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Modo: Corpus Pro

RETENCIÓN DE BIENES. ES UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA APLICABLE AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, LA CUAL OPERA DE MANERA INDEPENDIENTE A LA FIGURA DEL EMBARGO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2022. · Registro digital (IUS): 31426
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-05-12
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Mayo de 2023, Tomo II, Pág.1434.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2022. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 4 DE MAYO DE 2022. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y EL MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. DISIDENTES: MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR, Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRA PRESIDENTA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS Y WERTHER BUSTAMANTE SÁNCHEZ.

SÍNTESIS

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ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de cuatro de mayo de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de tesis 3/2022, suscitada entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, al resolver el amparo en revisión 336/2019, y el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, al resolver el amparo en revisión 389/2018.

El problema jurídico por resolver en esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si en los juicios ejecutivos mercantiles es factible o no, la implementación de la retención de bienes a que se refiere el artículo 1168, fracción II, inciso b), del Código de Comercio.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. El seis de enero de dos mil veintidós, **********, en su carácter de apoderado legal de **********, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio emitido por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 389/2018 y el que estableció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 336/2019.

2. Trámite de la denuncia. En acuerdo de trece de enero de dos mil veintidós, el Ministro presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente con el número 3/2022, admitió a trámite la denuncia de posible contradicción de tesis y turnó los autos a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para su estudio.

3. Requerimiento. En el mismo proveído, el Ministro presidente requirió a los Tribunales Colegiados contendientes para que remitieran la versión digitalizada del original o, en su caso, la copia certificada de las ejecutorias relativas a los juicios de amparo en revisión 389/2018 y 336/2019 de su índice, respectivamente, así como del proveído en el que informaran si los criterios sustentados en dichos asuntos se encontraban vigentes, o bien, señalaran el motivo para tenerlos por superados o abandonados.

4. Por último, ordenó dar vista del acuerdo a los Plenos en Materia Civil del Primer y Tercer Circuitos para su conocimiento respecto de la admisión de la presente contradicción de tesis.

5. Criterio vigente. Mediante acuerdo de primero de febrero de dos mil veintidós, la Ministra presidenta de esta Primera Sala, Ana Margarita Ríos Farjat, tuvo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, informando que no se habían apartado de los criterios sustentados dentro de los amparos en revisión 336/2019 y 389/2018 de sus índices, además de que remitían las copias digitalizadas de las sentencias respectivas.

6. Avocamiento. En el mismo proveído, la Ministra presidenta de esta Primera Sala acordó el avocamiento al conocimiento del presente asunto y, en virtud de que se encuentra debidamente integrada la presente contradicción de tesis, ordenó se remitieran los autos a su ponencia, para la elaboración del proyecto respectivo.

II. COMPETENCIA

7. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política del País, 226, fracción II, de la Ley de Amparo,(1) y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis en materia civil, suscitada entre dos Tribunales Colegiados de distinto Circuito.

III. LEGITIMACIÓN

8. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política del País y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el **********, quien interpuso los respectivos recursos de revisión en ambos asuntos de donde derivaron los criterios contendientes en la presente contradicción.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

9. Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, deben analizarse las consideraciones en las que los Tribunales Colegiados basaron sus resoluciones, las que a continuación se sintetizan:

A. Criterio sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión 389/2018

10. Los siguientes antecedentes se advierten de la sentencia del juicio de amparo en revisión 389/2018, que se resolvió en sesión de catorce de febrero de dos mil diecinueve, por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil en la Ciudad de México.

11. Antecedentes. **********(3) y **********,(4) celebraron un contrato de apertura de crédito en cuenta corriente.

12. Solicitud de medida precautoria. Ante el incumplimiento de pago por parte de **********, la institución bancaria ********** solicitó a la autoridad judicial la retención de las cuentas bancarias a nombre de la persona moral deudora, por la cantidad de $********** (**********), que correspondía al saldo insoluto relativo al contrato de apertura de crédito. Esto como una medida prejudicial a juicio ejecutivo mercantil.

13. En su solicitud, ********** manifestó bajo protesta de decir verdad, que tenía el temor fundado de que ********** enajenara, ocultara, dispusiera o dilapidara sus bienes, a efecto de evitar la recuperación de las cantidades reclamadas y también señaló que no tenía certeza de la existencia de otros bienes conocidos de la deudora que aquellos sobre los que pedía la retención.

14. Asimismo, solicitó que se girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que por su conducto hiciera del conocimiento de todas las instituciones de crédito la retención de las cuentas a nombre de **********.

15. Concesión de la medida. De esta providencia precautoria conoció la Jueza Trigésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, bajo el expediente **********, quien por auto de dieciséis de abril del dos mil dieciocho y con apoyo en los artículos 1168 y 1175 del Código de Comercio,(5) ordenó la retención del dinero de **********, depositado en sus cuentas bancarias, cheques, inversión, productos de nómina, así como las joyas, títulos de crédito y demás valores contenidos en cajas de seguridad, contratadas con las instituciones de crédito, financieras y casas de bolsa, para lo que precisó que la retención debería ser sólo hasta por la cantidad de $********** (**********), que corresponde al monto insoluto acreditado por el banco.

16. Presentación del juicio ejecutivo mercantil. En escrito de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, ********** presentó ante la Jueza que otorgó la medida cautelar, el acuse de recibo de la demanda ejecutiva mercantil que promovió en contra de **********, juicio que fue turnado al Juez Cuadragésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, bajo el número de expediente **********.

17. Juicio de amparo indirecto. Inconforme con el bloqueo a sus cuentas y la falta de emplazamiento al procedimiento de las providencias precautorias, ********** promovió juicio de amparo indirecto.

18. Conoció del asunto el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, bajo el expediente **********.

19. Seguida la secuela procesal, el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, la Jueza concedió la protección de la Justicia Federal a **********, con base en las siguientes consideraciones esenciales:

a) ********** no especificó cuáles eran las cuentas bancarias sobre las que solicitó la medida cautelar.

b) Las providencias precautorias de retención de bienes previstas en el artículo 1168, fracción II, inciso b), del Código de Comercio(6) no son compatibles con el juicio ejecutivo mercantil, en tanto que este procedimiento tiene su propia medida cautelar consistente en el embargo.

20. Recurso de revisión. Inconforme con esta determinación, ********** interpuso recurso de revisión, del que conoció el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que lo registró con el número de expediente 389/2018.

21. El banco expresó los siguientes agravios:

a) La precisión del número de las cuentas bancarias sobre las que se solicitó la retención, es un requisito irrazonable, ya que es información reservada y confidencial.

b) Las providencias precautorias previstas en el artículo 1168 del Código de Comercio, no son incompatibles con el juicio ejecutivo mercantil, en virtud de que éstas pueden decretarse como actos prejudiciales con la finalidad de asegurar el cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria.

22. Criterio. En sesión de catorce de febrero de dos mil diecinueve, el Tribunal Colegiado resolvió el referido recurso de revisión, en el cual revocó la sentencia recurrida y negó el amparo a **********, bajo los siguientes razonamientos:

a) No es factible exigir la precisión de los números de cuenta respecto de las cuales se solicita la retención, pues tales datos están protegidos por el secreto bancario y solamente podrían darse a conocer por requerimiento judicial.

b) Las medidas cautelares de retención de bienes previstas en el artículo 1168, fracción II, inciso b), del Código de Comercio, sí pueden emitirse respecto de un juicio ejecutivo mercantil, pues tal precepto señala de forma general que estas providencias pueden dictarse en los juicios mercantiles, sin excluir expresamente a los juicios ejecutivos, de ahí que, en donde la ley no distingue no es dable distinguir.

23. La anterior resolución dio lugar a la tesis aislada I.12o.C.145 C (10a.), cuyo título y texto establecen:

"MEDIDAS CAUTELARES O PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. PUEDEN PROMOVERSE COMO ACTO PREJUDICIAL AUN CUANDO EL JUICIO QUE SE PRETENDA ENTABLAR SEA DE NATURALEZA EJECUTIVA. Las medidas cautelares o providencias precautorias solicitadas como acto prejudicial en los juicios ejecutivos mercantiles no son incompatibles con el artículo 1168 del Código de Comercio –que establece que las mismas pueden decretarse en los juicios mercantiles– porque dicha disposición no excluye a esa clase de juicios; de ahí que con base en el principio de derecho que establece que en donde la ley no distinga no es dable distinguir, debe considerarse que las medidas cautelares pueden promoverse, aun cuando el juicio que se pretenda entablar sea de esa naturaleza ejecutiva pues, de no considerarse de esa manera, se estaría limitando el derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se restringiría la posibilidad de obtener una medida precautoria a determinados juicios, lo cual es una distinción no justificada."(7)

B. Criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión 336/2019

24. Los siguientes antecedentes se obtienen de la sentencia del juicio de amparo en revisión 336/2019, resuelta en sesión de veintiséis de mayo de dos mil veinte, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco.

25. Antecedentes. El once de febrero de dos mil dieciséis, ********** celebró un contrato de apertura de crédito en cuenta corriente con **********, Sociedad de Responsabilidad Limitada,(8) en su calidad de acreditada, así como con la señora ********** y el señor **********, como obligados solidarios, por la cantidad de $********** (**********).

26. A partir del veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, ********** dejó de cumplir con sus obligaciones de pago, por lo que el saldo insoluto del crédito quedó en la cantidad de $********** (**********).

27. Juicio ejecutivo mercantil y solicitud de providencias precautorias. Así las cosas, el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, ********** demandó en la vía ejecutiva mercantil, de **********, así como de la señora ********** y del señor **********, el pago del saldo insoluto del referido crédito, más los intereses respectivos.

28. En la misma demanda, la institución bancaria solicitó como medida precautoria la retención de las cuentas bancarias, de inversiones o cheques, productos de nómina, joyas, títulos de crédito y valores depositados en cajas de seguridad, que se encontraran contratadas con las instituciones de crédito, financieras, o casas de bolsa, a nombre de cualquiera de los demandados.

29. Lo anterior en virtud de que, **********, bajo protesta de decir verdad, manifestó que tenía el temor fundado de que la persona moral y las personas físicas demandadas, enajenaran, dispusieran, ocultaran o dilapidaran sus bienes a efecto de evitar el pago de las cantidades reclamadas, así como que no conocía la existencia de otros bienes de los deudores que aquellos sobre los que se pedía la retención.

30. Asimismo, solicitó que se girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que por su conducto hiciera del conocimiento de todas las instituciones de crédito la retención de las cuentas a nombre de los demandados.

31. Admisión del juicio ejecutivo mercantil y concesión de las medidas cautelares. De la demanda conoció el Juez Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, quien por auto de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, la radicó con el número de expediente **********, la admitió en la vía ejecutiva mercantil, ordenó el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, y concedió la retención respecto de las cuentas bancarias a nombre de los demandados, hasta por la cantidad del saldo insoluto que acreditó la institución bancaria, $********** (**********).

32. Diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. El trece de noviembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del señor **********, por lo que, para tal efecto, la autorizada de la institución de crédito actora señaló un vehículo con placas de circulación del Estado de Jalisco.

33. Recurso de revocación. El veinte de noviembre de dos mil dieciocho, el señor ********** interpuso recurso de revocación en contra del acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, únicamente en contra del apartado en el que se concedió la retención de las cuentas bancarias de los demandados.

34. El doce de febrero de dos mil diecinueve, el Juez admitió el recurso de revocación y, posteriormente, el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, lo declaró infundado, bajo el argumento esencial de que el artículo 1168 del Código de Comercio(9) prevé de manera general la posibilidad de implementar medidas precautorias respecto de todos los juicios mercantiles, dentro de los cuales, debe incluirse al juicio ejecutivo, en atención al principio de que en donde la ley no distingue, no es dable distinguir.

35. Asimismo, señaló que no existe riesgo de que se ejecute una garantía excesiva, en tanto que al emitirse se limitó al saldo del crédito adeudado, y de que en caso de que así sucediera, los afectados tienen expeditos sus derechos para solicitar la reducción correspondiente.

36. Juicio de amparo indirecto. Contra la determinación anterior, el señor ********** promovió juicio de amparo indirecto, del que conoció el Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el que admitió a trámite la demanda de garantías bajo el expediente **********.

37. Seguido el juicio de amparo indirecto por todas sus etapas, el seis de septiembre de dos mil diecinueve, el Juez de Distrito celebró la audiencia constitucional y, en esa misma fecha, otorgó el amparo al señor **********, bajo la consideración esencial de que no es posible decretar la retención de bienes como providencia precautoria cuando se solicita con la promoción de un juicio ejecutivo mercantil, toda vez que este procedimiento se rige por sus normas especiales, dentro de las que se prevé una medida específica que tiene por objeto el embargo de bienes del deudor y que deriva de la existencia de un documento con aparejada ejecución, por lo que debe prevalecer la norma especial sobre la general.

38. Recurso de revisión. En contra de esa sentencia, el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, la institución de crédito ********** interpuso recurso de revisión, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 336/2019.

39. ********** adujo que, contrario a lo que sostuvo el Juez de amparo, la retención de bienes puede decretarse en todos los juicios mercantiles, sin importar si son de carácter ejecutivo o no, esto ante la inexistencia de alguna disposición que expresamente señale que no son aplicables para ciertos juicios. De manera que, únicamente basta que se configuren los requisitos establecidos en el artículo 1168 del Código de Comercio,(10) para que pueda decretarse la retención de bienes.

40. Criterio. El Tribunal Colegiado dictó sentencia el veintiséis de mayo de dos mil veinte, en la que confirmó la sentencia impugnada con base en las siguientes consideraciones:

a) No es posible decretar la retención de bienes como providencia precautoria cuando se solicita con la promoción de un juicio ejecutivo mercantil, toda vez que este procedimiento se rige por sus normas especiales, dentro de las que se prevé una medida específica que tiene por objeto el embargo de bienes del deudor y que deriva de la existencia de un documento con aparejada ejecución, por lo que debe prevalecer la norma especial sobre la general, en atención al principio de especialidad de la ley.

b) Que lo anterior es así porque, atendiendo a la definición de las medidas cautelares como género y especie, tanto la retención de bienes como el embargo son medidas cautelares de garantía, de modo que no pueden coexistir, por lo que debe aplicarse la disposición especial del embargo, en lugar de la general sobre la retención de bienes.

41. La anterior resolución dio lugar a la tesis aislada III.2o.C.120 C (10a.), cuyo título y texto establecen:

"MEDIDAS CAUTELARES COMO ESPECIE ‘DE GARANTÍA’. ATENTO AL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD, ANTE LA EXISTENCIA EN EL CÓDIGO DE COMERCIO DE DOS PROVIDENCIAS CUYA NATURALEZA Y TRASFONDO CONSISTE EN INMOVILIZAR BIENES PARA GARANTIZAR LAS RESULTAS DEL JUICIO EN LAS CONTROVERSIAS EJECUTIVAS MERCANTILES, ES VIABLE DECRETAR EL EMBARGO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1392 Y NO LA RETENCIÓN DE BIENES CONFORME AL DIVERSO 1168 DEL PROPIO ORDENAMIENTO. En las materias civil y mercantil existen dos principales grupos de medidas cautelares como especie: 1) medidas de ‘aseguramiento’, ‘conservativas’ o ‘preservativas’, las cuales, acorde con su regulación legal, tienden a ‘mantener una situación de hecho o de derecho existente’, es decir, se traducen en medidas de tipo conservativo, que procuran asegurar la utilidad de la sentencia de fondo y su eficacia práctica; y, 2) medidas ‘precautorias’ o ‘de garantía’, acorde con su regulación, no tienden a mantener una situación de hecho existente, sino a garantizar el resultado del juicio, es decir, se traducen en que, sin importar si se alteran las circunstancias existentes de hecho o de derecho, tienden a evitar que resulte inútil la sentencia de fondo y a lograr que la misma tenga eficacia práctica. Un ejemplo de una medida cautelar como especie de naturaleza ‘precautoria o de garantía’, es el ‘arraigo de la persona’ y el ‘secuestro de bienes’, denominados así por el artículo 1168, en relación con el 1171 del Código de Comercio, vigentes hasta el 10 de enero de 2014, en donde se cambió su denominación a ‘radicación de persona’ y ‘retención de bienes’, respectivamente, lo cual no alteró en absoluto la esencia de dichas medidas cautelares como especie ‘de garantía’, pues siguen teniendo como propósito garantizar el resultado del juicio y su naturaleza y objeto siguen siendo los mismos: tratándose de la ‘radicación de persona’, consiste en prevenir que el demandado se ausente indebidamente del lugar del juicio o se oculte para evadir la acción de la justicia y, en lo concerniente, a la ‘retención de bienes’, se circunscribe a inmovilizar bienes del enjuiciado para responder de las resultas del juicio (como pueden ser la deuda, los gastos y las costas). Ahora bien, el embargo de bienes cuando la acción se funde en un documento que trae aparejada ejecución o título ejecutivo, previsto en el artículo 1392 del Código de Comercio, también es una medida cautelar como especie ‘de garantía’, pues tiene exactamente la misma naturaleza y trasfondo que la retención de bienes en cuanto a inmovilizar bienes del enjuiciado para responder de las resultas del juicio, tal como se colige del contenido literal del citado precepto. Así, ante la existencia en el Código de Comercio de dos medidas cautelares como especie ‘de garantía’, cuya naturaleza y trasfondo consiste en inmovilizar bienes para garantizar las resultas del juicio en las controversias ejecutivas mercantiles, es viable decretar el embargo en términos del artículo 1392 del propio código, y no la retención de bienes conforme al diverso 1168. Ello, conforme al principio de especialidad, pues mientras la ‘retención de bienes’ se encuentra prevista en el libro quinto ‘De los juicios mercantiles’, título primero ‘Disposiciones generales’, del Código de Comercio, es decir, en un apartado de reglas genéricas o comunes, el ‘embargo cuando la acción se funde en un documento que trae aparejada ejecución o título ejecutivo’, se establece en el título tercero ‘De los juicios ejecutivos’, del mismo libro quinto, el cual va de los artículos 1391 a 1414, y donde se establecen reglas especiales o de excepción para esa clase de controversias las cuales excluyen dichas disposiciones ‘generales’ de ‘retención de bienes’, por más que éstas se encuentren en un capítulo particular XI ‘De las providencias precautorias’, pues no deja de estar inmersa en un título de disposiciones comunes (primero). Así, resulta jurídicamente inadmisible introducir una medida cautelar ‘de garantía’ ajena a una reglamentación de excepción, cuando ya existe una providencia precautoria ‘de garantía’ específica para los juicios ejecutivos mercantiles. Considerar lo contrario, validaría la transgresión del derecho a la seguridad jurídica de las partes, pues el ‘embargo cuando la acción se funde en un documento que trae aparejada ejecución o título ejecutivo’ toma en cuenta la naturaleza y la celeridad propia del juicio ejecutivo mercantil, al formar parte, incluso, de la diligencia trifásica prevista en el precepto 1394 del Código de Comercio, conocida como de ‘requerimiento de pago, embargo y emplazamiento’; en cambio, la reglamentación de la retención de bienes, parte de una hipótesis genérica o común que soslaya las indicadas particularidades del juicio ejecutivo mercantil."(11) V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS

42. De manera previa a verificar la actualización de los requisitos de existencia de la contradicción de tesis denunciada, conviene insertar el siguiente cuadro donde es posible advertir, de manera sintética, las decisiones adoptadas por los Tribunales Colegiados cuyas resoluciones integran el análisis de este asunto:

Ver cuadro

43. Es importante señalar que conforme a los criterios establecidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar si existe o no la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer, no es necesario que los criterios de los tribunales contendientes se emitan en tesis jurisprudenciales.

44. Al respecto, esta Primera Sala considera que por contradicción de tesis debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales, a través de argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis de jurisprudencia.

45. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada P. L/94 titulada: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(13) y la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(14)

46. Así, de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, una forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por estos órganos.

47. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe una necesidad de unificación; es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación, más que en su producto.

48. En otras palabras, para resolver si existe o no una contradicción de tesis es necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados y no tanto los resultados que ellos arrojen, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas, no necesariamente contradictorias en términos lógicos, aunque sí en términos legales.

49. Entonces, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y dado que el problema radica en los procesos de interpretación, no en los resultados adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Los tribunales contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión litigiosa, en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se debe encontrar algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento, en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquiera otra cuestión jurídica en general y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

50. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Este requisito se cumple en el presente asunto, pues los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada, como se expone a continuación:

51. El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 389/2018, determinó que la medida cautelar de retención de bienes prevista en el artículo 1168, fracción II, inciso b), del Código de Comercio,(15) sí puede emitirse respecto de un juicio ejecutivo mercantil, pues tal precepto señala de forma general que estas providencias pueden dictarse en los juicios mercantiles, sin excluir expresamente a los juicios ejecutivos, de ahí que en donde la ley no distingue no es dable distinguir.

52. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito (Estado de Jalisco), al resolver el amparo en revisión 336/2019, sostuvo que no es posible decretar la retención de bienes como providencia precautoria, prevista en el artículo 1168, fracción II, inciso b), del Código de Comercio, cuando se solicita con la promoción de un juicio ejecutivo mercantil, toda vez que este último procedimiento se rige por sus normas especiales, dentro de las que se prevé una medida específica que tiene por objeto el embargo de bienes del deudor y que deriva de la existencia de un documento con aparejada ejecución, por lo que debe prevalecer la norma especial sobre la general, en atención al principio de especialidad de la ley.

53. Conforme a lo expuesto con antelación, se advierte que se encuentra acreditado el primer requisito, relativo a que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa, en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

54. S

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31426-7f51db65/retencion-de-bienes-es-una-providencia-precautoria-aplicable · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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