RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA DE LA FIRMA DE QUIEN LO INTERPONE POR CORREO ELECTRÓNICO NO TIENE COMO CONSECUENCIA SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ACUERDO GENERAL 13/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL).
RECURSO DE RECLAMACIÓN 12/2020. 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: DANIEL HORACIO ESCUDERO CONTRERAS. SECRETARIA: ALEJANDRA LOYA GUERRERO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.—Estudio. En sus agravios la parte quejosa, ahora recurrente, sostiene que la presidencia de este Tribunal Colegiado no debió admitir a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte tercero interesada, toda vez que el escrito de interposición del citado recurso se presentó por correo electrónico, sin la firma electrónica FIREL o e.firma, ni firma autógrafa.
Ello, pues el mencionado recurso de revisión se presentó en el correo institucional del Juzgado de Distrito y aunque en el escrito de mérito obre sello de recepción de la Oficialía de Partes del Juzgado de Distrito recurrido, ello fue después de haberse impreso el correo electrónico mediante el cual se pretendió interponer el recurso de revisión.
Con lo que dice se contravino el artículo 3o. de la Ley de Amparo, así como los lineamientos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece que para acceder a los servicios que se presten en el Portal de Servicios en Línea, será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial Federal.
Aunado a que las promociones electrónicas deben presentarse por medio de ese Portal de Servicios en Línea y no por correo electrónico.
Cita en apoyo a sus agravios la tesis aislada 2a. XXII/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO. LA FALTA DE FIRMA AUTÓGRAFA O ELECTRÓNICA DE QUIEN INTERPONE UN RECURSO O CUALQUIER OTRO MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA, TIENE COMO CONSECUENCIA SU DESECHAMIENTO."
Los agravios que anteceden son infundados.
En primer término, se debe precisar que la secretaria adscrita al Juzgado de Distrito recurrido, mediante oficio ********** informó a este Tribunal Colegiado de Circuito que mediante proveído de veinticuatro de julio de dos mil veinte, ese órgano jurisdiccional se pronunció respecto a la interposición del recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable, a lo que manifestó que ese recurso se presentó vía electrónica, sin precisar si ello fue mediante correo electrónico, o bien, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, como se advierte de la siguiente transcripción:
"México, (sic) Ciudad de México, a veinticuatro de julio de dos mil veinte.—Agréguese a sus autos el escrito de cuenta presentado vía electrónica, suscrito por **********, apoderado de la autoridad responsable **********, personalidad que tiene debidamente reconocida y acreditada en autos, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución de nueve de julio de dos mil veinte, mediante la cual se proveyó respecto de la suspensión definitiva solicitada; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso a), 84 y 90 de la Ley de Amparo y 37, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios, y una vez que obren en autos las constancias de notificación correspondientes, dentro del plazo de tres días legalmente computados, envíense los archivos electrónicos que integran el presente incidente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno para la sustanciación del recurso de referencia, anexando por separado el escrito de expresión de agravios.—Finalmente, hágase del conocimiento a la parte quejosa que dada la autorización para la consulta al expediente electrónico del incidente de suspensión, se encuentra en aptitud de revisar el escrito de expresión de agravios interpuesto por la autoridad responsable y, por ende, no se le corre traslado con dicho escrito.—Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, por oficio vía correo electrónico a las autoridades responsables y por oficio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno.—Así lo proveyó y firma el licenciado Guillermo Campos Osorio, Juez Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante la secretaria Rosalba Adela Altamirano Guzmán, que autoriza y da fe. Doy fe."
Por su parte, del escrito de agravios remitido por el Juzgado de Distrito se advierte la firma digitalizada de **********, apoderado legal de la recurrente **********.
SE SUPRIMIÓ IMAGEN
No obstante, el escrito de mérito no contiene sello de recepción de la Oficialía de Partes del Juzgado de Distrito recurrido; por lo que mediante proveído de treinta de julio de dos mil veinte, la presidencia de este tribunal requirió al Juez de Distrito a efecto de que remitiera tanto la constancia de notificación a la recurrente de la resolución impugnada, como la fecha en que fue presentado el recurso de revisión.
En cumplimiento a ese requerimiento la autoridad judicial recurrida el treinta y uno siguiente remitió la constancia de notificación a la autoridad responsable e informó que el escrito de expresión de agravios se presentó el veinticuatro de julio de dos mil veinte, como se apreciaba del sello asentado en el escrito de expresión de agravios por la Oficialía de Partes de ese juzgado.
En vista de lo anterior, la presidencia de este órgano colegiado requirió nuevamente a la autoridad recurrida para que remitiera la evidencia de la fecha de presentación del recurso de revisión, en virtud de que del escrito de expresión de agravios no se advertía el sello asentado por la Oficialía de Partes de ese órgano jurisdiccional.
En cumplimiento al requerimiento de mérito, la autoridad recurrida remitió de nueva cuenta la versión digital del escrito de expresión de agravios del que se advierte el sello de recepción de ese juzgado, así como que el mismo se interpuso por medio de correo electrónico.
SE SUPRIMIÓ IMAGEN
SE SUPRIMIÓ IMAGEN
Por auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, la presidencia del tribunal admitió a trámite el recurso de revisión y tuvo como fecha de presentación del citado recurso el veinticuatro de julio de dos mil veinte, en atención a lo manifestado por el juzgado recurrido.
De los antecedentes que fueron narrados con anterioridad se desprende que el escrito de expresión de agravios fue presentado vía electrónica, sin que este órgano jurisdiccional cuente con la constancia de presentación del citado recurso.
Ahora bien, son infundadas las aseveraciones de la parte recurrente, pues si bien es cierto que de las constancias que integran la revisión **********, no se aprecia la evidencia criptográfica de la firma electrónica de quien dijo ser el apoderado de ********** o de quien dice signar el recurso de revisión de mérito, también lo es que dada la situación inédita que prevalece en nuestro país por el fenómeno de salud pública derivado de la pandemia originada por el virus SARS-CoV2, que produce la enfermedad COVID-19 y a fin de observar la política de sana distancia y de reducción de la movilidad necesaria para enfrentar la contingencia, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 13/2020, aprobado en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en el cual en los considerandos séptimo y noveno,(1) se insistió en la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las capacidades productivas de los órganos jurisdiccionales.
De esta manera respecto de la tramitación de los procedimientos y recepción de promociones, los juzgadores constitucionales deberán tomar en consideración: "(i) los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual transgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia, cuya extensión y ramificaciones se apartan de las de un simple receso; y, (ii) los posibles impactos diferenciados e interseccionales sobre el acceso a derechos económicos y sociales para colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad".
Para esos efectos, en la fracción XIX del artículo 2 del citado Acuerdo General(2) se prevé la posibilidad de que los titulares de los órganos jurisdiccionales requieran a las partes para que desde sus primeras promociones proporcionen un número telefónico móvil y una cuenta de correo para establecer el contacto respectivo en los casos que estime necesario, ello con la finalidad sin duda de privilegiar el uso de los medios electrónicos, mientras prevalezca el fenómeno de salud pública aludido en nuestro país o ante cualquier circunstancia que adviertan que impida la prosecución de algún asunto, con la posibilidad, incluso, de suspender plazos y términos procesales, en tanto no existan las condiciones para proseguir con el asunto sin poner en riesgo la salud o integridad de las partes, lo que regula de una manera enunciativa y no limitativa.
De acuerdo con lo indicado, existe la posibilidad de que derivado de la situación inédita de salud, los juzgadores constitucionales puedan implementar en cualquier momento comunicaciones electrónicas con las partes, así como permitir la promoción y aportación de información a través de esas vías, como a la fecha se ha venido realizando en el incidente de suspensión del juicio de amparo indirecto de referencia, en el que se aprecia la realización de diversas comunicaciones vía correo electrónico a la autoridad responsable, así como la rendición del informe previo a través de esa misma vía y que dio origen a la ampliación de la demanda de amparo promovida por **********, ahora recurrente, así como diferentes actuaciones tomadas en cuenta por el juzgador de amparo, ante lo cual, incluso, la moral mencionada no presentó oposición u objeción alguna aceptando tácitamente esa situación.
En esa virtud, tales actuaciones procesales vía electrónica fueron consentidas por la ahora reclamante con lo que operó el principio de adquisición procesal el cual el procesalista Giuseppe Chiovenda lo conceptúa como un derecho importante de las partes derivado de la circunstancia que la actividad de ambas pertenece a una relación única y éste consiste en que los resultados de sus actividades son comunes a las dos partes en juicio.
Es decir, en virtud de tal principio cada una de las partes tiene derecho a utilizar las aportaciones hechas por la contraria, las peticiones que ésta formule y los actos de impulso que realice, como en el caso aconteció que, se reitera, la ahora promovente consintió todas las actuaciones que realizó la institución bancaria señalada como autoridad responsable y que fueron tramitadas vía correo electrónico sin que se hubiera opuesto a ellas alegando la falta de la constancia o evidencia criptográfica de la firma electrónica o rúbrica del apoderado de quien firmó cada una de esas promociones como en su momento lo fue el informe previo, tal como se aprecia de las imágenes que enseguida se reproducen.
SE SUPRIMIÓ IMAGEN
Aunado a lo expuesto cabe señalar que en el recurso de revisión interpuesto por **********, consta la firma de **********, como apoderado legal de la institución bancaria señalada como autoridad responsable, de lo que se infiere una presunción de certeza de que esa signatura autógrafa proviene de su original.
Es de citar por analogía al presente asunto, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 3632, Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, con número de registro digital: 2000130, de rubro y contenido siguientes:
"PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida."
Ello es así, porque estimar lo contrario implicaría contravenir el principio de buena fe procesal emanado de la función judicial, tutelado por el artículo 17 de la Constitución General, conforme al cual el juzgador está obligado a no prejuzgar de falsa la signatura que aparece en la promoción presentada vía correo electrónico, pues éste debe partir de un principio de buena fe procesal que se apoya en la dignidad de las personas y los actos que realizan y que deben ser tratadas como tales, pues es la base con la que actúan las partes y sólo ante la existencia de indicios contrarios a la misma reflejados en el contenido o alcance del documento cuestionado se puede dejar de inferir la presunción de certeza de que la firma que consta en el mismo proviene de su original.
Al respecto es aplicable por analogía la tesis aislada I.7o.C.49 K, visible en la página 1390, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, con número de registro digital: 168826, la cual es del tenor literal siguiente:
"PRINCIPIO DE BUENA FE PROCESAL. EMANA DE LA GARANTÍA DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El principio de buena fe procesal puede definirse, de manera general, como la conducta exigible a toda persona en el marco de un proceso, por ser socialmente admitida como correcta. Generalmente dicho principio no se incluye expresamente en los ordenamientos procesales, sino que resulta por inferencia de las normas que sancionan actos concretos contrarios a la buena fe. No obstante ello, el principio en comento tiene su origen en el derecho de tutela judicial efectiva y está relacionada con los derechos de defensa, igualdad y expeditez en la administración de justicia, porque la posibilidad de acudir a un órgano jurisdiccional para que declare el derecho que le asista a la parte que lo solicite es el medio por el cual el Estado dirime las controversias y, con ello, hacer efectivo el mandato de que ninguna persona pueda hacerse justicia por sí misma."
Por otra parte, la inconforme aduce que el recurso de revisión citado fue admitido sin considerar el principio de instancia de parte previsto por el artículo 3o. de la Ley de Amparo, así como lo establecido en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en relación a que para acceder a los servicios que se presten en el portal en línea las personas interesadas cuenten con una firma electrónica reconocida por el Poder Judicial de la Federación.
Las manifestaciones referidas son infundadas y para ponerlo de manifiesto es menester atender a lo que prevén los ordenamientos legales citados, los cuales establecen:
Ley de Amparo.
"Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito.
"Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente.
"Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna.
"Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.
"La firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales.
"En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes.
"El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso.
"Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la firma electrónica.
"No se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta ley."
Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
"Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General se entenderá por:
"...
"XV. FIREL: Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación.
"XVI. Firma electrónica: documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del firmante con una llave pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un documento electrónico. Para efectos del presente Acuerdo General se comprenden en este concepto la FIREL, la firma electrónica o ‘e.firma’ (antes firma electrónica avanzada o ‘FIEL’), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. Resulta aplicable a esto último lo previsto en el artículo 5, párrafo segundo, del ‘Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico’."
"Artículo 3. La integración y consulta de los expedientes electrónicos regulados en el presente Acuerdo General se regirán por las siguientes bases:
"I. Todo documento que ingrese a un expediente electrónico deberá ser firmado con una firma electrónica que cuente con los permisos necesarios.
"II. El expediente electrónico se integrará cronológicamente con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente respectivo.
"III. La servidora o servidor público fedatario responsable de verificar la coincidencia de contenidos del expediente impreso y del electrónico deberá validar que: (i) toda documentación recibida por vía electrónica se imprima y agregue al expediente impreso, en su caso, con la evidencia criptográfica de la firma respectiva y sin necesidad de certificación o actuación judicial; y (ii) la documentación recibida en formato impreso se digitalice e ingrese al expediente electrónico respectivo mediante el uso de la FIREL, ya sea por parte de la OCC, de la Oficialía de Partes o de la servidora o servidor adscrito al órgano jurisdiccional a quien se haya designado para tal efecto.
"IV. ...
"V. Los documentos electrónicos o digitalizados ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa.
"...
"X. El Sistema Electrónico del PJF llevará un registro puntual de los certificados digitales de firma electrónica mediante los cuales se ingrese o consulte cualquier documento de un expediente electrónico, así como de toda incidencia que resulte relevante para el mejor funcionamiento de los sistemas correspondientes."
Como se observa de los textos transcritos, si bien es cierto que los ordenamientos invocados establecen que en el juicio de amparo podrán tramitarse las promociones siempre y cuando estén firmadas con los medios que la legislación aplicable prevea, así como que para acceder a los servicios que se presten en el portal en línea, será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica reconocida por el Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, por las razones precisadas en párrafos precedentes, en el caso sí se observó el principio de instancia de parte agraviada, previsto por el artículo 3o. de la Ley de Amparo, conforme al cual quien debe promover es aquel que resulte afectado por una actuación procesal en los términos que así lo permitan las disposiciones aplicables al caso, como son las previstas en los considerandos séptimo y noveno del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esto es, a través de la utilización de los medios electrónicos, entre ellos el correo electrónico que en la especie fue utilizado y respecto del cual la ahora reclamante consintió las promociones realizadas por la autoridad bancaria señalada como responsable.
Con base en todo lo expuesto, este Tribunal Colegiado de Circuito arriba a la conclusión de que es acertado que por proveído de presidencia de cuatro de agosto del año en curso se haya admitido el recurso de revisión interpuesto por la autoridad señalada como responsable **********, en contra de la sentencia interlocutoria de nueve de julio de dos mil veinte, en la que se otorgó la suspensión definitiva a la quejosa ********** en el incidente de suspensión del juicio de amparo indirecto **********.
Por las razones apuntadas con antelación no es aplicable en la especie la tesis aislada 2a. XXII/2018 (10a.), que la inconforme invoca, de rubro siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. LA FALTA DE FIRMA AUTÓGRAFA O ELECTRÓNICA DE QUIEN INTERPONE UN RECURSO O CUALQUIER OTRO MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA, TIENE COMO CONSECUENCIA SU DESECHAMIENTO."
Ello se afirma en atención a que el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial mencionada fue emitido con anterioridad al fenómeno inédito por el que atraviesa nuestra Nación con la pandemia referida y de los acuerdos generales aludidos a lo largo de esta ejecutoria y en los que no se otorgaba la posibilidad al juzgador de aplicar un criterio discrecional para tener por presentadas y admitir las promociones que se interpongan utilizando los diversos medios electrónicos que ofrece actualmente la tecnología como es el correo electrónico.
En ese orden de ideas procede declarar infundado el presente recurso de reclamación.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.—Se declara infundado el recurso de reclamación.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución agréguese copia certificada de ésta al recurso de revisión **********, del índice de este órgano jurisdiccional para los efectos legales a que haya lugar; devuélvanse los presentes autos a la Secretaría de Acuerdos de este órgano jurisdiccional y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
Así lo resolvieron, en sesión virtual remota en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus "COVID-19", los integrantes del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados Francisco Javier Sandoval López (presidente) y Manuel Ernesto Saloma Vera, con el voto particular del Magistrado Daniel Horacio Escudero Contreras (ponente).
En términos de lo previsto en los artículos 110, fracción XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: La tesis aislada 2a. XXII/2018 (10a.) citada en esta sentencia, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de abril de 2018 a las 10:10 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53, Tomo I, abril de 2018, página 862, con número de registro digital: 2016528.
Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 citados en esta sentencia, aparecen publicados en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de agosto de 2020 a las 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 77, Tomo VII, agosto de 2020, páginas 6558 y 6630, con números de registro digital: 5473 y 5474, respectivamente.
________________
1. "SÉPTIMO. El Consejo de la Judicatura Federal estima que la continuada prolongación del periodo de contingencia sanitaria le constriñe a fortalecer el nuevo esquema de operación en el ámbito jurisdiccional, manteniendo como eje rector la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, pero dando el paso a una segunda etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional a mayor escala. Como se dijo en los considerandos del Acuerdo General 8/2020, en este equilibrio debe considerarse que el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación tiene efecto expansivo, pues inevitablemente impacta en la actuación de los poderes judiciales locales, de otros órganos jurisdiccionales, de autoridades de todos los ámbitos de Gobierno, y de las personas justiciables y sus representantes y autorizados. Por lo anterior, las medidas que se adoptan en esta nueva etapa se mantienen en consonancia con la política de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia, y se insiste en la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las capacidades productivas de los órganos jurisdiccionales."
"NOVENO. La primera parte del esquema y uno de los elementos fundamentales para garantizar el acceso a la justicia, consiste en la atención ininterrumpida e incondicional a los denominados ‘casos urgentes’. Al respecto, se mantiene la estimación de que el país enfrenta una situación excepcional y sin precedentes, lo cual requiere de precisión y amplitud en torno a lo que debe considerarse urgente de modo que el turno de asuntos bajo el esquema de guardias permita la atención oportuna de esos casos.
"Así, en la línea de los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020 y 10/2020, se reitera que el catálogo de ‘casos urgentes’ retomado de este último no es limitativo, sino que deja lugar al prudente arbitrio de las y los juzgadores para determinar los asuntos que revistan tal carácter, conforme a las leyes que los rijan. Para estos efectos, es necesario enfatizar que las circunstancias que dieron lugar a la emisión de los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020 y 10/2020, y a la adopción de las acciones para atender la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19 son inéditas y extraordinarias, lo que coloca a las y los operadores jurídicos en un terreno completamente novedoso.
"Así, en cada caso, será de la mayor importancia tener presentes los principios constitucionales que rigen la actuación de las Juezas y los Jueces constitucionales, quienes deberán tomar en consideración: (i) los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual transgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia, cuya extensión y ramificaciones se apartan de las de un simple receso; y (ii) los posibles impactos diferenciados e interseccionales sobre el acceso a derechos económicos y sociales para colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad."
2. "Artículo 2. ...
"XIX. En las primeras promociones que recaigan a los asuntos que radiquen, las
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30462-39821fbc/recurso-de-revision-en-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. DEBEN DESECHARSE CUANDO SE INTERPONEN A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL JUZGADO DE DISTRITO. (AMPARO EN REVISIÓN)
- RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SU INTERPOSICIÓN POR VÍA ELECTRÓNICA DEBE REALIZARSE A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, POR LO QUE NO E (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE DAR VISTA AL QUEJOSO PARA QUE EN EL PLAZO DE TRES DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, CONFORME AL ARTÍCULO 64, SEGUNDO (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- RECURSO DE QUEJA ENVIADO AL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL JUZGADO DE DISTRITO. AL NO ESTAR PREVISTA ESA FORMA DE PRESENTACIÓN EN LA LEY DE AMPARO NI EN EL ACUERDO GENERAL 12 (QUEJA)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA DE LA FIRMA DE QUIEN LO INTERPONE POR CORREO ELECTRÓNICO NO TIENE COMO CONSECUENCIA SU DESECHAMIENTO (I.15o.C.37 K (10a.))
- MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. DEBEN DESECHARSE CUANDO SE INTERPONEN A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL JUZGADO DE DISTRITO. (V.2o.P.A. J/2 K (11a.))
- RECURSO DE QUEJA ENVIADO AL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL JUZGADO DE DISTRITO. AL NO ESTAR PREVISTA ESA FORMA DE PRESENTACIÓN EN LA LEY DE AMPARO NI EN EL ACUERDO GENERAL 12 (VII.1o.T.3 K (10a.))
- RECURSO DE QUEJA ENVIADO AL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL JUZGADO DE DISTRITO. AL NO ESTAR PREVISTA ESA FORMA DE PRESENTACIÓN EN LA LEY DE AMPARO NI EN EL ACUERDO GENERAL 12 (VII.1o.T. J/1 K (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis