IMPUESTO A LA VENTA FINAL AL PÚBLICO EN GENERAL DE GASOLINAS O DIÉSEL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. COMO EL HECHO IMPONIBLE SE ACTUALIZA AL REALIZARSE LA VENTA FINAL DEL COMBUSTIBLE AL "PÚBLICO EN GENERAL", Y ESA FRASE EQUIVALE A "CONSUMIDOR FINAL", ES IRRELEVANTE SI LOS COMPROBANTES QUE AMPARAN LA OPERACIÓN CONTIENEN O NO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
IMPUESTO A LA VENTA FINAL AL PÚBLICO EN GENERAL DE GASOLINAS O DIÉSEL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2o. A, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. COMO EL HECHO IMPONIBLE SE ACTUALIZA AL REALIZARSE LA VENTA FINAL DEL COMBUSTIBLE AL "PÚBLICO EN GENERAL", Y ESA FRASE EQUIVALE A "CONSUMIDOR FINAL", ES IRRELEVANTE SI LOS COMPROBANTES QUE AMPARAN LA OPERACIÓN CONTIENEN O NO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 187/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: AURELIO DAMIÁN MAGAÑA.
CONSIDERANDO:
(6) PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo,(1) publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente de su publicación, en los términos del artículo primero transitorio de dicha ley,(2) y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) reformada el dos de abril de dos mil trece, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, de trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de los mismos mes y año, y vigente a partir del veintidós siguiente, y el artículo 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el presente asunto versa sobre la posible contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de diferente circuito, y se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
(7) Resulta aplicable, la tesis del Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, que enseguida se transcribe:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito." (Registro IUS: 2000331. Tesis P. I/2012. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, materia común, página 9)
(8) SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima.
(9) El artículo 227, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente de su publicación, establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito, o sus tribunales de diversa especialidad, así como entre los Tribunales Colegiados de diferente circuito, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Ministros, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, que hayan sustentado las tesis discrepantes, el procurador general de la República, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron.
(10) En el caso, la denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, cuyo órgano intervino en uno de los asuntos que originaron los posibles criterios en contraposición, por lo que cabe concluir que la denuncia proviene de parte legítima.
(11) TERCERO. Con el propósito de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
(12) El Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 3/2014, en sesión de nueve de mayo de dos mil catorce, sostuvo en la parte que interesa, lo siguiente (fojas 36 a 54 del presente toca):
"Noveno. ... Así, el particular está obligado al pago de las cuotas a que se refiere el artículo 2o. A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, por las compras de gasolina y/o diésel que realiza como consumidor final, en razón de que el término ‘público en general’, efectivamente debe entenderse como cualquier sujeto que tenga el carácter de consumidor final, entendiéndose por esto, aquellos consumidores que no tengan la posibilidad de comercializar posteriormente el producto; sin que sea necesario acudir a otras disposiciones, como las contenidas en el Código Fiscal de la Federación, para precisar el concepto de que se trata, pues la precisión de ‘público en general’ que señala dicho código, no está vinculada con la connotación que se le da en el artículo 2o. A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
"Ello es así, ya que de la interpretación de ese numeral, se advierte que el concepto de ‘público en general’, va dirigido a diferenciar la actividad del sujeto pasivo causante del impuesto de mérito, con la actividad que se grava en la fracción I, de dicho precepto legal, en el cual, se prevé una tasa general tratándose de la enajenación de gasolina y diésel que realicen las agencias de ventas de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.
"Esto es, la fracción I del artículo que se analiza, regula la tasa aplicable para la venta de gasolina y diésel que realiza Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios a estaciones de servicio y demás distribuidores autorizados. Por su parte, la fracción II establece una cuota adicional para las ventas que se realicen al consumidor final, denominándolas ‘venta final al público en general’. Sin embargo, este concepto no va encaminado a seguir las normas del Código Fiscal de la Federación, para definir lo que debe entenderse por público en general sino únicamente tiende a distinguir la enajenación en general que puede efectuarse de dichos productos a estaciones de servicios y demás distribuidores autorizados, con aquellas que se realizan al consumidor final.
"...
"Siendo irrelevante que la norma no defina de manera precisa qué debe entenderse por ‘público en general’, pues como se cita en el ejecutoria de mérito, son propiamente las estaciones de servicio aquellos establecimientos que enajenan esos bienes (gasolina y diésel) al público en general, de modo que la contribuyente -como la hoy quejosa- no sufre impacto económico, al respecto, sino que recae sobre el consumidor final.
"...
"Es así, porque contrario a lo manifestado por la parte quejosa en el concepto de violación antes señalado, la resolución que se reclama no es contraria a derecho ni a la interpretación jurídica, dado que la autoridad responsable para concluir que el impuesto a la venta final del público en general en territorio nacional de gasolina y diésel, establecido en el artículo 2o. A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se refiere precisamente al consumo o venta final de esos productos, por lo que resultaba intrascendente el tipo de comprobante expedido e innecesaria la remisión a los artículos 19 de la propia ley, y 14 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.
"En otras palabras, el motivo de disenso es ineficaz, pues si bien, el artículo 2o. A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, como ya se precisó, no define qué se entiende por público en general, de su vinculación con el artículo 8, fracción I, inciso a), de la propia legislación, el cual remite a aquél, válidamente se concluye que, por venta final al público general debe entenderse, la que se realiza con el consumidor final de la gasolina o diésel, independientemente del comprobante fiscal que pueda ser expedido por la enajenación, es decir, simplificado o con todos los requisitos fiscales.
"En efecto, el artículo 2o. A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil siete, establece lo siguiente:
"‘Artículo 2o. A.’ (se transcribe)
"La disposición transcrita contempla el impuesto a la venta final al público en general en territorio nacional de gasolinas y diésel, en vigor a partir del ejercicio fiscal de dos mil ocho, el cual establece tasas fijas que deben aplicarse por cada litro de combustible enajenado para calcular el importe del impuesto causado.
"En relación al tema, esto es, sobre el contenido del artículo 2o. A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, como previamente se indicó, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2008, señaló que al referirse al impuesto adicional a la venta final al público en general en territorio nacional de gasolinas y diésel, lo hace en relación al universo de personas que consumen dichos combustibles en nuestro país, y no solamente a las que pudieran considerarse público en general en los términos pretendidos por la quejosa, es decir, aquellas que no obtienen un comprobante que reúna todos los requisitos del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.
"...
"Igualmente, en cuanto a la definición de ‘público en general’, se destaca que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria en la cual resolvió el amparo en revisión 2047/2009, estableció que si bien la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios no define quién es el ‘público en general’ a quien se realiza la venta de los combustibles mencionados, basta atender a lo dispuesto en el artículo 2o. A, fracción II, párrafo cuarto, de la citada ley, para advertir que define a las estaciones de servicio, como la quejosa, como aquellos establecimientos en que se realice la venta al público en general de gasolina y diésel, para concluir que el ‘público general’, en ese contexto, es cualquier persona que adquiera en dichos establecimientos gasolina o diésel; que además atendiendo a lo establecido en el quinto párrafo del numeral 7o. de la ley señalada, es dable concluir que también tendrá el carácter de ‘venta final al público en general’ el autoconsumo de gasolina o diésel que se realice por las estaciones de servicio y por los distribuidores autorizados por Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, con excepción de aquellas que se realicen en estaciones de servicios que no vendan combustibles al público en general, como se corrobora de la parte conducente de esa ejecutoria, que enseguida se transcribe:
"...
"Entonces, contrario a lo que aduce la quejosa, se considera como ‘público en general’ a cualquier persona que adquiera en las estaciones de servicio, los combustibles consistentes en gasolina y diésel.
"Por ello, resulta irrelevante la distinción que hace la parte quejosa por cuanto a quienes ésta considera como público en general partiendo del hecho de que es a quienes les expide comprobantes fiscales, para considerar que las cuotas a las que se refiere la fracción II, del artículo 2o. A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, únicamente son aplicables a aquellas operaciones relacionadas con la venta final al público en general en territorio nacional de gasolinas y diésel, por las que no se expidan comprobantes con los requisitos fiscales previstos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, pues el referido artículo 2o. A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en ningún momento hace tal distinción; de ahí que es inexacto que no cualquier venta es objeto del impuesto, sino sólo las ventas finales al público en general realizadas en territorio nacional de gasolinas y diésel, y no respecto de las que se expidieron comprobantes fiscales, pues como se expuso, no existe fundamento alguno para hacer tal distinción o para complementar la regla de causación con una disposición no contemplada en forma específica y tampoco para considerar que dicho impuesto no se trata de una contribución y no le son aplicables las reglas previstas en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación.
"En otras palabras, no es necesario acudir a la definición de público en general que establecen los artículos 14, antepenúltimo párrafo y 29-A del Código Fiscal de la Federación, ni al diverso ordinal 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para poder considerar que las cuotas a las que se refiere la fracción II, del artículo 2o. A de este último ordenamiento legal, únicamente cobran vigencia en aquellas operaciones a la venta final al público en general en territorio nacional de gasolinas y diésel, por las que no se expidan comprobantes con los requisitos fiscales previstos en el artículo 29-A de la codificación fiscal, pues tal como se determinó en la sentencia reclamada, la disposición de que se habla en ningún momento hace la remisión al Código Fiscal de la Federación, que la quejosa pretende, de donde se concluye que no existe fundamento alguno para hacer la remisión o complementar la disposición con una disposición no contemplada por el legislador en forma específica.
"A fin de evidenciar la circunstancia antes mencionada, esto es, que al crearse la norma de que se viene hablando, no fue la intención del legislador el que tal disposición se complementara con lo dispuesto en los numerales 14 y 29 del Código Fiscal, basta citar el contenido de los artículos 7o., párrafos cuarto y quinto y 8o., fracción I, inciso d), de la propia Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para poner en evidencia, que tratándose de ventas al público en general, incluso se equiparó a la enajenación el autoconsumo de combustible por quienes estén autorizados a su comercialización y por otra parte, el propio legislador distinguió, especificando que la comercialización de cerveza, bebidas refrescantes, puros y otras tabacos labrados (sic), así como las de los bienes que se refieren al inciso f), de la fracción I, del artículo 2o. de esa ley, no pagarían el impuesto establecido en esa ley, y que no se incluyeron enajenaciones efectuadas con el público en general, cuando por éstas se expidan comprobantes que cumplan con los requisitos que se refiere el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, consideración que no fue hecha respecto a la comercialización de los combustibles de que se viene hablando.
"...
"Así, los ordinales de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, antes transcritos, dejan en evidencia, que la intención del legislador, al contemplar los actos de comercialización de los combustibles de que se habla, cuando tengan como destinatario final el público en general, para que se considere como enajenación, no condicionó la venta, a que por ésta se expidieran o no los comprobantes fiscales requisitados en términos del artículo 29-A de la codificación fiscal, sino que, el hecho imponible en la ley fue contemplado en forma genérica como comercialización de combustibles, siendo solamente la distintiva el que se realice la venta final al público en general -que es cualquier persona que adquiera en dichos establecimientos gasolina o diésel-, dentro del territorio nacional, lo que inclusive se aprecia en el quinto párrafo del artículo 7o. de la ley mencionada, que dispone que también tendrá el carácter de ‘venta final al público en general’, el autoconsumo de gasolina o diésel que efectúen las estaciones de servicio y los distribuidores autorizados por Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, con la salvedad precisada -de aquellas que se realicen en estaciones de servicio que no venda combustibles al público en general-.
"De lo anterior se evidencia, que el legislador no hizo excepción alguna respecto a la generación de los impuestos por comercialización de los combustibles de que se habla y el contenido del artículo 2o. A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de modo alguno se puede considerar como una disposición de remisión, que nos conduzca a complementar su texto con las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, como pretende la quejosa, toda vez que esa disposición se estableció considerando como destinatario final a aquella persona en la que repercutirá finalmente la contribución sin hacer distinción al tipo de comprobante que se pudiera generar por la comercialización. Esto es, sólo se contempló al público en general como el consumidor final de los combustibles distinguiendo así la comercialización final, con la que pudiera generarse entre Petróleos Mexicanos y los diversos distribuidores del combustible.
"Por tanto, resulta acertada la conclusión a la que arribó la responsable, en el sentido de que el impuesto se genera por la venta final al público en general, con independencia de que en su comercialización medie o no algún comprobante que satisfaga los requisitos que establece el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.
"Máxime que en la comercialización de los combustibles de que se viene hablando, no podría extenderse el comprobante a que se refiere esta última disposición, pues si el comprobante de venta en términos del numeral 29-A, debe contener el nombre denominación o razón social, domicilio fiscal del contribuyente, clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien lo expide, número de folio, lugar y fecha de expedición, Registro Federal de Contribuyentes del adquirente, cantidad y clase de mercancías o descripción de servicio que ampare, valor unitario, así como el monto de los impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales deban trasladarse, desglosado por tasa de impuesto, etcétera; es inconcuso que quienes se dediquen a la enajenación de combustibles, no estarían en aptitud de generar el comprobante de venta a que se refiere dicha disposición, satisfaciendo todos estos requisitos, en tanto que, por disposición expresa contenida en la propia fracción II, del artículo 2o. A de la ley de que se habla, cuando realicen ventas de combustible al público en general, si bien tienen la obligación de hacer el traslado del equivalente al impuesto establecido en la propia ley, ‘... en ningún caso lo harán en forma expresa y por separado’; sino que ‘... El traslado del impuesto a quien adquiera gasolina y diésel se deberá incluir en el precio correspondiente ...’, por ende, la propia ley impide la emisión de comprobantes con el desglose de los impuestos que la compraventa genere, y en la misma medida, debe entenderse que un comprobante que ampare dicha compraventa, no podría considerarse que satisface los requisitos del numeral 29-A del Código Fiscal de la Federación, por lo que la remisión o complementación que pretende la quejosa no es factible.
"De lo anterior se sigue, que en contravención a lo que menciona la solicitante del amparo, la Sala Fiscal responsable acorde al texto de la norma, estableció en forma expresa el alcance de la norma, sin ampliar ni restringir, y menos cambiar su contenido, y el hecho de que no se considerara viable la remisión que las disposiciones fiscales que sugería la quejosa, como es el Código Fiscal de la Federación, no implica que de modo alguno tergiverse el sentido o finalidad de la norma, pues al efecto, en forma profusa, se explican y motivan las razones por las que es improcedente la interpretación que la peticionaria pretende se haga.
"...
"En consecuencia, si las razones expuestas por la responsable son eficaces para evidenciar que el texto del artículo 2o. A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al establecer como destinatario en las ventas finales al público en general, gravó cualquier venta que de combustible se realice en territorio nacional, en los supuestos en los que el consumidor final sea precisamente el público en general, entendiéndose como éste cualquier persona que adquiera en dichos establecimientos gasolina o diésel y no lo comercializará a su vez, sino que, en él impactará el impuesto, con independencia de que en el acto se generen o no los comprobantes fiscales a que se refiere el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, es inconcuso que lo resuelto se ajustó a derecho. ..."
(13) Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 5/2012, en sesión de veinte de septiembre de dos mil doce, sostuvo en la parte que interesa, lo siguiente (fojas 193 vuelta y 194 del presente toca):
"QUINTO. ... Como se ve, el artículo 7o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, cuyo artículo 2o. A, fracción II, regula el impuesto a la venta final al público en general en territorio nacional de gasolinas y diésel remite específicamente al Código Fiscal de la Federación, para definir qué se entiende por enajenación, además de regular que para efectos de ese artículo, se considerará enajenación el autoconsumo de gasolina o diésel que se realice en las estaciones de servicio y los distribuidores autorizados por Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, salvo que se realice en estaciones de servicios que no vendan los combustibles al público en general. Luego, si el numeral 14 del Código Fiscal de la Federación vigente a la fecha en que se emitieron los actos reclamados prevé qué se entiende por enajenación de bienes y precisa que no se considerarán operaciones efectuadas con el público en general cuando por las mismas se expidan comprobantes que cumplan con los requisitos a que se refiere el artículo 29-A de este código. Entonces, es correcta la determinación del a quo, en el sentido de que el artículo 2o. A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios al referir a las ventas al público en general, regula las ventas al público en territorio nacional de gasolinas y diésel por las que no se expide comprobante fiscal.
"Por todo lo anterior, es acertada la decisión del Juez de Distrito porque si en las órdenes reclamadas se señaló como objeto comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales por parte de la quejosa en materia del impuesto especial sobre producción y servicios, derivado de las cuotas previstas en el artículo 2o. A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, no puede estar realizando actividades de comprobación de la totalidad de los litros de combustible vendidos a consumidores finales, esto es, de las ventas totales de gasolina y diésel, sino únicamente de aquellas ventas de combustible realizadas al público en general, entendidas como aquellas por las que no se expiden comprobantes fiscales.
"En consecuencia, ante la ineficacia de los agravios, procede confirmar la sentencia recurrida. ..."
(14) CUARTO. En primer lugar, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues su existencia constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de establecer cuál de las posturas contendientes debe, en su caso, prevalecer como jurisprudencia.
(15) Para que exista contradicción de tesis, se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:
1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.
(16) Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo para la existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
(17) En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010, cuyo rubro es el siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES." (No. Registro IUS: 164120. Jurisprudencia. Materia común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, tesis P./J. 72/2010, página 7)
(18) Además, cabe precisar que la circunstancia de que los criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito implicados no estén expuestos formalmente como tesis y, por ende, no exista la publicación respectiva en términos de lo previsto en el artículo 219 de la Ley de Amparo, no es obstáculo para que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de tesis de que se trata, pues a fin de que se determine su existencia, basta que se adopten criterios disímbolos, al resolver sobre un mismo punto de derecho.
(19) Son aplicables a lo anterior, en lo conducente, las jurisprudencias que a continuación se identifican y transcriben:
"No. Registro: 189998
"Jurisprudencia
"Materia: común
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 27/2001
"Página: 77
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera forma
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25300-28042293/impuesto-a-la-venta-final-al-publico-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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