COMERCIO EXTERIOR. LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ESTÁ FACULTADA PARA EXPEDIR LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANERA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995). COMERCIO EXTERIOR. LAS REGLAS 47 Y 48 DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANERA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995), COMPLEMENTAN, DESARROLLAN, DETALLAN Y ARMONIZAN EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE ORIGEN DE MERCANCÍAS IMPORTADAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 430/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHOACÁN. 27 DE FEBRERO DE 2013. CINCO VOTOS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo tema de fondo se relaciona con la materia administrativa y en esta última se encuentra especializada esta Sala.
SEGUNDO. No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de ese año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito, con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de distinto o mismo circuito, como acontece en el presente asunto.
No obstante lo anterior, esta Segunda Sala considera que, en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de esta contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente, en claro perjuicio del orden público y del interés social.
Es aplicable al caso la tesis del Tribunal en Pleno P. I/2012 (10a.), que enseguida se reproduce:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito." (Núm. Registro IUS: 2000331. Décima Época. Instancia: Pleno. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, materia común, tesis P. I/2012 (10a.), página 9)
TERCERO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
CUARTO. Los antecedentes de la sentencia emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el nueve de mayo de dos mil once, el amparo directo número 824/2010, en esencia, son:
1. Una empresa constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos de América, residente en ese país, realizó diversas operaciones de exportación de productos del mar que fueron adquiridos por un importador mexicano.
2. Con motivo de tales operaciones, las autoridades fiscales mexicanas iniciaron un procedimiento para la obtención de información.
3. El veintitrés de mayo de dos mil cinco, el administrador de Auditoría Fiscal Internacional en suplencia por ausencia del administrador central de Auditoría Fiscal Internacional del Servicio de Administración Tributaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación en materia de reglas de origen, emitió la resolución de determinación de origen, en la que incluyó el aviso de intención de negar el trato preferencial de las mercancías introducidas al país descritas, en relación con bienes identificados como los demás pescados, excepto los hígados, huevos y lechas (pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04) y los demás filetes congelados (filetes y demás carnes de pescado incluso picada, frescos, refrigerados o congelados), clasificadas con ciertas fracciones arancelarias, importadas de los Estados Unidos de Norteamérica durante el periodo comprendido del primero de enero de dos mil dos al treinta y uno de diciembre de dos mil tres, bajo certificados de origen expedidos por la quejosa en su carácter de exportadora y trato arancelario preferencial del citado Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 201, 401, 501, 505, 506, 511 y 514 del citado tratado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y tres y las reglas 1, 17, fracción I, 20, 47, 48 y 69, fracción I, de la Resolución por lo que se establecen las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte publicada en el mismo órgano informativo el quince de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (reglamentaciones uniformes), así como los artículos 1o., 2o., 3o. y 144 de la Ley Aduanera, 17, apartado A, fracciones XLII y XLVIII, apartado B, fracción XV y 18, apartado R, fracción II, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de marzo de dos mil uno.
4. Posteriormente, en oficio de diecinueve de julio de dos mil cinco el administrador de Auditoría Fiscal Internacional "1", en suplencia por ausencia del administrador central de Auditoría Fiscal Internacional del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó que las mercancías ingresadas a territorio nacional por la empresa, eran bienes no originarios y resultaba improcedente el trato arancelario preferencial que se aplicó al momento de su importación a territorio nacional.
5. Por escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil cinco, en la Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, el representante de la empresa, interpuso recurso de revocación en contra del citado oficio de diecinueve de julio de dos mil cinco.
6. Mediante oficio de diecisiete de diciembre de dos mil siete, el administrador de Consultas y Autorizaciones Internacionales "3" y de Registro de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó la validez de la resolución contenida en el oficio de diecinueve de julio de dos mil cinco.
7. Inconforme con dicha determinación y la recurrida, la empresa, por conducto de su representante, promovió demanda de nulidad.
8. Mediante acuerdo plenario de dieciocho de junio de dos mil nueve, los Magistrados integrantes de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa remitieron el juicio de nulidad en comento al Pleno de la Sala Superior del aludido tribunal para que emitiera la resolución correspondiente.
9. El Pleno de la Sala Superior dictó sentencia el veinticuatro de febrero de dos mil diez y declaró la validez de la resolución impugnada, que constituye el acto reclamado.
10. En contra de la anterior resolución la parte afectada promovió juicio de garantías del cual correspondió conocer al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual emitió sentencia y, en la parte que interesa, consideró lo siguiente:
"5. Inconstitucionalidad de las reglas de carácter general por provenir de una autoridad administrativa. ‘La quejosa sostiene que las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte aplicadas por la autoridad para realizar la verificación del origen de las mercancías son inconstitucionales porque la autoridad administrativa carece de facultad para expedirlas.’. Con el propósito de entender este tema, resulta importante considerar que el artículo 133 constitucional(1) establece el principio de jerarquía normativa, en el cual la Constitución y las leyes que de ella emanen, así como los tratados celebrados con potencias extranjeras, hechos por el presidente de la República con aprobación del Congreso, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión, debiendo los Jueces de cada Estado, arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las Constituciones o en las leyes de los Estados pues, independientemente de que conforme al artículo 40 constitucional, los Estados que constituyen la República son libres y soberanos, dicha libertad y soberanía se refieren a los asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere el Pacto Federal, porque deben permanecer en unión con la Federación, según los principios de la Ley Fundamental, por lo que deberán sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Carta Magna, de manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones del Código Supremo y no las de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la Constitución Local correspondiente, pero sin que ello entrañe a favor de las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales facultades de control constitucional que les permitan desconocer las leyes emanadas del Congreso Local correspondiente, pues el artículo 133 constitucional debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto. De modo que en dicho precepto legal, se consagra el principio de ‘supremacía constitucional’, conforme al cual la Constitución General de la República, las leyes del Congreso de la Unión o ‘leyes generales’ y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión, esto es, conforman un orden jurídico nacional en el que la Constitución se ubica en la cúspide y, por debajo de ella, las mencionadas leyes generales y los tratados internacionales. Consecuentemente, si la Constitución General de la República junto con las leyes generales y los tratados internacionales forman parte del orden jurídico nacional, es incuestionable que estos últimos se ubican en un plano jerárquicamente superior en relación con las leyes federales y las leyes locales. Por tanto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido los criterios siguientes: a) que en el orden jurídico mexicano, la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán Ley Suprema; b) que los tratados se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. Ilustran lo anterior, la tesis(2) y jurisprudencia(3) de rubros: ‘TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.’ y ‘SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE.’. Como se desprende del criterio transcrito, nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que los tratados están en una situación de jerarquía superior al derecho federal, pero por debajo de la Constitución Federal, el cual forma parte del sistema jurídico mexicano. Es aplicable la tesis(4) de nombre: ‘TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. REÚNE LOS REQUISITOS DE FORMA PARA INCORPORARSE AL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO.’. En el caso, la quejosa sostiene que este principio de jerarquía por materia se vería vulnerado si el artículo 511 del tratado facultara a la autoridad administrativa a crear reglas para desarrollar sus contenidos, pues en términos de la Constitución, tal tarea se halla reservada al legislador. Este concepto es infundado, pues del texto del tratado en análisis no se advierte alguna autorización en el sentido propuesto. En el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, específicamente en su artículo 511 de su capítulo V, denominado ‘Procedimientos aduaneros’, se estableció que cada una de las partes signantes a más tardar el primero de enero de mil novecientos noventa y cuatro, establecerían y pondrían en ejecución, mediante sus respectivas leyes y reglamentaciones, las reglamentaciones uniformes referentes a la interpretación, aplicación y administración, entre otros del referido capítulo V, como se advierte de la lectura del aludido precepto el cual en lo que interesa indica: (se transcribe). ‘Artículo 511.’ (se transcribe). Con la finalidad de aplicar las reglas del tratado, el Estado Mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante Resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y tres -actualmente sin efectos; emitió la resolución que establece las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como se advierte en lo que interesa, de sus consideraciones que a saber fueron las siguientes: (se transcribe). Posteriormente, tomando en consideración lo dispuesto en el ya transcrito artículo 511 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las partes signantes acordaron la modificación sustancial de las reglamentaciones uniformes contenidas en aquella resolución, para la aplicación, entre otros, del capítulo V del tratado, por tanto, se dejó sin efectos la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y tres, y conforme a las disposiciones acordadas por las partes signantes del tratado, el Estado Mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió una nueva Resolución que establece las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, lo anterior se puede corroborar con la parte relativa a esa publicación: (se transcribe). Así se tiene que las reglamentaciones uniformes a que refiere el artículo 511 del tratado, específicamente las relativas al capítulo V, denominado ‘Procedimientos aduaneros’, previamente acordadas por las partes signantes, se incluyeron en la Resolución que establece las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Ahora, según se advierte de la publicación del Diario Oficial de quince de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, la Resolución que establece las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que contiene la regla 42, fue suscrita por el subsecretario de Ingresos, en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público y del subsecretario del ramo, con fundamento en el artículo 124 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que establece la forma en que el titular de la dependencia podrá ser suplido en sus ausencias, por lo que la referida resolución no puede ser imputada o atribuida al ‘subsecretario de Ingresos’, pues éste no actuó en nombre propio sino en sustitución, por ausencia, del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por tanto, lo anterior se corrobora con el artículo 124, en sus dos primeros párrafos, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente en septiembre de mil novecientos noventa y cinco, que establecen lo siguiente: ‘Artículo 124.’ (se transcribe). Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ‘Artículo 506.’ (se transcribe). Resolución por la que se establecen las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ‘47.’ (se transcribe). ‘48.’ (se transcribe). El invocado artículo 506, establece, en lo que interesa que el procedimiento para determinar si un bien que se importe a territorio nacional proviene de territorio que se califique de originario, la parte respectiva podrá, por conducto de su autoridad aduanera, verificar el origen sólo mediante cuestionarios escritos dirigidos al exportador o al productor residente en el extranjero. Por su parte, las reglas en comento disponen, concretamente, el procedimiento que debe seguirse cuando la autoridad aduanera hubiere enviado un cuestionario a un exportador o productor de un bien importado a territorio nacional bajo trato arancelario preferencial y una vez transcurrido el plazo de treinta días sin que se hubiere respondido, la autoridad enviará un oficio de verificación o cuestionario subsecuente de conformidad con lo dispuesto en la fracción I de la regla 46 de la presente resolución, y en caso de que no hubiere sido respondido dentro del plazo legal que tuviera para hacerlo, se determinará que no procede el trato arancelario preferencial (regla 47), siendo que al cuestionario en comento se podrá anexar una resolución por escrito en los términos del artículo 506 (9) del tratado internacional en comento, en la que se avisará la intención de negar el trato arancelario preferencial (regla 48). De las reglas 47 y 48, previamente transcritas, se advierte que, tratándose de los cuestionarios, ellos no se limitan a reproducir el texto del tratado en comento, sino que crean una norma de contenido diverso, por cuanto crea el procedimiento de verificación a través de los cuestionarios por escrito y la resolución que debe dictarse. En estas condiciones, al quedar demostrado que esta disposición no está incluida en el tratado, sino que fue creada por una autoridad administrativa del Estado Mexicano, con apoyo en el tratado y en normas de cuño nacional, es procedente, en opinión de este tribunal, examinar si la autoridad que expidió la norma tenía facultades para hacerlo de acuerdo con las disposiciones que invoca y con los principios que informan el sistema jurídico nacional en el tema relativo a la creación de normas jurídicas. Para proceder a ese examen, debe tenerse presente que de acuerdo con la Constitución Federal, la
facultad de crear normas jurídicas generales, abstractas e impersonales, está reservada, en el ámbito federal, al Congreso de la Unión, como órgano innovador, y al presidente de la República, como órgano reglamentario, conforme a los artículos 73 y 89 constitucionales,(5) que disponen, entre otras cuestiones, la facultad del Congreso de la Unión de expedir leyes en el ámbito de las distintas fracciones de ese numeral, en particular en relación con el comercio exterior, en tanto que del artículo 89, fracción I, se advierte la potestad del presidente de la República respecto de proveer en la esfera administrativa la exacta aplicación de la ley, y la obligación en su caso del refrendo por parte del secretario de Estado que corresponda. Al respecto, resultan aplicables, en lo conducente, las jurisprudencias y tesis de nombres siguientes: ‘FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN.’ (se transcribe). ‘FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES LEYES Y REGLAMENTOS, DIFERENCIA ENTRE LOS.’ (se transcribe). De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, la facultad de crear normas jurídicas generales, abstractas o impersonales corresponde en principio, al Congreso de la Unión y en un segundo lugar, subordinado al anterior, al presidente de la República. A estos supuestos cabría agregar el caso de los tratados internacionales, en que la creación de normas que se incorporan al derecho nacional está encomendada al presidente de la República con aprobación del Senado, según se desprende de los artículos 89, fracción X y 76, fracción I, de la Constitución Federal. Frente a esta potestad de creación normativa, deben distinguirse atribuciones de otro rango que las leyes usualmente confieren a órganos auxiliares del presidente de la República, en ejercicio de las competencias cuyo ejercicio se ha encomendado a la administración pública federal, entre los cuales se encuentra la de expedir reglas generales de contenido administrativo. Las ‘reglas generales administrativas’, emitidas por un secretario de Estado constituyen cuerpos normativos de detalles técnicos y operativos para materias específicas, cuya existencia obedece a los avances de la tecnología y al acelerado crecimiento de la administración pública. De ahí que, con exclusión de las facultades conferidas al presidente de la República en el artículo 92 constitucional,(6) puede el Congreso de la Unión expedir leyes donde autorice a los secretarios de Estado para dictar reglas técnico-operativas dentro del ámbito de su competencia y, por tanto, la forma y materia de los decretos, de los reglamentos, de los acuerdos y de las órdenes, tienen un contenido específico, y mientras el Congreso de la Unión no interfiera en la formación de estos actos que corresponden al presidente de la República, puede aquél conferir directamente a los secretarios de Estado la atribución de expedir reglas técnico operativas dentro del campo de una ley específica. Al respecto, resultan aplicables, en lo conducente, las tesis y jurisprudencia siguientes: ‘COMERCIO EXTERIOR. DIFERENCIA ENTRE LAS FACULTADES FORMALMENTE LEGISLATIVAS CUYO EJERCICIO PUEDE AUTORIZAR EL CONGRESO DE LA UNIÓN AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 131 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LAS FACULTADES CONFERIDAS A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA AL TENOR DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL PROPIO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). ‘DIVISIÓN DE PODERES. LA FACULTAD CONFERIDA EN UNA LEY A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA EMITIR DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL, NO CONLLEVA UNA VIOLACIÓN A ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). ‘COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ARTÍCULO 23, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN CONDICIONE SU REALIZACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ESTABLEZCA MEDIANTE REGLAS DE CARÁCTER GENERAL, CUANDO SE TRATE DE CANTIDADES QUE NO DERIVAN DEL MISMO IMPUESTO, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY Y DE SEPARACIÓN DE PODERES.’ (se transcribe). ‘REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS. EL ARTÍCULO 36, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY ADUANERA, VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, QUE AUTORIZA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA EXPEDIRLAS EN MATERIA DE IMPORTACIÓN, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 89, FRACCIÓN I, Y 92 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). ‘REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS POR LOS SECRETARIOS DE ESTADO EN USO DE UNA FACULTAD AUTORIZADA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN. DIFERENCIAS CON LOS REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y ÓRDENES DICTADAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.’ (se transcribe). En atención a las consideraciones anteriores, se puede concluir lo siguiente: A. Las reglas generales administrativas dictadas en ejercicio de una facultad conferida por una ley del Congreso de la Unión, a una de las secretarías de Estado a que alude el artículo 90 constitucional, corresponden a la categoría de ordenamientos que no son legislativos ni de índole reglamentaria, sino que son c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24443-2116b5ec/comercio-exterior-la-secretaria-de-hacienda-y-credito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- INTERÉS JURÍDICO. EL IMPORTADOR LO TIENE PARA IMPUGNAR EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LOS BIENES IMPORTADOS, CUANDO SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL CERTIFICADO DE ORIGE (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- ACTA DE IRREGULARIDADES DERIVADAS DE LA INVALIDEZ DE UN CERTIFICADO DE ORIGEN. INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA PLENARIA P./J. 4/2010 (*). (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- CUESTIONARIO ESCRITO PARA VERIFICAR EL ORIGEN DEL BIEN IMPORTADO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 506, FRACCIÓN 1, INCISO (A), DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. ENTENDIDO (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- CERTIFICADO DE ORIGEN. NO PUEDE CONSIDERARSE DEFECTUOSO AQUEL EN QUE SE ASIENTAN DATOS INCORRECTOS DE LA FRACCIÓN ARANCELARIA DE LA MERCANCÍA IMPORTADA Y, POR ELLO, LA AUTORIDAD NO (CONTRADICCIÓN DE TESIS 30/2008-SS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. TIENE INTERÉS JURÍDICO EL IMPORTADOR PARA RECLAMAR EN AMPARO EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LOS BIENES IMPORTADOS RE (2a. CLXXX/2000 )
- TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LOS BIENES IMPORTADOS Y LA OBLIGACIÓN DE MANTENER EL SIGILO DE LA INFORMACIÓN COMERCI (2a. CLXXVIII/2000 )
- TRATO ARANCELARIO PREFERENCIAL. LA OBLIGACIÓN DE SOPORTAR DOCUMENTALMENTE EL ORIGEN DE UN BIEN CUANDO SE SOLICITÓ AQUÉL, SÓLO SE ACTUALIZA TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICAC (I.4o.A.98 A (10a.))
- TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. EL IMPORTADOR PUEDE RESENTIR UNA AFECTACIÓN A SU INTERÉS JURÍDICO QUE LO LEGITIME A IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN QUE DECLARE LA INVALIDEZ (I.15o.A.96 A)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis