I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DE REFRENDAR DECRETOS Y REGLAMENTOS A CARGO DE LOS SECRETARIOS DE ESTADO, CONSTITUYE UN ACTO AUTÓNOMO QUE LES OTORGA LEGITIMACIÓN PASIVA INDEPENDIENTE DEL PODER EJECUTIVO (ARTÍCULOS 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS Y 24, FRACCIONES XXII Y XXIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. IV. PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS. V. AUTONOMÍA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. VI. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. VII. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN SU GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO "2136" ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2o., QUE SEÑALA: "... Y SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. DEPENDENCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA PARA PENSIONES, CUMPLIENDO CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 55, 56 Y 58 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO" PUBLICADO EL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO, AL PODER EJECUTIVO Y EL PODER JUDICIAL LOCAL PARA QUE DETERMINEN Y REALICEN EL PAGO DE LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO "2136" ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2o., QUE SEÑALA: "... Y SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. DEPENDENCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA PARA PENSIONES, CUMPLIENDO CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 55, 56 Y 58 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO" PUBLICADO EL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO "2136" ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2o., QUE SEÑALA: "... Y SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. DEPENDENCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA PARA PENSIONES, CUMPLIENDO CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 55, 56 Y 58 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO" PUBLICADO EL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE REVISE SU SISTEMA LEGAL DE PAGO DE PENSIONES Y ESTABLEZCA UNO QUE NO TRANSGREDA LA AUTONOMÍA DE OTROS PODERES U ÓRDENES NORMATIVOS (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO "2136" ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2o., QUE SEÑALA: "... Y SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. DEPENDENCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA PARA PENSIONES, CUMPLIENDO CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 55, 56 Y 58 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO" PUBLICADO EL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 317/2017. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 6 DE NOVIEMBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA; EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO EL MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: DAVID GARCÍA SARUBBI.
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de noviembre de dos mil diecinueve, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 317/2017 promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la misma entidad por la emisión del Decreto 2136 publicado en el Periódico Oficial Local el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete.
El problema jurídico a resolver en el presente asunto es determinar si el referido decreto viola la independencia del Poder Judicial actor.
I. ANTECEDENTES
1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el once de diciembre de dos mil diecisiete ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Carmen Verónica Cuevas López, quien se ostentó con el carácter de Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos presentó demanda de controversia constitucional en contra de las siguientes autoridades y actos:
II. Entidad, Poder u órgano demandado y su domicilio. Tienen el carácter de demandados.
a) El Congreso del Estado de Morelos
b) El titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.
c) El secretario de Gobierno del mismo Poder Ejecutivo de Morelos.
IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como el medio oficial en que se hubieran publicado:
1. Se reclama la invalidez por sí y por vicios propios del Decreto Número Dos Mil Ciento Treinta y Seis publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5551 de fecha 22 de noviembre de 2017 a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determina otorgar pensión por jubilación al C. ********** con cargo a la inexistente partida presupuestal.
2. La parte actora precisó como preceptos constitucionales vulnerados a los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Como antecedentes, señaló que mediante oficio CJE/2675/2016 de nueve de mayo de dos mil dieciséis el Consejo de la Judicatura Estatal solicitó al Poder Legislativo Local autorizara la ampliación presupuestal por $56'000,000.00 (cincuenta y seis millones de pesos 00/100 M.N.) para la partida de jubilaciones y pensiones.
4. En términos de los oficios CJE/5510/2015 y CJE/MMCVCL/2154/2016 de uno de septiembre de dos mil quince y treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, suscritos por la otrora y actual presidentas del Poder Judicial del Estado de Morelos, respectivamente, se envió a la Legislatura del Estado de Morelos los anteproyectos de presupuesto de los años 2016 y 2017, en los que se solicitó un incremento presupuestal para el pago de pensiones y jubilaciones, sin que dicho Poder Legislativo los hubiera autorizado.
5. Mediante oficio CJEM/MCVCL/2194/2016 de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, el Consejo de la Judicatura Estatal envió el anteproyecto de presupuesto de egresos y programa operativo anual del Tribunal Superior de Justicia para el ejercicio fiscal 2017, cuyo monto solicitado ascendió a $763'835,357.00 (setecientos sesenta y tres millones ochocientos treinta y cinco mil trescientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), requerido para hacer frente a las necesidades de operación y obligaciones de pago, sin que fuera acordada de conformidad a la fecha de la presentación de la demanda.
6. El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5551 el Decreto 2136 ("el decreto"), a través del cual el Poder Legislativo Estatal determinó otorgar pensión por jubilación a ********** con cargo al presupuesto destinado al Poder Judicial del Estado de Morelos.
7. Conceptos de invalidez. La promovente planteó los conceptos de invalidez que se sintetizan a continuación.
Primer concepto de invalidez. En su primer concepto el actor adujo que el Poder Legislativo de la entidad otorgó arbitrariamente la pensión por jubilación al ********** con cargo al presupuesto del Poder Judicial actor, pero sin proporcionar una partida presupuestal para ello, omisión que provoca una afectación a su presupuesto.
Considera que en términos del artículo 92-A, fracción VI, de la Constitución Local, le corresponde de forma exclusiva la planeación, programación y diseño del gasto público a través de su presupuesto de egresos sin una injerencia externa.
Considera lo anterior como violatorio de los principios de fundamentación y motivación, de división de poderes, autonomía e independencia del Poder Judicial, así como el principio de congruencia presupuestal entre los ingresos y egresos.
Por otra parte, estimó transgredidos los derechos humanos de los trabajadores que pasan al retiro, pues el decreto impugnado no prevé la forma en la que deberá pagarse la pensión otorgada, por lo que afecta la solvencia económica del tribunal y, por ende, implica una disminución en los ingresos de Jueces y Magistrados, así como el pago de pensiones y de nuevos empleados. De igual forma, el citado decreto es violatorio de los derechos humanos de los trabajadores que pasan al retiro, pues impide que se les pague oportunamente sus prestaciones laborales.
Se duele que el Poder Legislativo no prevenga que al concederse decreto pensionario debe otorgar recursos suficientes para hacer frente a dicha obligación o cerciorarse que la dependencia encargada de realizar el pago sea solvente o cuente con suficiencia económica.
La actuación del Congreso del Estado de Morelos se aparta del principio de autonomía de la gestión presupuestal, pues corresponde al Poder Judicial Local, evaluar el cumplimiento de los requisitos exigidos para que un trabajador de dicho Poder se beneficie con alguna de las pensiones que menciona la ley con cargo a su hacienda pública, en tanto implica el deber de erogar un recurso no previsto y que no prevé el decreto impugnado.
La actora destaca que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en diversos precedentes que la autonomía de gestión presupuestal viene a ser una condición necesaria para que los Poderes Judiciales Locales puedan ejercer sus funciones jurisdiccionales con plena independencia y sin la cual se dificultaría el logro de la inmutabilidad salarial, el adecuado funcionamiento de la carrera judicial y la inamovilidad de los juzgadores.
Aunado a ello, manifestó que el Poder Judicial actor no intervino en la emisión del decreto que otorga una pensión del noventa por ciento del último salario del ciudadano **********, lo cual implica una intromisión del Poder Legislativo considerado por este Alto Tribunal como el grado más leve de violación al principio de división de poderes.
Entonces, se argumenta que si bien los artículos 24, fracción XV, 56, 57 último párrafo, 58 y 66 de la Ley del Servicios Civil del Estado de Morelos atribuyen al Congreso Estatal la calidad de órgano resolutor en materia de pensiones, es cierto que dichas disposiciones lesionan la hacienda pública del Poder actor.
Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 101/2000, de rubro: "PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. MARCO JURÍDICO DE GARANTÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
Segundo concepto de invalidez. El promovente señaló como violados los artículos 14, 16, 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a, y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI, y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, porque con el decreto, el Poder Legislativo Local transgrede los principios de división de poderes y las garantías de independencia y autonomía judicial.
El actor considera que el decreto impugnado constituye una orden expresa del Poder Legislativo Local que genera una subordinación del Poder Judicial promovente en relación con la ejecución y aplicación de su presupuesto y, por ende, una violación al artículo 116 constitucional.
Finalmente, con base en los principios referidos, considera que el Decreto 2136, a través del cual se concede la pensión por jubilación que debía cubrir el Poder Judicial Estatal, es inconstitucional, toda vez que el Poder Legislativo del Estado de Morelos pretende ordenar el pago de dicha prestación sin haber proporcionado los recursos económicos para realizar ese pago; máxime que desde 2013 se ha solicitado el aumento de presupuesto al Congreso Estatal sin haber dado respuesta ni acordado favorablemente esta petición, lo que se corrobora con el monto presupuestal de egresos que ha sido igual en los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, no obstante que el número de pensiones concedidas han ido en considerable aumento.
En este concepto de invalidez, la parte actora inserta un cuadro en el que representa gráficamente las cantidades asignadas en cada año en el presupuesto de egresos.
Tercer concepto de invalidez. En su tercer concepto de invalidez el promovente señala que el artículo 3o. del decreto combatido vulnera los artículos 16, 116, fracción III y 126 de la Constitución General, así como los artículos 131 y 134 de la Constitución morelense.
Argumenta que de acuerdo con en el principio de división de poderes, el presupuesto para el pago de dichas pensiones por jubilación no puede estar supeditado al Poder Legislativo, pues se obstaculiza la impartición de justicia, además de que no se incluyó en el presupuesto lo peticionado en el anteproyecto que presenta el Poder Judicial actor.
Estima que, si bien es cierto que el Estado tiene la obligación de cubrir el derecho mínimo a la seguridad social que comprende, entre otras prestaciones, la pensión por jubilación, lo cierto es que para cubrirla es necesario que el presupuesto que se asigne a los entes de gobierno sea suficiente para poder cumplir con dicha obligación.
En este sentido, el Poder Legislativo demandado viola el principio de seguridad jurídica al indicar en el artículo 3o. del decreto impugnado que: "[e]l monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos", porque el aumento de la pensión en atención al incremento porcentual del salario mínimo vigente transgrede el principio de certidumbre jurídica.
Expresa que: "es inconcebible que se permita al Poder demandado que ordene un ajuste automático de las pensiones en relación al aumento del salario mínimo, pues el presupuesto del Poder actor no sería incrementado con base en ese aumento para estar en aptitud de hacer frente a los aumentos que ordena deben incrementarse a las jubilaciones decretadas por éste sin intervención del Poder actor ... pues no se le consulta si cuenta con viabilidad financiera para cubrir la pensión decretada ..."(1)
También alega que la sujeción al deficiente presupuesto ha impedido el incremento salarial para quienes se encuentran en servicio activo y pasivo, por lo que resulta imposible acatar lo dispuesto por el decreto. Es decir, el Poder Judicial actor está frente a una falta de viabilidad presupuestaria e inestabilidad financiera.
En otras palabras, el decreto impugnado transgrede la división de poderes y la autonomía e independencia de la gestión presupuestal del Poder Judicial por disponer el aumento automático del importe de la pensión, faltando la correlativa transferencia automática de fondos al presupuesto del Poder actor.
Por otra parte, argumenta que en términos del artículo 117, fracción XV y XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Morelos, corresponde al Poder Judicial la reglamentación del gasto público y respetar las partidas presupuestales; por tanto, el decreto emitido por el Legislativo Local rompe con dichas atribuciones al entrometerse en la vida interna del Poder Judicial, al subordinarlo para controlar los gastos sin dotarlo de los recursos necesarios para cumplir el servicio de administración de justicia y ordenar la erogación de gastos no previstos en su presupuesto.
Adicionalmente, argumenta la violación al artículo 134 constitucional, relativo al eficiente manejo de recursos, debido a la falta de denominación de las prestaciones y asignaciones para los pensionados, lo que deriva en una equiparación de los trabajadores activos y pasivos. Precisa que se les beneficia por partida doble, pues además de la pensión otorgada, el Poder patrón sigue aportando las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano de Seguridad Social para permitir el acceso de los beneficiaros a una pensión al alcanzar una edad avanzada. Ello, a pesar de que los artículos 154 y 218 de la Ley del Seguro Social y los artículos 24, fracción XV y 54 de la Ley del Servicio Civil de Morelos no establecen la obligación de que ambas pensiones se disfruten de manera simultánea. Argumentó que existe una diferencia y una desigual percepción salarial entre el personal en retiro y en activo.
En este sentido considera que al sobrevenir la terminación laboral al tenor de lo que dispone el artículo 24, fracción XV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, es inconcuso que cesa el deber del Poder Judicial de proporcionar a los jubilados como prestación de seguridad social, mantener como afiliado al trabajador jubilado para permitirle alcanzar una nueva pensión, tomando el deber de seguir aportando cuotas patronales, lo que resulta contrario a la racionalidad del propio sistema, toda vez que por la categoría de jubilado, el otrora servidor público queda bajo el imperio de la Ley del Seguro Social, siempre que dicha posibilidad se realice a través de la incorporación voluntaria al régimen obligatorio.
Por último, el Poder Judicial actor estima violados los artículos 126 y 134 constitucionales relativos a la limitante de no realizar gastos no contemplados en el presupuesto de egresos y a la eficiente administración de recursos públicos, respectivamente, por no destinar los aumentos en el presupuesto de egresos relativos a lo dispuesto por el decreto impugnado. Además, ya que los trabajadores jubilados ganan un monto mayor al salario mínimo no les debe aplicar el aumento del mismo, siendo además irracional que obtengan un incremento en su ingreso, mientras que los activos carecen del mismo por la insuficiencia del presupuesto.
Cuarto concepto de invalidez. Reitera una violación al artículo 134 constitucional, relativo al eficiente manejo de recursos lo que no puede lograrse con cargas indebidamente impuestas por el Poder Legislativo.
Estima que el acto que se combate contradice lo que señala el artículo 126 constitucional en el sentido de que no puede realizarse gasto que no esté comprendido en el presupuesto.
Por otro lado, argumenta que el legislador desconoce el contenido de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, en la cual se establecen los criterios generales de la responsabilidad hacendaria y financiera a entidades federativas, Municipios y entes públicos, teniéndose obligación de sujetarse a las disposiciones en ésta contenidas para la administración de los recursos bajo los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas; por ende, toda vez que el presupuesto del Poder Judicial no depende ni se rige para su incremento en el aumento que sufra el salario mínimo, en términos del artículo 10 de la referida ley, el Poder Legislativo no debió imponer al Poder Judicial actor los gastos que no corresponden al presupuesto de egresos aprobado, aun cuando se solicitó su ampliación.
Que el legislador siga aprobando pensiones, sin haber ampliado el presupuesto contraviene disposiciones constitucionales porque dispone de recursos que no son de su competencia ejercer y que genera se obstaculice cumplir con lo previsto en los artículos 126 y 134 constitucionales, en términos de la jurisprudencia P./J. 106/2010, de rubro: "RECURSOS PÚBLICOS. LA LEGISLACIÓN QUE SE EXPIDA EN TORNO A SU EJERCICIO Y APLICACIÓN, DEBE PERMITIR QUE LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ QUE ESTATUYE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUEDAN SER EFECTIVAMENTE REALIZADOS."
Finalmente, considera que es inconstitucional establecer un aumento de la pensión conforme al salario mínimo, pues el porcentaje en que ha aumentado en los últimos años es superior al tres por ciento que establece la referida ley de disciplina financiera, toda vez que los trabajadores jubilados no ganan en salario mínimo y, por tanto, no les es aplicable, ya que los trabajadores en activo no tienen aumento en el mismo porcentaje debido a que el presupuesto del Poder Judicial no permite que se tenga tal aumento.
8. Radicación y turno. Por acuerdo de presidencia de once de diciembre de ese año, se ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el expediente 317/2017 y determinó turnarla al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.(2)
9. Admisión. Mediante acuerdo de trece de diciembre de dos mil diecisiete,(3) el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, por lo que tuvo como demandados en este procedimiento constitucional a los Poderes Ejecutivo y Legislativo y al secretario general de Gobierno, todos del Estado de Morelos.
10. Contestación del Poder Ejecutivo. Los demandados gobernador(4) y secretario de Gobierno,(5) ambos del Estado de Morelos, dieron respuesta a los conceptos de invalidez propuestos por el Poder actor, mediante escritos presentados ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, respectivamente, los cuales fueron coincidentes en sus argumentos como se demuestra enseguida:
a) Tanto el secretario como el consejero jurídico hacen valer la causal de improcedencia relativa a la falta de legitimación ad causam del Poder actor, porque carece de la titularidad del derecho que pretende hacer valer, debido a que ellos no han realizado algún acto que invada o afecte su competencia. Asimismo, se actualiza la falta de legitimación pasiva del Poder Ejecutivo y del secretario de Gobierno, pues los actos de los cuales emana su pretensión no son facultades directas del Poder Ejecutivo.
b) Además señalaron que no existe formulación de conceptos de invalidez relativos a vicios propios de los actos de publicación y promulgación atribuidos al consejero jurídico y al secretario de Gobierno. También consideran que los conceptos de invalidez no están dirigidos a evidenciar la inconstitucionalidad de lo impugnado.
c) El refrendo, promulgación y publicación se realizaron con estricto apego a las facultades legales con que cuenta el gobernador y el secretario de Gobierno, de conformidad con la Constitución Local y sus leyes.
d) Para dar respuesta al concepto de invalidez relativo a la violación de los principios de fundamentación y motivación y del principio de congruencia presupuestal, tanto el consejero jurídico como el secretario de Gobierno argumentan que el Poder Ejecutivo Estatal goza de la facultad para promulgar, refrendar y publicar las leyes y demás disposiciones federales, para así cumplir con lo dispuesto por el Congreso del Estado. Lo anterior, en virtud de los artículos 70, fracciones XVI y XVII, incisos a) y c), 74 y 76 de la Constitución Local; 10, 11, fracción II y 21, fracción XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos y 1, 10 y 11, fracción XXVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno.
e) Estiman que el decreto impugnado no transgrede ni la autonomía de hacienda ni la libre administración del Poder Judicial actor. Argumentan que la fuente de la relación de trabajo entre el derechohabiente y la dependencia pública es de naturaleza administrativa y no laboral, en la que el gobierno actúa con el carácter de autoridad y está facultado para crear, modificar o extinguir la situación jurídica del pensionado.
f) Así pues, el legislador local con plena libertad de configuración legislativa prevé en su presupuesto de egresos el rubro de pensiones, por lo que el decreto impugnado consiste en un acto declarativo conforme el derecho del trabajador a la seguridad social.
g) En este sentido, enfatiza que la pensión por jubilación forma parte del derecho al trabajador a una remuneración justa en reconocimiento a su labor en beneficio del Estado. Así, afirma que la Ley del Servicio Civil de la entidad se encuentra en estricta relación con la fracción XXIX del artículo 123 del apartado A y las demás disposiciones de los trabajadores al servicio del Estado. De esta forma, los actos y disposiciones generales cuya invalidez se demanda, no transgreden la autonomía de gestión presupuestal del Poder actor.
h) Destaca que existen diversos decretos de pensión con cargo al presupuesto asignado al Poder actor, emitidas por el Poder Legislativo del Estado que se fundamentaron en los mismos ordenamientos impugnados, en las que no se promovieron controversias constitucionales. Ello puede corroborarse en los Decretos de Pensión "65", "94" y "2169", publicados en el Periódico Oficial de la entidad el veintidós de abril, nueve y treinta de diciembre, todos de dos mil quince, respectivamente.
i) Toma en cuenta la problemática financiera del erario estatal y municipal, comparando el sistema de pensiones del Instituto Mexicano de Seguridad Social y el sistema de pensiones en pugna. El primero se sustenta en las cuotas obrero-patronales, las cuales constituyen aportaciones económicas tripartitas, financiadas a través de cuentas individuales; sin embargo, el segundo tiene como único sustento los ingresos del erario. Considera pertinente que el Poder Legislativo realice una valoración financiera que analice la carga a la hacienda pública del pago de hasta el cien por ciento del salario como activo de los trabajadores y de todas las prestaciones adicionales, el cual además deberá ser incrementado conforme al aumento del salario mínimo vigente en términos del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
j) No obstante, interesa al Poder Ejecutivo Estatal que el otorgamiento de pensiones cumpla con los requisitos establecidos en la ley, por lo que considera que el acto del legislativo respeta los derechos de los trabajadores reconocidos por la legislación aplicable, la cual no fue impugnada en tiempo por el Poder Judicial actor.
11. Contestación del Poder Legislativo. Por su parte, Beatriz Vicera Alatriste, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, presentó la contestación de la demanda el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(6)
12. El Poder Legislativo se pronunció sobre los hechos narrados en la demanda y posteriormente contestó a los conceptos de invalidez de la siguiente manera.
a. En relación con los hechos señalados en la demanda, el Poder Legislativo señaló algunos de ellos como ciertos, pero otros no, como el relativo a que, contrario a lo que señala la parte actora, el presupuesto asignado al Poder Judicial sí ha variado, pues para el año 2013 se previeron asignaciones por $585'365,000.00 (quinientos ochenta y cinco millones trescientos sesenta y cinco mil pesos); para el año 2014 aumentaron a $565'198,000.00 (quinientos sesenta y cinco millones ciento noventa y ocho mil pesos); posteriormente, se incrementó en $5'833,000.00 (cinco millones ochocientos treinta y tres mil pesos), luego para el año 2015 se previó la asignación de $570'679,000. (quinientos setenta millones seiscientos setenta y nueve mil pesos), para el año 2016 se asignaron $554'679,000.00 (quinientos cincuenta y cuatro millones seiscientos sesenta y nueve mil pesos) y para el año 2017 $572'669,000.00 (quinientos setenta y dos millones seiscientos sesenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.).
b. Igualmente, negó que se hubiera presentado la partida presupuestaria en favor del Poder actor ante el Congreso del Estado, pues aquél lo hizo ante la Junta Política y de Gobierno y no ante la asamblea que integra el Poder Legislativo.
c. Sostuvo que contrario a lo aducido por el Poder actor, en los años dos mil catorce, dos mil quince y dos mil diecisiete hubo un ajuste de la asignación presupuestal correspondiente al Tribunal Superior de Justicia por $13'546,000.00 (trece millones quinientos cuarenta y seis mil pesos 00/100 M.N.) para reasignarse a la partida de aportación inicial del fondo para el haber de retiro de los Magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos, como se advierte de correlacionar el último párrafo del artículo trigésimo séptimo del Decreto 1371 por el que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal de 2017.
d. Finalmente, señaló que era parcialmente cierto que la pensión concedida es a cargo del Poder Judicial Local y que emitió el decreto impugnado, a través del cual se concedió la pensión por jubilación a **********.
e. Sobre los conceptos de violación consideró que no existe invasión competencial, pues la autoridad demandada cuenta con facultades expresas para expedir los decretos que otorguen las prestaciones a los trabajadores del Gobierno Estatal, ello en relación con los artículos 43, 45, 54, 55, 56, 57, 58, 65 y 66 de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos.
f. Por otra parte, narró que el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis el ciudadano ********** solicitó al Congreso la pensión por jubilación de acuerdo con el artículo 58, fracción I, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, fecha en la que dicha persona acreditó tener veintiocho años, tres meses y un día de servicio en el Poder Judicial Local.
g. Debido a que se cumplieron los requisitos legales para el procedimiento por medio del cual se le asignan las pensiones por jubilación a los trabajadores de los Poderes del Estado, el Congreso Estatal emitió el decreto fundamentando su actuación en las fracciones II y XX del artículo 40 de la Constitución Estatal, así como en el numeral 57 de la Ley del Servicio Civil de Morelos.
h. Además, puntualizó que el Consejo de la Judicatura tenía la obligación de discutir y aprobar el presupuesto anual del Poder Judicial y remitirlo al Congreso, según los numerales 119 y 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Estatal, así como de los artículos 15, 28, 29 y 30 del Reglamento Interior del referido Consejo de la Judicatura.
i. Por otra parte, en cuanto al estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores del Poder Judicial de la entidad, que deberá ser incluido en las iniciativas de las Leyes de Ingresos y proyectos de presupuesto de egresos en términos de la fracción V del artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la autoridad legislativa evidencia la falta de presentación por parte del Poder promovente de dicho estudio.
j. Aunado a lo anterior, se considera que el ejercicio del presupuesto del Poder Judicial es libre, puesto que el Poder actor inscribió al pensionado en nómina de jubilados y realizó los pagos determinados en el decreto en cuestión. Se precisa que dicho ejercicio deberá ajustarse a los artículos 4 y 33 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.
k. Por tanto, se concluye que el decreto se emitió apegado a las diversas resoluciones de este Máximo Tribunal, considerando que el Poder Judicial Local es el único facultado para determinar su presupuesto interno, así como para presentar el citado estudio actuarial que se incluirá en las iniciativas de las Leyes de Ingresos y proyectos de presupuesto de egresos, lo que se ajustará a lo dispuesto por los artículos 32 de la Constitución Local, 26 y 40 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, así como 1, 38 y 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
13. Cierre de la instrucción. El veintiséis de abril de dos mil dieciocho se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos y, por tanto, se declaró cerrada la instrucción del asunto, por ello se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.(7)
14. Radicación y avocamiento del asunto. El diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, el Ministro instructor solicitó la radicación del asunto en esta Primera Sala, a lo cual recayó el acuerdo del presidente de este Alto Tribunal de veinticinco siguiente, en el que acordó la remisión del asunto a la Primera Sala de este Alto Tribunal para los efectos solicitados.
15. Finalmente, la Ministra presidenta de esta Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y ordenó devolver los autos a esta ponencia para la elaboración del proyecto relativo, mediante acuerdo de cinco de marzo del mismo año.
II. COMPETENCIA
16. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30426-f2587330/i-controversia-constitucional-el-presidente-del-tribunal-superior · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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