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Modo: Corpus Pro

DERECHO HUMANO A LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. CONSTITUYE UNA GARANTÍA ESTATAL Y UN ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO, AUN TRATÁNDOSE DE ACUERDOS REPARATORIOS QUE PONEN FIN A LA ACCIÓN PENAL. DERECHO HUMANO A LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. SU RECLAMO A TRAVÉS DE UNA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL ES DE NATURALEZA RESARCITORIA Y AUTÓNOMA A LA REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO PENAL [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 43/2014 (10a.)].

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1329/2020. · Registro digital (IUS): 31392
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-04-21
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Abril de 2023, Tomo II, Pág.1051.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1329/2020. 19 DE ENERO DE 2022. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN ESTÁ CON EL SENTIDO, PERO CON SALVEDAD EN LAS CONSIDERACIONES Y RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: FERNANDO SOSA PASTRANA Y NÉSTOR RAFAEL SALAS CASTILLO.

SUMARIO

********** reclamó, por propio derecho y en representación de sus menores hijos, de ********** la responsabilidad civil por el accidente que ocasionó la muerte de su cónyuge y padre de familia, así como el cumplimiento del contrato de seguro de **********, S.A. de C.V., Grupo Financiero **********. El Juez de primera instancia declaró la responsabilidad civil de los demandados y condenó solidariamente al pago de una indemnización monetaria, del que debía deducirse el monto cubierto en la celebración del acuerdo reparatorio dentro del proceso penal. Inconformes, todas las partes interpusieron recursos de apelación, en el que la Sala modificó la cuantificación del daño. En contra de lo anterior, **********, S.A. de C.V., Grupo Financiero ********** promovió juicio de amparo, en el que alegó que la parte agraviada se había dado por satisfecha en el acuerdo reparatorio y no se reservó derecho para reclamar por la vía civil. El Tribunal Colegiado determinó conceder el amparo, ya que estimó que no le asistía legitimación a la parte tercera interesada para el reclamo de responsabilidad civil. Es así que la tercera interesada interpuso el presente recurso de revisión.

CUESTIONARIO

¿Cómo debe interpretarse la reparación del daño en los acuerdos reparatorios como medio alternativo de solución de conflictos penales? A la luz del derecho a la reparación integral y justa indemnización de las víctimas u ofendidos por un delito ¿es posible acudir a la vía civil después de la celebración de un acuerdo reparatorio?

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión virtual correspondiente al día diecinueve de enero de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 1329/2020, interpuesto por **********, por propio derecho y en representación de sus dos menores hijos, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo directo **********/2019, por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el nueve de enero de dos mil veinte.

I. ANTECEDENTES(1)

1. Juicio de origen. **********, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales ********** y **********, derivado del accidente vehicular que privó de la vida a su cónyuge **********, demandó en la vía ordinaria civil:

- De **********

(i) La responsabilidad civil por el accidente que ocasionó el catorce de junio de dos mil dieciséis.

(ii) El pago de $**********.00 (********** pesos 00/100 M.N.) por concepto de daño material.

(iii) El pago de daño moral causado a cada uno de los actores derivados de la citada responsabilidad civil.

(iv) El pago de intereses moratorios de tipo legal a partir de la fecha del accidente.

(v) El pago de gastos y costas generados en juicio.

- De **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, ********** (en adelante **********, S.A. de C.V., Grupo Financiero **********:

(i) El cumplimiento del contrato de seguro al amparo de la póliza ********** con cargo a la cobertura de "responsabilidad civil por daños a terceros".

(ii) El pago de $********** (********** pesos 00/100 M.N.) por concepto de daño material.

(iii) El pago de daño moral.

(iv) El pago de intereses moratorios sobre las cantidades reclamadas a cargo de la póliza.

(v) El pago de gastos y costas judiciales.

2. La demanda fue del conocimiento del Juez Trigésimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien admitió la demanda con el número **********/2018. Seguido el procedimiento correspondiente, el Juez dictó sentencia el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en la que resolvió esencialmente lo siguiente:

• La procedencia de la vía ordinaria civil y de la acción.

• Que el codemandado ********** no justificó sus excepciones y defensas.

• Que la codemandada **********, S.A. de C.V., Grupo Financiero **********, justificó sus excepciones basadas en el límite de responsabilidad que se obligó a cubrir en el contrato de seguro y la falta de acción y derecho para reclamar el pago de gastos y costas.

• Declaró la responsabilidad civil objetiva a cargo de ********** por el accidente en el cual murió **********.

• Condenó a **********, S.A. de C.V., Grupo Financiero, al cumplimiento del contrato de seguro con póliza **********.

• Condenó solidariamente a los codemandados al pago de $********** (********** pesos 00/100 M.N.) por concepto de daño material y moral, del cual la aseguradora responderá hasta por el monto de $********** (********** 00/100 M.N.) y el diverso codemandado deberá cubrir el saldo restante.

• Asimismo, determinó que del pago de lo principal deberá deducirse el pago de $**********.00 (********** pesos 00/100 M.N.) otorgados mediante el acuerdo reparatorio celebrado el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete en la carpeta de investigación **********.

• Condenó a ambos codemandados al pago de intereses moratorios.

• No hizo especial condena en gastos y costas.

3. Recursos de apelación. Todas las partes presentaron recursos de apelación en contra de la sentencia anterior, de los cuales conoció la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien las registró bajo el número **********/2019 y en sentencia de diecisiete de junio de dos mil diecinueve resolvió modificar la sentencia de primera instancia en los términos siguientes:

• La renuncia de derechos civiles contenida en el convenio de reparación no puede surtir efectos legales, pues existen menores de edad involucrados y el Estado debe velar por sus derechos atendiendo a su interés superior. Aunado a ello, se desprende que la actora no se encontró debidamente asesorada, lo que le impidió conocer sus alcances, por lo que se encontró en desventaja legal frente a la aseguradora, que cuenta con experiencia respecto a las consecuencias de los hechos de tránsito, lo que configura lesión en contra de lo dispuesto por el artículo 17 del Código Civil para la Ciudad de México.

• Por ello, ordenó que la codemandada **********, S.A. de C.V. deberá pagar la cantidad de $**********00 (********** pesos 00/100 M.N.);

• Ordenar la cuantificación del daño moral a cargo de ********** mediante el incidente respectivo, con intereses moratorios a razón del 9 % (nueve por ciento) una vez ejecutable la resolución que cuantifique tal cantidad.

• Condenar a la aseguradora al pago de la indemnización por mora e intereses moratorios según lo dispuesto en el artículo 276, párrafo primero, de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO

4. Juicio de amparo directo. **********, S.A. de C.V., Grupo Financiero **********, por conducto de su apoderado, promovió demanda de amparo en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se precisan:

Autoridad responsable:

• Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Acto reclamado:

• Sentencia definitiva del toca de apelación **********/2019, de diecisiete de junio de dos mil diecinueve.

5. La demanda fue del conocimiento del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo presidente la admitió el tres de septiembre de dos mil diecinueve con el número **********/2019. En dicho auto tuvo como parte tercera interesada a **********, por propio derecho y como representante de sus menores hijos ********** y **********, la cual presentó demanda de amparo adhesivo. En sesión de nueve de enero de dos mil veinte, los integrantes de dicho Tribunal Colegiado concedieron la protección constitucional solicitada a la quejosa principal y desestimaron los argumentos de la demanda de amparo adhesivo.

6. Recurso de revisión. **********, por propio derecho y en representación de sus menores hijos, interpuso recurso de revisión contra la sentencia de amparo, a través de escrito presentado el catorce de febrero de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

7. Recepción y trámite del recurso de revisión. En acuerdo de dos de marzo de dos mil veinte, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar el expediente con el registro de amparo directo en revisión 1329/2020. Sin embargo, advirtió que en la demanda de amparo no se planteó concepto alguno sobre la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de una norma de carácter general, ni se planteó alguno relacionado con la interpretación de algún precepto constitucional o tratado internacional, ni se realizó la interpretación directa de éstos, por lo que concluyó que no existía un planteamiento propiamente constitucional que actualizara la procedencia del recurso.

8. Recurso de reclamación 1054/2020. En contra de tal proveído, la parte tercera interesada interpuso recurso de reclamación mediante escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil veinte ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

9. Mediante acuerdo de treinta de septiembre siguiente, el presidente de este Alto Tribunal ordenó registrar el recurso de reclamación con el número 1054/2020, y determinó su turno al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y su radicación en la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

10. En sesión de dos de diciembre de dos mil veinte, por unanimidad de cinco votos, esta Primera Sala determinó fundado el recurso de reclamación y ordenó la admisión del recurso de revisión, al considerar que subsistía una cuestión de constitucionalidad consistente en la interpretación que el Tribunal Colegiado realizó del artículo 17 constitucional respecto a la autonomía de las partes y la procedencia de la vía civil conforme al derecho a una justa indemnización ante la celebración de un acuerdo reparatorio, lo que revestía el carácter de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional.

11. Admisión del recurso de revisión. Derivado de la resolución del recurso de reclamación, la presidencia de este Alto Tribunal determinó la admisión del amparo directo en revisión mediante acuerdo de quince de abril de dos mil veintiuno. Asimismo, ordenó la remisión de los autos al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para la resolución del asunto.

III. PRESUPUESTOS PROCESALES

12. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión,(2) mismo que fue interpuesto de manera oportuna y por parte legitimada,(3) al haber sido presentado por la parte tercera interesada.

IV. ESTUDIO

13. Para estar en aptitud de determinar la procedencia y el posible estudio del asunto, es menester realizar un recuento de las cuestiones necesarias para resolver.

14. Conceptos de violación. En su demanda de amparo, **********, S.A. de C.V., alegó que el acto reclamado violó lo dispuesto por los artículos 1o., 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los siguientes argumentos:

a) En su concepto de violación único alegó que la sentencia de apelación careció de motivación y fundamentación por aplicar de manera indebida la jurisprudencia 1a./J. 43/2014 (10a.), de rubro: "RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE SI YA SE CUBRIÓ LA INDEMNIZACIÓN DETERMINADA EN UN PROCESO PENAL PARA REPARAR EL DAÑO.", pues determinó que sí procedía el pago de una indemnización a favor de la parte actora por concepto de daño material ocasionado por el accidente de tránsito que derivó en el fallecimiento de **********.

b) La quejosa argumentó que la autoridad consideró erróneamente que el acuerdo reparatorio celebrado entre la parte actora y el codemandado físico tenía el mismo efecto que la sentencia dictada en la vía penal, por lo que resultaba aplicable el criterio mencionado que permite a las víctimas acudir a la vía civil para obtener una mayor indemnización que la decretada por un Juez penal como reparación del daño.

c) En este sentido, la alzada consideró que la indemnización pactada por las partes en un convenio de transacción o en un acuerdo reparatorio era homologable a la cuantificación hecha por la autoridad judicial en la sentencia definitiva del procedimiento penal, lo que resulta incorrecto porque desconoce la libre voluntad de las partes y lo que la actora solicitó recibir para tenerse por satisfecha por los daños ocasionados, mientras que en un procedimiento penal se realiza una cuantificación que responde a criterios tomados de la legislación de la materia.

d) Asimismo, la quejosa considera falso que cobre aplicación ese criterio jurisprudencial ya que el mismo establece que la indemnización mayor a la establecida por el Juez penal procede de manera excepcional por la vía civil, ya que el monto que recibió la parte actora fue pactado en un convenio de transacción de carácter civil que dio como resultado la celebración de un acuerdo reparatorio de carácter penal para terminar el procedimiento en contra del codemandado físico. Es así como la parte actora se declaró conforme con la indemnización recibida, por lo que no puede recibir un mayor beneficio conforme a la legislación civil.

e) Finalmente, la parte quejosa alegó que resultaban incorrectas las consideraciones de la autoridad responsable en el sentido de que la renuncia realizada de cualquier acción presente o futura en contra de la parte demandada constituía un acto de lesión en contra de la propia actora, en términos del artículo 17 del Código Civil para la Ciudad de México. Esto ya que la actora suscribió el convenio de transacción y el acuerdo reparatorio bajo la supervisión del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Mediación Especializada de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, precisamente con el objeto de dar fe. Además, la actora manifestó que sí fue informada del contenido de los documentos que iba a firmar y que entendía su alcance, por lo que la cláusula del acto jurídico celebrado en la que se estableció la renuncia a "ejercer futuras acciones penales, civiles, mercantiles o de cualquier tipo derivado de los hechos de tránsito objeto de la controversia" cuenta con plena validez y debió ser valorada por la autoridad responsable.

15. Sentencia de amparo. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consideró fundados los argumentos de la demanda de amparo y resolvió conceder la protección constitucional solicitada, debido a las siguientes consideraciones:

a) En primer lugar, el Tribunal Colegiado estableció que el tema a dilucidar se constriñe a determinar si una persona se encuentra legitimada o no para demandar en la vía civil el pago de la indemnización por daño moral en los términos establecidos en la jurisprudencia 1a./J. 43/2014 (10a.), de rubro: "RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE SI YA SE CUBRIÓ LA INDEMNIZACIÓN DETERMINADA EN UN PROCESO PENAL PARA REPARAR EL DAÑO.",(4) cuando en un acuerdo reparatorio para dar por terminado un proceso penal, la víctima otorgó el perdón y recibió una suma de dinero por concepto de la reparación del daño moral y material. De ahí que estimó necesario dividir el estudio en: (a) la naturaleza y consecuencias del acuerdo reparatorio en materia penal y; (b) la reparación del daño moral en materia penal y su relación con su resarcimiento reclamado en la vía civil.

b) En el apartado (a) sobre el acuerdo reparatorio, el Tribunal Colegiado retomó las consideraciones de esta Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 220/2016, esencialmente acerca de los mecanismos alternativos de solución de controversias como procesos de justicia restaurativa. Estableció que los mecanismos de justicia restaurativa requieren el consentimiento libre y voluntario de la víctima y del imputado de someter el conflicto a un proceso restaurativo, que implica que el imputado acepte los hechos o que al menos no los cuestione, y con ello, evita los efectos de la justicia retributiva como la imposición de una pena privativa de la libertad.

c) Asimismo, señaló que en este precedente se estableció que los efectos de reparación del daño para la víctima y evitar la tramitación de un proceso penal para el imputado no son los únicos efectos relevantes, pues no llega al extremo de considerarse un asunto privado y esto explica la necesidad de la intervención del Estado, quien conserva un rol significativo al a) establecer el marco legal dentro del cual se desarrollan los procesos restaurativos; b) decidir qué casos pueden ser encausados por esto; c) supervisar la legalidad de los procesos; y, d) velar por el cumplimiento de los acuerdos.

d) En este sentido, el Tribunal Colegiado ahondó en que los acuerdos reparatorios son un medio autocompositivo, pues consiste en un acuerdo celebrado entre la víctima u ofendido y el imputado, cuyo fin es convenir la reparación de las consecuencias de un hecho considerado como delito, el cual una vez aprobado por el Ministerio Público o el Juez de Control y cumplido en sus términos, tiene como efecto la extinción penal respecto de delitos que afectan bienes jurídicos disponibles, de carácter patrimonial, que consisten en afectaciones menos graves o constituyen delitos culposos. Sin embargo, su prioridad no es declarar la responsabilidad penal del imputado sino reparar el daño causado por el delito, pero una vez aprobado el cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas tendrá la calidad de sentencia ejecutoriada.

e) Respecto a la reparación del daño moral en materia penal y su relación con el resarcimiento reclamado en la vía civil (b), el Tribunal Colegiado retomó las consideraciones de esta Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 227/2013. Reiteró que la reparación del daño implica una sanción pública que cumple una función social que se hace exigible de oficio por el Ministerio Público, pero que implica primordialmente la satisfacción de los intereses privados de la víctima u ofendido. Existen dos formas de exigir la reparación del daño durante el proceso penal, ya sea durante la sustanciación y a solicitud del Ministerio Público cuando se reclama al inculpado; o en vía incidental o en un proceso civil conexo a petición de la víctima u ofendido cuando se reclama de un tercero.

f) Por regla general no se puede demandar posteriormente en un proceso civil desvinculado del proceso penal la responsabilidad objetiva del propio inculpado o de un tercero, toda vez que en ambos casos la responsabilidad civil que se reclama es con motivo de la misma acción y el mismo daño, por lo que si ya existió una sentencia ejecutoriada que condenó a la reparación del daño debe entenderse que no existe justificación para volver a reclamar la reparación del daño en un proceso distinto por la misma conducta que ya se juzgó en el proceso penal. No obstante, excepcionalmente podrá acudirse a la vía civil cuando pueda aplicarse claramente que la legislación civil permite una mayor amplitud indemnizatoria, de manera que pueda dar lugar a un mayor beneficio económico como resultado de una regulación más favorable para la víctima en la cuantificación del daño, de la que deberá descontarse la indemnización ya cubierta en el proceso penal, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 43/2014 (10a.), de rubro: "RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE SI YA SE CUBRIÓ LA INDEMNIZACIÓN DETERMINADA EN UN PROCESO PENAL PARA REPARAR EL DAÑO." g) El Tribunal Colegiado consideró que esta excepción no resultaba aplicable, toda vez que tiene como eje central la emisión de una sentencia en la que se haya determinado una condena por reparación del daño, cuando lo que existe en el caso concreto es un acuerdo reparatorio cuyos efectos no resultan equiparables. En este sentido, reiteró que el acuerdo reparatorio es un medio autocompositivo, que tiene como presupuesto el consentimiento libre y voluntario de las partes, en el que la actuación de la autoridad se constriñe a verificar que las obligaciones no resulten notoriamente desproporcionadas, que estuvieron en condiciones de igualdad y sin intimidación, amenaza o coacción; así como verificar el cumplimiento de las obligaciones, lo que difiere de una sentencia en la que un Juez penal determina la culpabilidad y el monto de la condena.

h) Del acuerdo reparatorio, se desprende que ********** y ********** convinieron la solución a la controversia con la cantidad de $**********.00 (********** pesos 00/100 M.N.) por concepto de indemnización por muerte, gastos funerarios, gastos de traslado, daño moral, material y psicológico; y, asimismo, no se reservó derecho para ejercer ningún tipo de acción en relación con los hechos que se contienen en la carpeta de investigación **********. De ahí que no queda duda que la tercera interesada obtuvo una compensación por daño a través de la celebración de un acuerdo reparatorio a que se refieren los artículos 186 a 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que fue ella la que fijó la cantidad que consideró adecuada para garantizar la indemnización en su favor y de sus menores hijos.

i) Bajo estas consideraciones, el órgano colegiado estimó que la tercera interesada se encontraba imposibilitada para demandar el pago por daño moral en la vía civil, pues no se actualiza el supuesto de excepción mencionado en el que fuera el Juez penal el que fijara el monto de reparación del daño, máxime que al recibir la cantidad convenida otorgó un finiquito al imputado y a la aseguradora sin reservarse acción o derecho que ejercer con posterioridad. Además, tampoco ejerció el derecho contenido en el artículo 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de acudir ante el Juez de Control dentro de los cinco días siguientes a que se haya aprobado el acuerdo si es que estimara que no se desarrolló conforme a las disposiciones previstas.

j) Por ello, concluyó que resultaban fundados los conceptos de violación de la sociedad quejosa, por lo que determinó conceder el amparo para que la Sala dejara insubsistente la sentencia del toca de apelación **********/2019 y en su lugar emitiera otra en la que determinara que ********** no cuenta con legitimación para demandar por concepto de daño moral, por propio derecho y en representación de sus menores hijos. Finalmente, desestimó los argumentos del amparo adhesivo.

16. Agravios. Inconforme con la sentencia anterior, ********** interpuso un recurso de revisión en su contra, por propio derecho y en representación de sus menores hijos. En su escrito de agravios, la recurrente expuso los siguientes argumentos:

• Primeramente, alega la procedencia del recurso por la interpretación directa que el Tribunal Colegiado realizó del artículo 17 constitucional, en relación con la jurisprudencia 1a./J. 43/2014 (10a.), en la que estableció que los mecanismos alternativos de solución de controversias son un medio de acceso a la justicia restaurativa para garantizar la reparación integral del daño, por lo que dicha reparación se encuentra satisfecha con el acuerdo reparatorio y, por ello, no tiene derecho a acudir a la vía civil por una indemnización. De esta manera, el Tribunal Colegiado realizó una interpretación que se considera inconvencional y atenta contra el derecho humano de justa indemnización o reparación integral. Asimismo, el recurso resulta procedente porque el órgano de amparo realizó una nueva interpretación constitucional de la jurisprudencia citada que versa sobre derechos humanos, por lo que no se limitó a su aplicación. Finalmente, arguye que el planteamiento de constitucionalidad deriva de la resolución del Tribunal Colegiado como primer acto de la interpretación que se controvierte, por lo que el recurso de revisión resulta la vía oportuna para combatirla.

• En su único agravio, argumenta que la interpretación correcta del artículo 17 constitucional en relación con los medios alternos de solución de controversias no puede llevar a la conclusión de la imposibilidad de acudir a la vía civil por una mejor indemnización, como concluyó la sentencia, ya que de la contradicción de tesis 220/2016 se desprende que la naturaleza de un acuerdo reparatorio es la reparación del daño y la extinción de la acción penal para evitar gastos públicos excesivos, evitar que los imputados por delitos menores purguen penas y darle expeditez al sistema de justicia penal; lo que no puede interpretarse al extremo de impedir a las víctimas de acudir a otras vías jurisdiccionales.

• Por otro lado, dado que no resulta un asunto de carácter totalmente privado y que debe existir injerencia estatal, sólo resultan renunciables los derechos estrictamente procesales como el de ejercer la acción penal en contra del inculpado y no pueden surtir efectos las renuncias de derechos. De esta forma, resulta inconstitucional incluir en el acuerdo reparatorio las cláusulas en las que se establece que las partes no acudirán a otra vía para ejercitar otra acción y debe tenerse por no puesto, ya que los derechos humanos a la reparación integral y justa indemnización no son renunciables, máxime cuando hay involucrados derechos de menores de edad.

• De esta manera, estima que la interpretación que realizó el Tribunal Colegiado sobre el artículo 17 constitucional resulta errónea, ya que si bien es cierto que el acuerdo reparatorio tiene como finalidad concluir el proceso penal y obtener una reparación del daño, fijado voluntariamente entre el imputado y la víctima, esta situación no puede considerarse una renuncia a derechos humanos ni del acceso a la justicia, pues no puede limitarse el derecho de las víctimas en aras de la justicia restaurativa a través de un medio alterno de solución de controversias.

• Citó que la legislación civil establece que la voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley y que sólo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente el interés público y cuando la renuncia no perjudique derechos de terceros, por lo que los actos en contra serán nulos. En este sentido, la interpretación que le dio el Tribunal Colegiado a la manifestación de que en acuerdo reparatorio "renuncia a sus derechos para intentar otro juicio por cualquier otra vía por los mismos hechos", se considera inconstitucional porque resulta abusiva y restrictiva de derechos humanos, pues la finalidad del acuerdo es simplemente concluir el proceso penal y obtener una reparación del daño.

• Argumentó que solicitó que se homologara el acuerdo reparatorio a una sentencia penal y, aplicando el principio pro homine y privilegiando el derecho humano a una reparación integral, debe interpretarse que las víctimas puedan acudir a la vía civil para obtener una mayor indemnización cuando se advierta posible, al igual que la excepción establecida jurisprudencialmente. Reiteró que, en el caso, recibir menos de $**********.00 (********** pesos 00/100 M.N.) no puede considerarse como una justa indemnización para un ama de casa y dos hijos menores de edad, máxime que las leyes civiles en la Ciudad de México establecen cantidades muy superiores.

• Posteriormente, la recurrente desarrolla un apartado acerca de la interpretación del derecho humano a una reparación integral o justa indemnización. En éste especifica que el concepto de reparación integral se desprende de los artículos 2 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el que la reparación es un deber específico del Estado como parte de la obligación de garantizar derechos humanos y constituye también un derecho fundamental sustantivo como una fase imprescindible del acceso a la justicia.

• Sostuvo que esta Primera Sala ya ha decidido sobre la justa indemnización en materia civil, en el amparo directo en revisión 1068/2011, cuya finalidad consiste en anular todas las consecuencias del acto ilícito y reestablecer la situación que debió haber existido. Adicionalmente, se enfatizó que la obligación de reparar es oponible a particulares como una dimensión específica de la eficacia horizontal de los derechos humanos.

• En este sentido, añade que esta Primera Sala estableció que las indemnizaciones serán justas con base en la reparación integral y el de la individualización de la condena, incluyendo (i) la naturaleza de los daños causados; (ii) la posibilidad de rehabilitación del afectado; (iii) la pérdida de oportunidades como empleo, educación y prestaciones sociales; (iv) los daños materiales, incluidos los ingresos y el lucro cesante; (v) los perjuicios inmateriales; (vi) los gastos de asesoría jurídica, expertos, medicamentos y servicios médicos, psicológicos y sociales; (vii) el nivel de responsabilidad de las partes; (viii) su situación económica; y, (xi) demás características particulares.

• Respecto a la interpretación del derecho a una reparación integral cuando ya se recibió una indemnización, señala que la Corte Interamericana ha precisado que las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para las víctimas, habida cuenta que una o más medidas pueden reparar un daño específico sin que éstas se consideren una doble reparación, pues el deber de reparación debe ser integral, por lo que las medidas deben ser apropiadas y proporcionales a la gravedad de la violación sufrida y a las circunstancias de cada caso.

• Asimismo, los derechos de las víctimas deben ser interpretados a la luz del parámetro de regularidad constit

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31392-44061df4/derecho-humano-a-la-reparacion-integral-del-dano · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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