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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA OMISIÓN DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE AFILIACIÓN DEL CÓNYUGE Y LA MADRE DE UNA DERECHOHABIENTE, PARA EL EFECTO DE QUE SE LES OTORGUE LA ATENCIÓN MÉDICA Y LOS MEDICAMENTOS NECESARIOS HASTA QUE SE DICTE SENTENCIA DEFINITIVA FIRME EN EL PRINCIPAL [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA XVII.2o.P.A. J/7 A (10a.)].

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 293/2021. · Registro digital (IUS): 30324
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2022-01-14
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, Pág. 2923.

INCIDENTE DE SUSPENSIÓN (REVISIÓN) 293/2021. 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: NANCY ELIZABETH SÁNCHEZ CORONA. SECRETARIA: ANA ELSA VILLALOBOS GONZÁLEZ.

CONSIDERANDO

9. CUARTO.—Análisis de los agravios. Los agravios formulados por la parte quejosa recurrente devienen infundados.

10. En una parte de sus agravios refiere, medularmente, que el resolutor de amparo incurrió en una falta de análisis de la demanda, así como que apreció indebidamente los hechos de la demanda, por lo que no cumple con los principios de congruencia y exhaustividad, ya que sin justificación objetiva determina negar la suspensión definitiva, refiriendo que al acto le reviste el carácter de negativo, respecto del cual es improcedente conceder la suspensión.

11. Sostiene que contrario a lo que sostuvo el juzgador de amparo, la concesión de la suspensión no produce efectos constitutivos, ya que el acto es negativo u omisivo con efectos positivos, los cuales se actualizan de momento a momento, por lo que la omisión de proveer respecto al acceso al derecho de seguridad social a sus familiares, ocasiona peligro de deterioro en su salud, lo que puede ocasionar la pérdida de la vida de la quejosa (sic).

12. Refiere que como efectos positivos, se entienden las afectaciones a su patrimonio de manera directa o circunstancial de los actos reclamados, pues cada día que pasa tiene que sufragar de su patrimonio los gastos de los tratamientos respectivos, sufriendo un menoscabo irreparable, que no es posible sostener en dosis, indicaciones y periodos indicados para mejorar su salud, por lo que debe ordenarse que ese menoscabo no continúe.

13. Refiere que los efectos que produce el acto reclamado puede ocasionar la pérdida de la integridad y de la vida, ya que la salud es un bien jurídico tutelado sin el cual no es posible disfrutar y ejercer los demás derechos humanos, lo que omitió analizar el Juez de amparo; de ahí que al negarse la suspensión se corre el riesgo de dejar sin materia el juicio de garantías, al existir la posibilidad de la pérdida de la salud o de la vida de las personas respecto de las cuales se solicita la afiliación al servicio médico.

14. Ahonda respecto de los efectos suspensionales que existen respecto de los tipos de actos, así como lo que implica la "apariencia del buen derecho" y el "peligro en la demora", señalando que ambos se actualizan en el caso concreto, pues a consecuencia del acto reclamado se desconoce el derecho al acceso a la salud, al faltarles el servicio médico y medicamentos que necesitan los familiares de la quejosa.

15. Cita en apoyo los criterios «VI.2o.21 K, I.18o.A.33 K (10a.) y XVII.1o.P.A.9 K (10a.)», de rubros: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBE DECRETARSE DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA SALUD Y PRECISARSE CON EXACTITUD SUS EFECTOS, LOS CUALES DEBEN INCLUIR LA ATENCIÓN MÉDICA DEBIDA Y URGENTE REQUERIDA.", "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE UN ORGANISMO DE SEGURIDAD SOCIAL DE MINISTRAR UN MEDICAMENTO. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS Y ORDENAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE LO SUMINISTRE A LA QUEJOSA.", "ACTOS NEGATIVOS CON EFECTOS POSITIVOS. SUSPENSIÓN." y "ACTO NEGATIVO. CONTRA EL, NO CORRE EL TÉRMINO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 21, DE LA LEY DE AMPARO."

16. Señala que del artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que no analizó el Juez Federal, se desprende la posibilidad de que se otorgue la suspensión para conservar la materia del amparo; además –dice– debe concederse la suspensión dada la naturaleza del acto reclamado, pues no puede dejarse a los beneficiaros de la quejosa sin acceso al servicio médico, ante la omisión de proveer respecto de su petición.

17. Aduce que el Juez de amparo soslayó que de conceder la suspensión, brindaría la protección a aquello que constituye la materia del amparo, pues de perecer sus familiares, no sería posible resolver la afiliación de una persona fallecida.

18. Refiere que constitucionalmente se prevé el derecho de brindar atención médica a los familiares de los trabajadores al servicio del Estado, lo que acreditó la parte quejosa con las razones y pruebas que expuso y exhibió en su demanda de amparo, lo que omitió tomar en consideración el a quo.

19. Cita en apoyo el criterio «I.1o.A.3 K (10a.)», de rubro:

"SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONALES EN RELACIÓN CON CIERTOS ACTOS DE ABSTENCIÓN EN LOS CASOS EN QUE SEA POSIBLE JURÍDICA Y MATERIALMENTE, CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 147 DE LA LEY DE AMPARO."

20. Son sustancialmente fundados los agravios hechos valer por la parte quejosa, ahora recurrente, y suficientes para revocar en la interlocutoria recurrida.

21. Previo a explicar las razones que apoyan dicha conclusión, es necesario precisar que el artículo 131, segundo párrafo,(2) de la Ley de Amparo dispone, en lo que interesa, que en ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto constituir derechos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda.

22. Por su parte, en la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.),(3) la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en lo que aquí interesa, que la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el artículo 147 de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados.

23. Lo que, a su vez, señaló, es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado.

24. En estos términos, indicó, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no, pues esto último depende, en todo caso, de que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo.

25. Ahora bien, los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y, (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida.

26. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento; de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior.

27. En ese sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), publicada en la página 286, Libro 73, Tomo I, diciembre de 2019, materia común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro:

"SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA."

28. En el caso que nos ocupa, según ha quedado precisado previamente, el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de las autoridades responsables de dar respuesta a la petición en el sentido de que se reconozca el carácter de beneficiarios del trabajador derechohabiente a su cónyuge y a su madre.

29. Luego, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado en cuanto a las consecuencias jurídicas que implica su pervivencia, este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que existe materia para la suspensión en la medida de que, en tanto no se emita la correspondiente respuesta por parte de las autoridades –en el sentido que ésta sea–, subsiste la falta de atención médica para los citados familiares del trabajador derechohabiente.

30. Sin que pueda estimarse que de conceder la suspensión se constituyan derechos de los que previamente no gozaban dichas personas, pues no debe perderse de vista que conforme a lo dispuesto expresamente en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.

31. De ahí entonces que, además, exista la apariencia del buen derecho a que se ha hecho referencia, sin que se estime que exista afectación al orden público o al interés social, en tanto que a la colectividad precisamente le interesa que el Estado cumpla con las obligaciones que constitucionalmente le corresponden, concretamente la de satisfacer lo atinente al derecho a la salud, previsto en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna.

32. A este respecto, conviene invocar la tesis 1a. XIII/2021 (10a.), de la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, correspondiente a la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 84, Tomo II, marzo de 2021, página 1225, del tenor siguiente:

"DERECHO HUMANO A LA SALUD. LA ASISTENCIA MÉDICA Y EL TRATAMIENTO A LOS PACIENTES USUARIOS DE ALGUNA INSTITUCIÓN QUE INTEGRE EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, DEBEN GARANTIZARSE DE FORMA OPORTUNA, PERMANENTE Y CONSTANTE.

"Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el medicamento que requiere para el control de la enfermedad que padece.

"Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las autoridades del Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el derecho humano a la salud deben brindar asistencia médica y tratamiento a sus pacientes usuarios de forma oportuna, permanente y constante; este último, además, debe ser entregado tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos, tomando particular importancia cuando se trata de padecimientos en los que el éxito del tratamiento dependa, principalmente, del óptimo cumplimiento en la toma de medicamentos, es decir, en aquellos casos en los que la adherencia deficiente al tratamiento sea determinante para la progresión de la enfermedad.

"Justificación: Ello, pues la lucha contra las enfermedades, en términos amplios, representa la práctica de esfuerzos individuales y colectivos del Estado para facilitar la creación de condiciones que aseguren a las personas asistencia y servicios médicos, lo cual no se limita al acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, sino también al tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades. Esto como parte del estándar de protección del derecho humano a la salud, reconocido en los artículos 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 11 y 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y 24 de la Convención Sobre los Derechos del Niño."

33. Luego, debe precisarse que Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, en su carácter de organismo público descentralizado, es el encargado de prestar el servicio médico asistencial, al cual tienen derecho los trabajadores al servicio del Estado, los pensionados y jubilados, así como sus respectivos beneficiarios, conforme al Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado.

34. Por otro lado, en lo que atañe al peligro en la demora, es de destacar que debe prevenirse una eventual condición de gravedad en el estado de salud de los peticionarios del amparo, ante la omisión de atención médica por parte de las autoridades responsables, lo que implicaría una imposibilidad material para que dicha afectación pudiera repararse retroactivamente en su persona, una vez que, en su caso, se dicte la sentencia de amparo respectiva.

35. Por ende, se estima que, en el caso, lo procedente es revocar la determinación impugnada y conceder la medida cautelar solicitada para el exclusivo efecto de que las autoridades responsables otorguen al cónyuge y a la madre del derechohabiente de que se trata la atención médica y medicamentos que les resulten necesarios. Lo anterior, en tanto se dicta sentencia definitiva firme en el juicio de amparo en lo principal.

36. Sin que lo anterior implique necesariamente conminar a las responsables a emitir respuesta en determinado plazo y sentido, pues al efecto quedan expeditas sus facultades para actuar dentro del marco legal correspondiente. Lo que, a su vez, permitirá mantener viva la materia del juicio de amparo en lo principal.

37. Ello con independencia de que si durante la tramitación del juicio se emite la contestación respectiva, ésta pueda ser objeto de ampliación por la parte quejosa; lo cual, se insiste, resulta ajeno al alcance de la medida suspensional aquí otorgada.

38. En tales condiciones, se concede la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa para el efecto de que las autoridades responsables, en el respectivo ámbito de competencias, tomen las medidas necesarias para que le sea respetado el derecho fundamental de acceso a la salud, para lo cual deben:

1. Proporcionar al cónyuge y a la madre de la parte quejosa la atención médica y hospitalaria que requiera con motivo del estado de salud en que se encuentran, incluyendo la práctica de estudios especializados, atendiendo a los lineamientos de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, así como los propios de la profesión médica.

39. Es aplicable a la anterior determinación la tesis P. LXVIII/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 6, registro digital: 165826, materia constitucional, que dice:

"DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL. El referido derecho, contenido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por México, no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica."

2. En caso de que el estado de salud del cónyuge y de la madre de la quejosa lo ameriten, les sean realizados los estudios para dilucidar qué insumos, medicamentos y tratamientos son los necesarios, además de verificar si los medicamentos que señala la parte quejosa son los indicados para tratarlos y, de ser así, se les proporcionen de manera inmediata.

40. Apoya lo anterior la tesis P. XIX/2000, del Pleno del Más Alto Tribunal del País, consultable en la página 112, Tomo XI, marzo de 2000, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital: 192160, bajo la voz:

"SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en: a) la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Deriva de lo anterior, que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, el que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos."

41. Sin que con la anterior determinación se inadvierta que de manera ordinaria la suspensión definitiva no tiene efectos restitutorios, puesto que ellos son propios de la sentencia que en definitiva se emita en el juicio del que deriva el incidente que se revisa; empero, de conformidad con el artículo 147 de la Ley de Amparo, por la propia naturaleza del acto reclamado –derecho a la salud– y su trascendencia en la esfera de derechos fundamentales de la justiciable, es que se ordena el restablecimiento provisional de los citados quejosos en el goce del derecho humano que se dice violentado, hasta tanto se resuelva en definitiva el juicio del que deriva el incidente que se analiza.

42. Entonces, a fin de evitar la violación de algún derecho humano de la quejosa, comuníquese a la autoridad médica de las autoridades responsables, esto es, al director general de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, los efectos que tiene la presente resolución, así como que tiene la obligación de proporcionar los elementos que permitan un adecuado estado de salud y demás aspectos inherentes para el buen desarrollo institucional, así como el bienestar físico y mental, por sí y por conducto de su personal tratante, bajo su más estricta responsabilidad, por lo que se estima que les asiste la obligación de tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a sus atribuciones y facultades que derivan precisamente de las normas en la esfera de su competencia y estricta observancia, a fin de no incurrir en responsabilidad penal o administrativa alguna, lo cual deberán informar al juzgado recurrido.

43. Lo anterior no significa que las autoridades estén obligadas a acatar los deseos de la parte quejosa, ni a tomar al pie de la letra sus peticiones, pues es el médico tratante quien, siguiendo los lineamientos de la institución clínica a la que acuda, así como los propios que marca la profesión médica, deberá establecer el tratamiento a seguir.

44. La medida cautelar otorgada surtirá efectos sin necesidad de constituir garantía alguna, dado que de momento no se observa que se causen daños y perjuicios a tercero alguno.

45. Ello si se considera que la medida otorgada tiene el único propósito de salvaguardar derechos sustantivos de la parte quejosa, como lo es el derecho fundamental de acceso a la salud, lo que excluye la posibilidad de que se condicione a que se constituya algún tipo de garantía.

Por lo expuesto y fundado se

RESUELVE:

PRIMERO.—Se revoca la resolución interlocutoria recurrida.

SEGUNDO.—Se concede la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo **********, en los términos y para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese, publíquese y anótese en el libro de registro; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos respectivos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Amílcar Asael Estrada Sánchez, Rafael Rivera Durón y Nancy Elizabeth Sánchez Corona, siendo presidente el citado en primer término y ponente la última de los nombrados, quienes firman de manera electrónica en unión con el secretario de tribunal José Alberto Posadas León, que autoriza y da fe.

En términos de lo previsto en los artículos 11, fracción VI, 108, 113, 118 y demás aplicables en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: Por resolución de 21 de octubre de 2021, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito en el expediente de aclaración de sentencia derivada del incidente de suspensión (revisión) 293/2021, se aclaró la presente ejecutoria, para quedar redactada como aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de enero de 2022 a las 10:15 horas y en la página 2935 de esta Gaceta.

La tesis aislada de rubro: "ACTO NEGATIVO. CONTRA EL, NO CORRE EL TÉRMINO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 21, DE LA LEY DE AMPARO." citada en esta sentencia, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, julio de 1992, página 332, con número de registro digital: 218899.

Las tesis aisladas VI.2o.21 K, I.1o.A.3 K (10a.), I.18o.A.33 K (10a.) y XVII.1o.P.A.9 K (10a.) citadas en esta sentencia, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, febrero de 1996, página 382; Décima Época, Libro XXV, Tomo 3, octubre de 2013, página 1911; en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 5 de julio de 2019 a las 10:12 horas y 8 de marzo de 2019 a las 10:11 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 68, Tomo III, julio de 2019, página 2160 y 64, Tomo III, marzo de 2019, página 2801, con números de registro digital: 203168, 2004808, 2020283 y 2019475, respectivamente.

Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) y aislada 1a. XIII/2021 (10a.) citadas en esta sentencia, también aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 6 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas y 26 de marzo de 2021 a las 10:29 horas, con números de registro digital: 2021263 y 2022890, respectivamente.

El rubro a que se alude al inicio de esta sentencia, corresponde a la tesis aislada XVII.2o.P.A.7 A (11a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de enero de 2022 a las 10:15 horas y en la página 3111 de esta Gaceta.

________________

2. "Artículo 131.

"...

"En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda."

3. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 73, Tomo I, diciembre de 2019, página 286, de rubro: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA."

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30324-6e24e0a6/suspension-definitiva-en-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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