se inició el procedimiento administrativo para la imposición de sanciones administrativas. Asimismo la parte quejosa solicitó la suspensión para: ‘... que su señoría conceda la suspensión con el objeto de que, si bien se continúe el procedimiento iniciado por la autoridad responsable, ésta se abstenga de emitir la resolución correspondiente al mismo, hasta en tanto su señoría resuelva sobre las violaciones constitucionales en perjuicio de mi mandante que se reclaman en este juicio de garantías.’. QUINTO. De los autos del juicio de origen emergen los siguientes antecedentes: 1. Por escrito de treinta de agosto de dos mil once presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal el uno de febrero de dos mil once ********** apoderado de **********, quien también se hace llamar **********, promovió juicio de amparo, solicitando la suspensión provisional y, en su momento, definitiva respecto de las consecuencias y efectos positivos y subsistentes del acto reclamado consistente en el oficio número ********** de doce de agosto de dos mil once. 2. La referida demanda se registró con número el (sic) **********, y se admitió por auto de ocho de septiembre de dos mil once. 3. Mediante proveído de la misma fecha (dictado en el cuaderno de suspensión) el Juez del conocimiento concedió la suspensión provisional y, por interlocutoria de veinte de septiembre siguiente determinó conceder la suspensión definitiva, basándose esencialmente en las siguientes consideraciones: En primer lugar determinó que la quejosa solicitó la suspensión respecto del acto atribuido al director general de Delitos y Sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Luego, que eran ciertos los actos reclamados al director general de Delitos y Sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y al secretario de Hacienda y Crédito Público consistentes, respectivamente, en la emisión del oficio ********** de doce de agosto de dos mil once; en la discusión, votación y aprobación del decreto por el que se expide la Ley del Mercado de Valores, específicamente el artículo 391, fracción (sic) I y II y el refrendo del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en lo referente a los artículos 62 y 64, lo anterior al así manifestarlo dichas autoridades al rendir su informe previo. Por otra parte, señaló que las autoridades responsables Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, secretario de Gobernación y director del Diario Oficial de la Federación habían sido omisas en rendir su informe previo, no obstante les fue solicitado por el juzgado del conocimiento mediante auto de ocho de septiembre de dos mil once; sin embargo, al tratarse los actos a ellas reclamados de disposiciones legales y reglamentarias publicadas en el Diario Oficial de la Federación su existencia no está sujeta a prueba, por lo que los actos en ese aspecto se tuvieron por ciertos. En el considerando tercero, adujo que dada la certeza de los actos reclamados y tomando en consideración que la parte quejosa solicita la medida cautelar con el objeto que la responsable se abstenga de emitir resolución alguna dentro del procedimiento administrativo de sanción número **********, hasta en tanto no se resuelva sobre la constitucionalidad planteada en el juicio, conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo se concedía la suspensión definitiva al quejoso para el único efecto de que llegado el momento procesal oportuno la autoridad responsable director general de Delitos y Sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no dictara resolución final en los autos del referido expediente administrativo, hasta en tanto no se resolviera el fondo del juicio de amparo, ello con la finalidad de conservar la materia del amparo hasta la conclusión del juicio. Lo anterior, conforme a los artículos 124 y 138 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia de rubro: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LAS RESOLUCIONES QUE DIRIMEN LA CUESTIÓN DE PERSONALIDAD. PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE, SIN PARALIZAR EL PROCEDIMIENTO, EL JUEZ NATURAL SE ABSTENGA DE DICTAR SENTENCIA MIENTRAS SE DECIDE EL AMPARO.’. Finalmente, destacó que dicha suspensión no implicaba detener el desarrollo del procedimiento administrativo, el cual es de orden público, sino únicamente evitar que se dictara la resolución definitiva, por tanto, la misma no surtiría efecto legal alguno si al momento de su notificación, ya se ha resuelto el procedimiento del que deriva el acto de aplicación reclamado; asimismo, determinó que el quejoso tiene la obligación de comparecer ante la autoridad responsable que sigue el referido procedimiento a cuantas diligencias se realicen y con las obligaciones procesales que el mismo implique. SEXTO. La recurrente señaló como único agravio, esencialmente, lo siguiente: Que el a quo viola lo dispuesto en la fracción III del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues contrariamente a lo que argumenta, el oficio número ********** de doce de agosto de dos mil once no le causa perjuicio alguno al quejoso, por el contrario mediante el mismo se le otorga garantía de audiencia, y si bien en él la autoridad invoca diversos artículos de la Ley del Mercado de Valores y del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el quejoso no acredita la aplicación de dichas normas pues, reitera, mediante dicho oficio sólo se le requirió para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la sanción administrativa derivada de las presuntas infracciones a la citada ley de las cuales ya tenía conocimiento en su carácter de director general de la sociedad quejosa. Asimismo, de la lectura del referido oficio se aprecia que no se le impuso ninguna sanción, ni se modificó alguna situación jurídica, únicamente se le requirió y apercibió con fundamento en la Ley del Mercado de Valores y del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es decir dicho oficio únicamente contiene un apercibimiento en el sentido de que si la gobernada no cumple con ninguno de los requerimientos que le fueron solicitados entonces se haría acreedora a las consecuencias establecidas en los artículos 391, fracción II y 392 de la referida Ley del Mercado de Valores en relación con el 64 del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por tanto, al estar fundado y motivado el oficio reclamado no puede considerarse que afecte alguna garantía constitucional, máxime si a través de él se le otorga garantía de audiencia a fin de que desvirtúe las presunciones existentes en su contra, afirmación que (sic) apoya en las jurisprudencias de rubros: ‘LEYES, AMPARO CONTRA. PARA QUE SE DEMUESTRE EL ACTO DE APLICACIÓN ES NECESARIO QUE SE ACTUALICE EL SUPUESTO PREVISTO EN EL PRECEPTO QUE SE RECLAMA.’, ‘LEYES, AMPARO CONTRA, IMPROCEDENTE, SI SE RECLAMAN CON MOTIVO DE ACTOS DE APLICACIÓN INMINENTES.’, ‘LEYES, AMPARO, CONTRA, CUANDO SE IMPUGNAN POR SU PRETENDIDA AMPLIACIÓN Y NO POR SU APLICACIÓN CONCRETA.’ y ‘LEY IMPUGNADA DE INCONSTITUCIONAL. ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN.’. En consecuencia, es claro que la sol
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23696-291cf7ff/procedimiento-de-imposicion-de-sanciones-administrativas-previsto-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO). A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, CONSTITUCIONAL, TODAS LAS AUTORIDADES (AMPARO EN REVISIÓN)
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y ECONÓMICA ESTATAL (ARTÍCULO (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SUSPENSIÓN DEFINITIVA. NO PROCEDE CONCEDERLA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE IMPUGNE LA ORDEN DE VISITA DE UN PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN RELACIONADO CON EL CUMPLIM (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 391 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y 62 A 65 DEL REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA COMISIÓN NACIO (2a./J. 53/2012 (10a.))
- AMPARO DIRECTO, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE, PROMOVIDO EN CONTRA DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION, EN LA QUE SE APLICAN PRECEPTOS LEGALES (s/clave)
- AMPARO DIRECTO, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE, PROMOVIDO EN CONTRA DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN LA QUE SE APLICAN PRECEPTOS LEGALES (867)
- CONSTITUCION, REFORMAS A LA. AMPARO IMPROCEDENTE. BANCA Y CREDITO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis