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DERECHO FUNDAMENTAL A UNA REPARACIÓN INTEGRAL O JUSTA INDEMNIZACIÓN. SU CONCEPTO Y ALCANCE. DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. EL ARTÍCULO 1796 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, AL IMPONER LÍMITES A LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD CIVIL EN CASOS DE FALLECIMIENTO, ES INCONSTITUCIONAL. REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. TOPES MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE LA CUANTIFICACIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES, SU INCONSTITUCIONALIDAD.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5826/2015. · Registro digital (IUS): 27068
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-04-21
Promovente: TAXIBUSES METROPOLITANOS DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo I, Pág. 731.

DERECHO FUNDAMENTAL A UNA REPARACIÓN INTEGRAL O JUSTA INDEMNIZACIÓN. SU CONCEPTO Y ALCANCE.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5826/2015. TAXIBUSES METROPOLITANOS DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V. 8 DE JUNIO DE 2016. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. AUSENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. PONENTE. ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: ARTURO GUERRERO ZAZUETA.

IV. COMPETENCIA

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; todos en relación con lo establecido en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, y con el punto quinto del diverso 14/2008. Lo anterior, en virtud de que la materia del presente asunto cae dentro de su ámbito de especialidad y no se estima necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

V. OPORTUNIDAD

El recurso de revisión es oportuno, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo. La sentencia recurrida fue dictada el 3 de septiembre de 2015 y se notificó por lista a la quejosa 17 del mismo mes y año.(32) Dicha notificación surtió efectos para la quejosa al día hábil siguiente, es decir, el 18 de septiembre de 2015.

En atención a lo anterior, el plazo de diez días para la interposición del recurso de revisión transcurrió del 21 de septiembre al 2 de octubre de 2015, descontando el 26 y 27 de septiembre que, por corresponder a sábados y domingos, son inhábiles de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En esas condiciones, al haber sido presentado el recurso de revisión el 28 de septiembre de 2015, resulta incuestionable que se interpuso dentro del término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo.

VI. PROCEDENCIA

Por ser una cuestión preferente, esta Primera Sala estudiará la procedencia del presente recurso de revisión, para lo cual es necesario determinar si subsiste un planteamiento de constitucionalidad susceptible de ser analizado, de conformidad con lo que se expone a continuación.

De lo previsto en las normas citadas para fundamentar la competencia de esta Primera Sala, así como en el Acuerdo General Plenario Número 9/2015, vigente a partir del 15 de junio de 2015, se desprende que las sentencias que dicten los Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo directo sólo admitirán recurso de revisión cuando:(33)

1) Decidan o hubieran omitido decidir temas propiamente constitucionales, entendiendo como tales, aquellos que se refieran a: (i) la interpretación directa de preceptos constitucionales, incluidos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano; o (ii) la inconstitucionalidad de una norma general.

2) Se cumplan los requisitos de importancia y trascendencia a que hace alusión el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desarrollados en el punto primero del Acuerdo General Plenario Número 9/2015 y reconocidos en la tesis 1a. CCLXXXVIII/2015 (10a.).(34) Así, se entiende que los requisitos en comento se cumplen cuando se actualiza una de las siguientes dos hipótesis:

a) Se trate de la fijación de un criterio novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional, o que contribuya a la integración de jurisprudencia.

O

b) Lo decidido en la sentencia recurrida pudiera implicar el desconocimiento u omisión de un criterio sostenido por este Alto Tribunal.

Es pertinente señalar que, la verificación del cumplimiento del segundo requisito, consiste en una facultad discrecional de esta Suprema Corte, con base en la cual debe revisar, adicionalmente, los méritos del asunto(35) según la posibilidad de que los agravios expuestos por la parte recurrente sean atendibles o, en otras palabras, que no resulten, en un estudio preliminar, ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes.(36)

El análisis definitivo de la procedencia del recurso es competencia, según sea el caso, del Pleno o las Salas de esta Corte, toda vez que la admisión del recurso por el presidente, del Pleno o de la Sala, corresponde a un examen preliminar del asunto que no causa estado.(37) Por consiguiente, a continuación se estudiarán ambos requisitos, para determinar si es procedente el estudio de fondo planteado en los agravios.

1. Existencia de un tema propiamente constitucional

Los conceptos de violación que la quejosa planteó en su demanda de amparo versan sobre: (i) la indebida valoración de pruebas; (ii) los alcances del cambio de titularidad de una concesión en relación con la responsabilidad derivadas de los hechos en ejecución de la misma; (iii) la inconstitucionalidad del artículo 1796 del Código Civil del Estado de Querétaro por dar lugar a indemnizaciones excesivas; (iv) el momento en que surgió el derecho de la víctima a cobrar la indemnización; (v) la interpretación del artículo impugnado en torno al tipo de salario que debe considerarse para el cálculo de la indemnización; y (vi) el incumplimiento a los elementos de la acción de daño moral.

En respuesta, el Tribunal Colegiado consideró infundados los conceptos de violación sobre cuestiones de legalidad, al sostener que: (i) las pruebas se valoraron correctamente; (ii) la quejosa sí es responsable por los hechos al ser titular de la concesión con base en la cual operaba el vehículo involucrado en el accidente; (iii) fue correcta la aplicación e interpretación del artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo, tanto por lo que hace a la especie de salario a la que se alude en el precepto, como en cuanto al momento en que surgió el derecho de la actora en el juicio de origen a obtener una indemnización; y (iv) fueron correctas las consideraciones en torno a los elementos que justificaron la condena por daño moral.

Por otra parte, el Tribunal Colegiado concluyó que, el artículo 1796 del Código Civil del Estado de Querétaro, no es inconstitucional, por tres razones: (i) regula el derecho de las víctimas a obtener una reparación derivada de responsabilidad civil objetiva y tiene como finalidad adicional la disuasión de conductas dañosas futuras; (ii) su contenido es razonablemente diverso al del numeral 502 de la Ley Federal del Trabajo, pues la indemnización por la muerte de una persona derivada de un riesgo de trabajo, no tiene la misma entidad que la que resulta de la comisión de un ilícito; y (iii) siguiendo lo dicho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 1068/2011, las personas morales privadas deben indemnizar integralmente por los daños que ocasionan.

Contra la determinación antes descrita, la quejosa interpuso un recurso de revisión en el cual, expuso dos agravios, uno en contra de lo resuelto sobre la validez del artículo 1796 del Código Civil del Estado de Querétaro y otro en contra de la supuesta omisión de estudio de diversos conceptos de violación referentes a la solidaridad en la condena civil.

A la luz de lo antes expuesto, esta Primera Sala concluye que, durante el trámite del juicio de amparo se planteó por la quejosa y fue estudiado por el Tribunal Colegiado un tema de constitucionalidad, a saber, la validez del artículo 1796 del Código Civil del Estado de Querétaro. Así, existe una cuestión propiamente constitucional, cuyo conocimiento subsiste en esta instancia como consecuencia de lo expuesto por la parte recurrente en su primer agravio.

Por otra parte, es pertinente advertir que los argumentos expuestos en el segundo agravio entrañan cuestiones de mera legalidad, pues se refieren a la valoración de las pruebas a la luz del marco jurídico aplicable, en torno a la responsabilidad civil surgida a cargo de las personas demandadas en el juicio de origen.

Lo anterior conlleva la inoperancia del segundo agravio, con base en la tesis jurisprudencial 1a./J. 1/2015 (10a.), cuyo rubro es "AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE SI LOS AGRAVIOS SE LIMITAN A IMPUGNAR LAS CONSIDERACIONES EN LAS QUE EL ÓRGANO COLEGIADO DA RESPUESTA A CUESTIONES DE MERA LEGALIDAD.".(38) Es importante aclarar que dicho criterio resulta aplicable también a la supuesta omisión de respuesta a cuestiones de legalidad.

2. Importancia y trascendencia del asunto

La cuestión constitucional previamente identificada entraña un tema cuyo estudio se estima de importancia y trascendencia, toda vez que permitirá a esta Primera Sala continuar el desarrollo de su doctrina en torno a la validez de los preceptos legales que imponen límites a las indemnizaciones que surgen en casos sobre violaciones a derechos humanos. Además, en esta ocasión, el argumento se planteó como una variante a los previamente atendidos por este Alto Tribunal, pues se está cuestionando, no la existencia de un "tope" al monto de la indemnización, sino lo elevado del mismo.

En ese contexto, la Primera Sala podrá pronunciarse respecto a si el monto de la indemnización por concepto de responsabilidad civil objetiva que prevé el Código Civil del Estado de Querétaro resulta razonable, o si por el contrario, excede su finalidad de buscar, según lo dicho por el Tribunal Colegiado, la justa reparación de los familiares de las víctimas y la disuasión de futuras conductas ilícitas.

VII. ESTUDIO DE FONDO

El estudio de fondo se centrará en la validez del monto establecido por el artículo 1796 del Código Civil del Estado de Querétaro, como tope al monto de las indemnizaciones que pueden dictarse en casos de responsabilidad civil objetiva. El precepto impugnado establece lo siguiente:

"Artículo 1796. Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad total permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal, el grado de la reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Para calcular la indemnización que corresponda, por muerte o incapacidad, se tomará como base el cuádruplo del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en la zona y se extenderá, en su caso, al número de días que para cada una de las incapacidades señala la mencionada Ley Federal del Trabajo. En caso de muerte, la indemnización corresponderá a los herederos de la víctima."

Es importante recordar que el monto establecido en el precepto impugnado se calcula atendiendo a que: (i) la indemnización prevista para casos que involucren el fallecimiento de una persona en la Ley Federal de Trabajo, a la que remite la legislación civil, se regula por el artículo 502, el cual señala que será equivalente al importe de cinco mil días de salario; y (ii) el artículo combatido señala que la indemnización civil será el cuádruplo del monto establecido en la legislación laboral, partiendo de la base "del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en la zona", para lo cual se adoptó el de reportero de prensa diaria impresa, que asciende a $190.77 (ciento noventa pesos 77/100 moneda nacional).

Así, el tope de la indemnización en caso de muerte, a la luz del artículo cuya validez se cuestiona, asciende al cuádruplo de cinco mil días de salario de reportero de prensa impresa, es decir, a $3'815,400.00 (tres millones ochocientos quince mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional). Fue precisamente ésta la cantidad impuesta por la Sala que resolvió en segunda instancia, que a su vez fue confirmada por el Tribunal Colegiado.

Para centrar el estudio que se realizará a continuación es pertinente recordar que:

1) Originalmente, la sociedad quejosa cuestionó la falta de proporcionalidad del precepto, la cual, en su opinión, generaba una afectación a sus derechos a la igualdad y a la seguridad jurídica.

2) El Tribunal Colegiado sostuvo la validez del precepto argumentando que: (i) la proporcionalidad del monto deriva de su finalidad para tutelar el derecho de las víctimas a una reparación integral y para disuadir conductas ilícitas; (ii) no viola la igualdad, pues las indemnizaciones civiles por responsabilidad objetiva tienen una entidad distinta a la de aquellas derivadas de relaciones laborales; y (iii) la Suprema Corte ya ha reconocido que las personas morales de carácter privado están obligadas a indemnizar integralmente los daños que ocasionen.

3) Finalmente, la ahora recurrente cuestionó las conclusiones del Tribunal Colegiado al sostener que: (i) la desproporcionalidad de la medida resulta evidente si se atiende a que la finalidad pretendida por la legislación civil era la de topar las indemnizaciones por un cierto monto (el cuádruplo de 730 días de salario conforme a la legislación anterior), el cual se vio afectado por una reforma laboral que elevó significativamente dicha cantidad; (ii) ante un hecho tan lamentable como la muerte, las indemnizaciones debieran ser iguales para quienes resulten responsables, ya sea que la materia sea civil o laboral; y (iii) no está probado que la imposición de sanciones elevadas tenga por efecto la reducción de la incidencia delictiva.

Para dar respuesta a los planteamientos de la parte recurrente, esta Sala expondrá su doctrina en torno a la reparación integral del daño, para después revisar sus precedentes sobre la validez de las medidas legislativas que imponen topes o montos máximos a las indemnizaciones en casos de violaciones a derechos humanos, y finalmente analizar la validez del precepto impugnado.

1. Doctrina de la Primera Sala sobre la reparación integral del daño

Desde su promulgación en 1917 y hasta el 2000 no existía en el texto de la Constitución Federal noción alguna de "reparación del daño", de modo que su regulación fue objeto exclusivamente de la legislación secundaria. Paulatinamente fue cambiando esta situación: (i) el 21 de septiembre de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (en adelante "DOF") un decreto que introdujo en el texto del artículo 20 constitucional un apartado B, en el que se estableció un elenco mínimo de derechos de las víctimas u ofendidos por la comisión de delitos, uno de los cuales era el reconocimiento de la facultad de solicitar una reparación del daño; (ii) el decreto publicado en el DOF el 14 de junio de 2002 reformó el artículo 113 constitucional para adicionarle un segundo párrafo, de acuerdo con el cual la responsabilidad del Estado por su actividad administrativa irregular es objetiva y directa y da lugar al pago de una indemnización a favor de la persona que haya resentido el daño;(39) (iii) con motivo de la reforma constitucional en materia procesal penal publicada en el DOF el 18 de junio de 2008, el catálogo de derechos antes mencionado formó parte del apartado C del artículo 20 constitucional e incluyó el reconocimiento, en la fracción VII, del derecho de las víctimas u ofendidos a impugnar determinaciones del Ministerio Público que afecten su derecho a obtener una reparación del daño; y (iv) el 29 de julio de 2010 se publicó en el DOF un decreto mediante el cual, se introdujo en la Constitución el fundamento de las acciones colectivas, dejando a la legislación secundaria la regulación de los mecanismos de reparación del daño.

En todos los casos, la legislación secundaria desarrolló el contenido de las reparaciones o de la indemnización bajo una base eminentemente civil y con un contenido apoyado principalmente en la teoría de las obligaciones.

La situación cambió con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada el 10 de junio de 2011, la cual incluyó en el tercer párrafo del artículo 1o. constitucional, un catálogo con las obligaciones genéricas y los deberes específicos del Estado Mexicano en materia de derechos humanos, en el cual se reconoció la reparación por violaciones a derechos humanos.

Para entender lo que implicó la introducción del concepto de "reparación" al texto constitucional, resulta pertinente acudir al proceso que dio lugar a la aprobación de la reforma constitucional.

El dictamen original de reforma elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y publicado en la Gaceta Parlamentaria el 23 de abril de 2009, sólo incluyó como deberes específicos del Estado los de prevenir, investigar y sancionar violaciones a los derechos humanos. Así, el deber de reparar surgió hasta el dictamen suscrito el 7 de abril de 2010 por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, con opinión de la Comisión de Reforma del Estado. Esta adición se mantuvo durante el resto del proceso de reforma constitucional, según puede verse en el segundo dictamen de las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados de 13 de abril de 2010, aprobado por el Pleno de dicha Cámara el 15 de diciembre de 2010, así como en el segundo dictamen de las Comisiones Unidas de la Cámara de Senadores de fecha 1 de febrero de 2011, aprobado por el Pleno de esa Cámara el 8 de marzo de 2011.

Es interesante destacar, que para la inclusión de la obligación de "reparar violaciones a derechos humanos", las Comisiones Unidas de la Cámara de Senadores acudieron al concepto de reparación desarrollado en el marco de las Naciones Unidas, partiendo para ello de los trabajos de Theo van Boven y de los "principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones."(40)

Lo anterior evidencia que en el dictamen se entendió la "reparación de violaciones a derechos humanos" como un derecho de las víctimas que comprende, tal como se señala en las referencias utilizadas por las y los legisladores, medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, no repetición e indemnización. En otras palabras, se comprendió lo que el derecho internacional de los derechos humanos desarrolló como reparación integral del daño en casos de violaciones a derechos humanos, concepto cuyo entendimiento pleno invita a una breve reflexión en cuanto a su origen.

1) El concepto surgió en el Sistema Universal de los Derechos Humanos. El primer avance sobre éste se encuentra en el informe definitivo del relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Theo van Boven, presentado el 2 de julio de 1993,(41) el cual perfila la noción de que la transgresión de una norma internacional de derechos humanos tiene efectos no sólo frente a los otros Estados que forman parte de la comunidad internacional, sino también frente a las personas cuyos derechos resultan violados. Así, en la parte final del párrafo 45 de ese informe concluye que "el principal derecho de que disponen [las] víctimas [de violaciones a derechos humanos] con arreglo al derecho internacional es el derecho a unos recursos eficaces y a unas reparaciones justas". Los principios fueron revisados y reestructurados por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 1996, conservando las mismas propuestas desarrolladas por el relator Van Boven.(42)

En un trabajo que siguió una línea independiente de investigación, el experto Louis Joinet presentó en 1997 un conjunto de directrices encaminadas a combatir la impunidad de los autores de violaciones a los derechos humanos.(43) Joinet reiteró las medidas de reparación propuestas por van Boven, con la diferencia de que identificó tres categorías genéricas de reparaciones: una de dimensión individual, dentro de la cual incluyó las medidas de restitución, indemnización y rehabilitación; otra de carácter colectivo, en la que, sin llamarlas de esa manera, incorporó las medidas de satisfacción, y una última, relativa a las garantías de no repetición.

Como un tercer paso, el experto independiente de Naciones Unidas Cherif Bassiouni presentó en el 2000 un informe con la finalidad de unificar la terminología y reestructurar el esquema de medidas de reparación que pueden adoptarse para remediarlas,(44) a través del cual, propuso los "Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones".(45) Finalmente, los citados principios fueron adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante la resolución 60/147 de 16 de diciembre de 2005.(46)

2) Si bien el concepto de reparación integral surgió en el sistema universal, es en el interamericano donde ha alcanzado su máximo desarrollo. En dicho sistema, el derecho a una reparación se desprende principalmente de los artículos 2 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El texto del segundo precepto también amerita un breve recuento histórico.

El proyecto de convención elaborado en 1959 por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos y los dos proyectos aportados por Uruguay y Chile en 1965, propusieron replicar el esquema previsto en el modelo europeo. A diferencia de estas propuestas, durante la Conferencia de San José de 1969, la delegación guatemalteca propuso tres conceptos sobre los cuales se redactó la versión definitiva del actual artículo 63 de la Convención Americana: (i) reparar de las consecuencias de la violación; (ii) garantizar al lesionado en el goce de sus derechos o libertades afectados; y (iii) pagar una indemnización.(47) Así, resulta evidente que las delegaciones participantes en la aprobación del Pacto de San José reconocieron la necesidad de consagrar un concepto de reparación que fuese más allá de una simple indemnización.

No obstante, a pesar de que la Convención Americana se suscribió en 1969, no fue sino hasta el 10 de septiembre de 1993, con motivo de la sentencia de reparaciones dictada en el caso Aloboetoe y otros vs. Surinam, que la Corte Interamericana empezó el desarrollo del concepto de reparación integral, pues en sus tres sentencias anteriores sólo había ordenado como reparación el pago de indemnizaciones. Esta sentencia se emitió dos meses después de la publicación del primer informe del relator Theo van Boven. A partir de ese momento, el Tribunal Interamericano ha desarrollado de manera contundente el concepto.

Este largo recuento de la evolución del concepto, contribuye a entender a cabalidad la finalidad pretendida por el Poder Revisor de la Constitución, al introducir en la Carta Magna la obligación de reparar las violaciones a derechos humanos.

De hecho, dos años antes de la reforma constitucional de 2011, esta Suprema Corte ya había explicado lo siguiente:(48)

"Las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares, tienen derecho a la reparación adecuada del daño sufrido, la cual debe concretarse a través de medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima, así como de medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición, mediante los procedimientos previstos legalmente para esos efectos, lo cual no es una concesión graciosa, sino el cumplimiento de una obligación jurídica. Lo anterior deriva tanto del régimen previsto constitucionalmente como de los instrumentos internacionales ratificados por México y de los criterios de organismos internacionales, los cuales se manifiestan claramente en el sentido de que es un derecho efectivo de las personas agraviadas a nivel fundamental obtener una reparación proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido."

(énfasis agregado)

La trascendencia de lo anterior, no puede entenderse sin atender a lo dicho por esta Sala, al resolver el amparo directo en revisión 1621/2010,(49) en el cual sostuvo que:

"... los derechos fundamentales previstos en la Constitución gozan de una doble cualidad, ya que si por un lado se configuran como derechos públicos subjetivos (función subjetiva), por el otro se traducen en elementos objetivos que informan o permean todo el ordenamiento jurídico, incluyendo aquellas que se originan entre particulares (función objetiva)."

Lo relevante de este pronunciamiento, tiene que ver con que desde entonces empezaba a perfilarse un cambio de paradigma en la forma de entender y aplicar los derechos humanos. En efecto, el reconocimiento de su función objetiva, implica un entendimiento de su transversalidad en todas las relaciones reguladas por el derecho, lo que a su vez conlleva un necesario replanteamiento de múltiples figuras que habían permanecido incólumes durante décadas. En cierta medida, es posible concluir que, los derechos humanos han operado en los últimos años como una especie de revolución institucional, pues han permitido el cuestionamiento y reconstrucción de instituciones y figuras jurídicas desde adentro del propio sistema.

Un claro ejemplo de este cambio, se advierte con el concepto de reparación del daño. Como se apuntó párrafos arriba, desde el propio texto constitucional se había previsto la procedencia de la reparación en materia penal, administrativa y de acciones colectivas. El cambio de fondo llegó cuando, se empezó a detectar que en ciertas materias, como la civil, penal, administrativa y laboral, pueden llegar a suscitarse casos cuyo tema de fondo no es otro que la tutela de derechos humanos, cuyas violaciones deben ser reparadas, precisamente, en términos de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 1o. constitucional.

Esto condujo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a revisar la aplicabilidad del nuevo concepto de reparación integral a cada una de estas materias, partiendo siempre de la base de que en el fondo se trate de un caso de violaciones a derechos humanos. En efecto, una revisión sucinta de los precedentes emitidos por este Alto Tribunal evidencia el cambio antes descrito:

1) En materia administrativa, en el amparo directo en revisión 10/2012,(50) se determinaron los alcances que debe tener una indemnización para ser considerada justa. Posteriormente, en el amparo directo en revisión 2131/2013,(51) se dijo que en los procedimientos por responsabilidad patrimonial del Estado, la "[justa] indemnización" debe entenderse como fundamento de la reparación integral en un doble sentido: ya sea que el monto de la indemnización sea tal que comprenda el cumplimiento de las diversas medidas que comprende la reparación integral, o ya que se dicten medidas adicionales de satisfacción, rehabilitación o no repetición.

2) En materia civil se entendió el derecho a una reparación integral como sinónimo del derecho a una justa indemnización, cuya interpretación se remitió a la doctrina de la Corte Interamericana. En efecto, en el amparo directo en revisión 1068/2011, esta Sala sostuvo que, la finalidad de la reparación integral consiste en "anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido... si no se hubiera cometido".(52) Adicionalmente, se enfatizó que la obligación de reparar es oponible a particulares, como una dimensión específica de su eficacia horizontal.(53)

3) En materia penal se consideró en el amparo directo en revisión 2384/2013,(54) que la reparación debía ser integral, pues busca la devolución de la víctima a la situación anterior a la comisión de delito.

La reparación tiene una doble dimensión: por una parte se entiende como un deber específico del Estado que forma parte de la obligación de garantizar los derechos humanos y, por otra, constituye un auténtico derecho fundamental de carácter sustantivo.(55) Así, el incumplimiento a cualesquiera obligaciones necesarias para la adecuada tutela de los derechos humanos (entendida como género), hace surgir para la parte responsable de la violación, una nueva obligación, subsidiaria, de reparar las consecuencias de la infracción. En esta línea, esta Sala se pronunció en un precedente reciente sobre la importancia de la reparación a las víctimas de violaciones a derechos humanos como una fase o elemento imprescindible del acceso a la justicia.(56)

De esta forma, el énfasis en la necesidad de reparar un daño ha dejado de ponerse en el repudio de una conducta individual considerada antijurídica, para ubicarse en el impacto multidimensional de un hecho lesivo, incluyendo tanto el sufrimiento de la víctima como la cadena de impactos negativos desatada por un hecho.(57)

Para concluir esta primera parte del estudio, es importante agregar que la aplicabilidad de la doctrina de la reparación integral, depende de que el caso entrañe la violación a uno o varios derechos humanos, lo cual excluye violaciones derivadas de responsabilidad contractual(58) o daños en derechos meramente patrimoniales.

2. Invalidez de los topes máximos a las indemnizaciones por violaciones a derechos humanos

Como un corolario de la doctrina previamente expuesta, resulta necesario entender que, una violación a derechos humanos debe entenderse a partir del principio de indivisibilidad de los mismos, pues para entender la magnitud del hecho victimizante no debe revisarse únicamente la gravedad del daño, sino el impacto que éste pudo tener respecto de otros derechos. En efecto, la vulneración a un derecho humano, suele traer como consecuencia la transgresión a otros derechos, lo cual exige que el órgano jurisdiccional encargado de conocer del caso, identifique todas y cada una de las consecuencias del hecho victimizante, pues sólo así podrán identificarse los distintos tipos de medidas que serán necesarias para reparar el daño.

En esta línea, la reparación de una violación a derechos humanos, tiene como finalidad intentar, regresar las cosas al estado que guardaban antes del hecho victimizante, lo cual exige la contención de las consecuencias generadas y su eventual eliminación o, en caso de no

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27068-8d9b0afe/derecho-fundamental-a-una-reparacion-integral-o-justa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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