DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 2109 Y 2112, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 2086, 2087 Y 2088 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA. RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. EL QUE REGULE CONDUCTAS RIESGOSAS, PERO LÍCITAS, NO IMPLICA UNA LIMITACIÓN PARA REPARAR LOS DAÑOS MORALES. DAÑO MORAL. NO SE PUEDE EXCLUIR DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA EN ATENCIÓN AL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL. DAÑO MORAL. SE DETERMINA POR EL CARÁCTER EXTRAPATRIMONIAL DE LA AFECTACIÓN Y TIENE DIFERENTES CONSECUENCIAS Y MODOS DE PRUEBA. REPARACIÓN DEL DAÑO PATRIMONIAL. INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 2086, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 538/2021. 10 DE NOVIEMBRE DE 2021. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diez de noviembre de dos mil veintiuno, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 538/2021, promovido en contra de la sentencia dictada el veintisiete de enero de dos mil veintiuno por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito en los autos del juicio de amparo directo **********.
El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en estudiar el alcance de los derechos a la justa indemnización y acceso a la justicia y la interpretación realizada en la sentencia de amparo respecto a los artículos 2086, 2087, 2088, 2109, 2112 y 2113 del Código Civil para el Estado de Sonora, en torno a la procedencia de la indemnización por daño moral cuando se reclama con motivo de la responsabilidad civil objetiva y el alcance del vocablo "herederos" tratándose de la reparación del daño patrimonial.
I. ANTECEDENTES DEL CASO
1. Hechos y antecedentes. El veintitrés de junio de dos mil quince, ********** (de ahora en adelante "María Teresa", "actora" o "recurrente") presentó en la vía sumaria civil una demanda de responsabilidad civil objetiva en contra de ********** e ********** (de ahora en adelante "Sergio", "Irma" o "padres del menor"), así como de **********, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima de Capital Variable (de ahora en adelante **********, "empresa aseguradora" o "aseguradora"), por las siguientes prestaciones:
a) El pago de $2'188,800.00 (dos millones ciento ochenta y ocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de daños y perjuicios de orden patrimonial por la muerte de ********** (de ahora en adelante "Francisco Javier");
b) El pago de $4'000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.) por indemnización de reparación de daño moral por la muerte de Francisco Javier;
c) El pago de intereses legales que se generen por falta del pago oportuno de la indemnización del daño material;
d) El pago de intereses moratorios que se generen por el retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la aseguradora, y
e) El pago de gastos que originara el juicio.
2. Como antecedentes, en su escrito de demanda, la actora sostuvo que, el uno de mayo de dos mil quince, su hermano Francisco Javier regresaba de sus labores a bordo de una bicicleta en las inmediaciones de Ciudad Obregón, Sonora, cuando fue atropellado por un automóvil conducido por un menor de edad (hijo de Sergio y de Irma, quien en esa fecha contaba con diecisiete años) que circulaba a exceso de velocidad; adolescente que, tras el incidente, huyó del lugar señalándose que Francisco Javier perdió la vida con motivo del impacto y al haber pasado el automotor encima de su cuerpo; manifestándose a su vez que el respectivo vehículo era propiedad de Sergio y se encontraba asegurado por ********** (razón por la cual se demandó a los padres y a la empresa aseguradora), así como que Francisco Javier era una persona que en ese momento tenía cincuenta y dos años y se dedicaba a la albañilería.
3. Trámite y fallo del juicio ordinario. La demanda fue admitida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Cajeme, Sonora, y se registró con el número de expediente **********. Seguido el juicio en todas sus etapas legales, el quince de noviembre de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en la que se tuvo por acreditados todos los elementos de la acción de responsabilidad extracontractual en contra de Sergio e Irma, por hecho ajeno al ser los que ejercían la patria potestad del menor, y respecto a la empresa aseguradora, en virtud del contrato de seguro.
4. En ese orden, se condenó solidariamente a los demandados a lo siguiente: a) pagar en favor de la parte actora la cantidad de nueve mil pesos mensuales por concepto de daño patrimonial (como pensión mensual durante el término probable de vida que hubiera correspondido a la víctima calculado hasta octubre de dos mil treinta y cinco);(1) b) pagar por concepto de daño moral la cantidad de $4'000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.); c) en caso de incurrir en mora en cualquiera de ambas prestaciones, se determinó un interés anual del 9 % y, d) finalmente se condenó a gastos y costas.
5. Apelación. En desacuerdo, la parte actora y los demandados Sergio, Irma y la empresa aseguradora interpusieron recursos de apelación, los cuales fueron registrados de manera conjunta por la Primera Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora con el número de expediente **********. El veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, dicho tribunal emitió su resolución en la que modificó la sentencia impugnada.
6. En específico, tras declarar como incorrectos la mayoría de los agravios de los apelantes (entre otros, que se debía llamar a juicio al menor de edad porque había cumplido dieciocho años o que la parte actora no podía interponer la acción pues no era la legítima heredera al no haberse tramitado previamente un juicio sucesorio), se le dio la razón a la aseguradora en torno a que únicamente se encontraba obligada a cubrir el 25 % de la suma asegurada por concepto de responsabilidad civil en atención al contrato de seguro. Esto, pues sólo respondía conforme a lo pactado por las partes en la cláusula 1, apartado 3, de las condiciones generales de la póliza de seguro y su liquidación debería realizarse conforme a lo pactado una vez que quedara firme la sentencia y mediante el incidente correspondiente. En consecuencia, se absolvió a la empresa aseguradora del pago de costas en segunda instancia y se condenó al pago de costas de ambas instancias a Sergio e Irma.
7. Juicio de amparo directo. En contra de esa decisión, el quince de abril de dos mil diecinueve Sergio e Irma promovieron una demanda de amparo directo. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito admitió a trámite el asunto y lo registró con el número de expediente **********. Aunado a ello, tanto la empresa aseguradora como la parte actora interpusieron juicios de amparo, los cuales se registraron respectivamente con los números de expedientes ********** y **********.
8. Sustanciados los trámites correspondientes, por lo que hace al primer juicio de amparo **********,(2) el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, el órgano jurisdiccional dictó sentencia en la que concedió el amparo a Sergio e Irma para los siguientes efectos: a) que la Sala responsable dejara insubsistente la resolución impugnada y dictara una nueva en la que, analizara de manera fundada, motivada, congruente y exhaustivamente, el tercero de los agravios que fue planteado en el respectivo recurso de apelación (en relación a la serie de factores que se debieron ponderar para que resultara procedente en el caso el pago del daño moral); y b) que la Sala de Apelación tomara en cuenta la falta de legitimación de la actora para reclamar el daño patrimonial y resolver conforme a derecho.
9. Esto, pues a su parecer, de conformidad con lo establecido en el Código Civil sonorense, no es procedente en la responsabilidad extracontractual objetiva una condena por daño moral al no existir un hecho ilícito; por su parte, son los herederos los que, en primer término, pueden demandar los daños patrimoniales, no así un familiar (hermana) sin haberse acreditado antes la falta de herederos o la imposibilidad para designarlos.
II. PRESENTACIÓN Y TRÁMITE DEL RECURSO DE REVISIÓN
10. Recurso de revisión. Inconforme, el primero de marzo de dos mil veintiuno, María Teresa (actora en el juicio ordinario y tercero interesada en el juicio de amparo) presentó ante el órgano de amparo un escrito en el que señaló que interponía recurso de revisión. Tras su trámite, el día nueve del mismo mes y año, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró el recurso con el número 538/2021 y lo admitió a trámite; designando al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como ponente del asunto.
11. Asimismo, cabe resaltar que la propia actora presentó una revisión en contra de la diversa sentencia del juicio de amparo **********; recurso que se registró en esta Corte como 539/2021 y que se encuentra íntimamente interrelacionado con el que ahora nos ocupa.
12. Radicación. Finalmente, el dos de junio de dos mil veintiuno, la presidenta de esta Primera Sala determinó que ésta se avocaba al conocimiento del asunto y ordenó el envío de los autos al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución.
III. COMPETENCIA
13. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II y 83 de la Ley de Amparo en vigor, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal el trece de mayo de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno del mismo mes y año. Lo anterior es así, toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una resolución pronunciada en amparo directo por un Tribunal Colegiado de Circuito en materia civil, competencia de esta Sala, cuya resolución no requiere la intervención del Tribunal Pleno.
IV. OPORTUNIDAD
14. El recurso de revisión se interpuso dentro del plazo legal correspondiente. La sentencia de amparo se notificó por medio de lista el quince de febrero de dos mil veintiuno, surtiendo sus efectos al día siguiente; por lo que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo corrió del miércoles diecisiete de febrero al martes dos de marzo del mismo año, sin contar de dicho cómputo los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho, de febrero, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 19, 22 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, dado que del expediente se desprende que el recurso de revisión se presentó el primero de marzo de dos mil veintiuno en el buzón judicial del respectivo Circuito (recibido por el órgano colegiado al día siguiente), resulta notorio que se satisface el presente requisito procesal.
V. LEGITIMACIÓN
15. Esta Primera Sala considera que la parte recurrente está legitimada para interponer el presente recurso de revisión, pues queda probado que se le reconoció el carácter de tercero interesada en el juicio de amparo directo ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Quinto Circuito.
VI. ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER
16. A fin de dar respuesta a la materia del presente recurso de revisión, es imprescindible hacer referencia a los conceptos de violación, las consideraciones de la sentencia recurrida y a los agravios esgrimidos por la tercero interesada.
17. Demanda de amparo. Sergio e Irma expusieron sus razonamientos en siete grupos de conceptos de invalidez.
a) Argumento genérico. El acto reclamado viola los principios de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y acceso a la justicia. Entre otros aspectos, pues no se fijó correctamente la litis ni la sentencia impugnada carece de exhaustividad y congruencia.
b) Primero. La Sala responsable incorrectamente declaró infundado el agravio relativo a la legitimación en la causa. La parte actora en el juicio ordinario de origen carece de legitimación activa, toda vez que comparece a juicio por su propio derecho, a ejercitar la acción de responsabilidad civil objetiva, reclamando el pago de la indemnización por daño material y moral derivado de la muerte de su hermano. Cuando en realidad debió acudir el o los herederos.
c) En relación con ello, en el artículo 2086, fracción I, del Código Civil de Sonora se establece que existen tres hipótesis acerca de las personas que tienen derecho a la reparación del daño provocado en una persona que pierde la vida; a saber: 1) los herederos de la víctima y a falta de ellos; 2) quienes hubieren dependido económicamente de la víctima o, 3) con quienes convivía familiarmente.
d) La autoridad responsable violó lo establecido en dicho numeral debido a que la actora María Teresa no es titular del derecho que reclama, por no contar con el reconocimiento de heredera y por no ostentarse como tal, situación que no debió soslayar la Sala responsable; de tal suerte que la activa procesal no cumple con la condición que le impone la ley para acreditar la titularidad del derecho que reclama, por lo que la autoridad responsable comete una omisión al no analizar de manera exhaustiva y resolvieron de manera contradictoria respecto a la postura, conducta e interés jurídico de la parte actora en el juicio original.
e) No es obstáculo que la actora sea hermana del fallecido, pues lo que se debe acreditar primero es la falta de herederos para que se puedan actualizar los otros dos puestos legales. Incluso, la parte actora ni siquiera se adjudicó como heredera potencial o legítima heredera.
f) Segundo. La Sala responsable no tomó en consideración la confesión expresa realizada por la actora en su propio escrito de demanda, cuando en el hecho número dos del capítulo relativo, expuso que "dedicándonos ambos a ayudarnos mutuamente tanto en las labores propias del hogar como económicamente, ..."; de lo cual se desprende que en lo económico la accionante no dependía en su totalidad de la víctima; de ahí que la Sala no resolvió en su totalidad la litis de origen y, por ende, violentó los principios de congruencia, exhaustividad, fundamentación y motivación.
g) Tercero. Contrario a lo resuelto por la autoridad responsable, la persona que conducía el vehículo no fue oída ni vencida en juicio, por lo que no puede condenárseles solidariamente a sus padres por hechos de los que no formaron parte. Al respecto, si bien el artículo 2084 del Código Civil de Sonora aluden a la responsabilidad indirecta (por hecho ajeno), debe tomarse en cuenta también lo dispuesto en los artículos 2081, 2084, 2086, 2090, 2100 y 2112. Así, primeramente debe determinarse la persona que directamente causó el daño, para sólo después asignar responsabilidad solidaria a sus representantes.
h) Además, consta que quien conducía el vehículo al momento del accidente (uno de mayo de dos mil quince), si bien era menor en esa fecha, en la actualidad resulta ser una persona mayor que adquirió esa calidad durante el procedimiento civil de donde proviene el acto reclamado; consecuentemente, se le debió llamar a juicio como parte de un litisconsorcio pasivo necesario, pues se le imputa el hecho de usar un mecanismo peligroso y, por tanto, debe ser condenado en forma solidaria. Esto, pues la sentencia le causa un perjuicio, dado que en un futuro podría ser sujeto de una demanda para el reembolso de los posibles montos pagados en condena.
i) Por su parte, es criterio de los tribunales federales que si bien el requisito de legitimación procesal se tiene cubierto con la comparecencia a juicio de los menores de edad por medio de su representante legal; empero, a partir de que se llega a la mayoría de edad, ese requisito ya no puede tenerse por satisfecho de la misma forma y debe comparecer el ahora mayor de edad. Incluso, el Juez debe advertir tal situación y en el momento que la persona adquiere la mayoría de edad, notificarle personalmente el estado de proceso (equiparándose ello a un emplazamiento).
j) Cuarto. La Sala responsable desestimó incorrectamente el agravio relativo a que el Juez, sin el debido fundamento y motivación, condenó al pago del daño moral y, a su vez, incluso siendo improcedente dicha condena, omitió considerar todos los factores previstos en el artículo 2087 del Código Civil para el Estado de Sonora.
k) La parte actora tenía la obligación de presentar los documentos idóneos dentro del juicio para acreditar la existencia del daño moral, ya que sólo así se hubiera realizado un pronunciamiento a fondo con relación al origen del daño que refieren sufrir; lo cual, debió advertir dicha Sala, bajo el principio de debido proceso y seguridad jurídica. Citaron en apoyo las tesis 1a. CCLXXIII/2014 (10a.), VI.2o./J. 26 y II.2o.C.316 C, de rubros: "DAÑO MORAL. LAS PARTES PUEDEN ALLEGAR PRUEBAS AL JUZGADOR PARA ACREDITAR UNA MAYOR O MENOR GRAVEDAD DE AQUÉL.", "ACCIÓN. NECESIDAD DE PRECISAR LOS HECHOS EN QUE SE FUNDA." y "DEMANDA CIVIL. LA OMISIÓN DE NARRAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR DE CIERTOS HECHOS, NO ES FACTIBLE SUBSANARLA NI DE ACREDITAR ÉSTAS POSTERIORMENTE CON LAS PRUEBAS APORTADAS."
l) Quinto. La Sala responsable transgredió en su perjuicio los artículos 1o., 14, 16 y 17 constitucionales, en relación con los artículos 2081, 2084, 2086 y 2090 del Código Civiles (sic) para el Estado de Sonora. Del juicio de origen se desprende que la acción que intenta la parte actora es la de responsabilidad civil objetiva, misma que radica en que los daños provienen de una conducta lícita, jurídica e inculpable, consistente en aprovechar un objeto peligroso que crea riesgo de daños; responsabilidad fincada entonces en dicho riesgo y que tiene su apoyo en un elemento externo como lo es el riesgo creado. Por ello, para que se produzca la obligación de reparar el daño moral se requiere de acreditar que el daño se ocasionó y que dicho daño sea consecuencia de ese hecho que dio lugar al riesgo creado.
m) Bajo ese tenor, se estima que la indemnización del daño moral a la que fueron condenados resulta improcedente, pues los elementos de ilicitud, antijuridicidad y culpabilidad no se encuentran actualizados. Es decir, la condena por daño moral no es procedente respecto a la responsabilidad objetiva, pues no hay una conducta ilícita, sino simplemente un riesgo creado. El daño moral es sólo para las conductas ilícitas. Citan en apoyo la tesis VIII.2o.19 C, de rubro: "RESPONSABILIDAD OBJETIVA. NO IMPLICA LA REPARACIÓN MORAL. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO)."
n) Además, la reparación del daño moral se encuentra a cargo de la persona que despliega la conducta activa en el hecho dañoso, por ser quien causó directamente el daño y a quien haga uso de mecanismos peligrosos y cause un daño; en consecuencia, si ellos no intervinieron de forma directa en la generación y producción del hecho dañoso, resulta ilógico que sean condenados al pago de dicho concepto.
o) Sexto. La autoridad responsable pasa por alto lo establecido en el artículo 2089 del Código Civil para el Estado de Sonora; por lo que en el indebido caso de que se determine algún pago por concepto de daño moral, debe ser aplicado dicho numeral. En la sentencia reclamada no se tomó en cuenta.
p) Séptimo. La Sala responsable indebidamente confirmó la condena impuesta a la demandada por el pago de $9,000.00 hasta el año 2035, pues dicha cantidad no es acorde con lo dispuesto en el numeral 2112 del Código Civil para el Estado de Sonora; por lo que, si los nueve mil pesos se dividen entre tres, entonces las dos terceras partes sólo suman la cantidad de seis mil pesos, lo cual dejó de considerar la autoridad responsable y, por ende, transgredió dicho artículo, así como los principios de congruencia, exhaustividad, fundamentación y motivación. Esto, al no analizar la forma correcta en que debían ser cuantificadas las pensiones mensuales a que se les condenó, atendiendo a los escritos de demanda y contestación, a la litis del juicio y las pruebas allegadas al mismo. 18. Sentencia de amparo. El Tribunal Colegiado declaró fundados los conceptos de invalidez cuarto y quinto, concediendo el amparo para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el acto reclamado y emitiera otro en el que, analizara de manera fundada, motivada, congruente y exhaustivamente, el tercer agravio que le fue planteado en el recurso de apelación; asimismo, para que determinara la falta de legitimación de la actora para reclamar el daño patrimonial. Esto a la luz de las siguientes consideraciones:
a) En primer lugar, declaró infundado el argumento consistente en que, dado que la persona que se vio involucrada en el accidente cumplió la mayoría de edad, debía ser llamado a juicio y, en su caso, ser condenado de forma solidaria. Para el Tribunal Colegiado, aun cuando la persona que conducía el vehículo en la fecha del siniestro cumplió la mayoría legal de edad durante el juicio, esa circunstancia no obliga al juzgado de origen a llamarlo al procedimiento, toda vez que en la demanda de origen, quienes figuran como demandados directos son los padres del conductor que participó en el percance; lo cual implica que el hecho generador de las obligaciones ocurrió cuando los padres, en su carácter de ascendientes del menor, tenían la obligación de resarcir el daño de conformidad con el artículo 2092 del Código Civil para el Estado de Sonora.
b) Para ser necesario llamar a juicio a la persona que obtuvo la mayoría de edad, era necesario que éste hubiera sido demandado y haya comparecido al juicio por medio de sus representantes. Sin embargo, consta que la demanda se planteó directamente en contra de sus padres por hecho ajeno, conforme a la normatividad aplicable. Así, no existe la posibilidad de que los padres, ahora que su hijo es mayor de edad, le reclamen la subrogación de los daños: en su momento ellos debían responder por los hechos del menor.
c) Se citó como aplicable la tesis XVI.3o.CT7 C (10a.), de rubro: "RESPONSABILIDAD CIVIL. EL HECHO DE QUE UN MENOR HAYA COMETIDO UN ILÍCITO CUANDO SE ENCONTRABA BAJO LA PATRIA POTESTAD DE SUS PADRES Y, POSTERIORMENTE, ALCANZA LA MAYORÍA DE EDAD, ELLO NO OBSTA PARA QUE EL AGRAVIADO PUEDA DEMANDAR A ÉSTOS AQUÉLLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).", y señaló como inaplicable la tesis 1a. CC/2013 (10a.) citada por los quejosos, de rubro: "PRINCIPIO DISPOSITIVO. SU ALCANCE FRENTE AL JUZGADOR COMO DIRECTOR DEL PROCESO."
d) Por otro lado, se declaró inoperante el argumento en el que se desestimó el agravio relativo a que el Juez, sin el debido fundamento y motivación, condenó al pago del daño moral omitiendo considerar que dicha condena debía ser consecuencia de un hecho u omisión ilícito; pues lo cierto es que los quejosos nunca realizaron esa alegación en el escrito de agravios de apelación. En efecto, únicamente adujeron que no se analizaron los factores o valores establecidos en el artículo 2087 del Código Civil para el Estado de Sonora; empero, nada expresaron respecto a la procedencia de la condena por daño moral.
e) Consiguientemente, la inoperancia se actualiza porque constituye un razonamiento novedoso no alegado. Se citó en apoyo las jurisprudencias IV.3o.C. J/1 y VI.2o.A. J/7, de rubros: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON AQUELLOS QUE ATACAN CONSIDERACIONES AJENAS A LA LITIS CONSTITUCIONAL." y "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL."
f) No obstante lo anterior, en tercer lugar, se consideró como fundado el concepto de violación consistente en que la autoridad responsable desestimó el agravio relativo a que el Juez, sin la debida fundamentación y motivación, condenó al pago del daño moral omitiendo considerar todos los factores previstos en el artículo 2087 del referido código; pues efectivamente el acto reclamado contiene la omisión que se le atribuye.
g) Para el colegiado, la respuesta a dicho agravio carece del debido fundamento y motivación. Para que se cumpla con dichos requisitos debe expresarse con claridad cuáles fueron los motivos y razones por los cuales se considera que en el caso, el Juez de instancia sí hizo el estudio respectivo y exponer, por parte de la responsable, porqué ello resultaba correcto, tomando en cuenta que son diversos los aspectos que deben ponderarse para tener por acreditado el monto pecuniario justo por concepto de daño moral; así como aplicar la disposición legal correcta.
h) No es lo que las partes soliciten en sus escritos de demanda o contestación, respecto del monto de indemnización por daño moral, lo que están obligadas a demostrar o la autoridad responsable a valorar; pues el arbitrio judicial de quien resuelve debe hacerse valer, ponderando en cada caso particular los factores que establece el artículo 2087 del Código Civil para el Estado de Sonora: tales como los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y de la víctima, así como las demás circunstancias del caso. Se citaron como aplicables las tesis I.6o.C.410 C y I.4o.C.172 C, de rubros: "INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL Y RESARCIMIENTO POR DAÑOS MATERIALES. DISTINCIÓN ENTRE SU FINALIDAD Y CUANTIFICACIÓN." y "DAÑO MORAL. LA CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DEBE DETERMINARSE POR EL JUEZ, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD PEDIDA EN LA DEMANDA."
i) En ese tenor, el monto reclamado por la actora en nada vincula a la autoridad responsable para resolver sobre ese aspecto, pues el arbitrio judicial del juzgador es lo que debe permear en la fijación del monto correspondiente. La reparación del daño moral lo que pretende es resarcir la afectación que en sus sentimientos sufre la persona con una cantidad monetaria. Así, para una correcta condena en contra del demandado, debe tomarse en cuenta la capacidad económica de quien va a recibir la indemnización; debiéndose considerar también la situación económica del demandado.
j) Por tanto, si la autoridad responsable se basó en la presunción del daño moral que recibe el familiar de la persona fallecida, en este caso su hermana María Teresa, sin exigir que el Juez de la causa realizara una ponderación detallada de los demás aspectos previstos en el artículo 2087, se transgreden los principios de legalidad, seguridad jurídica e impartición de justicia; aplicándose la tesis I.8o.C.8 C (10a.), de rubro: "DAÑO MORAL. ASPECTOS QUE DEBEN PONDERARSE PARA CUANTIFICAR SU MONTO.". El tribunal de apelación debió explicar de manera detallada cómo se aplicaba cada elemento previsto legalmente para efecto de la condena por daño moral.
k) Aunado a lo anterior, se sostiene que también resulta fundado el argumento en el cual los quejosos alegaron que, contra lo resuelto por la autoridad responsable, tratándose del reclamo atinente al daño patrimonial, conforme a lo establecido en el artículo 2086, fracción I, del Código Civil para el Estado de Sonora, los legitimados para demandar en orden preferente son los herederos de la víctima, entendiéndose aquellos así reconocidos en el juicio sucesorio correspondiente.
l) Del proceso legislativo que dio origen a los capítulos "de las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos" y "de la responsabilidad objetiva o riesgo creado" del Código Civil para el Estado de Sonora y de un análisis sistemático, funcional e histórico se obtiene qué se entiende por daño moral, quiénes están sujetos a la reparación del daño moral y, en su caso, cuáles son las obligaciones a cargo del responsable de producir un daño extra-patrimonial.
m) La responsabilidad civil objetiva es una acción distinta a la responsabilidad subjetiva que no trae como consecuencia la indemnización del daño moral. En todo caso, conlleva que se repare el daño causado conforme al artículo 2109 del Código Civil Local; esto es, a que sea procedente el pago de daños y perjuicios, mas no a la indemnización por reparación de daño moral, en virtud de que éste precisa de elementos y sujetos distintos (es decir, sólo puede provenir de una conducta y derivar de un hecho ilícito, al tenor del artículo 2087 del referido código).
n) La intención del legislador sonorense fue que la indemnización del daño moral proceda en caso de responsabilidad subjetiva (hecho ilícito) y no cuando se trate de responsabilidad objetiva (riesgo creado), al considerar que en el primer supuesto debe haber una reparación total, como sanción estricta, debido a la culpa o dolo de la conducta desplegada; mientras que en la última una reparación parcial, compartiéndose el riesgo debido a que en la comisión del daño no hubo actuación ilícita, sino el uso de cosas o mecanismos peligrosos.
o) Consideraciones expuestas en la tesis de jurisprudencia PC.V. J/26 C (10a.) (derivada de la contradicción de tesis 3/2019), del Pleno de Quinto Circuito, de rubro: "INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL. NO PROCEDE CUANDO SE TRATE DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA –RIESGO CREADO– (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA)."
p) Precisado lo anterior, teniendo como marco jurídico para diferenciar entre la responsabilidad civil objetiva y subjetiva que se rigen por distintas reglas, como se dijo, asiste razón a los quejosos porque, efectivamente, tratándose del reclamo de la reparación del daño patrimonial derivado de la responsabilidad objetiva conforme al artículo 2113 que remite al diverso numeral 2086, fracción I, del Código Civil para el Estado de Sonora, se advierte que se establecen distintos sujetos que se encuentran legitimados para demandar este tipo de daños y, en primer orden, se encuentran los herederos de la víctima; entendiéndose éstos como aquellos así´ reconocidos en el juicio sucesorio correspondiente, por conducto del albacea nombrado.
q) La responsable consideró en la sentencia reclamada al atender el primer agravio planteado en la apelación, que en lo que se refiere al daño patrimonial, la legitimación debe entenderse que a falta de herederos de la víctima,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30855-3901f9ca/derecho-a-la-reparacion-integral-del-dano-interpretacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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