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Modo: Corpus Pro

RETENCIÓN DE BIENES. ESTÁNDAR PROBATORIO APLICABLE PARA DECRETAR ESTA MEDIDA EN MATERIA MERCANTIL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 117/2024. · Registro digital (IUS): 33565
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-08-29
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo V, Volumen 2, Pág.1398.

AMPARO EN REVISIÓN 117/2024. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. IMPEDIDO: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS Y SHELIN JOSUÉ RODRÍGUEZ RAMÍREZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: Dos empresas afirmaron haber otorgado un préstamo verbal a un señor con fines de especulación comercial y que depositaron el dinero en las cuentas que éste les indicó.

Con el tiempo, las empresas consideraron que el deudor incumplió con la obligación de devolver el dinero, por lo que iniciaron un procedimiento prejudicial mercantil contra aquél y un banco en el que solicitaron la retención de sus bienes para garantizar el resultado de una sentencia futura.

El juez concedió la retención, pero el tribunal de segundo grado la revocó, pues consideró que las solicitantes no probaron la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor, tal como lo exige el artículo 1175, fracción I, del Código de Comercio.

En desacuerdo, las solicitantes promovieron un amparo indirecto en el que reclamaron la inconstitucionalidad de ese precepto, por violar su derecho a la tutela judicial efectiva. Sin embargo, el Juez de Distrito les negó el amparo contra dicha norma.

Inconformes, las quejosas interpusieron el presente recurso de revisión.

ÍNDICE

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de doce de septiembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que esta Primera Sala resuelve el amparo en revisión 117/2024 interpuesto por Empresa “A” y Empresa “B”, en contra de la sentencia dictada el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto Número de Expediente de Amparo Indirecto.

El problema jurídico que esta Primera Sala debe resolver consiste en determinar si el artículo 1175, fracción I, del Código de Comercio es violatorio o no del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de eficacia y ejecución de las sentencias, al establecer que la persona juzgadora decretará de plano la retención de bienes cuando el solicitante pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor.(1)

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Actividad comercial. Empresa “A” es una empresa que tiene como objeto social, entre otras cosas, otorgar financiamientos de cualquier clase a corto, mediano y largo plazo con o sin garantía, incluyendo prendas e hipotecas. Por su parte, Empresa “B” es una empresa que tiene entre sus objetivos comprar, vender, construir, comercializar, organizar, promover, operar, administrar y explotar toda clase de bienes inmuebles.

2. Providencias precautorias prejudiciales (expediente Número de Expediente de Providencias Precautorias). El veintisiete de octubre de dos mil veintidós, Empresa “A” y Empresa “B” solicitaron providencias precautorias prejudiciales de índole mercantil en contra de Banco “A” y del señor Persona “A”. En tal solicitud —entre otras cosas— expresaron lo siguiente:(2)

• Empresa “A”, Empresa “B” y el señor Persona “A” forman parte de la comunidad judía en México. Los integrantes de esta comunidad acostumbran a prestarse dinero entre ellos con un “simple apretón de manos” a manera de “trato entre caballeros”.

• Partiendo de esa confianza, las empresas Empresa “A” y Empresa “B” le hicieron un “préstamo” al señor Persona “A” por la cantidad total de $UN MONTO DE DINERO EN NÚMEROS “A” (un monto de dinero en letras en pesos en moneda nacional). Esa cantidad se depositó en dos partes los días veinticinco de febrero y ocho de abril de dos mil diecinueve, a las cuentas bancarias que el señor Persona “A” les instruyó. Una de esas cuentas pertenece al fideicomiso Número de Fideicomiso, en el que Banco “A” es fiduciaria.

• El tres de octubre de dos mil diecinueve, el señor Persona “A” y los representantes del fideicomiso Número de Fideicomiso dejaron de responder las llamadas telefónicas que Empresa “A” y Empresa “B” hicieron para que se les devolviera el dinero prestado.

• El veintinueve de marzo de dos mil veintidós, Empresa “A” y Empresa “B” promovieron unas diligencias de jurisdicción voluntaria, para requerir al fideicomiso Número de Fideicomiso y al señor Persona “A” por la devolución del dinero. El Juez Cuadragésimo Sexto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México las admitió, y ordenó la notificación y el requerimiento de pago solicitado. El veintidós de abril siguiente, la actuaria del juzgado notificó al fideicomiso y al señor Persona “A”. Por lo tanto, a partir de ese momento les concedió un plazo máximo de treinta días hábiles para devolver el dinero. A pesar de lo anterior, los requeridos no lo devolvieron.

3. Otorgamiento de la medida cautelar. De las providencias precautorias prejudiciales correspondió conocer al Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, quien las admitió y el tres de noviembre de dos mil veintidós, emitió un auto en el que decretó la retención de bienes propiedad de Banco “A” y del señor Persona “A” hasta por la cantidad de $UN MONTO DE DINERO EN NÚMEROS “A” (un monto de dinero en letras en pesos en moneda nacional).

4. Apelación (toca Número de Expediente de Toca). Inconforme, Banco “A” interpuso un recurso de apelación. El cuatro de mayo de dos mil veintitrés, la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emitió una sentencia en la que revocó el auto recurrido y negó las providencias precautorias, por considerar que no se advertía la existencia de un crédito líquido y exigible, tal como lo establece el artículo 1175, fracción I, del Código de Comercio.

5. Amparo indirecto (expediente Número de Expediente de Amparo Indirecto). El nueve de mayo de dos mil veintitrés, Empresa “A” y Empresa “B” presentaron una demanda de amparo en la que señalaron como acto reclamado el artículo 1175, fracción I, del Código de Comercio, atribuido a las Cámaras de Diputados y Senadores,(3) al Presidente de la República,(4) al Secretario de Gobernación(5) y al Director del Diario Oficial de la Federación(6) —en sus respectivas esferas de competencia—. Además, reclamaron la sentencia de cuatro de mayo de dos mil veintitrés emitida por el tribunal de apelación —como primer acto de aplicación del precepto mencionado—, y su ejecución por parte del juez de primer grado. En los dos conceptos de violación contenidos en la demanda argumentaron esencialmente lo siguiente —sólo el primero es de constitucionalidad—:

• Primero. El artículo 1175, fracción I, del Código de Comercio es inconstitucional por violar los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia. Esto porque establece que para conceder la retención de bienes el solicitante debe probar la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor. Tal requisito es excesivo y carece de justificación, pues básicamente se obliga al solicitante a contar con un título con “aparejada ejecución” para acceder a la medida cautelar, como si se tratara de un juicio ejecutivo mercantil principal y se fuera a resolver el fondo, cuando en términos de una interpretación, o bien, una “conforme y funcional”, el otorgamiento de la providencia debe ser flexible y es procedente únicamente con “indicios” en una etapa prejudicial. Incluso, procedería hacer un control de convencionalidad para llegar a dicha conclusión.

• Segundo. La sentencia reclamada es incongruente. La sala responsable consideró que la “exigibilidad” a la que se refiere la fracción I del numeral 1175 del Código de Comercio surge cuando se dan todos los elementos para que el crédito sea pagado, sin estar de por medio un plazo dudoso o no cumplido. Por su parte, la “liquidez” significa su expresión numérica, en cantidad determinada, como resultado de cálculos aritméticos sumamente sencillos, que puedan elaborarse con los elementos consignados claramente en la documentación. Sin embargo, la sala determinó que de las documentales ofrecidas por las solicitantes no se desprende la obligación de los eventuales demandados de devolver a las actoras la cantidad reclamada.

• La incongruencia de la sala se da, porque las solicitantes sí probaron el crédito líquido y exigible, con las siguientes pruebas mencionadas en escrito inicial: a) un correo electrónico enviado por el señor Persona “A”, en el que las instruyó para depositar el dinero; b) los comprobantes de las transferencias electrónicas de fondos por la cantidad total de $UN MONTO DE DINERO EN NÚMEROS “A” (un monto de dinero en letras en pesos en moneda nacional); c) las constancias del requerimiento de pago practicado en las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas ante el Juez Cuadragésimo Sexto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México. Todo lo anterior prueba la existencia de “fuertes indicios” en torno a un crédito líquido y exigible, pues hay una cantidad plenamente determinada y se requirió formalmente a los eventuales demandados para que en el plazo máximo de treinta días hábiles devolvieran el dinero.

6. Trámite y sentencia recurrida. En su momento, el conocimiento de la demanda correspondió al Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien la admitió a trámite. Seguido el juicio por todas sus etapas, el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, emitió una sentencia en la que, por una parte, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo,(7) sobreseyó respecto del Secretario de Gobernación y del Director del Diario Oficial de la Federación, porque las quejosas no atribuyeron vicios propios al refrendo y a la publicación del artículo 1175, fracción I, del Código de Comercio. Por otra parte, negó la protección constitucional contra dicho precepto y su acto de aplicación, al declarar infundados los conceptos de violación respectivos, conforme a las siguientes consideraciones de interés:

• El primer concepto de violación es infundado, pues el precepto impugnado no viola los derechos fundamentales de las quejosas. En el caso, procede un escrutinio “ordinario” o “laxo” pues, si bien “lo que subyace a las providencias precautorias es el derecho de acceso a la justicia”, lo cierto es que la medida legislativa recae en cuestiones “meramente económicas”, en términos de la tesis 1a. X/2022 (10a.), de esta Primera Sala, de rubro: “LIBERTADES ECONÓMICAS. LAS INTERFERENCIAS A ESTAS LIBERTADES SE CONTROLAN MEDIANTE EL ESCRUTINIO ORDINARIO Y NO POR UN TEST DE PROPORCIONALIDAD O ESCRUTINIO ESTRICTO”.(8)

• Por lo tanto, en este caso el legislador cuenta con una amplia libertad configurativa y sólo debe comprobarse que la medida legislativa contenida en el precepto impugnado: i) persiga una finalidad legítima; ii) sea razonablemente eficaz para alcanzarla; y, iii) sea proporcional en sentido estricto.

• En ese contexto, la medida legislativa en cuestión sí supera el escrutinio ordinario y es constitucional, por lo siguiente:

• Finalidad. Exigir un “estándar probatorio reforzado” cuando se pide una providencia previa a un potencial juicio en ejercicio de una acción personal de pago persigue una finalidad constitucionalmente válida, pues asegura la verosimilitud del crédito, lo que tutela el derecho fundamental de la futura demandada a no ser afectada en su persona y bienes arbitrariamente.

• Razonabilidad. Se trata de una medida razonablemente eficaz, pues aunque pudieran haber alternativas que apuntaran a la posibilidad de hacer más laxo el estándar de prueba para afectar en menor grado al solicitante, lo cierto es que se busca que el crédito que se persigue y por el que se afectará a otra persona sea en verdad una prerrogativa asequible, no sólo una expectativa. De lo contrario, se aceptaría que en operaciones mercantiles pudiera afectarse el dinero de los comerciantes —embargándolo o reteniéndolo— con base en meros indicios o presunciones. Además, de la actividad comercial depende la economía nacional, por lo que para ser paralizada o afectada se requiere que existan elementos reforzados sobre la credibilidad de los que se exigirá en el juicio, y así no caer en prácticas desleales.

• Proporcionalidad. La medida es proporcional en sentido estricto, pues la carga que se pide al demandante no es mucho mayor o por demás gravosa en relación con el sacrificio de los intereses individuales del comerciante que se verá afectado en su patrimonio, y siendo así, se considera que la medida legislativa guarda relación razonable y mesurada entre las posturas que tendrá el afectante y el afectado. Esto, ya que en un sistema jurídico donde se busca la prevalencia de la justicia y la equidad, es suficientemente razonable imponer como condición para que un justiciable pueda afectar el patrimonio de otro sin previa audiencia, al menos que cuente con medios de convicción que de manera reforzada hagan más creíble que el solicitante tiene derecho sobre el dinero que pretende.

• Por otra parte, las quejosas parten de una premisa falsa al sostener que si tuvieran un crédito líquido y exigible al pedir la retención de bienes, entonces no guardaría justificación la existencia del juicio ejecutivo mercantil

• Lo anterior, pues ambas figuras del derecho procesal mercantil tienen elementos de identificación propios que, aunque las hagan similares en el fin que persiguen, no permiten sostener que con la existencia de uno, carece de sentido el otro.

• El segundo concepto de violación es infundado, porque de las documentales exhibidas por las solicitantes no se advierte la existencia de un crédito líquido y exigible. Tal como ellas lo narraron, las operaciones realizadas entre las partes se hicieron con base en la confianza y los múltiples negocios que tenían entre sí, incluso calificándolos como “tratos de caballeros”. Por ende, era necesario que esos pactos estuvieran debidamente documentados para conocer con certeza el marco de obligaciones de cada uno y con ello poder sostener que el crédito, aun debiendo ser ya pagado no lo ha sido, o que existen condiciones “dudosas” al respecto.

• Sin embargo, esa relación no aparece consignada en las instrucciones de transferencias, estados de cuenta, correos electrónicos o en la jurisdicción voluntaria mencionadas por las solicitantes, pues no dan cuenta sobre las obligaciones que dieron lugar a la traslación patrimonial y cómo se obligaron los futuros demandados a pagar una suma determinada —cantidad líquida—, en qué tiempo y en qué condiciones para considerar que el pago se tornó exigible. Esto es, la “confianza” que los solicitantes invocaron no aparece plasmada en las documentales, sino que deriva de una relación comercial más compleja y extensa, y en el caso no se tiene “el acto jurídico específico” que dio lugar a la traslación patrimonial a cargo de la quejosa a favor del acreditado futuro demandado, y del que puedan apreciarse las causas para no rehusarse al pago.

• De ahí que proceda negar la protección constitucional contra la sentencia reclamada al tribunal de segunda instancia, la cual se hace extensiva a su ejecución atribuida al juzgador de origen, ya que ésta no se combate por vicios propios.

7. Recurso de revisión (expediente Número de Expediente de Recurso de Revisión). Inconformes con la sentencia del Juez de Distrito, el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, Empresa “A” y Empresa “B” interpusieron un recurso de revisión, en el que formularon los siguientes cuatro agravios —sólo el primero y el cuarto son de constitucionalidad—:

• Primero. La resolución recurrida es ilegal, pues el Juez de Distrito hizo un análisis deficiente sobre la inconstitucionalidad del numeral 1175, fracción I, del Código de Comercio. Esto, pues es incorrecto sostener que aun cuando se trata de medidas cautelares cuya valoración es “preliminar”, el solicitante tenga la carga probatoria de demostrar que existe un crédito líquido y exigible a su favor, pues eso es materia de fondo del juicio de origen.

• Así, la interpretación del Juez de Distrito desnaturaliza el procedimiento del otorgamiento de una medida cautelar, ya que impone un requisito probatorio que sería, en su caso, objeto del procedimiento de cognición, por lo que es innecesario cumplir con un estándar de prueba elevado y estricto, pues basta con que haya “fuertes indicios” en torno a un crédito líquido y exigible, pues en el juicio de origen se exhibieron diversa pruebas que permiten deducir lo anterior, al haber comprobantes de transferencias bancarias, correos electrónicos con la instrucción de lo anterior, así como un requerimiento formal de pago.

• El artículo reclamado debe interpretarse de manera flexible para no afectar los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y acceso a la justicia, y esto debe ser en el sentido de que las medidas cautelares podrán ser otorgadas siempre que el solicitante ofrezca un número “vasto” de medios probatorios indirectos, pero con valor suficiente para acreditar de manera indirecta la existencia previa del derecho que se pretende conservar, ya que es innecesario probar de manera plena el crédito que da origen a las providencias precautorias, pues esto será la materia de fondo del procedimiento principal.

• De tal manera, es inexacto que el Juez de Distrito haya considerado que la demostración de un crédito líquido y exigible es un requisito probatorio justificado, pues su aplicación estricta viola los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia.

• Segundo. La sentencia recurrida está indebidamente fundada y motivada, pues el Juez de Distrito pasó por alto el artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio.(9) Conforme a dicha fracción, para decretar la retención de bienes el solicitante debe otorgar una garantía bastante por los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor.

• Es decir, si bien el destinatario de una providencia precautoria se ve afectado en su patrimonio por la retención de bienes, también es cierto que en caso de que se declare infundada la acción principal y se le ocasionan daños, existe una garantía fijada por el juzgador que la decretó para reparar esos daños. Por lo tanto, aunque se trata de un acto de molestia, éste se encuentra garantizado.

• De tal manera, el Juez de Distrito realizó un estudio parcial del acto reclamado, pues no hay un desequilibrio entre el solicitante de la medida cautelar y el futuro demandado, ya que dentro de los requisitos para el otorgamiento de la medida cautelar el legislador previó que se otorgara una caución a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la contraparte, por lo que no existe una afectación real contra los futuros demandados.

• Así, en el caso concreto no debe perderse de vista que el juez de origen en el auto de tres de noviembre de dos mil veintidós —que fue apelado y dio lugar al acto reclamado— decretó una garantía por la cantidad de $UN MONTO DE DINERO EN NÚMEROS “B” (un monto de dinero en letras en pesos en moneda nacional) a favor de los futuros demandados por el otorgamiento de las medidas cautelares, la cual fue exhibida por las solicitantes, y en consecuencia se verificó tal supuesto legal.

• Tercero. El Juez de Distrito hizo una indebida valoración probatoria, pues concluyó que las solicitantes no demostraron la existencia del crédito líquido y exigible. Sin embargo, dicho juzgador no tomó en cuenta que el préstamo mercantil es un acto que no necesita de formalidad específica alguna. Por lo tanto, la existencia del préstamo por los $UN MONTO DE DINERO EN NÚMEROS “A” (un monto de dinero en letras en pesos en moneda nacional) quedó probada de manera incontrovertible con las documentales ofrecidas de su parte y las presunciones que surgen de ellas. • La operación materia de las providencias prejudiciales es un “préstamo mercantil verbal” celebrado entre las recurrentes y los demandados, por lo que no existe un “documento por escrito” que establezca la obligación a cargo de los deudores de devolver el dinero reclamado, a pesar de que el Juez de Distrito pretenda que exista. No obstante, a pesar de la inexistencia de ese documento específico, de las pruebas aportadas al procedimiento se desprende de manera, aunque sea presuntiva o indiciaria, que sí se dio ese préstamo verbal “entre paisanos para la compra de un hotel en Nombre de Municipio”, con el mero propósito de especulación comercial.

• Cuarto. La sentencia recurrida es incongruente y carece de exhaustividad, pues el Juez de Distrito omitió realizar el control “ex officio de convencionalidad” de la fracción I del artículo 1175 del Código de Comercio, que pidió en su primer concepto de violación de la demanda de amparo. De haber hecho ese análisis, se hubiera percatado que existe una interpretación más protectora del derecho de acceso a la justicia.

• Por lo tanto, al realizar la interpretación “más favorable” a sus derechos humanos, de una manera conforme y funcional, se obtiene que el precepto impugnado debe interpretarse en el sentido de que el juzgador debe adaptarse a las circunstancias y necesidades de cada caso, pues el otorgamiento de las medidas cautelares debe ser flexible en pro del derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia.

• Finalmente, el Juez de Distrito desdeñó el análisis relativo a que si los solicitantes de la medida cautelar hubieran tenido un crédito líquido y exigible, entonces no guardaría justificación la existencia del juicio ejecutivo mercantil, que presupone la existencia de un título ejecutivo porque acudirían directamente al capítulo de providencias precautorias para solicitar la retención de bienes.

8. Reserva de jurisdicción. El veinticinco de enero de dos mil veinticuatro, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito emitió una resolución en la que se abstuvo de resolver el recurso de revisión, pues declaró que se actualizaba la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al subsistir de fondo el problema de constitucionalidad del artículo 1175, fracción I, del Código de Comercio, sin que exista alguna jurisprudencia que lo resuelva. Por tal motivo, reservó jurisdicción al alto tribunal para que, en su caso, asuma su competencia originaria.

9. Trámite ante la Suprema Corte (expediente 117/2024). El veintidós de febrero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández emitió un auto en el que declaró que este alto tribunal asume su competencia originaria para conocer del presente recurso de revisión, y lo turnó a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del proyecto de resolución.

10. Avocamiento. Por acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de esta Primera Sala Jorge Mario Pardo Rebolledo ordenó el avocamiento del asunto y envío el expediente a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

I. COMPETENCIA

11. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión en términos de los artículos 107, fracción VIII, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(10) 83 de la Ley de Amparo,(11) así como el 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente,(12) en relación con lo dispuesto en los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(13)

12. Lo anterior porque el recurso de revisión se interpuso contra una resolución dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto en materia mercantil, sobre la cual, esta Primera Sala ejerce competencia.

II. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD

13. Legitimación. El recurso de revisión lo interpone parte legitimada, ya que se trata de Empresa “A” y Empresa “B”, quienes son quejosas en el amparo indirecto Número de Expediente de Amparo Indirecto del que deriva el presente recurso. Además, el escrito de agravios lo firmó electrónicamente el señor Nombre de Apoderado, quien tiene personería para promover a nombre de ambas quejosas, pues el Juez de Distrito lo reconoció como el apoderado para pleitos y cobranzas de ellas.

14. Oportunidad. Es innecesario analizar la oportunidad del recurso ya que el Tribunal Colegiado que inicialmente conoció del asunto determinó que se presentó dentro del plazo legal para ello, sin que salte a la vista alguna inexactitud trascendente en el cómputo.(14)

III. PROCEDENCIA DEL RECURSO

15. El recurso de revisión es procedente, ya que el órgano colegiado válidamente reservó jurisdicción para que este alto tribunal resolviera el tema de constitucionalidad en torno a si el artículo 1175, fracción I, del Código de Comercio viola el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva al establecer que la persona juzgadora decretará de plano la retención de bienes cuando el solicitante pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor.

16. El Acuerdo General 1/2023 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(15) en sus puntos Segundo, fracción III, inciso A); Quinto, fracción I, inciso A); y Décimo establece, en lo interesante, que los tribunales colegiados de circuito antes de enviar los autos de un amparo en revisión a la Suprema Corte por considerarlo de su competencia originaria al impugnarse una norma federal y no existir precedente que resuelva el caso, están obligados a resolver todas las cuestiones de procedencia del juicio de amparo indirecto, al ser algo ajeno al problema de constitucionalidad.(16)

17. Eso quiere decir que los tribunales colegiados de circuito están obligados a responder de manera previa todos los agravios vinculados con las causas de improcedencia del juicio de amparo indirecto que el juzgado de distrito examinó en la sentencia recurrida. Además, deben estudiar todas las causas que las partes hayan formulado y que el juzgado omitió analizar, aun cuando esto no se haga valer en los agravios. Una vez cumplida tal obligación, de resultar procedente el juicio, los tribunales podrán dejar a salvo la jurisdicción a la Suprema Corte y enviarle válidamente los autos del recurso.

18. En el caso concreto, el Tribunal Colegiado del conocimiento cumplió con esa obligación que le impone el Acuerdo General 1/2023, pues en la resolución en la que envió los autos del recurso a esta Suprema Corte destacó que, en la sentencia recurrida, el Juez de Distrito sobreseyó en el amparo respecto del Secretario de Gobernación y del Director del Diario Oficial de la Federación, porque las quejosas no le atribuyeron vicios propios al refrendo y a la publicación del artículo 1175, fracción I, del Código de Comercio. Sin embargo, aclaró que las recurrentes no plantearon agravios contra esa declaratoria de sobreseimiento.

19. Por lo tanto, esta Primera Sala advierte que no queda pendiente algún análisis de procedencia respecto de tal sobreseimiento, el cual no afecta la subsistencia del problema constitucional, pues no fue obstáculo para que el Juez de Distrito analizara de fondo la constitucionalidad del precepto impugnado en la sentencia recurrida, ya que los actos sustantivos de creación y expedición de la norma se atribuyeron a las Cámaras de Diputados y Senadores, así como al Presidente de la República.

20. Por otra parte, el Tribunal Colegiado del conocimiento al enviar los autos a esta Suprema Corte también destacó que el Juez de Distrito desestimó expresamente las causales de improcedencia que el Presidente de la República hizo valer, relativas a la falta de afectación al interés de las quejosas —artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo—(17) y a la ausencia de conceptos de violación suficientes para construir un verdadero motivo de disenso de constitucionalidad —artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción VIII, de la legislación citada—.(18)

21. En tal contexto, el Tribunal Colegiado del conocimiento señaló que en la instancia de revisión no quedaba pendiente el estudio de alguna causa de improcedencia que las partes hayan planteado, y tampoco advertía de oficio la actualización de alguna que provocara el sobreseimiento del asunto, por lo que envió los autos a esta Suprema Corte por subsistir un problema constitucional; decisión que esta Sala considera objetivamente correcta.

22. No pasa inadvertido que, en su informe justificado, la Cámara de Senadores dividió el acto reclamado de naturaleza legislativa en dos: a) la “discusión y aprobación” del Código de Comercio, expedido por el entonces Presidente de la República Porfirio Díaz, publicado en el Diario Oficial de la Federación del siete de octubre al trece de diciembre de mil ochocientos ochenta y nueve; y, b) el artículo 1175, fracción I, de ese Código, reformado mediante publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil catorce.

23. Partiendo de lo anterior, el Senado reconoció que “sí existe” el acto reclamado consistente en el artículo 1175, fracción I, del Código de Comercio. Por el contrario, negó la existencia de la “discusión y aprobación” del Código de Comercio por parte del Senado e invocó la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.(19) Esto, porque fue “elaborado y expedido por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de la autorización concedida al Ejecutivo de la Unión por decreto de 4 de junio de 1887”.

24. En la sentencia recurrida, el Juez de Distrito no hizo pronunciamiento sobre esa aparente causa de improcedencia, y tampoco fue objeto de estudio por parte del Tribunal Colegiado en la resolución en la que envió los autos del recurso a esta Suprema Corte.

25. No o

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33565-926864df/retencion-de-bienes-estandar-probatorio-aplicable-para-decretar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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