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Modo: Corpus Pro

ATRACCION, FACULTAD DE. DEBEN EJERCERLA LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE RESPECTO DE REGLAMENTOS EMITIDOS POR LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 32/93. · Registro digital (IUS): 3464
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LAS ENTONCES SEGUNDA Y TERCERA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, , Pág. 6.

CONTRADICCION DE TESIS 32/93. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LAS ENTONCES SEGUNDA Y TERCERA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.- La jurisprudencia 46/90, sustentada por la Tercera Sala de la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación, es del tenor siguiente:

"ATRACCION. NO PROCEDE EJERCER ESTA FACULTAD CUANDO SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y CELEBRACION DE ESPECTACULOS PUBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL, EXPEDIDO POR SU ASAMBLEA DE REPRESENTANTES, SI NO SE PLANTEA UN PROBLEMA DE IMPORTANCIA EXCEPCIONAL.- De conformidad con el penúltimo párrafo de la fracción VIII del artículo 107 constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de los amparos en revisión que por sus características especiales ameriten ser resueltos por ella, para lo cual deben tomarse en cuenta dos requisitos: que se trate de un amparo en revisión que por la importancia excepcional del problema planteado se aparte de los demás asuntos de su género, y que hagan patente la necesidad de su intervención. Esta facultad, debe ejercerse restringidamente, esto es, únicamente en aquellos casos en que de manera indubitable se planteen problemas de especial entidad que hagan notoria la conveniencia de que la Suprema Corte asuma su conocimiento. Debe destacarse que el nuevo sistema competencial del Poder Judicial de la Federación, tiene la finalidad de que la Suprema Corte se dedique fundamentalmente a la función de supremo intérprete de la Constitución Federal y los Tribunales Colegiados de Circuito al control de la legalidad. Por consiguiente, si en los amparos en revisión en que se reclama de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la expedición del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos, no se advierte ninguna de las características mencionadas, la Suprema Corte no debe ejercer la facultad de atracción." Amparo en revisión 4274/90.- Martín Miranda Jaimes.- 5 de noviembre de 1990.- 5 votos.- Ponente: José Antonio Llanos Duarte.- Secretario: Amado López Morales. Amparo en revisión 5030/90.- Agustín Ibarra López.- 5 de noviembre de 1990.- 5 votos.- Ponente: José Antonio Llanos Duarte.- Secretario: Gabriel Montes Alcaraz. Amparo en revisión 4009/90.- Centros Nocturnos Zombie, S.A.- 12 de noviembre de 1990.- 5 votos.- Ponente: José Antonio Llanos Duarte.- Secretario: Amado López Morales. Amparo en revisión 4826/90.- Blanca Martínez Sánchez y otros.- 12 de noviembre de 1990.- 5 votos.- Ponente: José Antonio Llanos Duarte.- Secretario: Gerardo Domínguez. Amparo en revisión 5380/90.- Rodolfo Bastida Marín.- 23 de noviembre de 1990.- 5 votos.- Ponente: José Antonio Llanos Duarte.- Secretario: Amado López Morales.

Las consideraciones fundamentales en que se apoyó la ejecutoria 5380/90, y en las que literalmente se reiteran los argumentos expuestos en los cuatro precedentes que dieron origen a la jurisprudencia anterior, son las siguientes:

"PRIMERO.- Esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que de la naturaleza del asunto sometido a su consideración no se está en el caso de ejercitar la facultad de atracción. La denominada facultad de atracción de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer de juicios de amparo en revisión se encuentra consagrada en el penúltimo párrafo de la fracción VIII del artículo 107 de la Ley Fundamental. Este párrafo fue adicionado, entre otras reformas a ese numeral, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete, que entró en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. El referido párrafo preceptúa: `La Suprema Corte de Justicia de la Nación, de oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del procurador general de la República, podrá conocer de los amparos en revisión que por sus características especiales así lo ameriten.' En la parte conducente del texto de la iniciativa de reformas respectiva del Ejecutivo Federal, se asientan: `Toda vez que la Suprema Corte de Justicia tendrá la facultad de atracción respecto de los amparos que sean de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, la reforma propuesta permitirá, sin nueva modificación al texto constitucional, que la Suprema Corte ejercite esta facultad de atracción, para los problemas de constitucionalidad de reglamentos autónomos y municipales y actos concretos de autoridad, si el volumen de asuntos no le impide despacharlos con prontitud. En el penúltimo párrafo de la fracción VIII del artículo 107, se concede igualmente la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia, para conocer de ellos, procediendo al efecto de oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del procurador general de la República.' Como se observa, en tratándose de amparos en revisión, esta facultad exige para su ejercicio, la satisfacción de dos requisitos: A).- Que se trate de un amparo indirecto en revisión con características especiales, es decir, que por sus particularidades, se aparte de los demás asuntos de su género, y B).- Que estas características especiales hagan patente que, para lograr una mejor administración de justicia, resulte conveniente que el Tribunal Colegiado respectivo, se abstenga de conocer del mismo, para que la Suprema Corte de Justicia lo haga. Se advierte, sin embargo, que esta es una facultad discrecional, en tanto que el legislador deja en completa libertad a los ministros de esta Suprema Corte de Justicia, para que aprecien en el caso concreto que sea sometido a su consideración, si se han o no satisfecho esos requisitos y, en consecuencia, resolver si es de ejercitarse o no esa facultad de atracción. No obstante lo anterior, esta apreciación no puede desatenderse del hecho de que, la facultad de referencia es una excepción a las nuevas reglas generales de competencia de la Suprema Corte de Justicia y de los Tribunales Colegiados de Circuito, que entraron en vigor simultáneamente con la facultad de atracción que se comenta; y por ello, su ejercicio debe ser restringido, por ser excepcional. Por otra parte, se debe destacar que este nuevo sistema competencial del Poder Judicial de la Federación, se establece fundamentalmente con la finalidad de que la Suprema Corte de Justicia (se) dedique a la función de suprema intérprete de la Constitución y los Tribunales Colegiados de Circuito al control de legalidad. En este sentido, se insiste, la satisfacción o no de los requisitos a que se ha hecho referencia, debe examinarse con un criterio restrictivo, de tal manera que el ejercicio de la facultad de atracción sea limitado y únicamente se observe en aquellos casos singulares en que de manera indubitable, resulte notoria la conveniencia de que la Suprema Corte de Justicia, substituya al Tribunal Colegiado en el conocimiento del asunto. En el caso a estudio, el recurso de revisión se interpuso en contra de una sentencia pronunciada por el juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en un juicio de amparo promovido en contra de actos de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y de otras autoridades, reclamando, fundamentalmente, la expedición del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal. Asimismo, debe advertirse que en la sentencia recurrida, el juez de Distrito sobreseyó en el juicio, por considerar que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico para reclamar el referido reglamento, por lo que es claro que en la sentencia recurrida no se estableció la interpretación directa de un precepto constitucional. Así las cosas, es claro que este asunto no atañe a una cuestión extraordinaria en los juicios de amparo en materia administrativa o civil, por lo que no se pone de manifiesto la conveniencia de que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca del mismo. Consecuentemente, como en el caso se impugnó la inconstitucionalidad de un reglamento expedido por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, cuyo estudio no sólo no está previsto como competencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cabe concluir que se actualiza la hipótesis contemplada en el artículo 85, fracción II de la Ley de Amparo, y que por tanto, la competencia para conocer del presente recurso de revisión corresponde a un Tribunal Colegiado."

TERCERO.- Las consideraciones en que se apoyó la Segunda Sala de la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ejercer la facultad de atracción en los tocas 480/92, 1097/92 y 1332/92, promovidos respectivamente por Miguel Angel Bastida Soto, Alicia Hernández de Gómez y otras y Engracia Doniz Gutiérrez viuda de Piñón, son las siguientes:

"(A.R. 480) PRIMERO.- Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer del presente recurso de revisión en ejercicio de la facultad de atracción, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII de la Constitución General de la República y 25, fracción I, inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de un asunto que por sus características especiales así lo amerita, pues la sentencia que se recurre fue pronunciada por un juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se plantea la inconstitucionalidad de un reglamento administrativo, expedido, con apoyo en el artículo 73, fracción VI, base 3a., inciso A) constitucional, por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, como lo es el Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, cuyo problema de constitucionalidad subsiste en la revisión."

"(A.R. 1097/92) PRIMERO.- Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII de la Constitución General de la República y 25, fracción I, inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de un asunto que por sus características especiales así lo amerita, pues la sentencia que se recurre fue pronunciada por un juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se plantea la inconstitucionalidad de un reglamento administrativo, expedido con apoyo en el artículo 73, fracción VI, base 3a., inciso A) constitucional, por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, como lo es el Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, cuyo problema de constitucionalidad subsiste en la revisión. En efecto, aun cuando ni en la Ley Orgánica citada ni en la Ley de Amparo se prevé, en forma específica, la competencia de la Sala para conocer de reglamentos expedidos por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, fue intención de la iniciativa de reforma al artículo 107, fracción VIII constitucional (reforma expedida el día veintinueve de julio de mil novecientos ochenta y siete, promulgada el mismo día, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete, que entró en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho), que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conociera, en amparo en revisión, de todas las normas generales cuya constitucionalidad se cuestiona, excepción hecha de los reglamentos autónomos municipales."

"(A.R. 1332/92) PRIMERO.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en ejercicio de la facultad de atracción, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII de la Constitución General de la República y 25, fracción I, inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de un asunto que, por sus características especiales, así lo amerita, pues la sentencia que se recurre fue pronunciada por un juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se plantea la inconstitucionalidad de un reglamento administrativo, expedido, con apoyo en el artículo 73, fracción VI, base 3a., inciso A) constitucional, por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, como lo es el Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, cuyo problema de constitucionalidad subsiste en la revisión. En efecto, aun cuando ni en la Ley Orgánica citada ni en la Ley de Amparo se prevé, en forma específica, la competencia de la Sala para conocer de reglamentos expedidos por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, fue intención de la iniciativa de reforma al artículo 107, fracción VIII constitucional (reforma expedida el día veintinueve de julio de mil novecientos ochenta y siete, promulgada el mismo día, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete, que entró en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho), que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conociera, en amparo en revisión, de todas las normas generales cuya constitucionalidad se cuestiona, excepción hecha de los reglamentos autónomos municipales."

CUARTO.- Con el propósito de establecer el punto de contradicción de tesis entre las sustentadas por las Salas mencionadas, conviene hacer las siguientes precisiones:

En primer lugar, debe observarse que los criterios en oposición se emitieron a partir de diversos juicios de amparo indirecto, en donde se reclamó la inconstitucionalidad del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos, expedido por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

De igual forma, en ambos criterios se examinó la posibilidad de ejercer la facultad de atracción, por parte de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, coincidiendo ambas Salas en que no se encuentra previsto en la ley, dentro de la competencia de ellas, conocer de los recursos de revisión en contra de sentencias dictadas en la audiencia constitucional por jueces de Distrito, cuando se hubiere reclamado un reglamento expedido por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

Sin embargo, los citados órganos jurisdiccionales discreparon en cuanto a la solución que debe darse al problema, pues mientras la anterior Segunda Sala consideró que existen características especiales que justifican el ejercicio de la facultad de atracción, en cambio, la Tercera Sala estimó que no se dan esas características especiales y, por tanto, no cabe atraer el conocimiento de tales asuntos. Conviene destacar, que un análisis cuidadoso de las resoluciones permite advertir que si bien de modo directo la contradicción aparece con toda claridad en relación al Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos, sin embargo la contradicción esencial versa sobre todos los reglamentos emitidos por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, pues la tesis de la anterior Segunda Sala se fundó en el argumento genérico de que bastaba cuestionar la constitucionalidad de ese tipo de ordenamientos, para considerar que se daban las características especiales que justificaran el ejercicio de la facultad de atracción, mientras que la entonces Tercera Sala, sustentó su criterio en que sólo procedería ese ejercicio cuando reclamándose en el juicio un reglamento de la Asamblea mencionada, se presentaran además, características de excepcionalidad. En otras palabras, mientras que para la anterior Segunda Sala la excepcionalidad justificativa del ejercicio de la facultad de atracción, se producía simplemente por reclamarse un reglamento emitido por la Asamblea de que se trata, para la entonces Tercera Sala eso, por sí solo, no era excepcional ni justificaba la atracción, sino que, sería necesario que se presentara además algún otro elemento que demostrara la presencia de características que justificaran el ejercicio de la facultad de atracción.

También conviene destacar, que no obstante tratarse de un tema relativo a ejercicio de una facultad discrecional, como lo es la de atracción de recursos de revisión en el juicio de amparo, es perfectamente posible, como el caso lo demuestra, que sí puede producirse una contradicción de tesis, lo que se deriva de la misma naturaleza de ese tipo de facultades, puesto que las mismas si bien no tienen sujeción a reglas precisas como las llamadas facultades regladas, sin embargo al no ser arbitrarias, sino debiéndose siempre sujetar a la lógica, es factible que cuando órganos diversos coinciden en la facultad de ejercitarlas, puedan entrar en conflicto, en cuanto a las razones que sustentan su aceptación o rechazo. Por lógica elemental, si se denuncia la contradicción y se define el criterio que deba prevalecer por el Pleno, éste será obligatorio para los órganos jurisdiccionales inferiores, aunque se esté en presencia de la repetida facultad discrecional.

En este orden de ideas, es claro que sí existe contradicción de tesis.

QUINTO.- Este Tribunal Pleno considera que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia obligatoria, el criterio sustentado por este órgano colegiado precisando el entonces sustentado por la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En efecto, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no previó en forma específica la competencia de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer sobre inconstitucionalidad de reglamentos expedidos por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

Sin embargo, la intención de la reforma al artículo 107, fracción VIII constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete, que entró en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, fue transformar a la Suprema Corte en un verdadero tribunal de constitucionalidad, que se ocupara exclusivamente sobre problemas de esta naturaleza, para lo cual, se le facultó a fin de que, en grado de revisión, conociera de los problemas de constitucionalidad de leyes aprobadas por las Legislaturas Locales y el Congreso Federal, así como de reglamentos expedidos por el presidente de la República o los gobernadores de los Estados.

Evidentemente, los reglamentos autónomos y municipales, así como los expedidos por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, no quedaron comprendidos expresamente por dicha reforma.

Empero, debe advertirse que la propia reforma consideró la posibilidad de que esta Suprema Corte atrajera el conocimiento de los problemas de constitucionalidad de reglamentos autónomos y municipales, como se corrobora del fragmento de la iniciativa de reformas respectiva, que a continuación se transcribe:

"Toda vez que la Suprema Corte de Justicia tendrá la facultad de atracción respecto de los amparos que sean de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, la reforma propuesta permitirá, sin nueva modificación al texto constitucional, que la Suprema Corte ejercite esta facultad de atracción, para los problemas de constitucionalidad de reglamentos autónomos y municipales y actos concretos de autoridad, si el volumen de asuntos no le impide despacharlos con prontitud. En el penúltimo párrafo de la fracción VIII del artículo 107, se concede igualmente la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia, para conocer de ellos, procediendo al efecto de oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del procurador general de la República."

Así pues, tomando en consideración que la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, vino a sustituir al presidente de la República por lo que atañe a la facultad de dictar reglamentos locales para el Distrito Federal, referentes a las materias a que hacía mención el artículo 73, fracción VI, base 3a. constitucional, vigente cuando se emitió el reglamento reclamado en los asuntos que dieron origen a la contradicción, aunado al espíritu del Constituyente Permanente y a los fines que abrigaron la reforma constitucional mencionada, es de concluirse que por su interés y trascendencia, cuando se discuta la constitucionalidad del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, debe ejercerse la facultad de atracción por las Salas de este alto tribunal. Si en la exposición de motivos que ha quedado reproducida, en la parte que interesa, se previó esa situación respecto de reglamentos autónomos y municipales, por mayoría de razón debe aplicarse a los reglamentos de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, tanto más, cuando éstos corresponden con exactitud a los que emitía el presidente de la República y respecto de los cuales la ley establece la competencia de las Salas de la Suprema Corte de Justicia para conocer de ellos.

Por otra parte, el reglamento que dio lugar a la contradicción a través de su artículo tercero transitorio, abrogó el Reglamento General para Establecimientos Mercantiles y Espectáculos Públicos del Distrito Federal, de veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y uno, que fue expedido por el presidente de la República en uso de las facultades que le otorga el artículo 89, fracción I de la Carta Magna, cuya revisión de constitucionalidad era del conocimiento de esta Suprema Corte de Justicia.

En tal virtud, de conformidad con el artículo 195 de la Ley de Amparo, la tesis correspondiente debe quedar redactada con el siguiente rubro y texto:

"- Es cierto que no hay disposición expresa para considerar que la Suprema Corte sea competente para conocer de un recurso de revisión, interpuesto en contra de una sentencia dictada por un juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, en el que se reclamó la inconstitucionalidad de un reglamento expedido por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, pues tratándose de reglamentos sólo se incluyeron expresamente, dentro de la competencia de sus Salas, los emitidos por el presidente de la República y por los gobernadores de los Estados; sin embargo, debe considerarse que en tal supuesto debe ejercerse la facultad de atracción, ya que se dan las características establecidas por los artículos 107, fracción VIII, inciso b), párrafo segundo de la Constitución General de la República y 21, fracción II, inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que la justifican, a saber, la intención del Poder Revisor de la Constitución, de que la Suprema Corte de Justicia, como tribunal de constitucionalidad, conozca en última instancia de los ordenamientos de carácter general, así como que la Asamblea mencionada, en su función reglamentaria, sustituyó al presidente de la República, lo que resulta más claro si en el reglamento emitido por ella se abroga uno emitido por aquél."

A mayor abundamiento, conviene aclarar que la anterior tesis coincide con la jurisprudencia 18/95 aprobada por la actual Segunda Sala, en sesión privada de dos de junio de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro votos de los señores ministros: presidente Juan Díaz Romero, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel.

Por lo expuesto y fundado, se revuelve:

PRIMERO.- Sí existe contradicción de tesis entre las sustentadas por las anteriores Salas Segunda y Tercera de la Suprema Corte de Justicia, al fallar los amparos en revisión precisados en los considerandos segundo y tercero de esta resolución.

SEGUNDO.- Debe prevalecer el criterio sustentado por este Pleno.

TERCERO.- Remítase de inmediato la tesis que se sustenta en la presente contradicción a la Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis para su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y Jueces de Distrito, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 195 de la Ley de Amparo.

Notífiquese y cúmplase. Con testimonio de esta resolución comuníquese a las Salas actuales de la Suprema Corte y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionandoen Pleno, por unanimidad de once votos de los ministros: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jésus Gudiño Pelayo, Guilllermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María del Carmen Sánchez Cordero, Juan N. Silva Meza y presidente José Vicente Aguinaco Alemán.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3464-8f923177/atraccion-facultad-de-deben-ejercerla-las-salas-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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