SUPLENCIA DE LA QUEJA ACOTADA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. DEBE APLICARSE EN FAVOR DE LOS IMPUTADOS, ASÍ COMO DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO.
AMPARO DIRECTO 6/2021. 17 DE NOVIEMBRE DE 2021. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: MANUEL BARÁIBAR TOVAR.
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, emite la siguiente resolución.
VISTOS, para resolver los autos relativos al amparo directo 6/2021, promovido contra el Primer Tribunal Colegiado Regional del Tercer Circuito del Estado de Sonora, al que se le reclamó la sentencia dictada el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, al resolver el toca penal **********; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Antecedentes.
2. Audiencia inicial. El seis de diciembre de dos mil diecisiete, la agente del Ministerio Público Especializado en delitos por querella y delitos ocasionados por el tránsito de vehículos, residente en San Luis Río Colorado, Sonora, solicitó se fijara fecha y hora a efecto de celebrar la audiencia inicial para formular imputación en contra de **********, dentro de la carpeta de investigación **********, por su probable participación en la comisión del delito culposo con motivo del tránsito de vehículos con resultado material de lesiones, en perjuicio de **********.
3. La indiciada quedó detenida en el Centro de Reinserción Social de la referida localidad. El seis de diciembre de dos mil diecisiete, el administrador del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Cuatro, con sede en San Luis Río Colorado, Sonora, formó la causa penal ********** y programó la audiencia inicial.
4. En la fecha indicada se celebró la audiencia inicial, en la que se dictó auto de vinculación a proceso a **********, por su probable participación en la comisión del delito culposo con motivo de tránsito de vehículo con resultado de lesiones que tardan más de quince días en sanar y no ponen en peligro la vida, previsto por los artículos 242 y 243, fracción II, en relación con el 6, fracción II y sancionado por el diverso 65, todos del Código Penal para el Estado de Sonora, cometido en perjuicio de ********** y, culposo con motivo del tránsito de vehículos con resultado de daños, previsto por el artículo 326, en relación con el diverso 6, fracción II, y sancionado por el diverso 65, del citado ordenamiento.
5. El siete de diciembre de dos mil diecisiete, la imputada compareció ante la Juez para dar cumplimiento a la medida cautelar impuesta y exhibir la garantía económica correspondiente.
6. Mediante proveído de doce de enero de dos mil dieciocho, se agregó a la causa penal el escrito presentado por **********, quien se ostentó como madre del ofendido **********, informando que, como consecuencia de las lesiones derivadas del incidente de tránsito, la víctima quedó hospitalizada pero falleció como consecuencia de las lesiones. Acompañó al escrito el acta de defunción.
7. En virtud de lo anterior, se le tuvo como parte ofendida en la causa. Posteriormente, por acuerdo de siete de marzo de dos mil dieciocho, el administrador del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Cuatro, con sede en San Luis Río Colorado, Sonora, tuvo como parte ofendida en la causa a **********, en su calidad de concubina de la víctima fallecida, constituyéndose además como representante del menor **********, hijo del occiso **********.
8. Formulación de acusación. Por escrito presentado el dos de julio de dos mil dieciocho, ante el juzgado de la causa, la agente del Ministerio Público del Fuero Común especializada en el Sistema Penal Acusatorio formuló acusación en contra de **********, por el delito culposo con motivo del tránsito de vehículos con resultado material de homicidio, cometido en perjuicio de **********.
9. Etapa intermedia y solicitud del procedimiento abreviado. El dos de agosto de dos mil dieciocho, al inicio de la celebración de la audiencia intermedia, la representación social solicitó a la Juez Oral Penal del Distrito Judicial Cuatro del Poder Judicial del Estado de Sonora, la apertura del procedimiento especial abreviado, por considerar que se actualizaban los requisitos que establecen los artículos 201, 202 y 203, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el diverso 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución Federal. Durante la audiencia la agente del Ministerio Publico se limitó a señalar, que fuera la Juez de Control quien cuantificara el monto para la reparación del daño moral.
10. En dicha audiencia, tanto la ofendida como su asesor jurídico manifestaron su oposición para la celebración del procedimiento especial abreviado, al estimar que no estaba garantizada la reparación del daño. No obstante, la juzgadora inmediatamente estimó infundada la oposición, por lo que autorizó la celebración de dicho procedimiento.
11. Seguido el procedimiento en todos sus cauces legales, el tres de agosto de dos mil dieciocho, se dictó sentencia de condena en contra de **********, por el delito culposo con motivo del tránsito de vehículos con resultado material de homicidio, previsto por el artículo 252, en relación con los diversos numerales 6, fracción II y 65, primer párrafo, todos del Código Penal para el Estado de Sonora, cometido en perjuicio de **********.
12. Se le impusieron las penas de un año de prisión ordinaria y multa de diez unidades de medida y actualización. Asimismo, se le condenó al pago de cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta y tres pesos moneda nacional, en favor de **********, en su calidad de madre de la víctima, y por concepto de reparación del daño material; también se le condenó, pero de forma diferenciada y genérica, es decir, sin monto, a reparar el daño material y moral causado a favor de **********, en su calidad de concubina de la víctima, en la vía y forma que corresponda, en términos de los artículos 29, 30, fracción I, 31 y 40 del Código Penal para el Estado de Sonora; y finalmente se le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la pena.
13. Apelación. Inconforme con la determinación, el diez de agosto de dos mil dieciocho, la parte ofendida **********, interpuso recurso de apelación, del que tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado Regional del Tercer Circuito del Estado de Sonora, con residencia en Caborca. Se formó el toca de apelación **********, y el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, se dictó resolución en el sentido de confirmar la sentencia recurrida.
14. SEGUNDO.—Juicio de amparo directo. Por escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, la ofendida **********, por sí y en representación de su hijo menor **********, promovió juicio de amparo directo ante el Primer Tribunal Colegiado Regional del Tercer Circuito del Estado de Sonora.
15. A título de conceptos de violación se alegó afectación a sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1o., 14, 16, 17, 20, apartado C y 133 constitucionales, así como 2, 8.1 y 8.25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; señaló como autoridad responsable al tribunal de segunda instancia y, como acto reclamado la sentencia de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal **********.
16. TERCERO.—Trámite. Del asunto conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, quien por auto de once de marzo de dos mil diecinueve admitió y registró con el **********. Reconoció con carácter de terceros interesados a la sentenciada **********, a la ofendida **********, y a la agente del Ministerio Público que intervino en el procedimiento penal del cual deriva el acto reclamado.
17. CUARTO.—Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción. El Tribunal Colegiado estimó que el asunto revestía las características de interés y trascendencia necesarias para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerciera su facultad de atracción, por lo que en sesión de trece de marzo de dos mil veinte, se remitió la solicitud correspondiente.
18. QUINTO.—Trámite de la facultad de atracción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, el presidente de este Alto Tribunal admitió a trámite la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, ordenó formar y registrar el expediente con su consecutivo **********, y turnó los autos a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
19. En sesión virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno, esta Primera Sala ejerció la facultad de atracción para conocer del juicio de amparo directo **********, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, para examinar la constitucionalidad de la actuación de la Sala de apelación, a fin de determinar si procede la suplencia de la queja en favor de las víctimas u ofendidos al haberse optado por el procedimiento abreviado, específicamente en tratándose de la garantía que debe imperar para la reparación del daño, así como su cuantificación en la sentencia condenatoria.
20. SEXTO.—Trámite del juicio de amparo atraído. El veinte de abril de dos mil veintiuno, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó avocarse al conocimiento del asunto, registrándolo como amparo directo 6/2021, y turnó el asunto al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para la elaboración del proyecto de resolución.
21. SÉPTIMO.—Avocamiento. La presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por acuerdo de tres de junio de dos mil veintiuno, ordenó el avocamiento del asunto, así como su envío a la ponencia respectiva para la elaboración del proyecto de resolución.
CONSIDERANDO:
22. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer el presente juicio de amparo directo, en atención a que si bien la competencia originaria para resolver las demandas de esta naturaleza recae en los Tribunales Colegiados de Circuito, lo cierto es que en el caso se ejerció la facultad de atracción, en términos de los artículos 107, fracción V, inciso d), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40 de la Ley de Amparo, y 21, fracción III, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero del Acuerdo General Número 5/2013 emitido por el Pleno de este Alto Tribunal el trece de mayo de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de ese mes y año.
23. SEGUNDO.—Legitimación, oportunidad y existencia del acto reclamado. El Tribunal Colegiado que conoció del asunto analizó y se pronunció respecto a estos presupuestos procesales, otorgando a la quejosa el carácter de ofendida, la demanda se presentó oportunamente y que se acreditó la existencia del acto reclamado.
24. TERCERO.—Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Las consideraciones necesarias para resolver esta instancia son las que a continuación se sintetizan:
I. Sentencia reclamada: La Sala responsable resolvió, en lo que interesa y en síntesis, lo siguiente:
• A favor del apelante no se cuantificó un monto que hubiera que garantizar respecto el daño material por causas imputables a la recurrente, ya que ésta no ofreció pruebas tendientes a especificar la cantidad que debía pagar la imputada por concepto de reparación del daño material a favor del inconforme.
• El procedimiento abreviado no le causa agravio a la apelante, toda vez que no ofreció medios de prueba para acreditar el monto de la reparación del daño material a su favor que fueran a desahogarse en la etapa de juicio, como tampoco lo hubo hecho la agente del Ministerio Público en su acusación, por lo que de haberse llevado a cabo el juicio oral no podía obtener un resultado distinto.
• No hubo inconformidad respecto de que la juzgadora no precisara la cantidad a pagar por concepto de reparación del daño moral, lo que pudo hacer atendiendo a los artículos 31(1) y 29 Bis(2) del Código Penal para el Estado de Sonora, sino que la inconformidad versó sobre la cuantificación del daño material.
• El Código Penal para el Estado de Sonora no contiene una disposición que permita que los órganos jurisdiccionales apliquen directamente las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para determinar el monto de la reparación del daño a favor de la ofendida, sino que la legislación estatal indica que la reparación será fijada por los tribunales según los daños y perjuicios que sea preciso reparar de acuerdo con las pruebas obtenidas en el proceso y, tratándose de daño moral, atendiendo a la capacidad económica del obligado a pagarla.
II. Conceptos de violación: La parte quejosa manifestó lo que a continuación se sintetiza:
1. Violación al derecho a la reparación del daño.
1.1. La sentencia reclamada es violatoria del derecho a la reparación del daño, el cual se encuentra establecido en el artículo 20 constitucional, apartado C, fracción IV.
1.2 El daño material fue ocasionado por la muerte de una persona. En consecuencia, es innecesario acreditar el monto al cual equivale la misma debido a que dicho bien jurídico, por su propia naturaleza, no es susceptible de ser cuantificado. Sin embargo, tal hecho no implica la imposibilidad de fijar una cantidad como pena por la afectación causada, toda vez que la misma es producto de un ilícito y en atención al derecho humano de las víctimas u ofendidos a que les sea reparado dicho menoscabo.
1.3 Debe ser aplicada por analogía la tesis de jurisprudencia 88/2001(3) del índice de esta Suprema Corte, que contempla la posibilidad, en la legislación del Distrito Federal, de cuantificar el monto de la reparación por daño moral por el delito de homicidio con base en la Ley Federal del Trabajo. No puede argumentarse so pretexto para vulnerar el derecho humano a una reparación del daño justa e integral el hecho de que el Código Penal no establezca de manera expresa la referencia a la Ley Federal del Trabajo pues dicho argumento es contrario a la Constitución. Al no remitirse a la Ley Federal del Trabajo se volvería nugatorio el derecho a la reparación integral del daño pues en el caso concreto éste no es susceptible de probarse.
1.4. La fijación de la reparación del daño y su condena no quedan a petición de la víctima u ofendido, sino que de manera oficiosa debe decretarse en concordancia con los artículos 206(4) y 403(5), fracción IX, del Código Nacional de Procedimientos Penales.
2. Violación al derecho de suplencia de la queja de las víctimas.
2.1. Es obligación de toda autoridad respetar e intentar reparar la vulneración a un derecho fundamental por lo que de manera oficiosa en primera instancia el Juez de Control tuvo que haber hecho esta cuantificación y no condenar de manera genérica, pues tenía las bases jurídicas para hacerlo. Por tanto, la Juez de Control como la Sala responsable podían pronunciarse sobre la cuantificación de la reparación del daño, aun cuando no hubiera formado parte de la oposición, toda vez que la suplencia de la queja opera a favor no sólo del imputado, sino también de la víctima u ofendido en el caso de vulneración a un derecho fundamental: violación al derecho humano a la reparación del daño.
2.2. Se vulneró el interés superior del menor toda vez que las autoridades omitieron tomar en cuenta para sus actuaciones que se encontraba un menor involucrado como ofendido en el proceso penal, sobre todo al momento de dictar sentencia en el apartado de reparación del daño.
25. CUARTO.—Temas que no forman parte del estudio de constitucionalidad.
26. No formarán parte del estudio de constitucionalidad que integran esta ejecutoria del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los temas relacionados con:(i) la aplicación de la Ley Federal del Trabajo para efectos de cuantificar la reparación del daño, el cual constituye un tema de legalidad, cuya resolución depende de un estudio sistemático normativo del código para el Estado de Sonora; y, (ii) qué debe entenderse por oposición fundada de la víctima u ofendido, de conformidad con los artículos 201, fracción II y 204, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales.(6)
27. QUINTO.—Fondo. El estudio de fondo se dividirá en dos apartados. En primer lugar, se verificará si la suplencia de la queja acotada en el recurso de apelación también es procedente en favor de las víctimas u ofendidos en el procedimiento abreviado (I). En segundo lugar, se aplicará la doctrina desarrollada al caso concreto (II).
(I) Suplencia de la queja acotada en favor de la víctima u ofendido en el procedimiento abreviado
28. Esta Suprema Corte ha sostenido que por regla general, los tribunales de alzada deben limitarse al estudio de los agravios planteados, sin embargo, existe una excepción a esa regla; cuando los tribunales adviertan oficiosamente una violación a los derechos fundamentales del imputado. Éste es el principio de suplencia de la queja acotada.(7)
29. De igual manera es criterio de este Máximo Tribunal que la suplencia de la queja acotada es aplicable también a la víctima u ofendido.(8) Al respecto, se explicó que el Estado debe garantizar que el derecho de segunda instancia sea accesible y eficaz. Se dijo que si bien existe un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecerse restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir el fallo, como complejidades que lo tornen ilusorio; en tanto que tiene que dar resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido consistente en el examen integral de la decisión recurrida, en el que el Juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias a derecho.
30. Al respecto, el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en congruencia con la esencia del derecho a recurrir el fallo, establece de manera genérica el alcance del recurso a través de una metodología para su estudio que lo dota de eficacia, pues permite un examen de la decisión recurrida en el que el tribunal de alzada procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias a derechos humanos, no sólo de los imputados sino también de las víctimas u ofendidos.
31. Luego entonces, "si el apelante es el imputado, la víctima o el ofendido, la autoridad jurisdiccional de segunda instancia está obligada a emprender un análisis oficioso, de conformidad con el principio de suplencia de la queja acotada, para determinar si se generaron violaciones a derechos fundamentales que deban repararse."(9)
32. La facultad de reparar violaciones a derechos a los imputados de forma oficiosa se encuentra acotada a la materia del recurso. En este sentido, se sostuvo que "la suplencia de la queja no opera del mismo modo en procesos abreviados, que en procesos ordinarios. En el primer caso, tal como esta Primera Sala sostuvo en la contradicción de tesis 56/2016, sólo puede analizarse la violación a los presupuestos jurídicos para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal", a saber: el análisis de la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción invocados por el Ministerio Público en la acusación, así como, de ser el caso, la imposición de penas que sean contrarias a la ley, distintas o mayores a las solicitadas por el representante social y a las aceptadas por el acusado, además de la fijación del monto de la reparación del daño.(10)
33. Hasta aquí, se ha reflejado la evolución de criterios concernientes a la suplencia de la queja en tratándose del recurso de apelación y a sus beneficiarios. En esencia son:
• El Código Nacional de Procedimientos Penales regula el principio de suplencia de la queja acotada.
• El principio de suplencia de la queja también es procedente en los casos en que quien accede al recurso de apelación es la víctima u ofendido.
• En el procedimiento abreviado, únicamente podrá ser objeto de cuestionamiento la violación al cumplimiento de los presupuestos jurídicos fundamentales para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal acusatorio.
34. Esta Suprema Corte considera que el criterio generado para el procedimiento ordinario que establece que la suplencia de la queja acotada en el recurso de apelación sí procede para la víctima u ofendido, debe prevalecer en el caso del procedimiento abreviado; de manera limitada a lo que puede conocerse en el recurso de apelación de dicho procedimiento A continuación se desarrollan las consideraciones que lo sustentan.
35. Tanto en el procedimiento abreviado como en el procedimiento ordinario, las víctimas tienen derecho a la tutela jurisdiccional y a un recurso judicial efectivo, no solamente a través de una doble instancia en su vertiente formal –accesibilidad– sino también en su vertiente material –que se administre justicia de forma pronta, completa e imparcial–.(11) Esto significa que la función jurisdiccional tiene que ocuparse en su actividad de abordar los temas principales a que hace referencia la controversia planteada, de forma tal que se asegura la posibilidad de corregir los errores en que pueda incurrir el juzgador primigenio en la adopción de sus decisiones y además, que permita enmendar la aplicación indebida de la ley con el fin de evitar la arbitrariedad y violaciones a derechos fundamentales.
36. De manera general y destacada, esta Suprema Corte ha establecido que los derechos de las víctimas, en relación con los procedimientos penales, están basados en cuatro pilares esenciales: a) el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, para la determinación de sus derechos; b) el derecho a un recurso efectivo, que incluye, inter alia, el derecho a una investigación; c) el derecho a la verdad; y, d) el derecho a obtener una reparación integral.
37. Bajo ese contexto, resulta indispensable tener una herramienta adjetiva, idónea y eficaz para combatir posibles violaciones a los derechos fundamentales de las víctimas, generadas en la sentencia primigenia del procedimiento abreviado; lo cual se asegura imponiendo la obligación a los juzgadores de segunda instancia a suplir la deficiencia de la queja cuando observen dichas violaciones.
38. Aunado al derecho a un recurso judicial efectivo, es importante considerar que el procedimiento abreviado, como forma anticipada de terminación del proceso, históricamente se ha considerado como benéfica para los imputados con un desequilibrio en contra de los derechos de la víctima; desequilibrio que en parte se enmienda con la suplencia de la queja.
39. De acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público es el único facultado –si reúne los requisitos de procedencia– para solicitar que se lleve a cabo el procedimiento abreviado, independientemente de la preparación de la víctima para acceder a él, incluida la aportación de material probatorio para garantizar un monto para reparación del daño.
40. Si el Ministerio Público así lo solicita, y el Juez de Control lo avala, la consecuencia es que la víctima se verá obligada a transitar por un procedimiento distinto al ordinario, –será abreviado–. Cierto es que la víctima tiene la posibilidad de oponerse (oposición fundada, artículo 204 del Código Nacional de Procedimientos Penales). No obstante, esta oposición sólo puede girar sobre el monto de la reparación, mas no respecto a la vía de terminación anticipada.
41. Si bien el procedimiento abreviado fue introducido al ordenamiento jurídico mexicano como una herramienta de despresurización del sistema procesal penal, su esencia sigue siendo la impartición de justicia, que jamás puede prosperar al margen de los derechos fundamentales de las víctimas. Razón por la cual la suplencia de la queja acotada es una figura necesaria para equilibrar la igualdad de armas entre los participantes de un procedimiento, ya sea ordinario o formas de terminación anticipada.(12)
42. Por otra parte, una razón adicional para justificar la operatividad de la suplencia de la queja acotada en favor de la víctima, específicamente al resolver a través del procedimiento abreviado, lo es que, la práctica judicial revela que el Ministerio Público, por razones extralegales, en ciertos casos ha llegado a integrar deficientemente las indagatorias.(13) También, ha sido una herramienta de negociación que usualmente juega en contra de los intereses de la víctima bajo el argumento que la reparación del daño en una vía ordinaria puede tomar mucho más tiempo, por el contrario en el procedimiento abreviado se involucran múltiples renuncias de derechos a cambio de una supuesta agilidad procesal.
43. Así, debe reconocerse que las víctimas u ofendidos se encuentran en una situación de desequilibrio, y así es reconocido en la propia exposición de motivos al incorporarse el procedimiento abreviado en el ordenamiento jurídico mexicano.
44. De ahí que la suplencia de la queja con relación a la reparación del daño en la apelación sea un ente equilibrador entre los derechos de las víctimas en el procedimiento abreviado. Permite el acceso a un recurso judicial efectivo para las víctimas, haciendo que el tribunal de alzada pueda verificar violaciones al derecho fundamental de la reparación integral del daño, piedra angular para la procedencia del procedimiento abreviado a la luz de la víctima u ofendido.
45. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, arriba a la conclusión que la suplencia de la queja acotada es procedente en el procedimiento abreviado, no sólo para los imputados, sino también para las víctimas u ofendidos. Suplencia limitada al cumplimiento de los presupuestos jurídicos fundamentales para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal acusatorio; lo cual comprende el análisis de la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción invocados por el Ministerio Público en la acusación. Así como, de ser el caso, la imposición de penas que sean contrarias a la ley, distintas o mayores a las solicitadas por el Ministerio Público y aceptadas por el acusado, además de la fijación del monto de la reparación del daño.
(II) Aplicación al caso concreto.
46. En la audiencia intermedia desahogada el dos de agosto de dos mil dieciocho, –audiencia fuente de la sentencia aquí reclamada–, se sostuvo lo siguiente:
Ministerio Público: Al solicitar el procedimiento abreviado, a partir del minuto seis con cincuenta y tres segundos de la videograbación de la audiencia intermedia, señaló:
"... en cuanto a la reparación del daño esta Fiscalía solicita ... y en cuanto a la reparación del daño moral, lo que estime su señoría de conformidad con los artículos 29 Bis, 30, 31, 31 Bis para (sic) el Código Penal para el Estado de Sonora."
Juez de Control: Sobre la cuantificación del daño moral en favor de ********** y de su representado **********, la Juez de Control, a través de la audiencia intermedia señaló lo siguiente:
A partir del minuto cuarenta con cincuenta y seis segundos sostuvo que: "desde mi punto de vista, y concuerdo con lo que usted me está planteando –refiriéndose al asesor jurídico–, ahí es donde entraría precisamente esa parte que usted refiere y que me queda claro pues que la Fiscalía no está siendo clara en cuanto a las cuantías."
A partir del minuto cuarenta y uno con treinta y cuatro segundos, en una conversación con el asesor jurídico: "si usted –refiriéndose al asesor jurídico– tiene la manera de acreditar y como le corresponde ese detrimento que a causa de la perdida de la vida ... no se si usted tenga en este momento algún dato de prueba o algo con lo que acreditar o pudiera yo cuantificar esa alteración."
A partir del minuto sesenta y ocho con diez segundos, refiriéndose a la ofendida ********** sostuvo que: "Toda vez que la agente del Ministerio Público le esta dejando a esta juzgadora el que se pronuncie en cuanto a la reparación del daño moral, le adelanto que en dado caso que usted aceptara ese procedimiento abreviado –refiriéndose a **********– y esa facultad que me está delegando la agente del Ministerio Público al no haber cuantificado y al no haberse hecho llegar de los datos de prueba necesarios para hacer una cuantificación al respecto, y tomando en cuenta los argumentos que realizó el asesor jurídico, en dado caso que usted aceptara este procedimiento abreviado, en cuanto a la reparación del daño se haría una condena de una reparación del daño genérica para dejar precisamente a expensas y a salvo ese derecho que tiene la ofendida para que la haga valer en ejecución de sanciones ...".
47. Para corroborar si la narrativa procesal es acorde a la norma penal adjetiva, es indispensable hacer referencia a las bases y requisitos de la forma de terminación anticipada: procedimiento abreviado.
48. El artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales regula sus requisitos de procedencia, a saber:
"Artículo 201. Requisitos de procedencia y verificación del Juez
"Para autorizar el procedimiento abreviado, el Juez de Control verificará en audiencia los siguientes requisitos:
"I. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño;
"II. Que la víctima u ofendido no presente oposición. Sólo será vinculante para el Juez la oposición que se encuentre fundada; y,
"III. Que el imputado:
"a) Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado;
"b) Expresamente renuncie al juicio oral;
"c) Consienta la aplicación del procedimiento abreviado;
"d) Admita su responsabilidad por
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30497-111902c7/suplencia-de-la-queja-acotada-en-el-procedimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- DERECHO HUMANO A LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. CONSTITUYE UNA GARANTÍA ESTATAL Y UN ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO, AUN TRATÁNDOSE DE ACUERDOS REPARATORIOS QUE PONEN FIN A LA ACCIÓN (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
- SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. LA EFECTUADA EN EL AMPARO DIRECTO A FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA APELADA ÚNICAME (AMPARO DIRECTO)
- APELACIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN LA AUDIENCIA DE INDIVIDUALIZACIÓN DE SANCIONES. PROCEDE CUANDO ESA RESOLUCIÓN LA DICTA UN TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO ATENDIENDO A LA (AMPARO DIRECTO)
- DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 2109 Y 2112, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 2086, 2087 Y 2088 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE S (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL PROVEÍDO DICTADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO DIR (III.5o.C.5 K (10a.))
- AMPARO DIRECTO PENAL. MATERIA DE SU ESTUDIO CUANDO ES PROMOVIDO POR LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO CONTRA UNA SENTENCIA DEFINITIVA APELADA ÚNICAMENTE POR EL MINISTERIO PÚBLICO, D (1a. CLXXXVIII/2015 (10a.))
- INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS COMO SUSTITUTO DEL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDENCIA Y ALCANCE (INTERPRETACION DEL CUARTO PARRAFO DEL ARTICULO 105 DE LA LEY DE AMPA (s/clave)
- PROCEDIMIENTO LABORAL QUE TERMINA POR CONVENIO, PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA TODO EL. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis