INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL. PROCEDE INCLUSO CUANDO SE TRATA DE RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA O RIESGO CREADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA) [SUSTITUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA PC.V. J/26 C (10a.)].
SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE JURISPRUDENCIA 1/2021. MAGISTRADOS DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO. 19 DE OCTUBRE DE 2021. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS DAVID SOLÍS PÉREZ, ÓSCAR JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ, RAÚL MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MA. ELISA TEJADA HERNÁNDEZ, GERARDO DOMÍNGUEZ Y MIGUEL ÁNGEL BETANCOURT VÁZQUEZ. PONENTE: ÓSCAR JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ. SECRETARIO: IVÁN GÜEREÑA GONZÁLEZ.
Hermosillo, Sonora. Acuerdo del Pleno del Quinto Circuito correspondiente al diecinueve de octubre de dos mil veintiuno.
VISTO: Para resolver la solicitud de sustitución de jurisprudencia 1/2021; y,
RESULTANDOS:
PRIMERO.—Solicitud de sustitución de jurisprudencia. Mediante oficio 4364/2021, de treinta de junio de dos mil veintiuno, recibido el día ocho de julio del mismo año por la secretaria de Acuerdos del Pleno del Quinto Circuito, la secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del propio tribunal en la ejecutoria de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de amparo directo civil 742/2019, informó que dicho órgano colegiado solicita la sustitución de la jurisprudencia PC.V. J/26 C (10a.), de rubro "INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL. NO PROCEDE CUANDO SE TRATE DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA –RIESGO CREADO– (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA).", emitida por este Tribunal Pleno del Quinto Circuito.
SEGUNDO.—Admisión de la solicitud. Por acuerdo de ocho de julio de dos mil veintiuno, el Magistrado presidente de este Pleno del Quinto Circuito tuvo por recibida la mencionada solicitud y la registró con el número de expediente 1/2021; asimismo, admitió a trámite la solicitud de sustitución de jurisprudencia e informó a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, la tramitación de la solicitud de sustitución de jurisprudencia, para su registro, seguimiento y control correspondientes.
También en dicho auto se ordenó notificar por correo electrónico oficial a los Tribunales Colegiados integrantes del Quinto Circuito, para que tomaran las medidas que estimasen pertinentes con relación a los asuntos que tuvieran por resolver y que pudieran relacionarse con la sustitución de jurisprudencia solicitada; de igual modo, se ordenó hacer del conocimiento del agente del Ministerio Público de la Federación, por conducto del delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado, para que si lo estimaba pertinente, expusiera lo que a la representación social conviniera, sobre la solicitud de sustitución de jurisprudencia.
El doce de julio de dos mil veintiuno se informó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la admisión de la presente solicitud de sustitución de jurisprudencia mediante el uso de la firma electrónica (FIREL), vía correo electrónico oficial.
TERCERO.—Turno. Por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se consideró debidamente integrado el presente expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia y se ordenó que se remitieran los autos, para su estudio, al Magistrado Óscar Javier Sánchez Martínez, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito y del Pleno del Quinto Circuito, para que formulara el proyecto de resolución correspondiente.
CUARTO.—Pedimento. El agente del Ministerio Público de la Federación no formuló pedimento.
CONSIDERANDOS:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Quinto Circuito es competente para conocer de la presente solicitud de sustitución de jurisprudencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 230, fracción I, de la Ley de Amparo; 42, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, 3 y 45, fracción III, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; y en el diverso Acuerdo General 21/2020 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, modificado en cuanto a su vigencia por los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021, la cual quedó prorrogada hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno.
Asimismo, con base en lo previsto en los artículos tercero y quinto transitorios del Acuerdo General 1/2021 emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ocho de abril de dos mil veintiuno, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, y se establecen sus bases, en cuyos transitorios tercero y quinto expresamente se dispuso lo siguiente:
"TERCERO. La jurisprudencia por sustitución que emitan el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Plenos de Circuito a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo General y hasta el inicio de vigencia de las leyes secundarias referidas en el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional publicada el once de marzo de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, se publicará en la subsección especial que para tal efecto se establezca."
"QUINTO. En tanto entran en funciones los Plenos Regionales del Poder Judicial de la Federación, atendiendo a lo previsto en los artículos transitorios Segundo, Tercero y Quinto del decreto mencionado en el Considerando Primero de este Acuerdo General, la jurisprudencia emitida por aquéllos a la que se refiere en este instrumento normativo será fijada por los Plenos de Circuito."
Finalmente, se atiende también a que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de quince de abril de dos mil veintiuno, aprobó el punto de acuerdo 26/2021, relativo a las "Consultas sobre el funcionamiento de los Plenos de Circuito en relación con la reforma constitucional en materia de justicia federal, publicada el 11 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación", comunicado por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos mediante la circular SECNO/17/2021, fechada el veintitrés siguiente, en cuya primera directriz se determinó lo siguiente:
"PRIMERA. En acatamiento a los artículos 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y segundo, tercero y quinto transitorios del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2021 y al Acuerdo General 1/2021, de 8 de abril de 2021, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, y se establecen sus bases, los Plenos de Circuito continuarán operando en los términos en que lo venían haciendo. Asimismo, los órganos del Consejo de la Judicatura Federal continuarán ejerciendo sus atribuciones relativas a su integración, funcionamiento y vigilancia, hasta en tanto entran en funciones los Plenos Regionales, en los términos precisados en el AG 8/2015 y la demás normatividad aplicable."
SEGUNDO.—Sesión. La resolución de este asunto se lleva a cabo por videoconferencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, haciendo uso de medios electrónicos, dada la contingencia por la que atraviesa actualmente el país por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19.
Lo anterior, en el entendido de que así fue dispuesto en el mencionado Acuerdo General 9/2021, que prorrogó la vigencia del diverso 21/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, dado que en su artículo 27, fracción III, el segundo de los acuerdos mencionados a la letra establece:
"Artículo 27. Sesiones ordinarias de los Tribunales Colegiados de Circuito y de los Plenos de Circuito. Las sesiones ordinarias de los Tribunales Colegiados y de los Plenos de Circuito se prepararán, celebrarán y registrarán conforme a las siguientes reglas:
"...
"III. Las sesiones se celebrarán, invariablemente, por videoconferencia y sin la presencia del público. La sesión por este medio generará los mismos efectos y alcances jurídicos que las que se realizan con la presencia física."
TERCERO.—Legitimación. La solicitud de sustitución de jurisprudencia proviene de parte legítima, en términos del artículo 230, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada al Pleno del Quinto Circuito por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, en atención a la resolución del juicio de amparo directo civil 742/2019, el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, de su propio índice.
CUARTO.—Procedencia. La presente solicitud de sustitución de jurisprudencia es procedente en términos del artículo 230, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, en virtud de la resolución del amparo directo civil 742/2019, en la que se aplicó la jurisprudencia cuya sustitución se solicita. Además, se aduce que el criterio sostenido en la misma es diverso al que asumió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1585/2020, por lo que estiman que las consideraciones de la referida jurisprudencia deben ser en el sentido señalado en su resolución por el Alto Tribunal.
QUINTO.—Estudio. Este Tribunal Pleno (sic) del Quinto Circuito estima conducente sustituir el criterio contenido en la jurisprudencia materia de la presente solicitud, en atención a las consideraciones siguientes:
I. Antecedentes de la jurisprudencia objeto de la solicitud de sustitución.
Este Pleno del Quinto Circuito, el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos, resolvió la contradicción de tesis 3/2019, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito.
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 867/2015, sostuvo que del contenido de los artículos 2081 a 2088, así como de los numerales 2105 a 2113 del Código Civil para el Estado de Sonora, se advierte que la responsabilidad civil se encuentra regulada en capítulos por separado, por un lado, el correspondiente a los hechos ilícitos o responsabilidad subjetiva, donde se incluye al daño moral y, por el otro, el relativo al riesgo creado o responsabilidad objetiva. De igual manera, sostuvo que tal división no significa que el daño moral sea exclusivo de la responsabilidad subjetiva, sino que es común a ambas responsabilidades, pues sus consecuencias y sanciones se encuentran íntimamente relacionadas.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 291/2018, sostuvo que en la legislación civil del Estado de Sonora, la responsabilidad objetiva o riesgo creado no está prevista como causa o surtimiento de la obligación de responder por el daño moral, y que éste sólo está previsto para la responsabilidad subjetiva o por hechos ilícitos, dado que ambas responsabilidades están reguladas en capítulos por separado, sin que se advierta algún precepto que lleve a considerar las normas del daño moral aplicables a la responsabilidad objetiva o riesgo creado; pues además, para el daño moral se requiere un hecho u omisión ilícito en el que necesariamente impera el dolo, la culpa o la falta de cuidado, pues de haberse querido lo contrario, el legislador habría hecho extensivo el alcance del daño moral a la responsabilidad objetiva o riesgo creado y, por el contrario, existe previsión expresa en el sentido de que el daño moral está contemplado exclusivamente en el capítulo relativo a los actos que nacen de los hechos ilícitos.
Al resolverse la referida contradicción de tesis, este Pleno del Quinto Circuito estimó que, considerando la evolución legislativa del Estado de Sonora, así como su exposición de motivos, la responsabilidad civil objetiva es una acción distinta a la responsabilidad subjetiva que no trae como consecuencia la indemnización del daño moral.
Lo anterior, porque la responsabilidad civil objetiva es ajena a la conducta del agente, mientras que para el daño moral se requiere un hecho u omisión ilícito, de manera que en la responsabilidad subjetiva la reparación puede ser total (patrimonial y moral), mientras que en la objetiva, sólo comprende la patrimonial.
Derivado de lo anterior, se determinó que debía prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio del Pleno de Circuito contenido en la tesis PC.V. J/26 C (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de noviembre de 2019 a las 10:26 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 72, noviembre de 2019, Tomo II, página 1393, de rubro y texto siguientes:
"INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL. NO PROCEDE CUANDO SE TRATE DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA –RIESGO CREADO– (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). De la historia legislativa del artículo 2087 del Código Civil para el Estado de Sonora, se advierte que fue voluntad del legislador establecer la indemnización por daño moral únicamente con motivo de un hecho u omisión ilícito, traducido en la conducta culpable de una persona que lesiona injustamente la esfera jurídica ajena, siempre que el daño no se haya producido como consecuencia de la culpa o negligencia inexcusable de la víctima –responsabilidad civil subjetiva–, y no cuando se ejercita la acción de responsabilidad civil objetiva (riesgo creado), que se apoya en un elemento ajeno a la conducta, como lo es la utilización de un objeto peligroso por sí mismo."(1)
II. Análisis efectuado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el tema en cuestión.
El trece de enero de dos mil veintiuno, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo directo en revisión 1585/2020, en el que analizó precisamente los artículos del Código Civil para el Estado de Sonora que fueron materia del tema tratado en la contradicción de tesis 3/2019, resuelta por este Pleno del Quinto Circuito.
En el mencionado amparo directo en revisión, la Primera Sala del Alto Tribunal, sostuvo lo siguiente:
"Al respecto, esta Primera Sala estima que los argumentos antes señalados son fundados en atención a las siguientes consideraciones. Para dar respuesta a lo anterior, se debe aludir a los artículos que regulan la responsabilidad civil extracontractual en la entidad:
"‘Capítulo VI
"‘De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos
"‘Artículo 2081. Todo hecho del hombre ejecutado con dolo, culpa, negligencia, falta de previsión o de cuidado, que cause daño a otro, obliga a su autor a reparar dicho daño.
"‘Para los efectos de este artículo, se considera que obra con culpa el que procede en contra de la ley o de las buenas costumbres, causando daño a otro.
"‘No existirá la obligación de reparar el daño, cuando se demuestre que éste se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusables de la víctima.’
"‘Artículo 2086. La reparación del daño debe consistir en el restablecimiento de la situación anterior a él, y cuando ello sea imposible, en el pago total de los daños y perjuicios de orden patrimonial y moral.
"‘La valorización de tales daños y perjuicios se hará por el Juez, condenando al pago de una reparación total en los casos de daño a las cosas.
"‘Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte o incapacidad total, parcial o temporal para el trabajo, la indemnización de orden patrimonial consistirá en el pago de una pensión mensual, que se calculará en los siguientes términos:
"‘I. Si el daño origina la muerte de la víctima, la pensión mensual será equivalente al sueldo o utilidad que estaba percibiendo en el último año, conforme al promedio que resulte. Tendrán derecho a esta pensión los herederos de la víctima, excepto el Estado; a falta de ellos, quienes hubieren dependido económicamente de la víctima; en su defecto aquellos de quienes ésta dependía económicamente, o con quienes convivía familiarmente;
"‘II. Si no fuere posible determinar dicho sueldo o utilidad, éste se calculará por peritos tomando en cuenta las capacidades y aptitudes de la víctima en relación con su profesión, oficio, trabajo o índole de la actividad a que normalmente se había dedicado. Si los peritos carecen de bases suficientes para fundar su opinión, lo mismo que en el caso de que la víctima no disfrutara sueldo, salario o desarrollare actividad alguna, la pensión se calculará sobre la base del salario mínimo legal;
"‘III. Si el daño origina una incapacidad total permanente para el trabajo, se aplicarán las reglas anteriores para indemnizar a la víctima con una pensión vitalicia, que se cubrirá por prestaciones mensuales cuyo monto será regulado en los términos de las fracciones I y II;
"‘IV. Los interesados en el caso de muerte de la víctima recibirán la pensión mensual indicada en las fracciones I y II, durante el término probable de vida que hubiere correspondido a la citada víctima, según su edad y que determinará el Juez. En el caso de que todos los beneficiarios mueran antes de dicho término, la pensión se extinguirá con la muerte del último. Corresponderá a la sucesión, representada por el albacea, exigir y recibir la indemnización mencionada, o a los beneficiarios si no hubiere albacea; si habiéndolo, éste se negare a intentar la acción, o si hubiere concluido el juicio sucesorio; y,
"‘V. Si el daño originare una incapacidad temporal, bien sea total o parcial, la indemnización será regulada atendiendo a las reglas especificadas en las fracciones I, II y III, debiendo determinarse por peritos el tiempo de la incapacidad y el grado de la misma, a efecto de que el Juez establezca la duración de la pensión y el monto de ella, según que la incapacidad fuera total o parcial.’
"‘Artículo 2087. Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afecto, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, prestigio o aspecto físico. Se presumirá que existe daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas.
"‘En ningún caso se considerarán ofensas al honor las opiniones desfavorables de la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional. Tampoco se considerarán ofensivas las opiniones desfavorables realizadas en cumplimiento de un deber o ejerciendo un derecho cuando el modo de proceder o la falta de reserva no tenga un propósito ofensivo.
"‘Cuando un hecho u omisión ilícito produzca un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material.
"‘El monto de la indemnización lo determinará el Juez, tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso.
"‘En el caso de que la afectación sufrida por la víctima sea en su integridad física y la lesión que esto le origine no la imposibilite total o parcialmente para el trabajo, el Juez fijará el importe del daño moral, tomando en cuenta, además de lo previsto en el párrafo anterior, si la parte lesionada es o no visible, así como el sexo, edad y condiciones de la persona.
"‘Una vez acreditado el daño moral, a petición de la víctima y con cargo al responsable, el Juez podrá ordenar la publicación de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios informativos que considere convenientes. En los casos en que el daño derive de un acto que haya tenido difusión en los medios informativos, el Juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto de la sentencia, con la misma relevancia que hubiere tenido la difusión original.
"‘Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales, estarán sujetos a la reparación del daño moral de acuerdo a lo establecido por este ordenamiento y, por lo tanto, las conductas descritas se considerarán como hechos ilícitos:
"‘I. El que comunique a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien; y,
"‘II. Al que ofenda el honor, ataque la vida privada o la imagen propia de una persona.
"‘La reproducción fiel de información no da lugar al daño moral, aun en los casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona, pues no constituye una responsabilidad para el que difunde dicha información, siempre y cuando en dicha reproducción se cite la fuente de donde se obtuvo.
"‘La acción de reparación del daño moral no es transmisible a terceros por acto entre vivos y sólo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida.
"‘La indemnización por daño moral es independiente de la patrimonial y se decretará aun cuando ésta no exista.’
"‘Artículo 2088. Sumando las indemnizaciones por daño patrimonial y por daño moral, cuando el riesgo no ocasione la muerte, pero sí lesiones que produzcan incapacidad total o parcial permanente, podrá cambiar el Juez la pensión vitalicia en pensión temporal, por el lapso que estime prudente y sin sobrepasar el posible importe de la vitalicia, a fin de reeducar o readaptar a la víctima a formas de trabajo adecuadas a los defectos que le hubiere causado el riesgo sufrido. Es de interés público el cumplimiento de este precepto, tratándose de menores.’
"‘...
"‘Capítulo VII
"‘De la responsabilidad objetiva o riesgo creado
"‘Artículo 2109. Cuando una persona utilice como poseedor originario, derivado o simple detentador, mecanismos, instrumentos, aparatos, cosas o substancias, peligrosos por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente o no exista culpa de su parte, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima.’
"‘Artículo 2112. El monto de la reparación del daño en los casos a que se refieren los artículos de este capítulo se fijará en las dos terceras partes de la cantidad que resulte aplicando las bases establecidas en el artículo 2086. Cuando el daño se cause por empresas de servicios públicos, el monto de la reparación del daño será la mitad del que se fija en el artículo mencionado.’
"De los artículos transcritos, se prevé la definición de responsabilidad civil subjetiva, culpa y la excepción a la regla general en este caso (artículo 2081); la fijación de lo que consiste la reparación del daño que en un principio se ve la restitución y si no es posible la compensación, la forma en que se debe calcular una pensión mensual cuando el daño produce la muerte o la incapacidad total o parcial para el trabajo, así como las personas que tienen derecho a reclamar dicha pensión en caso de muerte y el momento en que se extingue ésta (artículo 2086); la definición de daño moral, las excepciones, quién tiene obligación de repararlo, cómo se calcula la indemnización, el daño moral causado por ejercicio de las libertades de expresión e información, la restricción de transmisión y la autonomía de la indemnización por daño moral (artículo 2087); la temporalidad de las indemnizaciones por daño material y moral en caso de incapacidad total o parcial permanente (artículo 2088).
"Por lo que, al siguiente capítulo, se establece cuándo se debe responder por riesgo creado y la excepción (artículo 2109); la fijación del monto de la reparación tomando en cuenta las bases establecidas en el artículo 2086 y el caso específico de empresas de servicios públicos (artículo 2112).
"En ese sentido, si bien los artículos antes señalados no prohíben expresamente acceder a la indemnización por daño moral a quienes sufren, ya sea como víctima o como perjudicado, con motivo de la responsabilidad civil objetiva, el Tribunal Colegiado realizó una interpretación en dicho sentido; esto pues, el órgano de amparo estimó que:
"• La responsabilidad civil objetiva debe repararse tomando en cuenta el artículo 2109 en el entendido de que implica elementos y sujetos, que son diferentes a los que se prevén en el artículo 2087; este último establece que el daño moral existe cuando un hecho u omisión ilícitos ocurren, lo que contradice la configuración de la responsabilidad civil objetiva.
"• De conformidad con el proceso legislativo, se destaca que el legislador excluyó el daño moral para el caso de responsabilidad civil objetiva. Lo anterior, ya que, en el caso de responsabilidad civil subjetiva, debe haber una reparación total que incluya aspectos patrimoniales y extrapatrimoniales; en cambio, para el caso de la responsabilidad objetiva, debe haber una reparación parcial en la que se comparte el riesgo, puesto que en la comisión del daño no hubo una conducta ilícita.
"• La remisión del artículo 2112 al diverso 2086, no tiene el alcance de hacer procedente el pago de la indemnización por daño moral en caso de responsabilidad civil objetiva; simplemente, la remisión se hace para las bases de cuantificación del daño patrimonial.
"• El hecho que el artículo 2088 tuviera el vocablo ‘riesgo’, no puede asociarse con la responsabilidad civil objetiva porque contraviene la voluntad del legislador.
"En ese sentido, para el Tribunal Colegiado, a partir de una interpretación de los artículos 2109 y 2112 con relación en los diversos 2086, 2087 y 2088, las víctimas o perjudicados de un evento de responsabilidad civil objetiva, sólo tienen derecho a reclamar la indemnización por daño patrimonial, no así por daño moral; lo anterior, toda vez que ésta sólo es procedente para casos de responsabilidad civil subjetiva.
"De esta forma, puede decirse que las víctimas o perjudicados, independientemente del daño moral que hayan sufrido, sólo estarán en posibilidad de reclamar el que se haya causado en lo patrimonial; de ahí que, es evidente que esta determinación repercute en su derecho a una justa indemnización.
"En efecto, como se indicó en los apartados anteriores, a grandes rasgos, el daño puede ser material o patrimonial que se traduce en afectaciones de carácter pecuniario, y los daños inmateriales o extrapatrimoniales que no pueden tasarse en términos económicos como el daño moral que recae en valores espirituales como lesiones en los sentimientos, afecto, creencias, decoro, honor, vida privada o aspecto físico.
"Así, siguiendo la lógica del Tribunal Colegiado, las personas que sufran una afectación en sus valores espirituales, no tienen derecho a exigir la indemnización de los mismos y sólo deben conformarse con la restitución o compensación de los daños y perjuicios materiales de los que fueron objeto; de ahí que, es claro que la consecuencia de este proceder implica una restricción en el derecho a una justa indemnización.
"Como se estableció en el primer apartado del presente estudio, el derecho a una justa indemnización implica volver las cosas al estado en que se encontraban, el restablecimiento de la situación anterior y de no ser posible, establecer una indemnización como compensación por los daños ocasionados; asimismo, que la reparación debe, en la medida de lo posible, anular todas las consecuencias de la fuente del daño y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad si el acto no hubiera acontecido.
"Con la reforma del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la incorporación del derecho a una justa indemnización, los principios y objetivos de ésta deben permear en el ordenamiento mexicano, incluido el aspecto civil. Así, es sustancial comprender que, en atención al derecho de reparación, el daño causado es el que determina la indemnización y que las reparaciones son las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas.
"Dicho lo anterior, es claro que para el caso que se analiza, aun cuando con motivo del uso de objetos peligrosos se llegaran a causar daños materiales e inmateriales, nunca se podrá compensar el daño sufrido respecto de estos últimos, con lo que se incumple con el mandato de atender y tratar de hacer desaparecer los daños que acontecieron e implica una restricción al derecho humano en comento.
"Ahora, si bien quedó claro que el derecho a una indemnización justa o integral es un derecho sustantivo de cada gobernado, ello no implica que no pueda restringirse; en efecto, es posible siempre que sea razonable a la luz de un examen de proporcionalidad en sentido amplio de forma que la restricción persiga una finalidad constitucionalmente válida, sea necesaria y proporcional.
Ver datos de publicación 1
"‘TEST DE PROPORCIONALIDAD. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL. El examen de la constitucionalidad de una medida legislativa debe realizarse a través de un análisis en dos etapas. En una primera etapa, debe determinarse si la norma impugnada incide en el alcance o contenido inicial del derecho en cuestión. Dicho, en otros términos, debe establecerse si la medida legislativa impugnada efectivamente limita al derecho fundamental. De esta manera, en esta primera fa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30257-5497ed4d/indemnizacion-por-dano-moral-procede-incluso-cuando-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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