DEMANDA DE AMPARO, INTENTADA EN VIA DIRECTA PROCEDIENDO LA INDIRECTA. EL JUEZ DE DISTRITO AL AVOCARSE A SU CONOCIMIENTO DEBE PREVENIR AL QUEJOSO EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 146 Y 116 DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCION DE TESIS 32/94. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LAS ANTERIORES SEGUNDA Y TERCERA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.- La Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 74/94, promovido por Aladino Lugo Ramos, mediante sentencia de fecha diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro sostuvo lo siguiente:
"TERCERO.- En los anteriores agravios se argumenta, en síntesis:
"A) En los agravios I y II, que al promover el quejoso un juicio de amparo directo colmó su demanda con lo previsto en el artículo 166 de la Ley de Amparo, debió prevenirlo para que diera cumplimiento a los requisitos exigidos en el artículo 116 y, al no realizar lo anterior, violó lo dispuesto por el artículo 146 de la propia Ley.
"B) En el agravio III. `...que la sentencia sujeta a revisión resulta antijurídica, ya que le negó la Protección Constitucional al quejoso por considerar que si se le hubiera concedido el amparo, a nada práctico conduciría'.
"El argumento contenido en el inciso A) resulta infundado, por lo que procede confirmar el sobreseimiento decretado por el a quo como se verá a continuación.
"El artículo 146, primer párrafo de la Ley de Amparo es del tenor literal siguiente:
"`Art. 146. Si hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; si se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de esta Ley; si no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado o no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 120, el juez de Distrito mandará prevenir al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que corresponda, o presente las copias dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo'.
"Como se puede apreciar de la transcripción anterior, el juez de Distrito mandará prevenir al promovente de amparo para que subsane las irregularidades o deficiencias de su escrito de demanda, en los siguientes casos:
"1.- Si hubiere alguna irregularidad en el mismo.
"2.- Si hubiere omitido (sic) alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la Ley de Amparo.
"3.- Si no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado, o
"4.- No se hubiesen exhibido las copias necesarias de acuerdo al artículo 120 de la ley de la materia.
"Por su parte, el artículo 91, fracción IV de la Ley de Amparo reza:
"`Art. 91.- El Tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas:
"`IV.- Si en la revisión de una sentencia definitiva, en los casos de la fracción IV del artículo 83, encontraren que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o que el juez de Distrito o la autoridad que haya conocido el juicio en primera instancia, incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, revocarán la recurrida y mandarán reponer el procedimiento, así como cuando aparezca también que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley; y'
"Del texto anterior se puede apreciar una de las reglas que deberán observar los órganos que conozcan del recurso de revisión, esta es, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento en cualquiera de los siguientes casos:
"1.- Cuando se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento de amparo.
"2.- Si el juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia, haya incurrido en alguna omisión que hubiera dejado sin defensa al recurrente o pudiera influir en el dictado de la sentencia definitiva, o
"3.- Cuando indebidamente no se haya oído a alguna parte que tenga derecho a intervenir en el juicio.
"En vista a los anteriores artículos tenemos que, para que en la presente revisión se estudie si es el caso de revocar la sentencia del a quo y mandar reponer el procedimiento (artículo 91, fracción IV), en primer término se debe analizar si el juez omitió prevenir al quejoso para que subsanara las irregularidades o deficiencias de su demanda (artículo 146, primer párrafo).
"En la especie, el quejoso ahora recurrente interpuso escrito ante la Justicia Federal intentando promover un amparo directo, respecto del cual el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito se consideró incompetente para su conocimiento: se interpuso recurso de reclamación en contra del auto del Tribunal Colegiado y el mismo se declaró infundado, por lo tanto, el escrito de referencia fue remitido al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, en donde por auto de veintidós de octubre de mil novecientos noventa y tres se admitió la demanda de garantías.
"Cabe hacer notar que se realizaron las gestiones de ley para notificar personalmente al abogado representante de la quejosa, el auto de radicación ante el Juzgado de Distrito, sin embargo, a pesar de las visitas del actuario al domicilio autorizado y el citatorio respectivo, dicha parte optó por notificarse por lista, lo que sucedió el veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y tres.
"Seguido el juicio, el juez de Distrito dictó sentencia el nueve de noviembre de mil novecientos noventa y tres, la cual terminó de engrosar el día diecinueve del mismo mes y año, con los puntos resolutivos y las consideraciones que quedaron transcritos en el resultando tercero de la presente ejecutoria.
"Ahora bien, en la especie, como se desprende de los agravios I y II sintetizados en el inciso A) del presente considerando, el recurrente se duele de una supuesta omisión del juez de Distrito consistente en no prevenirlo para que cumpliera con los requisitos que dispone el artículo 116 para las demandas de amparo indirecto (segundo caso del artículo 146).
"En consecuencia, tenemos que analizar si efectivamente se surtió el supuesto identificado con el número dos de aquellos que se desglosaron del primer párrafo del artículo 146; lo anterior se traduce, en el caso que nos ocupa, en estudiar si se omitió señalar en el escrito de demanda a las autoridades designadas como responsables (fracción III del propio artículo 116).
"Al efecto se transcribe el capítulo de autoridades responsables que el quejoso incluyó en su demanda:
"A) `Como autoridad ordenadora al juez Octavo del Arrendamiento Inmobiliario, de quien se reclama la resolución que puso fin al juicio, de fecha veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y tres...'
"B) `Al director de la Oficina Central de Notificadores y Ejecutores del Tribunal Superior de Justicia, de quien se reclama la ejecución material o física del auto de fecha veinticuatro de agosto del presente año...'
"Como se puede apreciar, el quejoso sí cumplió en su demanda con la formalidad de señalar a las autoridades responsables que consideró convenientes, y por lo tanto, no se surte el segundo supuesto del artículo 146, ya que el mismo requiere que la parte quejosa sea omisa (vocablo éste que se utiliza en el propio artículo) al señalar a las autoridades, lo cual no ocurrió en la especie.
"Ahora, si bien es cierto que la quejosa intentó originalmente un amparo directo, no menos cierto lo es que oportuna y legalmente le fue notificado el auto de radicación de su asunto en el Juzgado de Distrito; con lo anterior, se dio origen a una dicotomía para el quejoso: un derecho a adecuar su demanda a los requisitos que dispone el artículo 116 para los amparos indirectos, así como una obligación consistente en el deber de integrar correctamente la misma, en el caso, con el señalamiento de la totalidad de las autoridades responsables que intervinieron en la emisión y promulgación de los actos reclamados, a fin de que el juzgador pudiera resolver la cuestión efectivamente planteada.
"Y como ha quedado establecido, la quejosa se abstuvo de realizar acción alguna tendiente a modificar o adecuar el contenido de su demanda de amparo.
"Ante lo cual, el juez de Distrito se encontraba imposibilitado para requerir al quejoso que corrigiere las deficiencias técnicas de su demanda, puesto que ello es una carga para el mismo quejoso y la obligación de aquél se limita, de acuerdo al artículo 146, a requerir al promovente para que subsane las omisiones que se pudieran presentar en dicha demanda.
"En efecto, la obligación que impone el artículo 146 a los jueces de Distrito, se limita a comprobar si formalmente se satisfacen los requisitos del artículo 116, mas no a intervenir al extremo de substituirse al quejoso en el señalamiento de las autoridades responsables, a lo cual equivale la pretensión de la recurrente.
"Ciertamente, sobre el quejoso pesa la carga de que la demanda interpuesta contenga todos los elementos necesarios para que el juez pueda desarrollar su función jurisdiccional, los cuales se encuentran claramente señalados en el artículo 116 de la Ley de Amparo.
"Por lo tanto, el a quo actuó correctamente al admitir la demanda de amparo en sus términos y no ordenar la prevención señalada en el artículo 146, toda vez que no encontró en la misma omisión alguna de los requisitos señalados en el artículo 116 para las demandas de amparo indirecto.
"El criterio anterior se fundamenta en las tesis que se pueden ver en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, respectivamente, y en la Primera Parte, Tribunal Pleno, páginas 648-649, en la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, página 1041 (en ésta se subraya la parte aplicable), transcribiéndose a continuación:
"`DEMANDA DE AMPARO, CUANDO NO SE SEÑALA A TODAS LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE DEBER DE ORDENAR QUE SE CORRIJA.- La obligación para los jueces de Distrito, derivada del artículo 146 de la Ley de Amparo, está limitada a comprobar si formalmente se satisfacen las condiciones reglamentadas en el artículo 116 de la misma Ley y no a intervenir para que la demanda de garantías quede perfectamente elaborada. Tampoco debe ordenar a título de aclaración de demanda que se mencione a alguna o algunas otras autoridades no indicadas en el escrito inicial. El ejercicio de la acción constitucional es un derecho de los particulares y el juez no puede coadyuvar en una facultad que no le corresponde substituyendo al particular en el ejercicio de la acción'.
"`DEMANDA DE GARANTIAS ACLARACION DE LA.- Ninguna obligación tienen los jueces de Distrito, conforme al artículo 146 de la Ley de Amparo, de solicitar de los quejosos, para que a título de aclaración de sus demandas, señalen uno o varios de los actos reclamados que hubieren sido omitidos por ellos, pues los únicos casos que considera aquella disposición legal, son los siguientes: cuando se hubiere omitido en la demanda respectiva alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 del mencionado ordenamiento, o cuando no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado o no se hubiesen expedido las copias que exige el artículo 120 de la Ley citada'.
"Consecuentemente, al no haberse presentado la obligación para el juez de Distrito de prevenir al quejoso conforme a lo ordenado por el artículo 146 de la Ley de Amparo, resulta improcedente estudiar los supuestos que prevé el artículo 91, fracción IV, de la propia Ley.
"Todo lo anterior nos lleva a considerar que en la especie, una vez señalada la forma en que se condujo la parte quejosa por medio de su representante, al desatender la oportunidad con que contó para satisfacer los requisitos de su demanda de amparo indirecto, resultan infundados los agravios I y II sintetizados en el inciso A), por lo que procede confirmar el sobreseimiento decretado por el a quo.
"Por último, como el anterior criterio difiere del que sostiene la Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia, debe hacerse la denuncia de la posible contradicción de tesis al Tribunal Pleno; en la inteligencia de que dicho criterio se encuentra publicado en la foja 108 del Tomo IX, relativo al mes de mayo de mil novecientos noventa y dos, Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación, bajo el tenor literal siguiente:
"`PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ORDENARSE SU REPOSICION SI EL JUEZ DE DISTRITO OMITIO PREVENIR AL QUEJOSO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 146 EN RELACION CON EL 116 DE LA LEY DE AMPARO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO QUE SE INTENTO POR LA VIA DIRECTA, POR HABERSE DECLARADO INCOMPETENTE EL TRIBUNAL COLEGIADO.- Si el juez de Distrito se avoca al conocimiento de una demanda de garantías que se intentó por la vía directa, por virtud de haberse declarado incompetente un Tribunal Colegiado, debe prevenir al quejoso en los términos del artículo 146 de la Ley de Amparo a fin de que, con el objeto de regularizar el procedimiento, colme los requisitos que debe llenar la demanda de amparo indirecto previstos por el artículo 116 del propio ordenamiento jurídico; ello en acatamiento del precepto legal invocado en primer término y tomando en consideración que el procedimiento judicial es de orden público, y más aún tratándose del relativo al juicio constitucional dada su naturaleza y trascendencia, en el cual la legislación que lo regula tiene como propósito el garantizar los derechos de las partes, de tal manera que la declaratoria de incompetencia persigue como finalidad el exacto cumplimiento del mismo y, por ende, de los requisitos que para el caso se encuentran previstos, por lo que si el juzgador omite tomar dicha determinación, produciéndole indefensión al quejoso, es procedente en la revisión contra la sentencia dictada por el juez de Distrito, ordenar la reposición del procedimiento de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley de la materia.
"`PRECEDENTE. Amparo en revisión 1134/91.- Carlos Aureliano Anaya Rocha.- 30 de marzo de 1992.- Unanimidad de cuatro votos.- Ponente: José Trinidad Lanz Cárdenas.- Secretario: Arturo García Torres'."
TERCERO.- La Tercera Sala de este alto tribunal, al resolver el amparo en revisión 1134/91 promovido por Carlos Aureliano Anaya Rocha mediante sentencia de fecha treinta de marzo de mil novecientos noventa y dos, sostuvo lo siguiente:
"SEGUNDO.- Es innecesario transcribir los agravios expresados por la parte recurrente, ya que no serán examinados en la presente resolución, en atención a lo siguiente:
"El artículo 91 fracción IV de la Ley de Amparo establece:
"`ARTICULO 91.- El Tribunal Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión observarán las siguientes reglas.- IV.- Si en la revisión de una sentencia definitiva, en los casos de la fracción IV del artículo 83, encontrare que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o que el juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, revocarán la recurrida y mandarán reponer el procedimiento, así como cuando aparezca también indebidamente que no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley,...'
"En la especie, esta Tercera Sala advierte que el juez de Distrito incurrió en violaciones al procedimiento que dejaron sin defensa al quejoso y que dan lugar a ordenar la reposición del mismo.
"En efecto, de las constancias que integran el presente asunto, se desprende esencialmente que:
"a) Por escrito presentado ante la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Carlos Aureliano Anaya Rocha promovió juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Civil, en turno, contra actos de la Sala mencionada, árbitro Alejandro Rosas Torres y juez Séptimo del Arrendamiento Inmobiliario de esta capital, de los que reclamó, de la primera, la sentencia de veintitrés de abril de mil novecientos noventa, dictada en el toca 335/90; del árbitro indicado el laudo de veintiuno de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, y, del juez de primer grado el auto de seis de octubre de mil novecientos ochenta y nueve.
"Además de la lectura íntegra de la demanda precisada se desprende que impugna los artículos 609 a 636 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal por estimarlos inconstitucionales, los cuales fueron aplicados en las resoluciones referidas;
"b) Por auto de Presidencia de veintiséis de junio de mil novecientos noventa, el cual no fue impugnado por el quejoso, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito declaró su incompetencia para conocer de la demanda aludida, argumentando que no se reclama una sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio;
"c) En proveído de cuatro de julio de mil novecientos noventa, el primer secretario de acuerdos del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en esta capital, al que correspondió por razón de turno, admitió parcialmente la demanda de que se trata, por cuanto a la sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, desechándola por lo que se refiere a los actos atribuidos al juez Séptimo del Arrendamiento Inmobiliario de esta ciudad y al árbitro designado por las partes; y,
"d) Notificadas que fueron las partes del acuerdo anterior, en la fecha fijada en el propio proveído, se celebró la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes, y se pronunció resolución, la que se terminó de engrosar el treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa, en la cual se declararon inoperantes los conceptos de violación expresados y el juzgador señaló encontrarse imposibilitado para analizar la constitucionalidad de la ley impugnada, por no haberse señalado respecto a la misma autoridad responsable, resolviendo negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.
"Ahora bien, el artículo 116 de la Ley de Amparo, el cual establece los requisitos que debe colmar la demanda de amparo indirecto, que es competencia de los jueces de Distrito, dispone en su fracción III que en ella deberá expresarse la autoridad o autoridades responsables, y que tratándose de amparo contra leyes, se deberán señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomienda su promulgación.
"En relación con ese dispositivo legal, el diverso artículo 146 del propio cuerpo normativo establece, entre otras hipótesis, que si en la demanda se hubiere omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo mencionado, el juez de Distrito mandará prevenir al promovente que llene los requisitos omitidos.
"En la especie, el juez de Distrito omitió prevenir al quejoso para que, a fin de regularizar el procedimiento diera cumplimiento al artículo 116 de la ley de la materia que establece los requisitos de la demanda de amparo indirecto, dado que el Tribunal Colegiado antes precisado declaró su incompetencia para conocer del juicio planteado en la vía directa, razón por la cual el juzgador se avocó al conocimiento del asunto.
"Siendo obligatorio para el juez el tomar la determinación mencionada no sólo en acatamiento al artículo 146 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino además porque el procedimiento judicial, tal y como lo ha sostenido en forma reiterada esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de orden público, y más aún tratándose del procedimiento del juicio de amparo por su naturaleza y trascendencia.
"Así desde este punto de vista los efectos de la incompetencia declarada por el Tribunal Colegiado son el que se tramite el juicio en la vía correcta con observancia de todos los requisitos legales del caso, entre ellos el señalamiento preciso de los actos legislativos que se impugnen y de las autoridades que intervinieron en su emisión, pues de lo contrario se haría nugatorio el objetivo fundamental implícito en esa declaratoria traducido en la exacta observancia del procedimiento previsto por la ley de la materia para garantizar los derechos de las partes.
"Consecuentemente, y en razón de que la omisión de que se viene hablando deja al quejoso sin defensa, y toda vez que puede influir en el sentido de la sentencia que debe dictarse en definitiva, puesto que el promovente en sus conceptos de violación impugna por considerarlos inconstitucionales diversos artículos del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, sin haber señalado como responsables a las autoridades que intervinieron en su expedición, a lo que no estaba obligado en los términos del artículo 166 fracción IV de la Ley de Amparo ya que inicialmente hizo valer amparo directo, procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento para el efecto de que, en cabal cumplimiento del artículo 146 de la ley de la materia y, con el objeto de regularizarlo, prevenga a la parte quejosa para que colme los requisitos previstos en el artículo 116 del citado ordenamiento jurídico, y hecho que sea continúe la tramitación del juicio, dictando en su oportunidad la sentencia que conforme a derecho proceda."
CUARTO.- Previamente a cualquier otra cuestión debe establecerse si existe la contradicción de tesis denunciada.
Para ese efecto es necesario precisar los puntos fundamentales que sustentan las ejecutorias dictadas por la Segunda y Tercera Salas de la anterior integración de este alto tribunal.
1.- El amparo en revisión 74/94, del que conoció la mencionada Segunda Sala de este alto tribunal, derivó del juicio de amparo 6012/93-II, promovido por Aladino Lugo Ramos, en contra de actos del juez Octavo del Arrendamiento Inmobiliario, consistente en el acuerdo de fecha veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y tres, en el que declaró que causó ejecutoria la sentencia recaída al juicio ordinario civil 19/93; así como en contra de actos del director de la Oficina Central de Notificadores y Ejecutores del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consistente en la ejecución del acuerdo mencionado.
La demanda de amparo se presentó por la vía de amparo directo y de ella conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el que por acuerdo de veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y tres, se declaró incompetente para conocer del juicio, remitiéndolo al Juzgado de Distrito en Materia Civil en turno del Distrito Federal.
El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, que conoció del asunto por sentencia de nueve de noviembre de mil novecientos noventa y tres, resolvió sobreseer en el juicio respecto de la inconstitucionalidad (planteada en los conceptos de violación), de los artículos 427, fracción II y 428 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en virtud de que el quejoso no señaló como autoridades responsables a las autoridades que intervinieron en el proceso legislativo que originó la emisión de los preceptos reclamados, fundando su resolución en los artículos 73, fracción XVIII y 116, fracción III, de la Ley de Amparo, y en las tesis del Tribunal Pleno y de la Tercera Sala de este alto tribunal, publicadas a fojas 851, Primera Parte, del Informe de labores de 1988 y 451 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo VII, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que dicen respectivamente lo siguiente:
"LEYES. AMPARO CONTRA LAS. SU ESTUDIO NO PUEDE HACERSE SI NO SE EMPLAZA AL JUICIO DE GARANTIAS A LA AUTORIDAD QUE LAS EXPIDE.- Según lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo se deben expresar entre otros requisitos, la autoridad o autoridades responsables. Son autoridades responsables en un juicio de amparo en que se controvierte la constitucionalidad de una ley, las autoridades que la expiden, conforme al artículo 11 de la Ley de Amparo, que considera autoridad responsable a la que dicta y ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Si en la expedición de la ley o el acto reclamado intervino el presidente de la República en uso de facultades otorgadas por el Congreso de la Unión, indudablemente que esa autoridad tiene el carácter de responsable en relación a la impugnación de la constitucionalidad que se hace, y consecuentemente debió llamarse a juicio independientemente de que la inconstitucionalidad del aludido ordenamiento legal no se haga en relación a la aprobación, promulgación o publicación como actos formales en su elaboración, sino tan solo en cuanto que se estima que su contenido es contrario a las disposicionesconstitucionales".
"SUPLENCIA DE LA QUEJA. NO PUEDE OPERAR PARA SUBSANAR LA OMISION DE LA PARTE QUEJOSA DE LLAMAR A JUICIO A UNA AUTORIDAD QUE TIENE EL CARACTER DE RESPONSABLE.- El señalamiento de las autoridades responsables es una obligación que pesa sobre la parte quejosa y no en el juez de Distrito de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo, de manera que la falta del llamado a juicio de una autoridad derivada de la omisión de señalarla como responsable, no puede llevar a establecer que se infringen las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de garantías, ni puede operar la suplencia de la queja para subsanar la omisión, en tanto que la figura de referencia, prevista por el artículo 76 bis de la citada Ley, se da en relación con los conceptos de violación de los agravios hechos valer en el recurso correspondiente, lo que permite perfeccionarlos, aclararlos o completarlos."
La anterior Segunda Sala de este alto tribunal, en la sentencia que quedó transcrita en el segundo resultando de esta resolución, en resumen, en la parte que interesa a esta contradicción de tesis dice lo siguiente:
Que el juez de Distrito no se encontraba obligado a requerir al promovente para que subsanara las irregularidades o deficiencias del escrito de demanda porque la fracción II del artículo 146 de la Ley de Amparo requiere que la parte quejosa sea omisa, totalmente, en señalar en su demanda a las autoridades responsables (requisito establecido en la fracción II del artículo 116 de ese ordenamiento).
Que, si bien es cierto que la quejosa intentó originalmente un amparo directo, oportunamente le fue notificado el auto de radicación del juicio en el Juzgado de Distrito, sin que el quejoso hubiese realizado acción alguna tendiente a modificar o adecuar el contenido de su demanda, ante lo cual el juez de Distrito se encontraba imposibilitado para requerir al quejoso para que corrigiera su demanda, puesto que esto es una carga para éste y la actuación del juez se limita, de acuerdo con el citado artículo 146, a comprobar si formalmente se satisface el artículo 116 de la Ley de Amparo.
2.- Por su parte, el juicio de amparo en revisión 1134/91, del que conoció la desaparecida Tercera Sala, derivó del juicio de amparo 145/90-II, promovido por Carlos Aureliano Anaya Rocha, en contra de actos de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, del árbitro Alejandro Rosas Torres y del juez Séptimo del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal, consistentes, respectivamente, en la sentencia de veintitrés de abril de mil novecientos noventa, dictada en el toca 335/90, relativa al juicio ordinario civil terminación de contrato promovido por Gerardo Ruiz Rodríguez; el laudo de veintiuno de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, mediante el cual se resuelve el pacto arbitral celebrado entre las partes; y el auto de seis de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, que le dio entrada a la solicitud de ejecución del laudo arbitral mencionado.
La demanda de amparo se presentó por la vía de amparo directo y de ella conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el que por acuerdo de veintiséis de junio de mil novecientos noventa, se declaró incompetente para conocer del juicio, remitiéndolo al Juzgado de Distrito en Materia Civil en turno en el Distrito Federal.
El Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, que conoció del asunto dictó sentencia el treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa, en la que resolvió negar el amparo al quejoso, determinando en relación a la inconstitucionalidad planteada por éste en los conceptos de violación, que esos argumentos eran inoperantes ya que no designó las autoridades responsables relativas.
La referida Tercera Sala de este alto tribunal, en la sentencia que quedó transcrita en el resultando tercero de este fallo revocó la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento porque estimó que el juez del conocimiento incurrió en violaciones que dejaron sin defensa al quejoso.
Las consideraciones que expuso la Tercera Sala, en resumen son las siguientes:
Que de lo dispuesto en los artículos 116 y 146 de la Ley de Amparo, se desprende que si en la demanda se hubiere omitido alguno de los requisitos a que se refiere el primero de los preceptos citados, el juez de Distrito mandará prevenir al promovente que llene esos requisitos; que el juez de Distrito no previno al quejoso para que, a fin de regularizar el procedimiento (dado que el Tribunal Colegiado declaró su incompetencia para conocer del juicio planteado en la vía directa), diera cumplimiento al artículo 116 de la ley de la materia.
Que la obligación del juez de prevenir al quejoso no sólo deriva de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, sino además porque el procedimiento judicial, es de orden público, más aún tratándose como en el caso del procedimiento del juicio de amparo; que desde este punto de vista el efecto de la incompetencia declarada por el Tribunal Colegiado es que se tram
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3384-a7736b60/demanda-de-amparo-intentada-en-via-directa-procediendo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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