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Modo: Corpus Pro

ACTO DERIVADO DE ACTO CONSENTIDO. NO TIENE TAL CARACTER EL DECRETO POR EL QUE SE PRECISAN LOS DECRETOS Y ACUERDOS EN MATERIA DE ESTIMULOS FISCALES Y SUBSIDIOS QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES A PARTIR DEL EJERCICIO FISCAL DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CUANDO NO SE IMPUGNA TAMBIEN EN EL JUICIO DE AMPARO EL ARTICULO 13 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA TAL EJERCICIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 217/92. · Registro digital (IUS): 3025
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Mayo de 1995, , Pág. 6.

CONTRADICCION DE TESIS 217/92. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 de la Ley de Amparo y 11, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de una contradicción entre tesis sustentadas por la Primera y Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia.

SEGUNDO. De la copia certificada de la ejecutoria pronunciada por la Segunda Sala de este alto Tribunal con fecha veinte de enero de mil novecientos noventa y dos en el amparo en revisión 3485/90, derivan los siguientes antecedentes:

1. Por escrito presentado el trece de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Kimberly Clark de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal, promovió juicio de amparo contra actos del Presidente de la República, Secretario de Hacienda y Crédito Público, Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Director General de Promoción Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Director General de la Industria Química y Bienes de Consumo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, los que hizo consistir, de la primera autoridad citada, en la expedición del Decreto por el que se precisan los decretos y acuerdos en materia de estímulos fiscales y subsidios que se encuentran vigentes a partir del ejercicio fiscal de mil novecientos ochenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, y, de las restantes autoridades, en el refrendo, publicación, cumplimiento y aplicación del decreto referido, así como, del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Director General de Promoción Fiscal, la negativa para la expedición de los certificados de promoción fiscal (CEPROFIS) con fundamento en el decreto reclamado.

2. El Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal dictó sentencia en el juicio de amparo 917/88 con fecha veintisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve en la que sobreseyó en el juicio de amparo.

3. Inconforme, la quejosa interpuso recurso de revisión, mismo que fue admitido por el Presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, declarándose, dicho Tribunal Colegiado, por resolución de treinta de marzo de mil novecientos noventa, legalmente incompetente para conocer del asunto y ordenando su remisión a esta Suprema Corte de Justicia.

4. El veinte de enero de mil novecientos noventa y dos, la Segunda Sala de este alto Tribunal dictó resolución en el amparo en revisión, al que correspondió el número 3485/90, en la que modificó la sentencia recurrida; sobreseyó en el juicio respecto de los actos de aplicación reclamados del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Director General de Promoción Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Director General de la Industria Química y Bienes de Consumo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; y otorgó el amparo a la quejosa contra los actos reclamados del Presidente de la República, Secretario de Hacienda y Crédito Público y Secretario de Comercio y Fomento Industrial consistente en la expedición y refrendo del Decreto por el que se precisan los decretos y acuerdos en materia de estímulos fiscales y subsidios que se encuentran vigentes a partir del ejercicio fiscal de mil novecientos ochenta y ocho.

La parte considerativa de dicha ejecutoria textualmente señala: "...TERCERO. El primer agravio es esencialmente fundado. En efecto, el juez de Distrito atendió incorrectamente el planteamiento que hizo la quejosa en la demanda de garantías, pues así se advierte de lo siguiente: Del Capítulo IV, de la demanda de amparo, se desprende que la quejosa señaló como acto reclamado, el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, mediante el cual se precisaron los estímulos fiscales y subsidios vigentes para ese año, argumentando que dicho acto desconoce vigencia al diverso Decreto que establece los estímulos fiscales para fomentar el empleo, la inversión en actividades prioritarias y el desarrollo regional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de enero de mil novecientos ochenta y seis, y del cual ya había cumplido con los requisitos necesarios para obtener los certificados de promoción fiscal. Asimismo, como consecuencia de ello, la negativa a que le fueran expedidos los estímulos fiscales, misma que se fundamenta en el decreto reclamado. En el apartado relativo a antecedentes, se dice: `La negativa para la expedición de los CEPROFIS, siempre se ha apoyado en el hecho de que supuestamente a partir del primero de enero de mil novecientos ochenta y ocho, el decreto por el cual se otorgó el estímulo por inversiones en actividades prioritarias ha quedado sin vigencia por virtud de la expedición del acto reclamado (fojas 13). En otra parte de dicho capítulo, se menciona: Con esta disposición, que ha servido de fundamento para que la Dirección General de Promoción Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público niegue durante el año de mil novecientos ochenta y ocho, el otorgamiento de los certificados de promoción fiscal (CEPROFIS), a que tiene derecho mi representada por inversiones que efectivamente realizó en los años de mil novecientos ochenta y siete y mil novecientos ochenta y ocho, se suprime en primer término la vigencia del decreto de veintidós de enero de mil novecientos ochenta y seis, y se desconoce el derecho adquirido de mi representada para gozar de los estímulos fiscales contemplados en el mismo por inversiones ya realizadas y que ya fueron calificadas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial como objeto de dichos estímulos' (foja 15). En el capítulo séptimo relativo a la competencia: `El presente juicio de garantías se interpone dentro del plazo que establece el artículo 22, fracción I, en relación con el 73, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el decreto y actos de aplicación que se reclaman, fueron conocidos por mi representada a partir de su publicación del Diario Oficial de la Federación el día veintidós de agosto de mil novecientos ochenta y ocho' (foja 4). Por su parte, el juez de Distrito estimó que respecto del decreto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, en razón de que dicho acto lo impugnó a través del acto concreto de aplicación consistente en la negativa a expedir los certificados de promoción fiscal (CEPROFIS), sin que la quejosa hubiera acreditado la existencia de tales actos. Ahora bien, según se advierte de lo anterior, la quejosa impugnó el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, en su carácter de autoaplicativo, porque consideró que en su sola vigencia le causaba perjuicio al dejar sin efecto el diverso Decreto de veintidós de agosto de mil novecientos ochenta y seis, en el que se establecieron los estímulos fiscales para inversiones en actividades prioritarias y, además de que lo hizo con fundamento en el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo. Por tanto, si el juez de Distrito al dictar la sentencia recurrida tuvo en consideración que el decreto reclamado se impugnó con motivo de actos concretos de aplicación y, con base en ello consideró que respecto de dicho acto se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, es evidente que no atendió exactamente a los términos en que la quejosa planteó su demanda de garantías, pues debió analizarla desde la perspectiva de que el decreto se impugnó con motivo de su vigencia y, a partir de este supuesto para examinar si en la especie se actualizaba alguna causal de improcedencia, motivo por el cual debe declararse substancialmente fundado el agravio referido y, por ende, levantar el sobreseimiento relativo al decreto reclamado. Por otra parte, debe decirse que resulta innecesario realizar el análisis del segundo agravio hecho valer por la recurrente, toda vez que al declararse fundado el primero de ellos (en el aspecto que reclamó el decreto en su carácter autoaplicativo), su estudio excluye al otro, pues por una parte, es evidente que si se impugnó con el carácter mencionado no exista acto de aplicación y, por otra, que la misma quejosa menciona en su segundo agravio que: `En el supuesto no concedido de que mi representada hubiese reclamado el Decreto de veintidós de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, con motivo de un primer acto de aplicación, el sobreseimiento decretado por el juez de Distrito infringe...' lo cual quiere decir que ese agravio sólo lo mencionó por si acaso esta Sala estimaba que el decreto lo había combatido con motivo del acto concreto de aplicación. Por lo anterior debe confirmarse el pronunciamiento que se hizo en el segundo considerando de la sentencia recurrida relativo al acto de aplicación. Por tanto, al resultar substancialmente fundando el primer agravio, con fundamento en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, procede analizar las causales de improcedencia hechas valer en la sentencia recurrida en la parte que sobreseyó en el juicio respecto del decreto reclamado y, en su caso, analizar los conceptos de violación enderezados a cuestionar la inconstitucionalidad del acto impugnado. CUARTO. Respecto de las causales de improcedencia que hicieron valer el Procurador Fiscal de la Federación, en ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y en representación del Presidente de la República, así como el Secretario de Comercio y Fomento Industrial al rendir sus informes justificados, y que no fueron analizados por el juez de Distrito, debe decirse lo siguiente: Que es infundado que la quejosa carezca de interés jurídico para promover el juicio de amparo, por el hecho de no encontrarse dentro de los supuestos del decreto reclamado. En efecto, la quejosa para acreditar su interés jurídico aportó las siguientes pruebas: a). Copia certificada del testimonio diecisiete mil doscientos cincuenta y ocho, volumen doscientos setenta y ocho, tirado ante la fe pública del Notario número ochenta y nueve, del Distrito Federal, mediante el cual Claudio A.R. 3485/90. González, Gerente General de Kimberly Clark de México, Sociedad Anónima, otorgó poder general para pleitos y cobranzas a Manuel Vera Vallejo (fojas treinta y dos a treinta y seis de autos). b). Los oficios números 142/112/406/86. 5556, 142/112/407/86. 5557, y 142/112/405. 5555, expedidos por el Director General de la Industria Química y Bienes de Consumo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, dirigidos a Kimberly Clark de México, Sociedad Anónima, plantas Ixtaczoquitlán, Veracruz, y San Juan del Río, Querétaro, de fecha veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y siete, mediante los cuales se comunica a la quejosa que la empresa fue registrada en el Programa de Fomento de la Actividad Industrial prioritaria `Fabricación de papel y cartón', de la Secretaría de Estado citada, con fundamento en el Decreto que establece los estímulos fiscales para fomentar el empleo, la inversión en actividades industriales prioritarias y el desarrollo regional y el acuerdo que establece las actividades industriales prioritarias, de veintidós de enero y veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y seis. Asimismo, se hace mención al hecho de que la empresa se comprometía a realizar diversas actividades, entre otras, llevar a cabo un programa de inversiones en sus plantas productivas. En la parte final se dice: `...El incumplimiento de los compromisos establecidos en este oficio, dará lugar a la cancelación del mismo' (anexos uno, dos y tres que obran en la carpeta de pruebas adjunta al expediente de amparo). c). Ciento treinta y tres oficios suscritos por el director general referido en el inciso anterior, dirigidos a la Subdirección de Organismos Industriales y Coordinación Industrial de la Secretaría mencionada, de fechas que fluctúan entre el veintitrés de enero de mil novecientos ochenta y siete al catorce de julio de mil novecientos ochenta y ocho (los cuales se hicieron del conocimiento a la empresa quejosa), para solicitarle que en relación a las solicitudes hechas por la empresa de los estímulos fiscales establecidos en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de enero de mil novecientos ochenta y seis, `...sírvase procesar la información que a continuación se indica a efecto de proseguir el trámite para la expedición del CEPROFI correspondiente'. A continuación se señala la información relativa, que consiste en el número de sus dictámenes técnicos correspondientes al tipo de inversión y planta de la quejosa, actividad, clave de categoría, la base para el cálculo del beneficio adicional, así como el porcentaje aplicable (20% a 30% por ciento), monto del CEPROFI, clave de motivo, fundamento legal y, de existir, las cantidades excluidas del estímulo, anexándose la constancia relativa (anexos del cinco al ciento treinta y seis que obran en la carpeta de pruebas adjunta al expediente de amparo), asimismo obran ocho oficios más, y anexos en los que también se solicitó procesar diversa información a la señalada en este mismo párrafo, de diferentes solicitudes efectuadas por dicha parte, todos de fecha veintiuno de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho (fojas ciento cuatro a ciento diecinueve de autos). Con las pruebas mencionadas se acredita el interés jurídico de la quejosa para promover el presente juicio de garantías, si se tiene en consideración que el acto reclamado se hizo consistir en el hecho de que el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, no incluyó el diverso de veintidós de enero de mil novecientos ochenta y seis, y que de dichas documentales se advierte que realizó algunas gestiones previstas en el decreto citado en segundo término, consistentes en el inicio del trámite para la obtención de los certificados de promoción fiscal; como son, que la empresa fue registrada en el programa de fomento de la actividad industrial prioritaria de fabricación de papel y cartón, y que se ordenó procesar información relativa al trámite para el otorgamiento del estímulo fiscal. Igualmente es infundado que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, en razón de que la Ley de Ingresos de la Federación, sólo constituye un catálogo de impuestos que no determina la vigencia de las disposiciones tributarias especiales, por lo que resulta evidente que la circunstancia de que la quejosa no impugnara dicha ley, no implica el consentimiento del decreto reclamado, ni tampoco puede considerarse que este acto sea una consecuencia de aquélla. También resulta infundado que el refrendo del Secretario de Comercio y Fomento Industrial, no cause perjuicio a la quejosa, pues lo cierto es que dicho acto constituye una fase del proceso de creación del decreto, que desemboca en la vigencia del mismo, motivo por el cual sí afecta la esfera jurídica de la quejosa. Al no advertir esta Segunda Sala alguna otra causal de improcedencia que amerite estudio previo, lo que procede es analizar el fondo del asunto. QUINTO. Los conceptos de violación que hizo valer la quejosa, en síntesis, son los siguientes: En el primero de ellos se argumenta: a). Que la quejosa cumplió con los requisitos exigidos en el Decreto de veintidós de enero de mil novecientos ochenta y seis, para el efecto de que le fueran expedidos los certificados de promoción fiscal, motivo por el cual la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, estimó que había cumplido con esos requisitos y, que por ello desde ese momento adquirió el derecho a que la autoridad respectiva le expidiera los estímulos fiscales durante los cinco años siguientes. b). Que el Decreto de veintidós de enero de mil novecientos ochenta y ocho, es retroactivo porque deja sin vigencia al diverso de veintidós de enero de mil novecientos ochenta y seis, este último del que ya tenía derechos adquiridos. c). Que la posibilidad de acreditamiento (derecho documentado en el CEPROFI), es una consecuencia jurídica nacida del reconocimiento de que la quejosa tuvo derecho a gozar del estímulo fiscal, por lo que si dicho efecto debía darse dentro de los cinco años posteriores al otorgamiento del certificado, que ello implica que la norma que generó el derecho para la quejosa, en cuanto a sus efectos y consecuencias, mantenía su vigencia en el tiempo por virtud de derechos reconocidos a dicha parte. d). Que con base en el decreto reclamado la Dirección General de Promoción Fiscal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, negaron el otorgamiento de los estímulos fiscales que documentan el derecho para su acreditamiento. Que al ser este último una consecuencia del otorgamiento del estímulo, la expedición de los certificados es obligatoria en tanto que para ello siguen siendo aplicables las disposiciones contenidas en el decreto que estableció dichos beneficios fiscales. e). Que la aplicación del decreto reclamado también es retroactiva, porque deja de reconocer que el otorgamiento de los certificados de promoción fiscal son una consecuencia legalmente prevista en el Decreto de veintidós de enero de mil novecientos ochenta y seis, y del cual la quejosa ya había adquirido un derecho que las autoridades no pueden desconocer. f). Que el decreto reclamado desconoce los derechos que adquirió e incluso reconocidos por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y desatiende el hecho de que el acto citado no puede regular por virtud de su cancelación el Decreto de veintidós de enero de mil novecientos ochenta y seis, ni tampoco los efectos y consecuencias derivados de éste. En el segundo concepto de violación, se aduce, lo siguiente: g). Que para que la autoridad cumpla con la garantía de legalidad que establece el artículo 16 constitucional en cuanto a la fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellos se debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto de que se trata encuadra en los presupuestos de la norma. h). Que el decreto reclamado fue emitido en contra de la garantía de legalidad, porque carece de fundamentación y motivación que sustente la cancelación de disposiciones normativas que con su expedición y aplicación crearon situaciones jurídicas concretas en favor de los particulares, como es el Decreto de veintidós de enero de mil novecientos ochenta y seis, que otorgó estímulos fiscales por la inversión en actividades industriales prioritarias. Que en el caso, la quejosa se adecuó al Decreto de veintidós de enero de mil novecientos ochenta y seis, obteniendo su confirmación a través de los dictámenes expedidos por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por lo que tuvo derecho a gozar de los estímulos fiscales y que no obstante ello, el decreto que crea dichos beneficios no estará vigente en el ejercicio fiscal de mil novecientos ochenta y ocho. i). Que el titular del Ejecutivo Federal en uso de su facultad reglamentaria fundamentó el decreto impugnado en los artículos 28, último párrafo, de la Constitución, 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 13 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de mil novecientos ochenta y ocho, argumentando la existencia del pacto de solidaridad para racionalizar el otorgamiento de estímulos fiscales. j). Que el artículo 28 constitucional no puede constituir fundamento para dejar sin vigencia las consecuencias jurídicas generadas con motivo del otorgamiento de los estímulos fiscales, sino que en todo caso, el decreto debió basarse en disposiciones reglamentarias de dicho precepto legal en las que expresamente se le concedieran facultades para suspender, desconocer o cancelar la vigencia de ordenamientos que regulan el otorgamiento de estímulos fiscales. k). Que tampoco los artículos 31, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ni el 13 de la Ley de Ingresos de la Federación pueden ser fundamento del decreto reclamado, ya que sólo prevén las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la posibilidad de que esta dependencia puede otorgar diversos estímulos y subsidios. l). Que los preceptos citados en los incisos anteriores no pueden alterar normas expedidas por el Ejecutivo Federal, de conformidad con el artículo 89, fracción I, constitucional. m). Que el Pacto de Solidaridad Económica carece de sustentación jurídica, y tampoco puede contemplarse como circunstancia válida que se adecue a los supuestos previstos en los preceptos legales referidos, motivo por el cual la motivación invocada por las responsables, por una parte, no es razón suficiente para desconocer derechos de particulares nacidos al amparo de una disposición anterior y, por otra, que tampoco se encuentra contemplada como supuesto legal que permita la suspensión de la vigencia de los estímulos fiscales otorgados. SEXTO. Por razón de orden técnico se analizarán en primer orden, los argumentos contenidos en el segundo concepto de violación, en razón de que en ellos se aduce que el decreto reclamado carece de los requisitos de fundamentación y motivación. Los argumentos sintetizados en los incisos g), y h), son infundados. En efecto, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que por fundar y motivar los actos de las autoridades legislativas, debe entenderse la circunstancia de que el Congreso de la Unión que expide la ley, constitucionalmente está facultado para ello, ya que los requisitos de fundamentación y motivación, cuando se trata de actos legislativos se satisfacen cuando aquél actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente regulados (motivación), sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica. Este criterio constituye la Jurisprudencia número treinta y seis, que se publica en las páginas setenta y tres y setenta y cuatro, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y cinco, rubro: `FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS DE AUTORIDADES LEGISLATIVAS'. Es conveniente precisar que si bien la tesis anterior se refiere a leyes emitidas por el Congreso de la Unión, debe estimarse que ese mismo criterio es aplicable a los decretos emitidos por el Presidente de la República en uso de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución, pues aun cuando éstos tienen el carácter de administrativos, en su aspecto material constituyen verdaderos actos legislativos, por cuanto que son de naturaleza impersonal, general y abstracta. En el aspecto a que se refiere la quejosa el decreto reclamado, dice: (se transcribe) ...De la transcripción anterior se advierte que es inexacto que el decreto reclamado carezca de los requisitos de fundamentación y motivación, porque la garantía del artículo 16 constitucional tratándose de decretos emitidos por el Presidente de la República, se satisface por la circunstancia de que el titular del Ejecutivo esté facultado constitucionalmente para expedir dichos actos y que cuando los emita se refieran a relaciones sociales que deben ser reguladas. En el caso el artículo 89, fracción I, constitucional faculta a dicha autoridad para emitir actos como el reclamado, y en el decreto se precisan también las consideraciones relativas. Además, si bien es cierto que en la especie, se dejó sin efecto el diverso decreto que estableció los estímulos fiscales, esto en todo caso, es materia de estudio de inconstitucionalidad del decreto, pero de ninguna manera puede pretenderse que por esa razón carezca de los requisitos señalados, pues como ya se precisó se dan por otro tipo de circunstancias. Son infundados los argumentos indicados en los incisos i), j), k), pues opuesto a los argumentado por la quejosa, los fundamentos legales que el Presidente de la República tuvo en consideración para emitir el decreto reclamado son los adecuados, pues en tratándose de este tipo de actos, basta que la actuación de la autoridad que expide el decreto se ajuste a la Carta Magna en cuanto a facultades y competencia, lo cual se cumple de acuerdo a la facultad reglamentaria que confiere el artículo 89, fracción I, al titular del Ejecutivo. Asimismo, respecto del artículo 28 constitucional, último párrafo, debe decirse que sí constituye fundamento para la emisión del decreto, toda vez que en él se establece la posibilidad de otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten substancialmente las finanzas de la Nación. Es decir, aun cuando en este precepto no se menciona literalmente a los estímulos fiscales, estos sí se pueden considerar como verdaderos subsidios, pues en el caso, se traducen en deducciones que el beneficiario acredita contra impuestos federales a su cargo, lo que viene a constituir un apoyo de carácter económico. Por ello, es innecesario lo que aduce la quejosa, en el sentido de que el Presidente de la República debió fundamentar su acto en disposiciones reglamentarias del mismo artículo. Por lo que ve a los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y el 13 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de mil novecientos ochenta y ocho, también constituyen fundamento legal, ya que en el primero, se establecen las facultades del Secretario de Hacienda y Crédito Público, que tiene, entre otras, la de determinar los criterios y montos globales de dichos estímulos fiscales, y en el segundo, porque ahí se fija la creación del decreto por el que se precisan los decretos y acuerdos en materia de estímulos fiscales y subsidios vigentes en el año de mil novecientos ochenta y ocho. Resulta infundado el argumento resumido en el inciso l), pues es incierto que los artículos precisados en párrafos anteriores alteren normas expedidas por el Presidente de la República, en razón de que el decreto reclamado fue expedido por dicha autoridad en uso de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción I, constitucional, y los preceptos en que se basó para emitir ese acto, sólo constituyen la fundamentación del mismo, pero de ninguna manera puede considerarse que 'alteren' normas expedidas por el propio titular del Ejecutivo Federal, con independencia de que por medio de un acto legislativo se pueden derogar leyes, reglamentos o decretos. Respecto del argumento contenido en el inciso m), relativo al cuestionamiento de que el pacto de solidaridad tampoco puede contemplarse como fundamento válido del decreto reclamado, y que ello no es razón suficiente para desconocer derechos de particulares nacidos al amparo de una disposición anterior, debe decirse que, en este sentido, como ya se expresó, la motivación está comprendida por las razones sociales que expresó el Presidente de la República, las cuales constan en dicho acto. Finalmente debe decirse que las tesis que invoca la quejosa relativas a `FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, GARANTIA DE' y `MOTIVACION, CONCEPTO DE LA', no son aplicables al caso, puesto que en tratándose de actos de autoridades legislativas, tales extremos se actualizan cuando éste es elaborado por el órgano facultado y cumpliendo con cada una de las fases de proceso legislativo previsto en la Constitución (los cuales no fueron cuestionados en el caso), y no como lo pretende la quejosa, como si se tratara de una resolución administrativa. Tiene aplicación al caso la tesis número cincuenta y ocho, publicada en la página cuatrocientos veintidós, Primera Parte, del Informe de Labores correspondiente al año de mil novecientos ochenta y cinco, rubro: `MOTIVACION Y FUNDAMENTACION. FORMA DE ENTENDER ESTA GARANTIA CON RESPECTO A LAS LEYES'. SEPTIMO. En cambio, es fundado el argumento sintetizado, con el inciso b), relativo al primer concepto de violación, toda vez que el decreto reclamado viola el principio de irretroactividad. El decreto reclamado es del tenor literal siguiente: (se transcribe). ... Como puede apreciarse de la transcripción anterior, se advierte que el decreto en el artículo segundo, precisa cuáles son los acuerdos dictados, con anterioridad a él, por Secretarías de Estado materia de estímulos fiscales y subsidios, vigentes durante el ejercicio fiscal de mil novecientos ochenta y ocho, entre los cuales no contempla aquellos acuerdos dictados con motivo del decreto que establece los estímulos fiscales para fomentar el empleo, la inversión en actividades industriales prioritarias y el desarrollo regional de veintidós de enero de mil novecientos ochenta y seis (del cual la quejosa ya había hecho diversas gestiones para obtener los certificados de promoción fiscal), por lo que debe considerarse que los deja sin efecto y, con ello viola el principio de irretroactividad. Además, el decreto reclamado al dejar sin efecto los acuerdos dictados con anterioridad a su vigencia, impide con ello que la quejosa continúe con los trámites tendientes a la obtención, en su caso, de los acuerdos correspondientes. Al haber resulta

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3025-b715bb25/acto-derivado-de-acto-consentido-no-tiene-tal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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