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RETENCIÓN DE BIENES PREVISTA COMO MEDIDA PRECAUTORIA EN EL CÓDIGO DE COMERCIO. PUEDE DECRETARSE SOBRE UNA TERCERA PERSONA SÓLO EN CUANTO A SU CARÁCTER DE ADMINISTRADORA, SOCIA O TUTORA ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LOS BIENES DE LA PERSONA DEUDORA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 233/2024. · Registro digital (IUS): 32956
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-01-31
Promovente: *.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Enero de 2025, Tomo V, Volumen 1, Pág.395.

AMPARO EN REVISIÓN 233/2024. 30 DE OCTUBRE DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: CARLOS ADRIÁN LÓPEZ SÁNCHEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: Una sociedad mercantil solicitó providencias precautorias prejudiciales contra seis personas: una jurídica y cinco físicas, entre éstas el quejoso.

Previa tramitación incidental, el juzgado de origen decretó las medidas solicitadas.

Inconforme con esa determinación una de las personas físicas presentó demanda de amparo indirecto, mediante la cual alegó, entre otras cuestiones, que los artículos 1112, 1175, 1177 y 1179 (sic) del Código de Comercio son inconstitucionales.

Una vez integrado el asunto, el juzgado de amparo sobreseyó en el juicio al considerar, en esencia, que el quejoso no formuló concepto de violación alguno en contra de esos preceptos jurídicos; además, sobreseyó en el juicio respecto de la resolución señalada como primer acto de aplicación, al estimar que no se cumplió con el principio de definitividad.

En desacuerdo con la sentencia indicada el promovente interpuso recurso de revisión.

Así, el tribunal colegiado de circuito revocó el sobreseimiento decretado y declaró carecer de competencia para conocer de los actos reclamados a las Cámaras de Diputados y Senadores, así como del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; los cuales se hicieron consistir en la inconstitucionalidad de las normas generales referidas por ser competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al treinta de octubre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 233/2024 relativo al medio de impugnación interpuesto por ********** contra la resolución dictada el diecisiete de enero de dos mil veintidós en el juicio de amparo indirecto ********** del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit.

El problema jurídico que, en su caso, debe resolver esta Primera Sala consiste en determinar si los artículos 1112, 1169, 1175 y 1177 del Código de Comercio se ajustan al parámetro de regularidad constitucional.

ANTECEDENTES

1. Procedimiento de origen. El quince de febrero de dos mil veintiuno ********** solicitó providencias precautorias prejudiciales contra **********; **********, ********** y **********, todos **********; así como ********** y **********, ambos **********; las cuales se hicieron consistir en la retención de bienes hasta por la cantidad de USD $**********, (moneda del curso legal en Estados Unidos de América).

2. El día dieciséis siguiente se admitió a trámite la solicitud como "Incidente de Providencia Precautoria" en el expediente ********** del índice del Juzgado de Primera Instancia del Vigésimo Cuarto Partido Judicial, con residencia en Encarnación de Díaz, Jalisco.

3. Acto reclamado. Previa integración del asunto y substanciado el procedimiento incidental, el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno el órgano jurisdiccional indicado dictó resolución interlocutoria en la que decretó de plano las providencias precautorias solicitadas y, en consecuencia, ordenó girar oficios a diversas instituciones con el propósito de que retengan bienes de las personas contra quien se dirigieron.

4. Juicio de amparo indirecto. Inconforme con esa determinación el cinco de mayo de dos mil veintiuno ********** presentó demanda de amparo indirecto en la que señaló como autoridades responsables y actos reclamados, en esencia, los siguientes:

Autoridades responsables:

• Cámaras de Diputados y Senadores; Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Juez de Primera Instancia del Vigésimo Cuarto Partido Judicial, con residencia en Encarnación de Díaz, Jalisco; Juez Segundo de Primera Instancia Mercantil de Tepic, Nayarit; Comisión Nacional Bancaria y de Valores; entre otras; y,

Actos reclamados:

Iniciativa, discusión, aprobación, promulgación y publicación del "decreto que contiene los artículos 1112, 1175, 1177 y 1179 (sic) del Código de Comercio".

La resolución interlocutoria dictada el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno en el expediente **********; así como su ejecución.

5. Cabe señalar que el quejoso formuló diversos argumentos a título de conceptos de violación, los cuales, en esencia, son los siguientes:

A. La interpretación que hizo el juez de origen de los artículos 1112, 1169, 1175 y 1177 del Código de Comercio le otorgó facultad para dictar providencias precautorias a pesar de carecer de competencia legal para tal efecto.

Lo que antecede, si bien el numeral 1112 referido precisa que en tratándose de providencias precautorias es competente el juzgado que lo es para conocer del negocio principal y, en caso de urgencia, también lo será el del lugar en el que se ubique la parte demandada o el bien que debe asegurarse, lo cierto es que la autoridad responsable no se ubica en alguna de esas hipótesis.

Por lo anterior, debe considerarse que las partes pactaron que cualquier conflicto que surja será sometido a arbitraje por tres personas en Nueva York, Estados Unidos de América.

Tampoco se actualiza alguna excepción a la regla de competencia, toda vez que las personas en quienes recaen las providencias precautorias no tienen su domicilio en el Vigésimo Cuarto Partido Judicial de Jalisco; sus cuentas bancarias no corresponden a ese lugar ni los bienes se encuentran allí.

De ahí que es indispensable establecer un criterio de aplicación e interpretación de las normas indicadas que sea acorde a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. El juez responsable interpretó y aplicó el artículo 1169 del Código de Comercio inconstitucionalmente, dado que ese numeral no permite que se afecten bienes de un socio para garantizar un reclamo dirigido a cierta sociedad.

Lo que, a su decir, ya fue precisado por esta Sala al resolver el amparo en revisión 1339/2017(1) en el que se concluyó que el numeral 1169 referido es complementario del diverso 1168 del mismo ordenamiento y que debe ser entendido en el sentido de que la providencia precautoria puede hacerse extensiva a los bienes de la parte deudora que estén a cargo de la persona que tenga el carácter de tutora, socia o administradora; en esa virtud, debe preferirse esta interpretación en favor del quejoso.

C. El juez de origen omitió tomar en cuenta la regla general de competencia y excepciones previstas en el artículo 1112 del Código de Comercio.

Así, esa autoridad debió interpretar armónicamente los numerales 1092, 1094, 1102, 1114, 1115, 1181 y 1188 en relación con el 1112, todos de la codificación mercantil precisada, ya que al no hacerlo así se otorga competencia a cualquier órgano jurisdiccional para conocer de providencias precautorias en materia mercantil.

D. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1177 del Código de Comercio las providencias precautorias pueden decretarse como medidas prejudiciales o vía incidental una vez iniciado cualquiera de los juicios regulados en ese ordenamiento.

Sin embargo, la solicitud de la tercera interesada no cumple los requisitos legales de procedencia ya que al haberse promovido y tramitado como incidente no debió decretarse de plano, es decir, sin citación de la parte contraria, lo que violentó su garantía de audiencia.

Además, la solicitante tampoco satisfizo los requisitos previstos en el numeral 1175 de la codificación señalada ya que la deuda a partir de la cual aquélla edificó su pretensión no es exigible.

6. De la demanda conoció el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, quien la admitió a trámite en el expediente ********** y el diecisiete de enero de dos mil veintidós dictó sentencia en la que sobreseyó en el juicio por lo que hace a los actos reclamados a las Cámaras de Diputados y Senadores, así como al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

7. Lo anterior, al considerar que si bien el quejoso formuló diversos argumentos a título de conceptos de violación, estimó que no están dirigidos a combatir "... los vicios de inconstitucionalidad de los cuales aduce adolecen los artículos 1112, 1175, 1177 y 1779 del Código de Comercio ... ya que no expone los motivos por los cuales considera que tales preceptos son contrarios a la Constitución, ni los motivos que pongan de manifiesto los vicios de constitucionalidad que pretende atribuirles."(2)

8. También decretó el sobreseimiento por lo que hace al acto atribuido al Juez de Primera Instancia del Vigésimo Cuarto Partido Judicial, con residencia en Encarnación de Díaz, Jalisco al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no observó el principio de definitividad; lo que hizo extensivo a los actos de ejecución reclamados.

9. Recurso de revisión. Contra la sentencia de amparo el quejoso interpuso recurso de revisión, el que se admitió a trámite por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en el expediente **********; por su parte el ejecutivo federal hizo valer revisión adhesiva.

10. En sesión de veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro ese órgano colegiado dictó sentencia(3) en la que, en síntesis, consideró lo siguiente:

• Señaló que el quejoso sí formuló conceptos de violación respecto a los artículos combatidos, lo anterior, con independencia de que resultaren operantes o inoperantes, por lo que revocó el sobreseimiento decretado.

El sobreseimiento ante la omisión de motivos de inconformidad implica la falta total de conceptos de violación, de modo que su insuficiencia es un aspecto de la calificación de inoperancia;

• Luego, consideró vinculadas las normas generales reclamadas con el primer acto de aplicación y, debido a esto, refirió que en la especie se actualizó la excepción al principio de definitividad; en consecuencia, también revocó el sobreseimiento decretado respecto a este acto;

• Desestimó la revisión adhesiva; y,

• Declaró carecer de competencia para conocer de los actos reclamados a las Cámaras de Diputados y Senadores, así como al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales se hicieron consistir en la inconstitucionalidad de los artículos 1112, 1175, 1177 y 1179 del Código de Comercio por ser competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por lo anterior, el tribunal colegiado remitió el asunto.

11. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación asumió su competencia originaria para conocer del recurso de revisión interpuesto por el quejoso y la revisión adhesiva interpuesta por la autoridad responsable, admitió los referidos recursos de revisión, los turnó al Ministra Loretta Ortiz Ahlf para la elaboración del proyecto de resolución y ordenó su radicación en esta Sala.

12. En proveído de veintinueve de abril de dos mil veinticuatro el Ministro Presidente de esta Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y envió los autos a la Ponencia de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, a efecto de la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

13. Esta Primera Sala es competente para conocer del recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(4) 83 de la Ley de Amparo;(5) y 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(6) aplicables con motivo del decreto de reforma en la materia publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; así como en los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023 del Pleno de esta Corte, difundido en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés, modificado el diez de abril de ese año(7) y publicado el catorce siguiente.

II. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD

14. Es innecesario pronunciarse en relación con la legitimación del recurrente y la oportunidad del recurso de revisión, toda vez que en el considerando segundo y cuarto de la sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro en el amparo revisión ********** el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito precisó lo relativo, respectivamente.

III. PROCEDENCIA

15. Esta Primera Sala advierte que no se actualiza alguna causa de improcedencia ni que se haya omitido el estudio de las que fueron alegadas por las partes.

IV. CORRECTA PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS

16. En primer lugar, se debe destacar que esta Primera Sala tiene la obligación de examinar íntegramente el ocurso constitucional para determinar la cuestión efectivamente planteada, con la obligación de corregir la inexacta cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen vulnerados, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo.(8)

17. Además, es criterio de este Alto Tribunal, que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados, debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, por lo cual se deben armonizar los datos que emanen de ese ocurso, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e, incluso, con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de la persona promovente, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión;(9) de ahí que en la fijación de los actos reclamados se debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no a lo que aparentemente dijo.

18. En el caso, el quejoso en la demanda de amparo señaló expresamente como actos reclamados los artículos 1112, 1175, 1177 y 1179 del Código de Comercio; sin embargo, el examen integral de la demanda de amparo evidencia que en realidad no fue su intención cuestionar la constitucionalidad del último de los preceptos referidos, sino de uno diverso, a saber: el artículo 1169 de ese ordenamiento.

19. Se sostiene lo precedente, en primer lugar, porque del apartado de conceptos de violación no se advierte que el promovente haya esgrimido algún argumento para combatir el artículo 1179 citado.

20. Además, del apartado de conceptos de violación, específicamente el identificado como "Segundo" el quejoso expuso que el juez responsable vulneró los principios y derechos fundamentales de legalidad, congruencia y exhaustividad porque se realizó una "aplicación INCONSTITUCIONAL del artículo 1169 del Código de Comercio al hacer extensiva la providencia precautoria decretada en contra de la moral (...)"

21. Además, aun cuando el artículo 1179 del Código de Comercio se citó en el primer punto resolutivo de la resolución interlocutoria señalada como acto reclamado, lo cierto es que se desprende que su contenido no se utilizó para justificar las consideraciones que sostienen el sentido del acto reclamado.

22. En esa virtud, se estima que la mención del artículo 1179 del Código de Comercio se trata de una imprecisión que debe ser subsanada a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada; de ahí que, en la materia que es competencia de esta Primera Sala se tendrán como normas generales reclamadas los artículos 1112, 1175, 1177 y 1169 del Código de Comercio.

23. La fijación clara y precisa de los actos reclamados se apoya en el artículo 74, fracción I,(10) de la Ley de Amparo; así como en los criterios de este Alto Tribunal que como se dijo obligan al Tribunal Constitucional a precisar el objeto de estudio de la instancia constitucional interpretando el sentido de la demanda a fin de que la resolución que corresponda recaiga sobre el exacto reclamo de quien insta la protección de la Justicia Federal.

24. Es oportuno destacar que la inexacta fijación de los actos reclamados por parte del juez de distrito –que tampoco fue advertida y, en su caso, subsanada por el tribunal colegiado– no da lugar a que se revoque la sentencia combatida y ordene la reposición del procedimiento en términos de lo establecido por el artículo 93, fracción IV,(11) de la Ley de Amparo, pues la falta de precisión de los actos reclamados no constituye una violación procesal porque no se refiere a la infracción de alguna regla que norme la secuela del procedimiento ni alguna omisión que deje sin defensa al recurrente o pueda influir en la resolución que deba dictarse en definitiva; máxime que cuando el tribunal revisor en el juicio de amparo advierta que en la sentencia recurrida existe una incongruencia, omisión o estudio indebido en torno a los actos reclamados, tales aspectos deben ser corregidos oficiosamente.

25. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 3/95 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN O EL INDEBIDO ESTUDIO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD A LA LUZ DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, PUEDE SER SUBSANADA POR EL TRIBUNAL REVISOR."(12)

V. ESTUDIO DE FONDO

26. Atendiendo a los términos en los que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito revocó el sobreseimiento decretado y la precisión de los actos reclamados en los términos del apartado anterior, a continuación, se emprende el examen de los motivos de disenso esgrimidos contra los artículos 1112, 1169, 1175 y 1177 del Código de Comercio.

27. Al respecto, el artículo 1112 del Código de Comercio citado establece lo siguiente:

Artículo 1112. Para los actos prejudiciales, es competente el juez que lo fuere para el negocio principal; si se tratare de providencia precautoria lo será también, en caso de urgencia, el juez del lugar en donde se hallen el demandado o la cosa que debe ser asegurada.

28. De la interpretación al texto transcrito se advierte que en actos prejudiciales es competente el juzgado que lo sea para el conflicto principal y en tratándose de providencias precautorias urgentes lo es también el que se ubique en donde esté la parte demandada o el bien objeto de la medida.

29. Ahora bien, en los conceptos de violación sintetizados como incisos A y C, el quejoso adujo que tal precepto es inconstitucional porque permite a un juzgado incompetente decretar medidas cautelares, como sustento de tal planteamiento señaló que el juzgado responsable carece de competencia para decretar en el asunto providencias precautorias al no ubicarse en alguna de las hipótesis de urgencia previstas en el numeral precisado y que éste debió interpretarse en relación con los diversos 1092, 1094, 1102, 1114, 1115, 1181 y 1188 del mismo ordenamiento a fin de evitar que cualquier autoridad pueda emitir medidas cautelares en el asunto.

30. También alegó que debió considerar que las partes acordaron someterse a arbitraje por tres personas en Nueva York, Estados Unidos de América, por lo cual la interpretación que hizo la autoridad responsable del artículo impugnado permitió que un juzgador que ni siquiera va a conocer del juicio natural decrete medidas cautelares.

31. Lo anterior evidencia, que el planteamiento de inconstitucionalidad se edifica sobre la premisa de que el juzgado de origen carece de competencia para conocer de las providencias precautorias solicitadas, sin que se surta el supuesto de urgencia previsto en la norma reclamada.

32. Por otro lado, el artículo 1175 del Código de Comercio indica:

Artículo 1175. El juez deberá decretar de plano la retención de bienes, cuando el que lo pide cumpla con los siguientes requisitos:

I. Pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor; II. Exprese el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión;

III. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales tenga temor fundado de que los bienes consignados como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar la acción real serán ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados. En caso de que dichos bienes sean insuficientes para garantizar el adeudo, deberá acreditarlo con el avalúo o las constancias respectivas;

IV. Tratándose de acciones personales, manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia. Asimismo, deberá expresar las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene dichos bienes, salvo que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, o de otros bienes fungibles, y

V. Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este Código o bien porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte.

El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante.

33. La intelección del artículo citado revela que se decretará de plano la retención de bienes siempre que, entre otros requisitos, quien lo solicite demuestre el derecho que justifique su petición y la presencia de temor fundado de que la persona destinataria de la medida puede ausentarse u ocultarse; la existencia de una deuda liquida y exigible; así como la manifestación bajo protesta de decir verdad de las razones que hagan patente que la disposición total de los bienes de la parte deudora puede imposibilitarse.

34. Al respecto, como se aprecia de última parte del concepto de violación identificado como inciso D, el quejoso señaló que la norma reproducida es inconstitucional porque la deuda a partir de la cual la tercera interesada solicitó el otorgamiento de diversas providencias precautorias no es exigible.

35. El quejoso adujo que los documentos fundatorios de la solicitud evidencian que la deuda no es exigible en términos del artículo 2190 del Código Civil Federal ya que la factura y el conocimiento de embarque aportados no han sido firmados ni reconocidos judicialmente por el promovente del amparo.

36. En ese sentido, es claro que la inconstitucionalidad de la norma se predica a partir de la falta de exigibilidad del adeudo sobre el cual se edificó la solicitud de medidas cautelares.

37. Por otro lado, el artículo 1177 del Código de Comercio dispone:

Artículo 1177. Las providencias precautorias establecidas por este Código podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado cualquiera de los juicios previstos en el mismo. En el primero de los casos, la providencia se decretará de plano, sin citar a la persona contra quien ésta se pida, una vez cubiertos los requisitos previstos en este ordenamiento. En el segundo caso, la providencia se sustanciará en incidente, por cuerda separada, y conocerá de ella el juez o tribunal que al ser presentada la solicitud esté conociendo del negocio.

38. Del análisis a ese precepto jurídico se desprende que las providencias precautorias pueden promoverse como actos prejudiciales –supuesto en el que se decretaran de plano– o en cualquier judicio mercantil una vez iniciado –vía incidental y con citación de parte–, es decir, el artículo en examen contiene la forma en que se debe tramitar la petición según que se formule antes de juicio o una vez iniciada la contienda.

39. Para cuestionar esa norma general, el quejoso, a través del concepto de violación reseñado en el inciso D, primera parte, esgrimió que es inconstitucional su aplicación e interpretación porque si las providencias precautorias se solicitaron como acto prejudicial debieron decretarse de plano y no tramitarse vía incidental sin respetar la garantía de audiencia.

40. En otras palabras, el promovente del amparo aduce que si la medida cautelar se tramitó vía incidental debió respetarse su garantía de audiencia, pues el juzgado no podía enmendar la vía y forma elegidas por la solicitante de las medidas cautelares.

41. Lo anterior conduce a señalar que, a decir del inconforme, el artículo citado es inconstitucional debido al trámite que se dio a las providencias precautorias solicitadas.

42. Lo expuesto pone de manifiesto que la esencia de los conceptos de violación formulados por el quejoso se centra en la legalidad y correcta interpretación de las normas reclamadas, así como su correcta aplicación.

43. Es decir, el recurrente tilda de inconstitucionales los artículos 1112, 1175 y 1177 del Código de Comercio sobre la base de que su interpretación y aplicación fue realizada incorrectamente por el juzgado de origen, sin esgrimir argumento alguno mediante el cual contraste esos numerales con algún derecho fundamental distinto de aquellos que se refieren a los principios de legalidad.

44. En otras palabras, el inconforme califica de inconstitucionales los preceptos jurídicos citados por elementos ajenos a lo intrínseco de éstos, pues sus motivos de disenso están enfocados a evidenciar su indebida interpretación y/o aplicación, no así los vicios que esas normas por sí mismas pudieran tener con independencia de la situación particular que guarda aquél.

45. Por consiguiente, es inconcuso que los motivos de disenso en cuanto a las normas generales precisadas se construyen sobre cuestiones relacionadas con la competencia de la autoridad responsable para decretar providencias precautorias en el asunto; el trámite que les dio y la exigibilidad de la deuda a partir de la cual se solicitaron aquéllas.

46. Esto es, a través de los conceptos de violación indicados el recurrente pretende combatir las normas generales citadas, ya que, a su decir, son inconstitucionales, empero, tales motivos de disenso no contienen argumento alguno de invalidez contra aquéllas, sino que todos sus señalamientos están enfocados a combatir la legalidad de lo determinado por el juez de origen.

47. En ese orden de ideas, al cuestionarse las normas generales a partir de la situación particular del quejoso y no por sus características intrínsecas, los conceptos de violación deben calificarse como inoperantes.

48. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 71/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esta Sala comparte, de rubro: "NORMAS GENERALES. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS EXPRESADOS EN SU CONTRA SI SU INCONSTITUCIONALIDAD SE HACE DEPENDER DE LA SITUACIÓN PARTICULAR DEL SUJETO A QUIEN SE LE APLICAN."(13)

49. En diverso aspecto, también deben desestimarse los conceptos de violación en los que el quejoso alegó la inconstitucionalidad del artículo 1169 del Código de Comercio.

50. El precepto jurídico referido es del tenor siguiente:

Artículo 1169. Las disposiciones del artículo anterior(14) comprenden, no sólo al deudor, sino también a los tutores, socios y administradores de bienes ajenos.

51. Del precepto jurídico transcrito se advierte que es posible extender la aplicación de providencias precautorias en cuanto a la persona, siempre que esta tercera tenga el carácter de tutora, socia o administradora de bienes ajenos.

52. Ahora bien, mediante el concepto de violación identificado en el inciso B el recurrente alega, en esencia, que el precepto jurídico referido es inconstitucional porque ofrece diversas interpretaciones, siendo que el juzgado eligió aquella que no resulta conforme con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues a decir del quejoso, el operador jurídico debió realizar una interpretación conforme del artículo 1169 del Código de Comercio en el sentido de que dicha norma permite que se afecten los bienes propiedad de un socio para garantizar el reclamo dirigido a cierta sociedad mercantil.

53. Al respecto, debe considerarse que al resolver los amparos en revisión 1339/2017 y 266/2023(15) esta Primera Sala resolvió que si bien el artículo 1169 del Código de Comercio prevé la posibilidad de extender la aplicación de la providencia precautoria a una persona distinta a la identificada como deudora –limitando su alcance a las que tengan el carácter de tutoras, socias o administradora de bienes ajenos–, lo cierto es que ese precepto no puede ser interpretado en el sentido de que los bienes de terceros sean objeto de alguna de las medidas cautelares previstas en el numeral 1168 de la codificación mercantil referida, lo anterior, en observancia del derecho fundamental de seguridad jurídica.

54. De tal manera que el supuesto de aplicación permitido por el citado precepto extiende el alcance de la providencia precautoria a una tercera persona únicamente en cuanto a su carácter de administradora de bienes, socia o tutora de la parte identificada como deudora, no sobre los bienes de aquélla.

55. En otras palabras, el precepto jurídico referido no permite decretar alguna medida cautelar sobre el patrimonio de una persona distinta a la señalada como deudora, sino sobre los bienes que conforman el patrimonio de esta última que estén a cargo y/o disposición de quien con motivo de alguno de los supuestos indicados en el párrafo que antecede esté a cargo de los bienes.

56. En esa virtud, es patente que el acto cautelar sí podría decretarse respecto a una tercera persona sólo si tiene la calidad de administradora de bienes, socia o tutora de la contraparte de quien promueve, pero no debe incidir ni afectar su patrimonio, sino únicamente respecto del patrimonio de la persona que detenta la deuda, el cual está a disposición de dicha tercera en virtud del carácter cualificado que le asiste.

57. De lo anterior se concluye que el artículo 1169 del Código de Comercio no es inconstitucional, pues debe tenerse presente que su entendimiento hace posible extender la aplicación de una providencia precautoria a una tercera persona sólo en cuanto a su carácter de administradora de bienes, socia

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32956-e38f5ae5/retencion-de-bienes-prevista-como-medida-precautoria-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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