Corpus
Modo: Corpus Pro

COORDINACIÓN FISCAL. EL SISTEMA NORMATIVO INTEGRADO POR LOS ARTÍCULOS 10-C Y 10-D DE LA LEY RELATIVA NO INVADE LA COMPETENCIA DE LA FEDERACIÓN PARA LEGISLAR Y ESTABLECER TRIBUTOS SOBRE BIENES CUYA ENAJENACIÓN ESTÉ GRAVADA POR LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 371/2021. · Registro digital (IUS): 30472
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-04-01
Promovente: COMERCIAL CITY FRESKO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Abril de 2022, Tomo II, Pág. 1441.

AMPARO EN REVISIÓN 371/2021. COMERCIAL CITY FRESKO, S. DE R.L. DE C.V. 2 DE FEBRERO DE 2022. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: CARLOS ALBERTO ARAIZA ARREYGUE.

Ver índice temático

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al dos de febrero de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 371/2021, interpuesto por Comercial City Fresko, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su representante legal Rodolfo Jesús García Gómez de Parada (recurrente), en contra de la resolución que dictó el treinta de octubre de dos mil veinte el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el expediente JA. 68/2020.

El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si los artículos 10-C y 10-D de la Ley de Coordinación Fiscal son inconstitucionales por invadir las atribuciones en materia impositiva del Congreso de la Unión, al permitir el establecimiento de impuestos locales a la venta o consumo final de bebidas alcohólicas.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Juicio de amparo indirecto. Comercial City Fresko, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y por los actos siguientes:(1)

"III. Autoridades responsables.

"a) El H. Congreso de la Ciudad de México.

"b) La C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

"c) La C. Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

"d) El H. Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores.

"e) El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

"IV. Normas generales y actos reclamados.

"Se reclama de las autoridades que a continuación se indican, los siguientes actos:

"a) Del H. Congreso de la Ciudad de México, se reclama lo siguiente:

"La discusión y aprobación del ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal y se adiciona un párrafo segundo al artículo 7o. de la Ley de Justicia Administrativa’, publicado el 23 de diciembre de 2019, específicamente, por lo que se refiere a la adición de los artículos 164 Bis a 164 Bis 6, a través de los cuales se regula el impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico. Dicho decreto legislativo creó las disposiciones legales que en conjunto con las ‘Reglas de carácter general para la operación y el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico’ y los artículos 10-C y 10-D de la Ley de Coordinación Fiscal, regulan como un sistema normativo la determinación y pago del impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico vigente a partir del 1o. de enero de 2020, por lo que se impugnan como un sistema normativo ...

"b) De la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se reclama lo siguiente: La expedición del decreto promulgatorio citado en el apartado a), publicado el 23 de diciembre de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

"c) De la secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, se reclama lo siguiente:

"La expedición de las ‘Reglas de carácter general para la operación y el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico’, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de enero de 2020 ...

"La recaudación del impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico, conforme a las disposiciones legales que se tildan de inconstitucionales.

"d) Del H. Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, se reclama la discusión, aprobación y expedición del decreto legislativo por el que se reformó la Ley de Coordinación Fiscal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, que adicionó los artículos 10-C y 10-D de la Ley de Coordinación Fiscal. La constitucionalidad de dichas normas se reclama como parte del sistema normativo, conjuntamente con las disposiciones referidas del Código Fiscal de la Ciudad de México. ...

"e) Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se reclama la promulgación y expedición del Decreto legislativo por el que se reformó la Ley de Coordinación Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, que adicionó los artículos 10-C y 10-D de la Ley de Coordinación Fiscal. La constitucionalidad de dichas normas se reclama como parte del sistema normativo, conjuntamente con las disposiciones referidas del Código Fiscal de la Ciudad de México."

2. Conceptos de violación. La quejosa expresó, en síntesis, los siguientes conceptos de violación:

Primero. Las disposiciones reclamadas como sistema jurídico, violan los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, en relación con los artículos 73, fracción VII y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que establecen un impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico, toda vez que la facultad para establecer el tributo sobre dicha materia le corresponde a la Federación; de ahí que invaden la esfera de competencia de ésta.

Al respecto, las disposiciones reclamadas regulan la venta final de bebidas con contenido alcohólico llevada a cabo en la Ciudad de México, lo cual es inconstitucional pues se trata de normas que establecen un impuesto en una materia expresamente reservada a la Federación, por lo que existe invasión competencial pues en términos de lo previsto en los artículos 1 y 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, esa actividad ya está gravada por la autoridad federal, de tal suerte que las normas cuestionadas gravan esa misma actividad, no obstante que la Federación es quien constitucionalmente tiene reservada tal potestad tributaria específica.

Además, no obstante el artículo 10-C de la Ley de Coordinación Fiscal establece la facultad a las entidades federativas, a fin de expedir disposiciones legales que gravan la venta o consumo final de bienes, como la enajenación de bebidas alcohólicas dentro de sus territorios; sin embargo, dicha disposición legal no puede estar por encima de los preceptos constitucionales, en concreto, de lo establecido en los dispositivos 73 y 124.

Asimismo, los numerales reclamados en relación con los artículos 10-C y 10-D de la Ley de Coordinación Fiscal (como parte del sistema normativo reclamado), al otorgar a los Estados una facultad en materia impositiva ya ejercida por la Federación, resultan contrarios a lo establecido por los preceptos constitucionales 73 y 124.

El artículo 10-C de la Ley de Coordinación Fiscal al prever la posibilidad de que las entidades federativas incorporen un impuesto a la enajenación de bebidas dentro de sus territorios y que ello se materialice a través de las disposiciones reclamadas, contraviene lo dispuesto en los numerales 73, fracción VII y 124 de la Constitución, que delimitan de manera precisa la competencia tributaria de los niveles de Gobierno Federal y Estatal, sin ser posible que tan solo con un fin recaudatorio se pretenda pasar por alto la directriz constitucional aludida.

Además, al estar vigente la obligación de pago del impuesto local, creado al amparo del artículo 10-C de la Ley de Coordinación Fiscal, se contraviene el Pacto Federal, que precisamente pone un límite a la potestad tributaria, a fin de que no concurran dos niveles de gobierno a gravar actos que son facultad exclusiva de alguno de ellos, en el caso, de la Federación, al ejercer dicha facultad exclusiva a través de la creación del impuesto especial sobre producción y servicios (federal) sobre la enajenación de bebidas alcohólicas.

Segundo. Los artículos 164 Bis al 164 Bis 6 del Código Fiscal de la Ciudad de México y las Reglas de Carácter General reclamadas, así como la fracción II del artículo 10-C de la Ley de Coordinación Fiscal, trastocan el derecho fundamental de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque el artículo 164 Bis 3 del Código Fiscal de la Ciudad de México y la fracción II del artículo 10-C, de la Ley de Coordinación Fiscal, establecen una tasa fija general del 4.5% sobre el precio de la venta final de cualquier bebida con contenido alcohólico, sin importar la graduación alcohólica que contengan las mismas dentro del rango de 3º G.L. hasta 55º G.L. o en el caso de aguardiente y concentrados de bebidas alcohólicas, sin límite de graduación alcohólica, lo que tiene como consecuencia que no se observe un factor fundamental en la determinación del precio total de dichas bebidas y, por consiguiente, los contribuyentes se encuentren obligados a considerar una base gravable que no atiende a su verdadera capacidad contributiva.

Ello porque las disposiciones reclamadas no gravan de manera proporcional la venta final de bebidas con contenido alcohólico pues dicho impuesto, en la forma que está estructurado, no atiende a la graduación alcohólica que tienen dichos bienes; es decir, el impuesto debiera gravar en mayor medida a las bebidas alcohólicas con mayor alcohol al representar un mayor daño en la salud de la población.

Lo anterior genera que la misma tasa del 4.5% sea aplicada a todas las bebidas alcohólicas, con independencia de su graduación particular de alcohol, generando que la base gravable no atienda a la verdadera capacidad contributiva del sujeto pasivo, máxime que la elaboración de dichas bebidas implica la erogación de gastos diversos que se reflejan en la graduación alcohólica de cada bebida.

En apoyo a lo expresado en dicho planteamiento, la quejosa cita lo considerado por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 66/2006, en donde se resaltó la graduación alcohólica de las bebidas como uno de los factores a considerar para determinar la base gravable de los tributos sobre esos bienes.

Agrega que el objeto del tributo de la venta final de bebidas con contenido alcohólico previstos tanto en la norma local como en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, es la enajenación de dicho producto, mientras que conforme a la exposición de motivos de la Ley de Coordinación Fiscal se reconoció que los bienes susceptibles de ser gravados en términos de su artículo 10-C tienen un alto potencial recaudatorio y que son nocivos para la salud, lo cual exige una política pública comprometida con la protección de la colectividad como es la adopción de políticas tributarias que incidan en esos bienes.

De ello se sigue que una bebida alcohólica con mayor graduación de alcohol, es más nociva y, por tanto, amerita ser gravada con un mayor porcentaje y no así en la misma proporción, como sucede en la especie.

Luego, dado que tanto el impuesto previsto en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios como el establecido en el sistema normativo reclamado gravan la misma fuente de riqueza y tienen en común el mismo objeto y base, entonces es claro que se vulnera el derecho fundamental de proporcionalidad tributaria al establecerse una doble tributación que causa que el tributo sea exorbitante.

Tercero. Los artículos 164 Bis al 164 Bis 6 del Código Fiscal de la Ciudad de México y las Reglas de Carácter General reclamados violan el derecho fundamental de legalidad y seguridad Jurídica tutelados en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los dispositivos 10-C y 10-D, de la Ley de Coordinación Fiscal. Lo anterior, porque las disposiciones reclamadas gravan bienes que se encuentran reservados a la Federación, por lo que existe una invasión de esferas de competencia tributaria.

Existe ambigüedad creada por la definición de venta final ya que no da certeza jurídica sobre quién es el sujeto obligado a pagar el impuesto, lo que genera inseguridad jurídica, considerando sobre todo que el artículo 10-D de la Ley de Coordinación Fiscal no define tal concepto.

Asimismo, las normas reclamadas definen el concepto de venta final de tal manera que generan incertidumbre sobre el momento de causación del impuesto reclamado, aun y cuando el artículo 10-D de la Ley de Coordinación Fiscal no define tal concepto.

Incluso, el impuesto reclamado se aplica en dos o más etapas del proceso de comercialización; situación que contraviene los lineamientos establecidos en la fracción VII del artículo 10-C de la Ley de Coordinación Fiscal; ello porque "venta final" puede entenderse la que se realiza con el público en general por parte de las tiendas, es decir, la que está destinada al consumo del producto, o bien, la que se realiza entre el importador, envasador, o productor con la tienda para su posterior venta. Así, ante la indefinición de tal concepto, se produce inseguridad jurídica del momento en que se causará el impuesto controvertido.

Existe discrepancia del momento de causación del impuesto entre las disposiciones reclamadas y la Ley de Coordinación Fiscal, pues las disposiciones reclamadas sujetan la causación del tributo al momento en que el enajenante reciba el precio de la venta final de las bebidas con contenido alcohólico, lo que contraviene los lineamientos establecidos en el artículo 10-C, de la Ley de Coordinación Fiscal.

Igualmente, el faltante de inventario o el consumo propio de las bebidas con contenido alcohólico no está previsto en la Ley de Coordinación Fiscal como un supuesto equiparable a la venta final, con lo que también se genera inseguridad jurídica.

Cuarto. Los artículos 164 Bis al 164 Bis 6 del Código Fiscal de la Ciudad de México y las Reglas de Carácter General trastocan los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no establecen la definición de "público en general", el cual es necesario para determinar el momento de causación del gravamen cuestionado.

Sin embargo, el código tributario local es omiso en definir tal concepto o en hacer alguna referencia a otro ordenamiento jurídico para dar un sentido a ese concepto, lo cual genera inseguridad jurídica al desconocerse con precisión el sujeto causante del tributo.

Quinto. Las disposiciones reclamadas del Código Fiscal de la Ciudad de México y las Reglas de Carácter General son violatorias del derecho fundamental de legalidad y seguridad porque el impuesto no cumple su destino acorde con lo previsto en el último párrafo del artículo 10-C de la Ley de Coordinación Fiscal, esto es, que las Alcaldías de la Ciudad de México reciban como mínimo el 20% de la recaudación que corresponde a dicho impuesto.

Ello, pues en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2020 se omite señalar la manera en la que lo recaudado por dicho impuesto será destinado a cumplir con lo expuesto en la exposición de motivos, así como con lo establecido en el artículo 10-C de la Ley de Coordinación Fiscal, lo cual genera incertidumbre en tanto que desconoce si efectivamente se cumplirá o no el fin extrafiscal señalado en la exposición de motivos, esto es, que lo recaudado por el impuesto se destinaría a prevenir el consumo de bebidas alcohólicas.

Sexto. Las disposiciones reclamadas del Código Fiscal de la Ciudad de México y las Reglas de Carácter General son violatorias del derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica porque no atienden los lineamientos establecidos en los artículos 10-C y 10-D de la Ley de Coordinación Fiscal pues no realizan una remisión expresa a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a efecto de que se apliquen las definiciones establecidas en dicha ley para efectos del impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico.

A fin de cumplir con la obligación establecida en el artículo 10-D de la Ley de Coordinación Fiscal, los preceptos a través de los cuales se imponga un impuesto local de conformidad con el numeral 10-C de la referida legislación, forzosamente deben hacer referencia al precepto legal de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, cuya definición resulte aplicable a fin de exponer con claridad el significado de los preceptos utilizados al establecer el impuesto local.

Séptimo. Violación a los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica porque el decreto que contiene las normas reclamadas derivó de procedimientos legislativos con vicios con potencial invalidatorio que transcendieron de modo fundamental dicho proceso, específicamente por lo que hace a la falta de distribución del dictamen o dictámenes con la anticipación prevista en el artículo 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y la dispensa de ese trámite no se justificó con una razón de urgencia.

En el caso, no fueron distribuidos los dictámenes con la anticipación de cuarenta y ocho horas prevista en el artículo 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y la dispensa de ese trámite no se justificó con una razón de urgencia.

Esto es, los dictámenes del decreto impugnado no fueron entregados con cuarenta y ocho horas antes de la sesión correspondiente, como lo establece el artículo 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y la dispensa de la distribución de los dictámenes no fue motivada adecuadamente por la mayoría legislativa en términos de una razón de urgencia como lo señala la jurisprudencia de rubro: "DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA. SU FALTA DE MOTIVACIÓN NO SE CONVALIDA POR LA VOTACIÓN DE LA MAYORÍA O UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA."

3. Sentencia. La demanda fue turnada y, previo cumplimiento de las prevenciones formuladas por la Jueza de Distrito,(2) se admitió a trámite(3) para posteriormente dictar sentencia(4) en la cual se sobreseyó y negó el amparo, esencialmente, por lo siguiente:

• Sobreseyó respecto del acto consistente en la recaudación del impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico, atribuido a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, quien manifestó que dicho acto no era cierto, sin que la quejosa ofreciera algún medio idóneo de prueba para acreditar su existencia; por lo que estimó actualizada la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.

• Los argumentos del primer y tercer conceptos de violación resultaron infundados porque de lo dispuesto en el artículo 124 constitucional (que establece la distribución de facultades para legislar en materia contributiva y precisa que las facultades que no están expresamente concedidas a funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados); de las fracciones VII y XXIX numeral 5, ambas del artículo 73 constitucional (facultades genéricas y especiales del Congreso de la Unión para establecer contribuciones); 117 y 118 constitucionales (la facultad para legislar en materia impositiva no siempre es exclusiva de la Federación, sino que en ocasiones concurre con los Estados); 10-C y 10-D de la Ley de Coordinación Fiscal (las entidades podrán establecer impuestos locales a la venta o consumo final de bienes cuya enajenación se encuentre gravada en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios); determinó que las Legislaturas Estatales pueden establecer impuestos a la venta o consumo final de: a) bebidas con contenido alcohólico y cerveza, b) alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, c) tabacos labrados, d) gasolinas y e) diésel, siempre que no se trate de bienes cuyo gravamen se encuentre reservado a la Federación; es decir, que no se trate de impuestos locales en las materias previstas en la fracción XXIX del artículo 73 constitucional, de ahí que los artículos impugnados no invaden la esfera de competencia de las Legislaturas Locales ni transgreden su soberanía en materia impositiva. Así, no existe la invasión de competencias que se atribuye al Congreso de la Ciudad de México, porque sí puede legislar sobre bebidas con contenido alcohólico.

Al resolver el amparo en revisión 198/2010, la Segunda Sala determinó que la facultad establecida en el artículo 10-C de la Ley de Coordinación Fiscal para que las Legislaturas puedan fijar impuestos locales a la venta o consumo final de los bienes cuya enajenación se encuentre gravada por la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, siempre que no se trate de los bienes cuyo gravamen se encuentre reservado a la Federación, se refiere a la posibilidad de establecer normas generales en las materias que son concurrentes con la Federación, sin que se permita que recaigan sobre el mismo objeto tributario, evitando así una doble o múltiple imposición, aunque sí inciden sobre la misma fuente, lo cual no es incorrecto ya que ésta, por su propia naturaleza, puede ser gravada por varios tributos a la vez desde distintos puntos de vista, como lo son la producción, la enajenación, el consumo, etcétera, sin que como se señaló, ello sea irregular porque de esta forma se gravan objetos distintos.

Así, no asiste razón a la quejosa porque si bien es cierto que se ampliaron las potestades tributarias de los Estados para legislar en materia de bebidas con contenido alcohólico, también lo es que hay una limitante en el ejercicio de sus facultades impositivas concurrentes respecto del objeto gravado a nivel federal –enajenación en general–, evitando así una doble o múltiple tributación.

• Para determinar la calificación del quinto concepto de violación, a partir del contenido e interpretación del artículo 16 constitucional que consagra el mandato de legalidad, la Jueza precisó que éste forma parte de la exigencia genérica de seguridad jurídica la cual se integra por los derechos fundamentales de audiencia, fundamentación y motivación, formalidades del acto autoritario y legalidad. Señaló que todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado y que, tratándose de actos de autoridades legislativas, la exigencia de legalidad incluye los requisitos de fundamentación y motivación, se satisface siempre que ellas actúen dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución de que se trate expresamente les confiera –fundamentación– y que las leyes respectivas que emitan se refieran a relaciones sociales que reclamen ser jurídicamente reguladas –motivación–, sin que esta circunstancia implique que todas y cada una de las disposiciones que den cuerpo a esas leyes deban contener ineludiblemente una motivación específica. De manera que, ni en la iniciativa de una ley ni en el texto de ésta, es indispensable expresar la fundamentación y motivación de la propia ley, por lo que para la satisfacción de tales requisitos, es innecesario que en el texto del acto promulgatorio se citen los preceptos legales que facultaron al Poder Ejecutivo Federal o Estatal para realizarlos, ni las razones que lo llevaron a concluir que se cumplieron las formalidades exigidas para la expedición de la ley y que ésta no es violatoria de derechos fundamentales.

Sobre esa base, estimó que la exigencia de fundamentación y motivación estuvo colmada porque el acto reclamado a la autoridad legislativa fue emitido dentro de los límites de las atribuciones conferidas en la Constitución Federal y en las disposiciones locales, sin que ello implique que todas y cada una de las disposiciones que den cuerpo a esas leyes deban ser materia de una motivación específica. A pesar de que no existe una obligación para el órgano legislativo de exponer específicamente una motivación en el proceso de creación de las normas reclamadas, se puede advertir que en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México, está inmersa una motivación en torno a la finalidad de recaudar el impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico.

• Respecto de los conceptos de violación identificados como cuarto y sexto, la Jueza consideró que a partir del contenido del principio de legalidad tributaria y del criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consistente en que no se puede pretender que el legislador defina, como si fuera un diccionario, cada una de las palabras que emplea, si las que eligió tienen un uso que revela que en el medio son de clara comprensión. Precisó que la Primera Sala estableció que ninguno de los artículos de la Constitución Federal establece como requisito para el legislador que en cada uno de los ordenamientos secundarios defina los vocablos o locuciones utilizados.

Además, indicó que del contenido de los artículos 10-C y 10-D, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal (en que se establece que las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrán establecer impuestos locales a la venta o consumo final de los bienes cuya enajenación grava la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), así como de los artículos 164-Bis al 164-Bis 6 del Código Fiscal de la Ciudad de México (elementos del impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico), por cuanto hace a la expresión "venta final", los artículos 164 Bis 1 de la codificación fiscal local y el numeral segundo de las reglas de carácter general impugnadas, precisan que ésta es la que se efectúa en el territorio de la Ciudad de México cuando en el mismo se hace la entrega material de la bebida por parte del importador, productor, envasador o distribuidor, para su posterior venta al público en general o consumo.

En relación con la expresión "público en general", destacó que el Máximo Tribunal precisó que la venta final al público en general hace referencia al consumidor final que adquiere el bien para su propio uso y no para su venta posterior (a partir de la jurisprudencia 2a./J. 106/2014, de título y subtítulo: "IMPUESTO A LA VENTA FINAL AL PÚBLICO EN GENERAL DE GASOLINAS O DIÉSEL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. COMO EL HECHO IMPONIBLE SE ACTUALIZA AL REALIZARSE LA VENTA FINAL DEL COMBUSTIBLE AL ‘PÚBLICO EN GENERAL’, Y ESA FRASE EQUIVALE A ‘CONSUMIDOR FINAL’, ES IRRELEVANTE SI LOS COMPROBANTES QUE AMPARAN LA OPERACIÓN CONTIENEN O NO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.";(5) por lo que concluyó que no tuvo razón la quejosa al afirmar que existe ambigüedad creada por la definición de venta final y que, al definir ésta, genera incertidumbre sobre el momento de causación por no establecer la definición público en general.

Por ello, contrariamente a lo que alegó la quejosa en el tercer concepto de violación la norma reclamada no genera incertidumbre sobre el momento de causación del impuesto reclamado, ni existe discrepancia del momento de causación, pues las disposiciones reclamadas sujetan la causación del tributo al momento en que el enajenante reciba el precio de la venta final de las bebidas con contenido alcohólico.

• Respecto del segundo concepto de violación, la juzgadora estimó que del contenido del artículo 10-C de la Ley de Coordinación Fiscal, el legislador federal estableció las principales características que deberá tener el tributo local, lo que se justifica en el propio Sistema Nacional de Coordinación Fiscal con motivo del cual los Estados limitan el ejercicio de sus facultades impositivas concurrentes respecto de los objetos gravados por la Federación, obteniendo una parte de la recaudación.

Por lo que declaró infundado lo argumentado, porque el establecimiento de la tasa del 4.5% deriva de lo dispuesto en el artículo 10-C de la Ley de Coordinación Fiscal que dispone que si la entidad federativa opta por fijar impuestos locales a la venta o consumo final de los bienes cuya enajenación estuviese gravada por la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la regulación local debe observar, entre otras características, que "la tasa única aplicable sea del 4.5% sobre el precio de enajenación del bien de que se trate".

• En relación con los argumentos relativos a la doble tributación y sobre la aplicación del impuesto en dos o más etapas del proceso de comercialización, expuestos en parte de los conceptos segundo y tercero, lo declaró infundado porque la facultad establecida en el artículo 10-C de la Ley de Coordinación Fiscal, no ocasiona un quebranto en las facultades legislativas porque se refiere a la posibilidad de establecer normas generales en las materias que son concurrentes con la Federación, impidiendo que recaigan sobre el mismo objeto tributario para evitar doble o múltiple imposición, pero que sí incide en la misma fuente ya que ésta puede ser gravada por varios tributos a la vez desde diferentes puntos de vista: producción, enajenación, consumo, etcétera, lo que no es irregular.

En el caso, la facultad no se autoriza sobre el mismo objeto, pues el hecho imponible en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios es la enajenación en general, mientras que en el precepto impugnado no se permite gravar cualquier enajenación, sino sólo la venta o consumo final.

Enseguida, declaró infundado lo alegado en el sentido de que el faltante de inventario o el consumo propio de bebidas alcohólicas no se prevé en la Ley de Coordinación Fiscal como supuesto equiparable a la venta final, lo que transgrede el principio de legalidad, pues aunque ese cuerpo normativo no lo prevé, las Legislaturas Locales tienen facultad para legislar en la materia que no está reservada expresamente a la Federación, por lo que la obligación de llevar una relación detallada de todas las bebidas con contenido alcohólico en envase lleva implícito el faltante de inventario, porque se considera que fueron vendidos a un adquirente final quien debió pagar el impuesto. Por cuanto hace al consumo propio, consideró que quien debe cubr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30472-ba73176a/coordinacion-fiscal-el-sistema-normativo-integrado-por-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.