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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DE UN MUNICIPIO CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO (ARTÍCULOS 5 BIS, FRACCIÓN I Y 38, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA LEGITIMACIÓN PASIVA LA TIENEN TANTO EL PODER LEGISLATIVO COMO EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA CUANDO SE LES ATRIBUYA LA EMISIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULO 50 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL TENER CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO CON ANTERIORIDAD (DECRETO DE ASUNCIÓN DEL MANDO POLICIAL DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO EMITIDO POR EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL QUINCE). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS HECHOS SUPERVENIENTES PUEDEN SER IMPUGNADOS EN TODO MOMENTO DESDE QUE SE GENERAN HASTA ANTES DEL CIERRE DE INSTRUCCIÓN (ACTOS DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS DECRETOS DE ASUNCIÓN Y RATIFICACIÓN DE LA ASUNCIÓN DEL MANDO POLICIAL DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO EMITIDOS POR EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL QUINCE Y TRES DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, RESPECTIVAMENTE). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL TENER CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO CON ANTERIORIDAD (PRIMERA ORDEN DE RETIRO DE ARMAMENTO EN POSESIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TLAQUILTENANGO Y SU EJECUCIÓN EMITIDA POR EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS EL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA EMISIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE RETIRO DE ARMAMENTO EN POSESIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL OCURRIDAS CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA TIENEN EL CARÁCTER DE HECHOS SUPERVENIENTES, POR LO QUE EL MUNICIPIO ACTOR PUEDE IMPUGNARLOS HASTA ANTES DEL CIERRE DE INSTRUCCIÓN (SEGUNDA ORDEN DE RETIRO DE ARMAMENTO EN POSESIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TLAQUILTENANGO Y SU EJECUCIÓN EMITIDA POR EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS EL DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ACTOS DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS DECRETOS DE ASUNCIÓN Y RATIFICACIÓN DE LA ASUNCIÓN DEL MANDO POLICIAL DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ESTUDIE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA O ACTO BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE LA CAUSA DE PEDIR (SEGUNDA ORDEN DE RETIRO DE ARMAMENTO EN POSESIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TLAQUILTENANGO EMITIDA POR EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS EL DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ, AL HABERSE EXPRESADO CLARAMENTE EN LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA LA CAUSA DE PEDIR (SEGUNDA ORDEN DE RETIRO DE ARMAMENTO EN POSESIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TLAQUILTENANGO PARA EL EJERCICIO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EMITIDA POR EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS EL DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ACTOS DE EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA ORDEN DE RETIRO DE ARMAMENTO EN POSESIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TLAQUILTENANGO EMITIDA POR EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS EL DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS). XII. SEGURIDAD PÚBLICA. ES UNA FACULTAD CONCURRENTE QUE DEBE EJERCERSE DE MANERA COORDINADA ENTRE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 21, PÁRRAFOS NOVENO Y DÉCIMO, Y 115, FRACCIÓN III, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XIII. SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. ES FACULTAD DE LOS AYUNTAMIENTOS CELEBRAR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA QUE ÉSTE SE HAGA CARGO TEMPORALMENTE DE AQUÉLLA O BIEN LA BRINDEN AMBOS DE MANERA CONJUNTA. XIV. SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. LA FACULTAD EXTRAORDINARIA Y TEMPORAL DEL PODER EJECUTIVO LOCAL PARA SU EJERCICIO IMPLICA LA TRANSMISIÓN DE ÓRDENES A LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL Y DE TODA SU INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVIDAD. XV. SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. EL DECRETO DE RATIFICACIÓN DE LA ASUNCIÓN DEL MANDO POLICIAL DE UN MUNICIPIO EMITIDO POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL, EN EL QUE ÉSTE ASUMIÓ LA INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVIDAD DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL NO VULNERA LOS ARTÍCULOS 21, FRACCIÓN VII Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XVI. SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. FASES QUE COMPONEN LA ASUNCIÓN DEL MANDO POLICIAL MUNICIPAL POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO LOCAL (DECRETO DE RATIFICACIÓN DE LA ASUNCIÓN DEL MANDO POLICIAL DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO EMITI

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 1/2016. · Registro digital (IUS): 30328
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-01-14
Promovente: MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo II, Pág. 1518.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 1/2016. MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, MORELOS. 4 DE MARZO DE 2020. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO NARVÁEZ MEDÉCIGO.

Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al cuatro de marzo de dos mil veinte, emite la siguiente

Sentencia

Mediante la que se resuelven los autos relativos a la controversia constitucional 1/2016, promovida por el Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos.

I. Antecedentes

1. Hechos que dieron lugar a la controversia. El seis de febrero de dos mil trece el Municipio de Tlaquiltenango, Morelos –a través del entonces presidente municipal y del secretario del Ayuntamiento– suscribió un convenio con el Gobierno del Estado de Morelos para que sus autoridades asumieran parcialmente las funciones de coordinación, manejo, operación, supervisión y control de la policía preventiva de ese Municipio.(1) El convenio tenía como principal propósito coadyuvar con la integración del mando único policial en dicha entidad federativa y, de acuerdo con la cláusula vigésima tercera, su vigencia duraría hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, fecha en la que concluía el periodo de gobierno de los integrantes del Ayuntamiento.

2. El dieciocho de abril de dos mil trece las autoridades municipales de Tlaquiltenango y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos firmaron un contrato de comodato con el objeto de dotar a la autoridad municipal de armamento, cartuchos, radios de comunicación y equipo anti motín para la prestación del servicio de seguridad pública en dicho Municipio.(2) El armamento se encontraba amparado en la Licencia Oficial Colectiva No. 145 otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos. En el contrato se estipuló que éste tendría vigencia hasta el término del mandato de la administración municipal que lo suscribía.(3)

3. El veintiocho de enero de dos mil quince –es decir, casi un año antes de que concluyera el mandato de los integrantes del Ayuntamiento de Tlaquiltenango– el gobernador del Estado de Morelos, en ejercicio de la atribución establecida en el artículo 115, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución Federal), emitió un decreto por medio del cual asumía de forma temporal e inmediata el mando de la policía municipal de esa demarcación (en adelante decreto de asunción del mando policial).(4) El instrumento obligaba a todos los policías municipales de Tlaquiltenango a acatar únicamente las órdenes que emitiera el mando estatal, ya sea directamente el gobernador o a través de la Secretaría de Gobierno o la Comisión Estatal de Seguridad Pública. La medida se justificó en las condiciones excepcionales de inseguridad que imperaban en el Municipio de Tlaquiltenango y determinó su vigencia hasta que la situación de hecho que la originara hubiera cesado a juicio del Poder Ejecutivo Local.

4. El cinco de febrero de dos mil quince, con motivo de la entrada en vigor del decreto de asunción del mando policial, el armamento y los cartuchos que habían sido otorgados en comodato al Ayuntamiento de Tlaquiltenango (supra párrafo 2), así como diversas armas largas que habían sido adquiridas por el Gobierno del Estado de Morelos específicamente para la policía de ese Municipio, fueron trasladados al Depósito General de Armamento de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos y entregados para su resguardo y distribución al encargado del despacho del Mando Único Policial Estatal en Tlaquiltenango.(5)

5. El treinta de diciembre de dos mil quince rindieron protesta al cargo los nuevos integrantes del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, electos para el periodo que transcurriría del primero de enero de dos mil dieciséis al primero de diciembre de dos mil dieciocho.(6)

6. El dos de enero de dos mil dieciséis, fue asesinada en su domicilio la presidenta municipal de Temixco, también Estado de Morelos. Al día siguiente, con motivo de estos hechos, el gobernador del Estado de Morelos emitió un nuevo decreto por medio del cual ratificaba la asunción del mando de la Policía Municipal de Tlaquiltenango (en adelante decreto de ratificación)(7) que se había determinado casi un año atrás. Justificó la prolongación de la medida en una causa de fuerza mayor y en la alteración grave del orden público que se extendía sobre todos los Municipios de la entidad federativa, así como en el cambio de administración municipal. Señaló que el decreto de ratificación era necesario para dejar en claro que las funciones de seguridad pública en Tlaquiltenango seguirían a cargo de la autoridad estatal y –al igual que había sucedido en el decreto de asunción del mando policial– determinó su vigencia hasta que la situación de hecho que lo originaba hubiera cesado a juicio del Poder Ejecutivo Local.

7. Presentación de la demanda. El seis de enero de dos mil dieciséis el Municipio de Tlaquiltenango, Morelos –a través de su nuevo presidente municipal y de su nueva síndica– promovió controversia constitucional en contra del gobernador, el secretario de Gobierno, el comisionado estatal de Seguridad Pública y el director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos.(8) En su demanda señaló como actos reclamados tanto el decreto de asunción del mando policial de veintiocho de enero de dos mil quince (supra párrafo 3) como el decreto de ratificación de tres de enero de dos mil dieciséis (supra párrafo 6), solicitando además la suspensión de los mismos.(9)

8. Admisión de la demanda y negativa de suspensión. El siete de enero de dos mil dieciséis el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente relativo a la controversia constitucional, registrarla con el número de expediente 1/2016 y turnarla al Ministro Javier Laynez Potisek para que se encargara de instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.(10)

9. Al día siguiente el Ministro instructor admitió la demanda únicamente en contra del Poder Ejecutivo de Morelos, al determinar que el secretario de Gobierno, el comisionado estatal de Seguridad Pública y el director del Periódico Oficial eran dependencias subordinadas a aquél. Consecuentemente, ordenó emplazar a juicio al gobernador de Morelos para que formulase su contestación, así como dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que correspondiera a su representación.(11) Por otra parte, en esa misma fecha el Ministro instructor emitió un acuerdo en el que negó la suspensión de los actos que había sido solicitada por el Municipio actor.(12)

10. Hechos supervinientes. Al decir de la parte actora, el dieciocho de enero de dos mil dieciséis la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos retiró todo el armamento asignado por el mando estatal a la Policía Municipal de Tlaquiltenango y lo trasladó a sus instalaciones.(13) La comisión justificó la medida en la realización de una manifestación el día anterior en el que personas no autorizadas habían tomado por la fuerza las instalaciones de la base de la policía municipal e intentado romper la cerradura del depósito de armamento.(14)

11. Ampliación de la demanda. El veintinueve de enero de dos mil dieciséis, el Municipio actor presentó un escrito que denominó "de ampliación de demanda".(15) En dicho documento, por una parte, amplió los conceptos de invalidez esgrimidos contra los dos decretos impugnados previamente en la controversia constitucional y, por otra, impugnó la constitucionalidad de los siguientes actos:

A. Del Congreso del Estado de Morelos, el primer párrafo del artículo 50 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos.

B. Del gobernador del Estado de Morelos, las órdenes de retirar el armamento asignado a la policía del Municipio de Tlaquiltenango.

C. Del secretario general del Gobierno del Estado de Morelos, la ejecución y cumplimiento tanto de los decretos impugnados en la demanda inicial como de las órdenes de retirar armamento a la Policía Municipal de Tlaquiltenango.

12. Desechamiento de la ampliación de demanda e interposición de recurso de reclamación. Mediante auto de dos de febrero siguiente el Ministro instructor desechó por improcedente la ampliación de la demanda. Consideró que los actos reclamados no constituían hechos nuevos ni supervenientes en el juicio y, por tanto, que el Municipio actor debía haberlos incluido en su escrito inicial de demanda.(16)

13. Inconforme con dicha determinación, el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, el Municipio actor interpuso recurso de reclamación, mismo que fue registrado bajo el número de expediente 6/2016-CA y turnado a la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, integrante de la Primera Sala, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.(17)

14. Contestación a la demanda. El veintiséis de febrero de dos mil dieciséis el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos presentó su contestación a la demanda de controversia constitucional,(18) misma que fue agregada con sus anexos al expediente mediante acuerdo de veintinueve de febrero siguiente.(19) En dicho acuerdo el Ministro instructor también reservó señalar fecha para la audiencia de pruebas y alegatos hasta tanto no se resolviera el recurso de reclamación 6/2016-CA.

15. Resolución del recurso de reclamación. El seis de julio de dos mil dieciséis la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el recurso de reclamación 6/2016-CA en el sentido de revocar el auto recurrido y devolver los autos para el efecto de admitir la ampliación de demanda presentada por el Municipio actor.(20) En relación con el artículo 50 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública de Morelos, la Primera Sala consideró que el actor lo impugnaba con motivo de su primer acto de aplicación y, por consiguiente, al encontrarse aún dentro del plazo para promover la controversia, también estaba en posibilidad de incluirlo al complementar la demanda contra sus actos de aplicación. En relación con las órdenes de retiro de armamento y los actos de ejecución impugnados, en cambio, la Primera Sala estimó que no se estaba ante un supuesto manifiesto e indudable de improcedencia, pues no podía establecerse claramente que no se tratara de hechos nuevos o supervenientes.

16. Admisión de la ampliación y contestación de los Poderes demandados. En cumplimiento a la resolución de la Primera Sala, el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis el Ministro instructor admitió la ampliación de demanda, tuvo también como demandado al Poder Legislativo del Estado de Morelos, emplazó a los dos Poderes demandados con ambos escritos del Municipio actor para que presentaran su contestación y, finalmente, les requirió copia certificada tanto de los antecedentes legislativos de los decretos impugnados como de las documentales relacionadas con los actos combatidos.(21)

17. El veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis y el seis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos presentaron sendos escritos(22) donde dieron contestación tanto a la demanda como a su ampliación, mismos que fueron agregados al expediente mediante auto de nueve de enero de dos mil diecisiete.(23) En dicho auto el Ministro instructor les requirió de nueva cuenta y bajo apercibimiento de multa la documentación previamente solicitada.

18. Audiencia pública, alegatos y cierre de instrucción. Una vez desahogados los requerimientos de documentación, el veintisiete de abril de dos mil diecisiete se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante ley reglamentaria). En ella se hizo relación de los autos, se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos formulados por la parte actora y se puso el expediente en estado de resolución.(24)

19. Radicación en la Segunda Sala. El once de febrero de dos mil veinte, el Ministro instructor solicitó al Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la radicación del asunto en la Segunda Sala, en razón de que se consideraba innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.(25) Dicha solicitud fue aceptada mediante acuerdo de trece de febrero siguiente.(26)

20. El dieciocho de febrero de dos mil veinte, el presidente de la Segunda Sala emitió un acuerdo para que ésta se avocara al conocimiento de la presente controversia constitucional.(27)

II. Competencia

21. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal;(28) 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(29) así como en los puntos segundo, fracción I, tercero y quinto, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013,(30) pues la parte actora es un Municipio que cuestiona la constitucionalidad de actos emitidos por los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado al que pertenece y, como se explicará enseguida, en el juicio deberá sobreseerse en relación con la norma general impugnada, por lo que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

22. Sirve como sustento a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN COMPETENCIA PARA RESOLVERLAS AUN RESPECTO DEL FONDO, CUANDO EN ELLAS INTERVENGA UN MUNICIPIO Y NO SUBSISTA PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL (INTERPRETACIÓN DEL ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001).",(31) así como la tesis aislada de la Segunda Sala de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. COMPETENCIA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA CONOCER DE ELLAS, CONFORME AL ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001, REFORMADO POR EL DIVERSO 3/2008."(32)

III. Legitimación

23. Legitimación activa. De acuerdo con el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria,(33) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo. En el caso, la demanda fue suscrita por Enrique Alonso Plascencia y Yasmín Vázquez Flores en su carácter de presidente y síndica municipal, respectivamente, del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos. Acreditaron su personalidad con la presentación de la copia certificada de la constancia de mayoría de la elección de Ayuntamiento de dicho Municipio, expedida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.(34)

24. Si en términos de los artículos 5 Bis, fracción I y 38, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos,(35) los Ayuntamientos de dicha entidad tienen expresamente la atribución de representar jurídicamente a los Municipios y promover las controversias constitucionales previstas en el artículo 105 de la Constitución Federal, entonces se tiene por acreditada la legitimación activa del Municipio de Tlaquiltenango. En consecuencia, se desestima la causa de improcedencia hecha valer por el gobernador del Estado de Morelos respecto a la presunta falta de legitimación del Municipio actor.

25. Legitimación pasiva. El artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria establece que tendrá el carácter de demandado en la controversia constitucional la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la impugnación.(36) Dado que en la tramitación de la presente controversia se tuvieron como partes demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos, en términos del artículo 11 de la ley reglamentaria(37) procede analizar la personalidad de cada uno de los funcionarios que comparecen en representación de dichas autoridades.

26. Por un lado, en representación del Poder Ejecutivo de Morelos comparecieron José Anuar González Cianci Pérez, encargado del despacho de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, y Octavio Ibarra Ávila, director general de Asuntos Constitucionales y Amparo de esa dependencia. Mientras que el primero de ellos acreditó su personalidad mediante la presentación de un ejemplar del Periódico Oficial de la entidad, correspondiente al nueve de septiembre de dos mil quince, en el que consta la publicación de su nombramiento,(38) el segundo lo hizo a través de la presentación de una copia certificada de su nombramiento.(39) Si, por una parte, de acuerdo con el artículo 38, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, la Consejería Jurídica tiene la atribución de representar al gobernador de dicha entidad en las acciones y controversias establecidas en el artículo 105 de la Constitución Federal(40) y, por otra parte, conforme al artículo 16, fracción I, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, al titular de la Dirección General de Asuntos Constitucionales y Amparo le corresponde llevar la representación jurídica del Poder Ejecutivo de Morelos en todos los juicios en que participe como parte en materia procesal constitucional,(41) entonces es claro que ambos funcionarios cuentan con legitimación para comparecer en representación del Poder Ejecutivo demandado.

27. Por otro lado, en representación del Poder Legislativo del Estado de Morelos compareció la diputada Beatriz Vicera Alatriste en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Esta calidad fue acreditada con copia certificada del acta de la sesión del doce de octubre de dos mil dieciséis en la que el Pleno del Congreso de Morelos la designó en dicho puesto.(42) Si de acuerdo con el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso tiene la atribución de representar jurídicamente al Poder Legislativo de dicha entidad en cualquier asunto en que éste sea parte, con las facultades de un apoderado general en términos de la legislación civil vigente,(43) entonces también es claro que dicha funcionaria está legitimada para comparecer en la presente controversia en representación del Congreso Local demandado.

IV. Precisión de los actos impugnados

28. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la ley reglamentaria,(44) procede fijar las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados. De las afirmaciones de las partes, así como de las diversas constancias que obran en el expediente se advierte que en la controversia constitucional fueron impugnados y se acredita la existencia de los siguientes actos:

A. Del Poder Legislativo del Estado de Morelos, se impugna el artículo 50 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos,(45) con motivo de su alegado primer acto de aplicación. Su existencia queda acreditada con la copia certificada del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado de Morelos de veinticuatro de agosto de dos mil nueve, fecha en que fue publicado dicho precepto.(46)

B. Del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, se impugna el Decreto de Asunción del Mando Policial del Municipio de Tlaquiltenango publicado el veintiocho de enero de dos mil quince. Su existencia queda acreditada con la copia certificada del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado de Morelos de esa misma fecha.(47)

C. Del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, se impugna el decreto de ratificación de la asunción del mando policial del Municipio de Tlaquiltenango publicado el tres de enero de dos mil dieciséis. Su existencia queda acreditada con la copia certificada del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado de Morelos de esa misma fecha.(48)

D. Del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, se impugnan los actos de cumplimiento y ejecución de los dos decretos recién referidos. Su existencia debe presumirse en términos del artículo 30 de la ley reglamentaria,(49) pues la autoridad demandada no se refirió a ellos en su contestación al escrito de ampliación de la demanda donde se señalaron como actos impugnados, acción a la que se encontraba obligada en términos del artículo 23, fracción I, de ese mismo ordenamiento,(50) sin que haya alguna prueba en sentido contrario.

E. Del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, se impugnan la emisión y ejecución de las órdenes de retirar el armamento en posesión de la Policía Municipal de Tlaquiltenango para el ejercicio de la función de seguridad pública. Únicamente queda acreditada la existencia de dos órdenes en este sentido:

1. La primera orden se acredita con copia certificada del acta circunstanciada de once de diciembre de dos mil catorce por medio de la cual se hace constar que, para garantizar su preservación, el armamento otorgado en comodato a la parte actora se trasladó al Depósito General de Armamento de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos.(51)

2. La segunda orden se tiene por acreditada en razón de que, por un lado, el Municipio actor señala en su escrito de ampliación de demanda que a partir del dieciocho de enero de dos mil dieciséis el mando estatal retiró todo el armamento a la Policía Municipal de Tlaquiltenango(52) y, por otro lado, el Poder Ejecutivo demandado reconoce en su contestación que ese retiro de armamento a la policía municipal obedecía, entre otras razones, a hechos ocurridos la noche anterior a esa fecha.(53) Conviene aquí precisar que para determinar la existencia de esta segunda orden de desarme no se tienen en cuenta ni el oficio de renovación de la Licencia Oficial Colectiva No. 145 otorgada por la SEDENA fechado el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis,(54) ni tampoco el recibo de extracción del depósito de armas de la región sur poniente de la Policía Preventiva Estatal fechado el veinticuatro de agosto siguiente.(55) Aunque estos dos elementos fueron aportados por la parte demandada como sustento a la constitucionalidad de su actuar, se refieren únicamente a hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de la presente impugnación y, por consiguiente, tales documentos evidentemente no pueden estar referidos a los actos controvertidos por la parte actora.

V. Oportunidad

29. La impugnación de los actos reclamados en una controversia constitucional debe hacerse dentro de los plazos establecidos por los artículos 21 y 27 de la ley reglamentaria,(56) pues de lo contrario se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de ese mismo ordenamiento legal(57) y deberá sobreseerse respecto de ellos en términos del diverso artículo 20, fracción II, de la propia ley reglamentaria.(58) En atención a que en la demanda y su ampliación se señalaron diversos actos como reclamados, el análisis de la oportunidad en su impugnación se hará atendiendo a cada uno de ellos.

A

30. Artículo 50 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. El precepto legal fue impugnado con motivo de su primer acto de aplicación al Municipio actor en la porción normativa que establece que: "el mando supremo de las Instituciones de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, corresponde al gobernador". Al respecto, resulta claro que la impugnación es extemporánea en términos de la fracción II del artículo 21 de la ley reglamentaria, pues incluso suponiendo que se tratara de una norma general que requiriera de un ulterior acto de aplicación para surtir sus efectos, el plazo del Municipio de Tlaquiltenango para impugnarla habría vencido desde el doce de marzo de dos mil quince, es decir, treinta días hábiles después del día siguiente al de la publicación del decreto de asunción del mando policial que se señaló como su primer acto de aplicación. Si el artículo impugnado no fue controvertido por el Municipio actor sino hasta el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, es decir, más de un año después de que se produjo su alegado primer acto de aplicación en perjuicio del Municipio de Tlaquiltenango, entonces es evidente que la impugnación se hizo fuera del plazo legal establecido y, por consiguiente, que la controversia constitucional es improcedente en relación con dicho precepto legal.

31. No es obstáculo a la anterior conclusión que también el decreto de ratificación de tres de enero de dos mil dieciséis controvertido aquí por el Municipio actor (supra párrafo 28, C) se haya fundado en el precepto legal impugnado, pues la ley reglamentaria prevé expresamente que el plazo para impugnar una norma general empieza a correr a partir de su primer acto de aplicación al actor. Dado que el segundo decreto constituye, en cambio, un acto ulterior de aplicación de dicho precepto legal al Municipio de Tlaquiltenango, el mismo es irrelevante para efectos del cómputo del plazo legal para impugnar esa norma general. En este sentido resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA."(59)

32. Tampoco es obstáculo a esta conclusión que el Municipio actor señale que dicha norma general había sido aplicada a un Ayuntamiento distinto. En términos del artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, el ente al que se le confiere la legitimación para defender atribuciones en controversia constitucional frente al acto de algún Estado o de un órgano de la Federación es el Municipio como tal, no el Ayuntamiento específico que lo gobierna en un momento dado. Así, las consecuencias jurídicas de una norma estatal para los efectos de su impugnación por esta vía deben entenderse generadas a cada Municipio independientemente de los funcionarios específicos que integren sus órganos de gobierno. Sostener lo contrario equivaldría a aceptar que cualquier cambio de administración municipal extinguiera las obligaciones que tiene cada Municipio como persona jurídica, conclusión que simplemente no tiene sustento constitucional alguno y que haría impracticable la tutela jurisdiccional de atribuciones constitucionales de todos los niveles de gobierno.

B

33. Decreto de asunción del mando policial. En tanto que este primer decreto representa el alegado primer acto de aplicación de la norma general reclamada en la presente controversia, su impugnación corre la misma suerte que la del precepto legal recién referido. Como correctamente sostiene el demandado, el Decreto de asunción de mando policial reclamado al Poder Ejecutivo de Morelos fue publicado en el Diario Oficial "Tierra y Libertad" de esa entidad federativa el día veintiocho de enero de dos mil quince. De este modo, en términos del artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria, el plazo de treinta días hábiles para su impugnación transcurrió del veintinueve de enero al doce de marzo del año dos mil quince. Dado que el escrito de demanda donde se cuestiona su constitucionalidad fue presentado el seis de enero de dos mil dieciséis, claramente su impugnación fue hecha fuera del plazo legal y, por tanto, la controversia constitucional también es improcedente en relación con dicho decreto.

34. No es obstáculo a esta conclusión que el Municipio actor manifieste que sí podía impugnar la constitucionalidad del decreto debido a que se trataba de una norma de carácter general hetero-aplicativa y la nueva composición del Cabildo había iniciado sus labores después de la publicación de la misma. Por una parte, contrariamente a lo que señala el Municipio actor, el decreto de asunción del mando policial no tiene el carácter de norma general ni requiere de un acto ulterior de aplicación para tener efectos. Al resolver la controversia constitucional 55/2017, esta Segunda Sala analizó la naturaleza jurídica de un decreto con características prácticamente idénticas al aquí impugnado y concluyó que no debía ser considerado como una norma de carácter general.(60) Allí se señaló que si bien un acto de esta naturaleza podía tener rasgos materialmente legislativos, el mismo carecía de las características de generalidad, permanencia y abstracción que distinguen a las normas generales, por lo que se llegó a la conclusión de que se trataba solamente de un acto jurídico con efectos particularizados. Dada la similitud entre ambos decretos, en este caso se debe sostener la misma conclusión.

35. Tampoco es obstáculo para concluir la improcedencia de la controversia constitucional en relación con este acto que el diverso decreto de ratificación de tres de enero de dos mil dieciséis (supra párrafo 28, C) establezca en su artículo primero transitorio la ratificación y la continuidad de la vigencia del decreto de asunción del mando policial. Contrariamente a lo que sugiere la parte actora, la remisión de un decreto posterior a uno anterior no implica que se abra una nueva oportunidad para que el Municipio actor pueda otra vez impugnar la validez del más antiguo, pues bastaría entonces la mera referencia posterior para poder cuestionar de manera interminable la validez de actos jurídicos que ya han adquirido firmeza, generándose así incertidumbre jurídica. En términos de la ley reglamentaria; sin embargo, todos los actos de autoridad que no sean impugnados dentro del plazo establecido para ello deben quedar firmes y, por consiguiente, frente a su impugnación fuera del plazo legal necesariamente se actualiza la causa de improcedencia prevista e

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Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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