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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE AFILIACIÓN, SU NEGATIVA O LA DE PROPORCIONAR EL SERVICIO MÉDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AL BENEFICIARIO DE UN DERECHOHABIENTE, AL NO ENCUADRAR EN LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 15 Y 126 DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: QUEJA 156/2021. · Registro digital (IUS): 29946
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2021-07-09
Promovente: DIRECTOR GENERAL DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y OTROS.
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, Pág. 2250.

QUEJA 156/2021. DIRECTOR GENERAL DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y OTROS. 27 DE MAYO DE 2021. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: PÁNFILO MARTÍNEZ RUIZ, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO. SECRETARIA: MARTHA DALILA MORALES CRUZ.

CUARTO.—Análisis o calificativa de los agravios.

7. Los agravios hechos valer por las recurrentes son fundados.

8. En el agravio primero sostienen que el acto reclamado no encuadra en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, toda vez que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como de la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, ni tampoco se trata de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población.

9. Aducen que la parte quejosa no ha acreditado que padezca alguna enfermedad que haga suponer que no afiliarlo de inmediato pudiera privarlo de la vida; de tal manera que si el quejoso goza de buena salud, así como tampoco (sic) el estado de contingencia sanitaria por SARS-CoV-2, pues si cumple con las medidas de prevención, su estado de vulnerabilidad es mínimo.

10. En el segundo motivo de inconformidad sostienen que la negativa de afiliar al quejoso no implica cancelar o restringir un derecho que previamente a la presentación de la demanda hubiere tenido el mismo, pues previo a presentar la demanda no se acredita que hubiere contado con un derecho reconocido en dicha institución.

11. Por ello, la suspensión de plano concedida para que se le proporcione servicio médico al quejoso no es una medida que se ajuste al supuesto establecido en el artículo 127, fracción II, de la Ley de Amparo, pues no se evita que se consume un acto que, posteriormente, sea imposible físicamente reparar, sino que constituye un derecho sin el debido proceso, modificando su estatus jurídico para obtener un beneficio que no ha acreditado que le corresponde.

12. Señalan que si bien le corresponde al quejoso el derecho dispuesto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es de forma genérica ante cualquier institución de salud, sino respecto al ente que cuente con facultades para ello, de acuerdo a lo establecido en los artículos 34, 35 y 37 de la Ley General de Salud.

13. Que su representada se ubica dentro del supuesto de ser una institución prestadora de servicios de seguridad social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, por tanto, para que una persona cuente con un derecho exigible en dicha institución, debe cumplirse con los requisitos que establece el Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, por lo que no existe para al quejoso un derecho exigible de manera particular frente a dicha institución.

14. Aducen que si bien existe la apariencia del buen derecho, porque el quejoso cuenta con la prerrogativa de que el Estado garantice su salud, no debe concluirse de forma previa a la tramitación de un procedimiento que éste es exigible a una institución, cuyo marco de competencia se encuentra delimitado a una población en específico, derivado de las relaciones de seguridad social que tiene con ciertas personas.

15. Señalan que el otorgar la suspensión de plano para conceder el derecho (sic) a una persona contraviene las disposiciones lógicas, naturales y legales de la propia medida cautelar, que son las de evitar que un acto de autoridad modifique el estatus jurídico de una persona, lo que podría causar un daño irreparable a la quejosa y no el otorgarle al esposo de la quejosa una prerrogativa que se encuentra en litigio.

16. Que lo anterior puede derivar en un uso indiscriminado de la figura jurídica de la suspensión del acto reclamado, pues bastaría que una autoridad omitiera resolver una solicitud de afiliación para que, sin analizar el fondo del asunto, se determine que una persona se encuentra monetariamente a cargo de una institución del Estado, con presupuesto público, lo que contraviene disposiciones de orden público, pues permite a una persona sin el derecho adquirido recibir prerrogativas que provienen del erario, lo que causa graves daños al patrimonio del Estado.

17. Refieren que la suspensión de plano concedida no encuadra dentro del supuesto de un efecto restitutorio, pues a la presentación de la demanda el esposo de la quejosa no acreditó haber contado con el derecho al servicio médico, por lo que la suspensión contiene efectos constitutivos, contraviniendo expresamente lo establecido en el segundo párrafo del artículo 131 de la Ley de Amparo.

18. Apoya su consideración en diversas tesis como la aislada XVII.2o.P.A.75 A (10a.), de este Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, de título y subtítulo:

"SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA NEGATIVA DE DAR EL SERVICIO MÉDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AL BENEFICIARIO DE UN DERECHOHABIENTE, AL NO ENCUADRAR EN LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 15 Y 126 DE LA LEY DE AMPARO."

19. En el tercer agravio sostienen que otorgar el servicio médico a una persona que no ha acreditado tener un derecho exigible ante su institución contraviene una disposición de orden público, pues resulta en una afectación a las finanzas del Fondo de Servicios Médicos Estatales, del que deriva el costeo de los diversos servicios que se proporcionen a los asegurados y sus beneficiarios debidamente afiliados, lo que –sostienen–, incluso, conlleva la discriminación de las personas que no reciben el servicio médico de dicho organismo por no acreditar ese derecho.

20. Los motivos de disenso se analizarán de manera conjunta, dada su estrecha relación, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo.(1)

21. Son esencialmente fundados los citados motivos de inconformidad.

22. Previo a explicar las razones que apoyan dicha conclusión, es necesario precisar que el artículo 131, segundo párrafo, de la Ley de Amparo(2) dispone, en lo que interesa, que en ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto constituir derechos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda.

23. En correlación con lo anterior, los artículos 15 y 126 de esa ley disponen, en esencia, que la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, o cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.

24. Por su parte, en la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.),(3) la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en lo que aquí interesa, que la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el artículo 147 de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados.

25. Lo que a su vez, señaló, es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado en que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado.

26. En estos términos, indicó, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no, pues esto último depende, en todo caso, de que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo.

27. Ahora, de la revisión de las constancias que integran el juicio de amparo indirecto, tenemos que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables la omisión de dar respuesta a su escrito de solicitud de afiliación de su cónyuge **********, así como la negativa de proporcionarle el derecho a la salud.

28. Lo anterior evidencia que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis señaladas en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, pues tal como lo señala la autoridad recurrente, no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; menos aún se trata de un acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.

29. Además, no se trata de un acto negativo con efectos positivos, pues ello significaría que la omisión de las autoridades responsables actualizara un "hacer" por parte de éstas, que pudiera dar lugar a suspender ese actuar.

30. No obstante lo anterior, el Juez de Distrito en el Estado consideró otorgar la medida suspensional con efectos restitutorios, por considerar que **********, cónyuge beneficiario de la quejosa **********, se encontraba dentro de un grupo vulnerable y, en ese contexto, decretó la suspensión de plano para el efecto de que las responsables, en el ámbito de sus atribuciones:

"En atención a que la parte quejosa reclama la omisión de emitir y notificar personalmente la resolución correspondiente al escrito de petición donde se solicita la afiliación del quejoso ********** al servicio médico asistencial prestado por Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, que fuera presentado el siete de abril del año en curso, aun cuando refiere que tiene derecho a ser afiliado como beneficiario del servicio médico como cónyuge de la quejosa **********, cuestión que acredita con la copia certificada del acta de matrimonio que anexa a la demanda de mérito, de la cual también se aprecia que dicho quejoso a la fecha cuenta con sesenta y dos años de edad, según la fecha de registro y edad de los contrayentes ahí asentada; documental que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2o., tiene valor probatorio pleno al tratarse de una documental pública.

"Por tanto, considerando que se encuentra en un grupo vulnerable, con fundamento en el artículo 126, en relación con el diverso 127, fracción II, de la Ley de Amparo. Se decreta de plano la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, procedan de inmediato a brindar el servicio médico que requiera el quejoso **********, debiendo las responsables informar en un plazo de doce horas sobre el cumplimiento dado a esta determinación."

31. Consideraciones las anteriores que no se comparten, pues el acto reclamado, aun cuando se consignó como la negativa de dar respuesta a la solicitud de afiliación del cónyuge de la derechohabiente **********, se reclama como violación al derecho de petición, toda vez que si bien ésta cuenta con afiliación en dicha institución; sin embargo, como acertadamente aduce la parte inconforme, no existe en autos una prueba que acredite que esté en riesgo la vida del quejoso que se duele de la omisión de responder a su solicitud.

32. Entonces, la solicitud de la medida cautelar, partiendo de que se reclama una omisión y aun en el supuesto extremo de considerar que el disconforme hubiere acudido ante la autoridad responsable y se le hubiere negado el servicio por falta de afiliación, no corresponde a los supuestos del numeral 126 de la Ley de Amparo.

33. Por ende, al no encuadrar en los supuestos de procedencia de la suspensión de plano, el acto reclamado debe ser analizado para efectos de la medida cautelar, a la luz de las normas que regulan la suspensión a petición de parte; máxime que la misma fue solicitada de manera expresa, por lo que debe tramitarse el incidente de suspensión y emitirse el pronunciamiento correspondiente, donde se tome en cuenta su naturaleza, cuya finalidad es la de conservar la materia del juicio.

34. Si bien en cuanto al fondo de su petición se advierte que el quejoso pretende que se le otorgue el servicio de afiliación médica, por ser cónyuge de la derechohabiente **********, ello en todo caso se deberá dilucidar una vez que las autoridades responsables den respuesta a su petición o que se le conceda la protección constitucional para esos efectos.

35. Similar criterio fue sustentado –en la sustancia–, al fallar los recursos de queja 159/2020, 160/2020 y 185/2020, aprobados por el Pleno de este Tribunal Colegiado, los dos primeros en sesión de tres de julio de dos mil veinte y el diverso en sesión de nueve de julio de ese mismo año.

36. Bajo ese contexto, se dice que tiene razón la parte disconforme, por lo que lo procedente es declarar fundado el recurso de queja a que este toca se refiere, revocar, en lo conducente, el acuerdo recurrido de catorce de mayo del año en curso y ordenar a la Juez de Distrito que se pronuncie sobre la tramitación del incidente de suspensión solicitado.

37. Sustenta lo anterior la tesis aislada XVII.2o.P.A.75 A (10a.),(4) de este órgano colegiado, de título, subtítulo y contenido siguientes:

"SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA NEGATIVA DE DAR EL SERVICIO MÉDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AL BENEFICIARIO DE UN DERECHOHABIENTE, AL NO ENCUADRAR EN LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 15 Y 126 DE LA LEY DE AMPARO.

"Hechos: La quejosa (derechohabiente) promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó la negativa de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua de proporcionar el derecho a la salud a su padre (beneficiario). Al respecto, el Juez de Distrito concedió la suspensión de oficio y de plano con efectos restitutorios, para el efecto de que se le brindara el servicio médico; resolución contra la cual la autoridad responsable interpuso recurso de queja.

"Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es improcedente conceder la suspensión de oficio y de plano contra la negativa señalada, al no satisfacerse los supuestos previstos en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo.

"Justificación: La negativa de la autoridad recurrente, Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua de dar servicio médico al beneficiario de un derechohabiente, no encuadra en alguna de las hipótesis señaladas en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, pues no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; menos aún se trata de un acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; por lo que debe tramitarse el incidente de suspensión, siempre que haya solicitud expresa del quejoso."

38. No es obstáculo a esa conclusión el contenido del artículo 103 de la Ley de Amparo, en cuanto a que en el caso de que el tribunal revisor considere fundado el recurso de queja deberá, en principio, dictar la resolución que corresponde; sin embargo, no se actualiza tal hipótesis, sino la de excepción, respecto a la reposición del procedimiento.

39. Apoya lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 73/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(5) de título, subtítulo y texto siguientes:

"RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR. El artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo establece que procede el recurso de queja en amparo indirecto contra las resoluciones que desechen una demanda de amparo. Por su parte, el diverso 103 del mismo ordenamiento prevé que, en caso de resultar fundado el recurso, se dictará la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, salvo que ésta implique la reposición del procedimiento. Así, del análisis relacionado de esas disposiciones, tomando en consideración la naturaleza del recurso de queja en el que no existe devolución de jurisdicción, cuando un Tribunal Colegiado de Circuito declare fundado el recurso de queja contra el desechamiento de una demanda de amparo, éste dictará la resolución que corresponda, ordenando al Juez de Distrito proveer lo conducente en relación con la admisión, en términos de los artículos 112 a 115 del propio ordenamiento, lo que implica que no puede asumir la jurisdicción que a éste corresponde."

En esa tesitura, ante lo fundado de los agravios, lo procedente es declarar fundado el presente recurso y revocar en lo conducente el auto recurrido.

Por lo expuesto y fundado se

RESUELVE:

PRIMERO.—Se declara fundado el recurso de queja a que este toca se refiere.

SEGUNDO.—Se revoca, en lo conducente, el acuerdo recurrido y se ordena al Juez de Distrito que se pronuncie sobre el incidente de suspensión.

Notifíquese, publíquese y anótese en el libro de registro; con testimonio de esta resolución y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, por unanimidad de votos del Magistrado de Circuito Refugio Noel Montoya Moreno, el secretario en funciones de Magistrado Mauricio Segura Pérez, autorizado por el Pleno de este órgano colegiado en sesión ordinaria de doce de febrero de dos mil veintiuno con motivo de la licencia médica otorgada al Magistrado Rafael Rivera Durón, y el secretario en funciones de Magistrado Pánfilo Martínez Ruiz, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veinte de agosto de dos mil diecinueve, según oficio CCJ/ST/3699/2019; siendo presidente el citado en primer término y ponente el tercero de los nombrados, quienes firman de manera electrónica en unión con la secretaria de tribunal María Cecilia Enríquez Castro, que autoriza y da fe.

En términos de lo previsto en los artículos 11, fracción VI, 108, 113, 118 y demás aplicables en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

1. "Artículo 76. El órgano jurisdiccional, deberá corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda."

2. "Artículo 131.

"...

"En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda."

3. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 73, Tomo I, diciembre de 2019, página 286 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas», con número de registro digital: 2021263, de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA."

4. Relativa a los Tribunales Colegiados de Circuito, materia común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 1, Tomo III, mayo de 2021, página 2627 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de mayo de 2021 a las 10:12 horas», con número de registro digital: 2023089.

5. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo II, agosto de 2014, página 901 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas», con número de registro digital: 2007069.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29946-99907d6c/suspension-de-oficio-y-de-plano-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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