NOTIFICACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRIBUYENTE PREVISTA EN EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. OTORGA A LAS AUTORIDADES FISCALIZADORAS LA POTESTAD DE REQUERIR AL CONTRIBUYENTE QUE ATIENDA EL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR PARA QUE PROPORCIONE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA SU PRÁCTICA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ALBERTO EMILIO CARMONA, ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO, JORGE HUMBERTO BENÍTEZ PIMIENTA, JOSÉ GERARDO MENDOZA GUTIÉRREZ, RENATA GILIOLA SUÁREZ TÉLLEZ Y ARTURO HERNÁNDEZ TORRES. PONENTE: JORGE HUMBERTO BENÍTEZ PIMIENTA. SECRETARIA: ESTHELA GUADALUPE ARREDONDO GONZÁLEZ.
Guanajuato, Guanajuato. Acuerdo del Pleno del Decimosexto Circuito en Materia Administrativa, correspondiente al veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno.
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia. Por oficio 283/2021 recibido en la Secretaría de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, el Magistrado presidente Arturo González Padrón, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por ese órgano jurisdiccional, al resolver el recurso de revisión fiscal 72/2020, y el emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del circuito indicado, al resolver el recurso de revisión fiscal 169/2019 (fojas 2 a 5 del presente toca).
SEGUNDO.—Trámite. Mediante acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno, el presidente de este Pleno de Circuito ordenó registrar la denuncia de mérito con el número de expediente 1/2021, la admitió a trámite y solicitó al presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto (sic) Circuito, que remitiera copia certificada de la ejecutoria correspondiente y el archivo electrónico relativo. En la misma actuación requirió a los Tribunales Colegiados de Circuito informaran si los criterios que sustentaron estaban vigentes. (folios 43 a 45)
En el oficio DGCCST/X/147/05/2021, el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó que no se encontraba radicada en ese Alto Tribunal, contradicción de tesis alguna en la que el tema a resolver guardara relación con la que es objeto del expediente en que se actúa; comunicación que se tuvo por rendida el veintiséis de abril de dos mil veintiuno; asimismo, al encontrarse debidamente integrado el presente asunto y a efecto de turnarse para la formulación del proyecto de resolución correspondiente, se reservó su turno en razón de que se admitió a trámite la diversa contradicción de tesis 2/2021 del índice del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, se advirtió que se encuentra relacionada con el tema a dilucidar en esta última, además de que, entre otros, derivan del mismo asunto en común (recurso de revisión fiscal 169/2019); por lo que una vez sustanciada en sus trámites legales aquélla, se consideró que debían turnase al mismo Magistrado que, atendiendo al orden respectivo, le corresponda conocer del asunto.
Mediante actuación de once de junio de dos mil veintiuno, se ordenó turnar el asunto al Magistrado Jorge Humberto Benítez Pimienta, para formular el proyecto de resolución respectivo. (foja 93)
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito es competente para resolver la presente contradicción de tesis, en términos de los numerales 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que contienden Tribunales Colegiados de este Décimo Sexto Circuito, especializados en la misma materia administrativa.
Se precisa que este asunto se resuelve, de conformidad con el artículo (sic) 27, fracción III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso 1/2021, con relación al periodo de vigencia; asimismo, 1, párrafo segundo, del Acuerdo General 16/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula las sesiones de los Tribunales Colegiados de Circuito y establece los lineamientos para su videograbación y difusión; y 27, fracción IV, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, conforme a los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, que establecen que podrán denunciar la contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de un mismo circuito en los juicios de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron.
Lo anterior, toda vez que la denuncia la formuló el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto (sic) Circuito.
TERCERO.—Criterios contendientes. El contenido de las ejecutorias que participan en la contradicción de tesis, es como sigue:
I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto (sic) Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 72/2020, en sesión de cinco de marzo de dos mil veintiuno, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"SÉPTIMO.—Los agravios primero y segundo son infundados, mismos que serán analizados de manera conjunta dada su estrecha vinculación, acorde con la sistemática prevista por el artículo 76 de la Ley de Amparo, aplicable al caso conforme al último párrafo del numeral 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
"Son infundados los agravios planteados.
"El artículo 42, párrafo primero, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, vigente el diez de agosto de dos mil diecisiete –fecha de emisión del oficio que contiene la orden de revisión–, es del tenor siguiente:
"‘Artículo 42. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:
"‘...
"‘II. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos, en las oficinas de las propias autoridades o dentro del buzón tributario, dependiendo de la forma en que se efectuó el requerimiento, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran a efecto de llevar a cabo su revisión.’
"Esto es, conforme a esa disposición legal, la autoridad fiscal con el objeto de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con sus cargas tributarias, así como para determinar los impuestos omitidos o los créditos fiscales y para comprobar la comisión de delitos fiscales tiene la facultad de requerir a aquéllos para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de la propia autoridad fiscal, la contabilidad, los datos, otros documentos o informes que se les requieran, a efecto de llevar a cabo su revisión.
"Asimismo, en relación a cuando una orden de revisión de escritorio o gabinete está debidamente fundada y motivada conforme a lo dispuesto por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente jurisprudencia:
"‘Novena Época
"‘Instancia: Segunda Sala
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo: XII, agosto de 2000
"‘Tesis: 2a./J. 68/2000
"‘Página: 261
"‘REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. LA ORDEN RELATIVA, QUE SE RIGE POR EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO PRIMERO, CONSTITUCIONAL, DEBE SEÑALAR NO SÓLO LA DOCUMENTACIÓN QUE REQUIERE, SINO TAMBIÉN LA CATEGORÍA DEL SUJETO (CONTRIBUYENTE, SOLIDARIO O TERCERO), LA CAUSA DEL REQUERIMIENTO Y, EN SU CASO, LOS TRIBUTOS A VERIFICAR.
"‘Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido que la orden de revisión de escritorio o de gabinete tiene su fundamento en el párrafo primero del artículo 16 constitucional; de ahí que la emisión de una orden de tal naturaleza debe cumplir con lo previsto en dicho precepto de la Ley Suprema, que en materia tributaria pormenoriza el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, esto es, que debe acatar el principio de fundamentación y motivación, conceptos que la anterior integración de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en la tesis de jurisprudencia 260, visible en la página 175, del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro «FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.», definió en cuanto al primero, como la expresión del precepto legal o reglamentario aplicable al caso, y por lo segundo, el señalamiento preciso de las circunstancias especiales, razones particulares o causas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Por tanto, si conforme al artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, la facultad de revisión de escritorio puede referirse a tres tipos de sujetos, que son el causante directo, el responsable solidario y el tercero relacionado con aquéllos, y su ejercicio puede derivar de distintos motivos, a saber: I. Verificar el cumplimiento de disposiciones fiscales; II. Determinar tributos omitidos; III. Determinar créditos fiscales; IV. Comprobar la comisión de delitos fiscales; y, V. Proporcionar información a autoridades hacendarias diversas; ha de concluirse que la orden de revisión que al respecto se emita debe estar contenida en un mandamiento escrito de autoridad competente, debidamente fundado y motivado, lo cual implica que no sólo exprese la documentación que requiere, sino también la categoría que atribuye al gobernado a quien se dirige, cuál es la facultad que ejerce, la denominación de las contribuciones y el periodo a revisar, con el objeto de dar plena seguridad y certeza al causante y evitar el ejercicio indebido o excesivo de la atribución de revisión, en perjuicio de los particulares.’
"De lo anterior se advierte que la autoridad fiscal, en la orden de revisión de escritorio o gabinete, en ejercicio de la facultad de comprobación que establece el artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, debe emitir su mandamiento por escrito, en el que además de fundar su competencia, debe señalar con qué carácter solicita al gobernado la documentación que requiere, cuál documentación es la requerida, cuál es la facultad que se ejerce, en tanto puede revisar diversas cuestiones con finalidades distintas, esto es, si se han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como la comisión de delitos fiscales; y citar expresamente los preceptos aplicables al caso concreto, señalando con claridad las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron en cuenta para la emisión de la orden, lo cual, desde luego, obliga a la autoridad fiscal a precisar las contribuciones y el periodo que debe abarcar la verificación, con el objeto de dar seguridad y certeza al causante y así evitar el ejercicio indebido o excesivo de la facultad de revisión de escritorio o gabinete.
"Es decir, la revisión de escritorio o gabinete es una facultad que tiene lugar cuando la administración aprecia libremente los hechos para decidir si debe obrar o abstenerse, o en qué momento debe obrar y el contenido que va a dar a su actuación, lo que evidencia que es una facultad de naturaleza discrecional de la autoridad fiscal.
"Por tanto, es infundado el argumento del agravio relativo a que la Sala resolutora no motivó debidamente las razones por las que estimó que la solicitud de información influyó en la legalidad de la resolución crediticia.
"La revisionista sostiene que, contrario a lo apreciado en la sentencia recurrida, la solicitud de información y documentación cuestionada se realizó con el fin de cumplir con la obligación que le impone el quinto párrafo del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, es decir, la información solicitada se requirió para brindar una mayor certeza jurídica a la contribuyente, de ahí que, a su juicio, no existió exceso en el ejercicio de las facultades de la autoridad fiscal que representa.
"Entonces, sostiene, si se encontraba ejerciendo sus facultades de comprobación, era lógico y completamente legal que solicitara la información en cuestión, con el único objeto de cumplir con la obligación de informarle a la contribuyente los hechos u omisiones detectados en el desarrollo del procedimiento fiscalizador.
"Se considera que los argumentos reseñados merecen tal calificativa, porque basta imponerse de la sentencia cuestionada para advertir que cuando la Sala administrativa resolvió la pretensión de la parte actora deducida en la demanda, consideró que el requerimiento de información se encuentra indebidamente fundado y motivado, porque la autoridad demandada solicitó información que no está legalmente facultada para obtener.
"También señaló que si bien el artículo 42, quinto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente al momento en que se ejercieron las facultades de comprobación, establece la obligación de informar al contribuyente, a su representante legal y a sus órganos de dirección, tratándose de personas morales, de los hechos u omisiones que se vayan conociendo en el desarrollo del procedimiento, dicho imperativo sólo se constriñe a informar a éstos, ello no le faculta para solicitar el nombre, Registro Federal de Contribuyentes, correo electrónico y teléfono fijo y/o móvil del representante legal, integrantes del consejo de administración o dirección.
"Situación que la llevó a establecer que si la autoridad demandada requirió información de forma excesiva a la empresa actora, sin que existiera algún fundamento legal que le respaldara para hacerlo, ello torna dicho actuar en ilegal.
"Todo lo cual la llevó a la Sala resolutora a decretar la nulidad lisa y llana de la resolución liquidatoria, al considerar que es el resultado de actos viciados de origen, como lo es la orden de revisión de gabinete, la cual está indebidamente fundada y motivada.
"En ese sentido, resulta evidente que la Sala no inobservó lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que sí motivó por qué la información recabada indebidamente influyó en la legalidad de la resolución crediticia, específicamente porque estimó deriva (sic) de actos viciados de origen.
"Además, dicha consideración se estima jurídicamente correcta, en tanto que si la finalidad de la referida facultad de fiscalización es revisar si se ha cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como la comisión de delitos fiscales, entonces, el requerimiento contenido en la última parte de la solicitud de información y documentación a que se refiere el oficio **********, de diez de agosto de dos mil diecisiete, para que la contribuyente proporcionara nombre, Registro Federal de Contribuyentes, correo electrónico y teléfono fijo y/o móvil del representante legal, integrantes del consejo de administración o dirección, así como instrumentos notariales en los que se haya modificado la escritura constitutiva, en caso de que así haya sucedido; como lo apreció la Sala resolutora, se torna incompatible con la naturaleza propia de la facultad fiscalizadora.
"Lo anterior, ya que la mencionada orden de revisión se emitió en ejercicio de la facultad de comprobación prevista en el artículo 42, párrafo primero, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, con el objeto o propósito de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta la contribuyente como sujeto directo en materia de los impuestos al valor agregado y sobre la renta, y como retenedora de los mismos tributos, por el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero de dos mil catorce, al treinta y uno de diciembre del mismo año.
"Por lo que si el quinto párrafo del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, vigente en la fecha de emisión de la orden de revisión establece: ‘Las autoridades fiscales que estén ejerciendo alguna de las facultades previstas en las fracciones II, III y IX de este artículo y detecten hechos u omisiones que puedan entrañar un incumplimiento en el pago de contribuciones, deberán informar por medio de buzón tributario al contribuyente, a su representante legal, y en el caso de las personas morales, a sus órganos de dirección por conducto de aquél, en un plazo de al menos 10 días hábiles previos al del levantamiento de la última acta parcial, del oficio de observaciones o de la resolución definitiva en el caso de revisiones electrónicas, el derecho que tienen para acudir a las oficinas que estén llevando a cabo el procedimiento de que se trate, para conocer los hechos y omisiones que hayan detectado.’
"Es decir, la anterior disposición legal solamente establece la obligación para la autoridad fiscal de informar al contribuyente, a su representante legal, y en el caso de las personas morales a sus órganos de dirección por conducto de aquél, el derecho que tienen para acudir a las oficinas que estén llevando a cabo el procedimiento para conocer los hechos y omisiones que hayan detectado.
"Entonces, como lo apreció la Sala resolutora, de la misma disposición legal no se desprende la facultad para la autoridad fiscal de requerir el nombre, Registro Federal de Contribuyentes, correo electrónico y teléfono fijo y/o móvil del representante legal, integrantes del consejo de administración o dirección, así como instrumentos notariales en los que se haya modificado la escritura constitutiva, en caso de que así haya sucedido.
"Si bien, en el caso, como fundamento de tal requerimiento, en la orden de revisión de escritorio la autoridad fiscal citó el quinto párrafo del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, lo objetivamente cierto es que dicha disposición no señala expresamente la facultad para requerir la información y documentación antes precisada, y menos aún dentro de la orden de revisión, pues se torna incompatible con el objeto o propósito de la propia orden, consistente en verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta la contribuyente, como sujeto directo en materia de los impuestos al valor agregado y sobre la renta, y como retenedora de los mismos tributos por el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero de dos mil catorce, al treinta y uno de diciembre del mismo año.
"En vía de consecuencia, tampoco tiene sustento el señalamiento de que, conforme a los artículos 27, 28, fracción I y 45 del Código Fiscal de la Federación, la persona moral se encuentra obligada a inscribirse ante el Registro Federal de Contribuyentes, proporcionar la información referente a su identidad, domicilio y su situación fiscal, así como a tener su contabilidad disponible en todo momento para el caso de que la autoridad fiscal ejerza sus facultades de comprobación, de ahí que el requerimiento realizado no implicó un exceso de facultades.
"Lo es porque en términos del artículo 42, párrafo primero, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales, con el objeto de comprobar que los causantes obligados, los responsables solidarios o, en su caso, los terceros con quienes se relacionen han cumplido con sus cargas tributarias, así como para determinar los impuestos omitidos o los créditos fiscales y para comprobar la comisión de delitos en la materia de que se trata, tienen la facultad de requerir a aquéllos para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de dichas autoridades la contabilidad, los datos, otros documentos o los informes que se les requieran a efecto de llevar a cabo su revisión.
"De lo que deriva que la orden de revisión de escritorio o gabinete, prevista en el mencionado precepto legal, constituye un acto de molestia en los papeles o posesiones del gobernado, por parte de las autoridades fiscales, que se rige por lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Federal, conforme al cual nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
"Ya que, con base en dicha orden, las autoridades fiscales pueden exigir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, los informes, datos, documentos o contabilidad, por lo que debe provenir de autoridad legalmente facultada para emitirla, constar en mandamiento escrito en el que se señalen con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en consideración para emitir el acto, las cuales deben adecuarse a las hipótesis normativas que le sirvan de fundamento.
"De suerte que al margen de que la contribuyente se encuentre obligada a inscribirse ante el Registro Federal de Contribuyentes, proporcionar la información referente a su identidad, domicilio y su situación fiscal, y a tener su contabilidad disponible en todo momento para el caso de que la autoridad fiscal ejerza sus facultades de comprobación; lo fundamental es que la orden de revisión de escritorio o gabinete constituye un acto de molestia susceptible de afectar en forma directa e inmediata derechos sustantivos protegidos por el párrafo primero del artículo 16 constitucional, en particular la persona, papeles y posesiones, ya que, como se ha destacado, con apoyo en ella las autoridades fiscales, en ejercicio de sus facultades de comprobación, pueden exigir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos, documentos y la presentación de su contabilidad.
"De lo contrario se obligaría a la contribuyente a soportar hasta la conclusión del procedimiento, las consecuencias de un acto que de no cumplir con los requisitos exigidos, no debió producir efecto alguno.
"Así, ante lo ineficaz del agravio, es de concluirse en lo infundado del presente recurso principal y debe confirmarse la sentencia recurrida.
"Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el RRF. 21/2019 y su relacionado RRF. 27/2019, en sesión de nueve de mayo de dos mil diecinueve, en torno a la imposibilidad de solicitar información que no está autorizada para obtener, a saber: correo electrónico, teléfono fijo y/o móvil del representante legal de la empresa.
"No es obstáculo para llegar a la anterior conclusión, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este circuito, al resolver el RRF. 169/2019, en razón de que no resulta obligatorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo. Pero sobre todo porque, al margen de si efectivamente el requerimiento de información cuestionada fue atendido o no por la contribuyente y no se dispuso en la determinación del adeudo, una consecuencia en particular derivada de esa postura, el criterio mencionado no se comparte por este Tribunal Colegiado, de acuerdo a lo siguiente:
"La solicitud de información no sólo tuvo por objeto facilitar el cumplimiento de una de las obligaciones precisadas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación o que llevara a asegurar una debida comunicación al contribuyente, sino que dicha información sí trascendió al sentido de la resolución, porque se está en presencia de la violación de una facultad reglada que provocó la afectación de los derechos sustantivos de seguridad jurídica e inviolabilidad del domicilio y papeles personales del particular, lo cual trasciende a todos los demás actos subsecuentes y la propia determinación fiscal.
"Lo anterior es de esa manera, porque, entre otras cosas, el artículo 16 de la Constitución Federal protege la inviolabilidad de la persona y de su familia, domicilio, papeles o posesiones, como también protege a la seguridad jurídica, la cual implica, en principio, que ningún gobernado puede ser molestado sino a través de un mandamiento escrito de autoridad competente, en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento.
"Respecto de la seguridad jurídica debe decirse que, con ella, toda persona tiene la garantía de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos, o si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas por la sociedad protección y reparación, es decir, la seguridad jurídica es la certeza del individuo de que su situación jurídica no será afectada más que por los procedimientos regulares establecidos previamente.
"Dentro de un régimen jurídico, esa afectación de diversa índole y de múltiples y variadas consecuencias que opera en el status de cada gobernado, debe obedecer a determinados principios previos, llenar ciertos requisitos, en síntesis, debe estar sometida a un conjunto de modalidades jurídicas, sin cuya observancia no sería válida desde el punto de vista del derecho.
"Ese conjunto de modalidades jurídicas a que debe sujetarse un acto de cualquier autoridad para producir válidamente, desde el punto de vista jurídico, la afectación en la esfera del gobernado a los diversos derechos de éste, traducida en una serie de requisitos, condiciones, elementos, etcétera, es lo que constituye la garantía de seguridad jurídica; de ahí que ésta implica un conjunto general de condiciones, requisitos, elementos o circunstancias previas a que debe sujetarse una cierta actividad estatal autoritaria, para generar una afectación válida de diferente índole en la esfera del gobernado; por ende, un acto de autoridad que afecte el ámbito jurídico particular de un individuo, sin observar dichos requisitos, condiciones, elementos o circunstancias previos, no será válido a la luz del derecho.
"Por los razonamientos jurídicos que contiene, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 68/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 261, Tomo XII, agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materias constitucional y administrativa, Novena Época, que a letra dice:
"‘REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. LA ORDEN RELATIVA, QUE SE RIGE POR EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO PRIMERO, CONSTITUCIONAL, DEBE SEÑALAR NO SÓLO LA DOCUMENTACIÓN QUE REQUIERE, SINO TAMBIÉN LA CATEGORÍA DEL SUJETO (CONTRIBUYENTE, SOLIDARIO O TERCERO), LA CAUSA DEL REQUERIMIENTO Y, EN SU CASO, LOS TRIBUTOS A VERIFICAR. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido que la orden de revisión de escritorio o de gabinete tiene su fundamento en el párrafo primero del artículo 16 constitucional; de ahí que la emisión de una orden de tal naturaleza debe cumplir con lo previsto en dicho precepto de la Ley Suprema, que en materia tributaria pormenoriza el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, esto es, que debe acatar el principio de fundamentación y motivación, conceptos que la anterior integración de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en la tesis de jurisprudencia 260, visible en la página 175, del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro «FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.», definió en cuanto al primero, como la expresión del precepto legal o reglamentario aplicable al caso, y por lo segundo, el señalamiento preciso de las circunstancias especiales, razones particulares o causas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Por tanto, si conforme al artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, la facultad de revisión de escritorio puede referirse a tres tipos de sujetos, que son el causante directo, el responsable solidario y el tercero relacionado con aquéllos, y su ejercicio puede derivar de distintos motivos, a saber: I. Verificar el cumplimiento de disposiciones fiscales; II. Determinar tributos omitidos; III. Determinar créditos fiscales; IV. Comprobar la comisión de delitos fiscales; y, V. Proporcionar información a autoridades hacendarias diversas; ha de concluirse que la orden de revisión que al respecto se emita debe estar contenida en un mandamiento escrito de autoridad competente, debidamente fundado y motivado, lo cual implica que no sólo exprese la documentación que requiere, sino también la categoría que atribuye al gobernado a quien se dirige, cuál es la facultad que ejerce, la denominación de las contribuciones y el periodo a revisar, con el objeto de dar plena seguridad y certeza al causante y evitar el ejercicio indebido o excesivo de la atribución de revisión, en perjuicio de los particulares.’
"En relación a esta posibilidad de afectación reglada, el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación contempla las facultades de las autoridades fiscales para comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados, han cumplido con las obligaciones fiscales y, en su caso, determina
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30280-4b76e489/notificacion-al-representante-legal-del-contribuyente-prevista-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- FACULTADES DE COMPROBACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL CONTRIBUYENTE O AL CONTADOR PÚBLICO SOBRE EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 55 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DIRIGIDO AL CONTRIBUYENTE CONFORME AL ARTÍCULO 52-A, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. FORMA EN QUE LAS AUTORIDADES FISC (REVISIÓN ADMINISTRATIVA)
- FACULTADES DE COMPROBACIÓN. AL EJERCERLAS LA AUTORIDAD FISCAL PUEDE CORROBORAR LA AUTENTICIDAD DE LAS ACTIVIDADES O ACTOS REALIZADOS POR EL CONTRIBUYENTE, A FIN DE DETERMINAR LA PR (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- NOTIFICACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRIBUYENTE PREVISTA EN EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. OTORGA A LAS AUTORIDADES FISCALIZADORAS LA P (PC.XVI.A. J/1 A (11a.))
- FACULTADES DE COMPROBACIÓN EN MATERIA FISCAL FEDERAL. PARA DAR A CONOCER AL CONTRIBUYENTE LOS HECHOS U OMISIONES DETECTADOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE REA (I.13o.A.10 A (10a.))
- FACULTADES DE VERIFICACIÓN. LA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 52-A, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DIR (2a./J. 94/2013 (10a.))
- REVISIÓN ELECTRÓNICA DE CONTRIBUCIONES. EL HECHO DE QUE LA AUTORIDAD FISCAL NO EMITA NI NOTIFIQUE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN ESE PROCEDIMIENTO EN EL PLAZO DE 40 DÍAS, TRAE COMO CO (2a./J. 24/2022 (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis