REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. EL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE DEFINE LOS RUBROS QUE DEBE COMPRENDER, NO ES LIMITATIVO Y, POR TANTO, NO VIOLA DICHO DERECHO FUNDAMENTAL. REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. EL ARTÍCULO 43 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, AL ESTABLECER QUE SU FIJACIÓN SE HARÁ DE ACUERDO CON LOS DATOS, MEDIOS DE PRUEBA Y PRUEBAS OBTENIDAS DURANTE EL PROCESO, AUN TRATÁNDOSE DE ASPECTOS INMATERIALES O MORALES, NO VULNERA ESE DERECHO FUNDAMENTAL.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1615/2020. 24 DE NOVIEMBRE DE 2021. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y PRESIDENTA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. AUSENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: ALEXANDRA VALOIS SALAZAR.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno.
VISTOS, para resolver, los autos relativos al amparo directo en revisión 1615/2020.
RESULTANDO:
1. PRIMERO.— Hechos. De las constancias de autos se desprende que el día cuatro de diciembre de dos mil nueve, ante el agente del Ministerio Público, titular de la Unidad de Investigación Número Uno con Detenido, de la Agencia Investigadora número CUJ-1 en la Fiscalía Cuajimalpa de la Procuraduría General de Justicia de la actual Ciudad de México, se inició la averiguación previa **********, por el delito de lesiones culposas en contra de **********, respecto de los hechos consistentes en que:
2. Ese mismo día, aproximadamente a las siete horas con treinta minutos, al circular ********** en su vehículo por la autopista México-Toluca, con dirección a la Ciudad de México, en un tramo que corresponde a la colonia San Mateo Tlaltenango, Alcaldía Cuajimalpa de esta ciudad, derrapó por lo que se proyectó hacia la barda de concreto de contención que divide los sentidos de la circulación, golpeando la parte frontal izquierda del automotor, el cual quedó atravesado entre el carril de baja velocidad y la zona de acotamiento.
3. Derivado de esos hechos, el conductor del vehículo bajó de éste y se ubicó en la zona de acotamiento para llamar al seguro, cuando otro automóvil, conducido por la imputada, viró hacia la derecha y se impactó con otra camioneta que se había detenido a causa del primer hecho, luego efectuó contacto con el costado izquierdo del cuerpo del ofendido, ocasionándole fractura expuesta de radio y cúbito así como de tibia y peroné, con sección de tendón de Aquiles y pérdida de piel, todos del lado izquierdo, así como fractura cerrada de muñeca izquierda y lesión por machacamiento de miembro pélvico derecho; lesiones que fueron calificadas por el perito médico legista como aquéllas que ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de sesenta días.
4. El cinco de diciembre de dos mil nueve, la autoridad ministerial concedió a la indiciada la libertad provisional bajo caución, fijándole la suma de **********, por concepto de reparación del daño y ********** para garantizar sus obligaciones procesales, montos que fueron exhibidos en la misma fecha.
5. El dieciséis de marzo de dos mil diez, se tuvo a ********** en calidad de probable responsable, se le hicieron saber sus derechos constitucionales, asistido de su defensor, y al rendir su declaración narró su versión de los hechos y ofreció como pruebas: a) la pericial en materia de valuación respecto de los objetos que no fueron localizados como lo son un teléfono celular, tarjeta de circulación tamaño de bolsillo, comprobante de verificación vehicular, póliza de seguro y pagos de varios servicios, llaves del automotor con control remoto; b) la comparecencia del representante legal del **********, para que informara los montos a que ascendieron los gastos de hospitalización; honorarios médicos; c) estableciera cómo fueron distribuidos los honorarios entre los médicos que intervinieron; d) si ya habían sido cubiertos totalmente; e) si a su egreso, el saldo fue cubierto mediante cheque de la cuenta **********, que estaba a su nombre; f) precisara el nombre de todos los médicos que intervinieron y sus ayudantes.
6. Posteriormente, en fechas ocho de abril de dos mil diez, (aún como probable responsable) veintiuno de enero y ocho de marzo de dos mil once, realizó diversas ampliaciones de declaración; y el veintisiete de julio de dos mil once, en calidad de querellante; en las diligencias exhibió diversa documentación, facturas, recibos de honorarios y otros para demostrar los gastos que sufragó por la atención médica que recibió, con motivo de las lesiones que sufrió a causa de los hechos que se investigaban.
7. El dos de agosto de dos mil once, el agente del Ministerio Público ejerció acción penal sin detenido contra la imputada, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones culposas en agravio de **********, solicitando se librara la orden de comparecencia y/o de aprehensión correspondiente, de la que conoció el Juez Cuadragésimo Séptimo de Paz Penal, quien negó la orden de aprehensión solicitada, dejando la causa bajo los efectos del artículo 36 del Código de Procedimientos Penales.
8. Una vez perfeccionada la indagatoria, con pliego de consignación sin detenido, el cuatro de noviembre de dos mil once, el Ministerio Público ejerció acción penal contra ********** por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones culposas y ordenó su comparecencia por resolución de veinticuatro de noviembre del año citado. En tanto la víctima ofreció diversas pruebas.
9. El dos de enero de dos mil doce, compareció la imputada y rindió su declaración preparatoria en la que solicitó gozar de las garantías de la libertad provisional, petición que se acordó de manera favorable. El cuatro de enero siguiente, el Juez Décimo Tercero Penal de Delitos No Graves del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) dictó auto de formal prisión a la inculpada por el delito culposo y declaró abierto el proceso sumario.
10. Inconforme, la imputada promovió juicio de amparo indirecto que fue negado por el Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, respecto del auto de formal prisión decretado, y lo concedió por otra, pues la autoridad responsable había sido omisa respecto a ordenar la suspensión de los derechos políticos-electorales. En contra la quejosa interpuso recurso de revisión, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito que conoció confirmó la sentencia recurrida. Así,(1) por sentencia de treinta de octubre de dos mil doce, el Juez de la causa penal de origen, dio cumplimiento a la ejecutoria.
11. Seguida la secuela procesal respectiva, se desahogaron las pruebas de la víctima en la etapa de instrucción, quien además solicitó el perfeccionamiento de las pruebas ofrecidas durante la investigación ministerial (cheques), para lo cual solicitó su ratificación; diversas documentales públicas no fueron admitidas, por lo que se interpuso recurso de apelación que se tuvo por no interpuesto y en contra de dicho proveído, se interpuso recurso de denegada apelación que se declaró infundado.
12. Posteriormente, se ofrecieron y desahogaron las demás pruebas aportadas por el Ministerio Público y por la inculpada, se celebró la junta de peritos respectiva, se declaró cerrada la instrucción y se suspendió el procedimiento hasta tanto se resolvieran los diversos juicios de amparo promovidos tanto por la procesada, como por la víctima.
13. Por resolución de veintiuno de noviembre de dos mil catorce, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo **********, el Juez del proceso revocó el acuerdo de veintiocho de marzo del mismo año (para que se tuviera por interpuesto el recurso de apelación, tramitara el de revocación contra el acuerdo que determinó que no había lugar a admitir diversas probanzas) y, por ende, dejó sin efectos el cierre de instrucción.
14. El veintiuno de abril de dos mil quince se declaró cerrada la instrucción y, ante el planteamiento de incompetencia realizado por el agente del Ministerio Público, en resolución de la misma fecha el Juez de la causa determinó que se encontraba impedido para su conocimiento, por lo que ordenó que la causa fuera remitida al Juez de Distrito de Procesos Penales Federales; resolución que fue revocada por la sala de apelación, ante su impugnación por parte de la víctima y la inculpada, ordenándose reanudar el procedimiento.
15. Sentencia de primera instancia. El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho se dictó sentencia en la que se consideró a ********** penalmente responsable el delito de lesiones culposas cometidas en agravio de **********, y se le condenó a una pena de nueve meses de prisión y al pago de diversas cantidades por concepto de: (i) reparación del daño material **********; (ii) indemnización conforme a la Ley Federal del Trabajo **********; (iii) reparación del daño por subrogación a la aseguradora de la víctima **********; y, (iv) reparación del daño moral por **********.
16. SEGUNDO.—Recurso de apelación. La anterior determinación fue impugnada vía recurso de apelación en virtud del cual se modificó únicamente lo relativo a la reparación del daño por **********; se absolvió del pago de la indemnización y se hizo condena al pago de la reparación del daño moral, pero se dejaron a salvo los derechos de la víctima para que ésta se cuantificara en ejecución de sentencia, pues estimó que de autos no se desprendían pruebas suficientes para cuantificarla.
17. TERCERO.—Amparo directo **********. En contra de esa decisión, ********** promovió juicio de amparo directo, por razón de turno conoció el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. En sesión de siete de febrero de dos mil veinte, concedió el amparo solicitado.
18. CUARTO.—Amparo directo en revisión. Mediante oficio recibido el seis de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito remitió el escrito signado por el quejoso **********, por el cual interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de siete de febrero de dos mil veinte, dictada en los autos del amparo directo **********.
19. En proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte, el presidente de este Alto Tribunal ordenó su registro como amparo directo en revisión número 1615/2020 y determinó desecharlo por improcedente.
20. QUINTO.—Recurso de reclamación. Inconforme con esa determinación, por escrito presentado el doce de agosto de dos mil veinte, vía MINTERSCJN, el quejoso hizo valer el recurso de reclamación, el cual se tuvo por interpuesto por acuerdo de Presidencia de doce de agosto del mismo mes y año, quedando registrado con el número 887/2020. Se ordenó turnar el asunto a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente y el envío de los autos a la Primera Sala. En auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, el asunto quedó avocado.
21. En sesión de veinte de enero de dos mil veintiuno, esta Primera Sala resolvió fundado el recurso de reclamación por unanimidad de cinco votos pues, contrariamente a lo señalado en el acuerdo combatido, sí se surtía la procedencia del recurso de revisión, porque de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa se advirtieron diversos planteamientos relacionados con cuestiones propiamente constitucionales de importancia y trascendencia. En consecuencia, ordenó revocar el acuerdo combatido y remitir los autos a la Presidencia del Alto Tribunal, para que admitiera el recurso de revisión.
22. En atención a lo anterior, el Ministro presidente del Máximo Tribunal, en auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, ordenó la admisión del recurso y lo turnó a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto correspondiente.
23. Por proveído de seis de octubre de dos mil veintiuno, la Ministra presidenta de la Primera Sala tuvo por recibidos los autos del presente asunto, entre otras cuestiones, se avocó al conocimiento del mismo y ordenó el envío de los autos a la ponencia respectiva.
CONSIDERANDOS:
24. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, con fundamento en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II y 83 de la Ley de Amparo; y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que el recurso se interpuso contra una sentencia emitida por un Tribunal Colegiado en amparo directo, cuya resolución no requiere la intervención del Tribunal Pleno.
25. SEGUNDO.—Legitimación. La parte recurrente se encuentra legitimada para interponer el presente recurso de revisión, pues combate una sentencia de amparo que le fue adversa y en la que se le reconoció la calidad de quejoso.
26. TERCERO.—Oportunidad del recurso. El recurso es oportuno en términos del artículo 86 de la Ley de Amparo, porque se interpuso el último día del plazo de diez con que contaba para hacerlo.
27. En efecto, a la parte quejosa se le notificó la sentencia recurrida el jueves trece de febrero de dos mil veinte, comunicación que surtió efectos el viernes catorce siguiente. El plazo para la interposición del presente recurso transcurrió del diecisiete al veintiocho de febrero del mismo año sin contar los días quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de febrero por corresponder a sábados y domingos.
28. Ahora bien, si el recurso se interpuso el día veintiocho de ese mismo mes y año, es inconcuso que éste resulta oportuno.
29. CUARTO.—Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Para facilitar la comprensión del asunto, enseguida se sintetizarán: I) los conceptos de violación del quejoso, II) las consideraciones del Tribunal Colegiado, y III) los agravios que ahora formula el recurrente.
30. I. Conceptos de violación.
• El artículo 130 del Código Penal para la Ciudad de México, viola sus derechos humanos contenidos en los artículos 1o., 17 y 20, apartado B, constitucionales, pues con base en dicho numeral la Sala responsable únicamente estimó actualizado el delito de lesiones a que se refiere la fracción VII, que prevé las lesiones que ponen en peligro la vida, vulnerando su derecho a conocer la verdad, el acceso efectivo a la justicia y que se sancione al culpable conforme al principio de culpabilidad por los hechos que cometió, y ello, también se vincula con su derecho a obtener la reparación del daño.
• Asimismo, dicho artículo deja de sancionar a la enjuiciada por los diversos hechos delictivos que cometió, ya que en el caso, no sólo se produjo una alteración en la salud sino que fueron diversas y entre las lesiones ocasionadas existen afectaciones en su integridad que no quedan comprendidas en la referida fracción VII; por lo que se debió estimar que se actualizó el concurso ideal.
• La redacción del numeral 130, fracción VII, del código punitivo, inconstitucionalmente condiciona la aplicación de una pena y con ello se excluyen cuestiones que también son consecuencia de la acción delictiva que desplegó la sentenciada, como son el resto de las lesiones que están comprendidas en las fracciones V y VI, pues también le ocasionó lesiones que disminuyeron el normal funcionamiento de ambas extremidades inferiores y parcialmente de la mano izquierda, así como la pérdida del músculo de la pantorrilla, que le generó una deformidad incorregible; cuestiones que no implicaron la puesta en peligro de su vida a que se refiere la fracción VII.
• Asimismo, la redacción del ordinal en comento, en relación con la fracción VII del Código Penal, excluye la aplicación del concurso ideal homogéneo y de los preceptos que regulan esa figura concursal, tanto en orden descriptivo como sancionatorio, que debieron tenerse por comprobadas y sancionadas.
• En consecuencia, dicho numeral es inconstitucional porque no sanciona a la sentenciada por todas las lesiones que le ocasionó, tampoco pondera el número y naturaleza de las afectaciones a la salud que sufrió.
• Es decir, soslaya la multiplicidad de vulneraciones que resintió el bien jurídico tutelado, y considera la demostración del cuerpo del delito de lesiones en forma englobante y no individualizada, lo que conduce a que la condena sea injusta e inconstitucional, por ende, resulta procedente que se sancione a la incriminada con base en un concurso ideal de delitos y se impongan las penas condignas.
• Es inconstitucional el artículo 251 del código adjetivo procesal, porque condiciona el valor jurídico de las documentales privadas a su ratificación, cuando debe atenderse a factores multidimensionales para fijar la condena a la reparación del daño que debe ser integral y justa.
• Además, es ilegal que la posibilidad probatoria se limite a cuestiones que están fuera del alcance de la víctima u ofendido.
• Que el numeral en comento no permite que la ponderación demostrativa se haga en parámetros más amplios a los que la norma prevé, pues debe considerar que se trata de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido, y en materia de derecho victimal no operan los principios de exacta aplicación de la ley, ni el mandato de taxatividad, por tanto, no puede sujetarse al mismo estándar probatorio ni a los limitados alcances demostrativos de la reparación del daño, porque con ello se imponen cargas procesales inadecuadas a la víctima.
• Se soslayó que la ratificación de los documentos privados implican cuestiones que están ajenas a la factibilidad procesal del sujeto pasivo del delito, ya que ni la citación, ni la localización y menos la presentación de las personas que suscriben los documentos con que se acreditaron los gastos hechos dependen del ofendido.
• De ahí que queda en estado de indefensión comprobatoria al no realizarse la citada ratificación a pesar de que hubiera realizado el pago que ampara el documento respectivo, mismo que está relacionado con los hechos criminales y las afectaciones que a la víctima produjo con el delito.
• Que algunos documentos privados (por corresponder su elaboración a sujetos particulares) se refieren a cuestiones del trato comercial y bancario habitual, en cuyo caso; además, la expedición de esos documentos están regulados por el Código Fiscal de la Federación y/o la Ley de Instituciones de Crédito y el Código de Comercio, caso en el cual adquieren forma y condiciones específicas, cuyo cumplimiento debería ser suficiente e idóneo para atribuirles valor demostrativo pleno y, consecuentemente, con independencia de que fueran ratificados o no, deberían ser adecuados para sustentar la condena a la reparación del daño.
• La fracción III del artículo 417 del Código de Procedimientos Penales para la Ciudad de México, limita la materia de la apelación en el caso de la víctima u ofendido del delito en lo relativo a la acción reparadora, con lo que se vulneran los derechos a que se refiere el artículo 20, apartado B, constitucional, en relación con los diversos numerales 8o., 1o. y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• La limitante a la exposición de agravios relacionados sólo directamente a la reparación del daño es inconstitucional e inconvencional porque en el caso, la víctima u ofendido están facultados constitucionalmente a ser parte activa del proceso y en esa medida a tener acceso a un recurso efectivo.
• Conforme al principio de progresividad en la protección de los derechos humanos, entre ellos, los derechos de acceso a la justicia y recurso efectivo, la víctima u ofendido del delito tiene legitimación para impugnar todos los apartados que conforman la sentencia definitiva condenatoria, puesto que la legitimación para interponer el recurso de apelación no se constriñe a los supuestos establecidos expresamente en el arábigo 417, fracción III, del aludido código adjetivo, sino que debe atenderse con la amplitud de protección establecida en el artículo 20, apartado B, constitucional y analizar cuándo se reclama la afectación personal y directa de algunos de los derechos humanos ahí reconocidos. • Legitimación que es acorde con el principio de equilibrio de las partes procesales en materia penal y con el reconocimiento de la calidad de parte activa en el sistema procesal a favor de la víctima u ofendido del delito, ya que permite exigir el derecho a conocer la verdad; solicitar que el delito no quede impune; que se sancione al culpable y se obtenga la reparación del daño mediante la impugnación no sólo de la eventual ilegalidad del apartado concreto de reparación del daño, sino también de los pronunciamientos judiciales relacionados con los presupuestos de acreditación del delito, la demostración de la plena responsabilidad penal del sentenciado y la individualización de sanciones.
• De ahí que la limitación señalada en el artículo 417, fracción III, del código adjetivo invocado es inconstitucional porque excluye la legitimación de la víctima u ofendido del delito para interponer el recurso de apelación de forma que garantice la protección de sus derechos humanos.
• Por otro lado, adujo que el artículo 42 del Código Penal para la Ciudad de México, al sólo listar una parte de los aspectos que comprende la reparación del daño, viola el derecho constitucional a que sea integral, proporcional, eficiente y justa, pues no precisa qué debe considerarse por multidisciplinario, multifacético o multidimensional y progresivo, y es evidente que no sólo contempla los costos de los tratamientos médicos, terapéuticos y de rehabilitación física, sino también debe quedar incluida la indemnización por el daño moral y el resarcimiento derivado de todas las pérdidas sufridas por la víctima u ofendido, los gastos permanentes a consecuencia del delito como serían los medicamentos y tratamientos médicos que tendrán que suministrarse al pasivo con motivo del ilícito.
• Así, la forma en que está redactado dicho precepto es limitativo pues excluye otros conceptos que deben quedar inmersos en ese tópico y, derivado de ello, las autoridades judiciales no condenan a la reparación del daño respecto de los gastos relacionados con la rehabilitación, satisfacción e indemnización, en concreto, los gastos médicos futuros, los gastos por asesoría jurídica, los gastos por actividades procesales, los gastos por remuneración de los peritos que dictaminaron en el proceso, las indemnizaciones por incapacidades totales o parciales permanentes, por incapacidades para trabajar, por mutilaciones y deformaciones, por afectación a los sentimientos, afectos y dolores.
• Dicha omisión legislativa para contemplar otro tipo de conceptos, implica la exclusión de otros que sí corresponden y forman parte de la reparación del daño integral protegida constitucional y convencionalmente, toda vez que la pretensión del Poder Reformador constitucional que sustenta el derecho humano a la reparación del daño, implica que éste debe ser integral.
• Además, lo importante no sólo es la gravedad del daño sino también el impacto que tuvo en la víctima y sus derechos; de ahí que al no precisar todas las medidas necesarias para reparar el daño y sólo contemplar los tópicos a que se refieren las diversas fracciones que se señalan en dicho numeral y no establecer que ese listado es enunciativo o que pueden incluirse otros rubros, limita a la autoridad judicial al momento de individualizar esa condena, pues no permite identificar todos y cada uno de los tipos de afectaciones que se realizaron y tuvieron su origen en el ilícito.
• Señaló que por ese motivo y ante la dificultad probatoria para demostrar los extremos correspondientes, es que el artículo 47 del Código Penal para la Ciudad de México hace una remisión expresa a la Ley Federal del Trabajo, estableciendo una base mínima para calcular la indemnización que debe pagarse a la víctima, sin menoscabo de que el juzgador pueda apreciar si dicho resarcimiento legal es suficiente o no para cubrir los daños realmente sufridos, con base en las pruebas que pudieran constar en autos.
• Adujo que el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo prevé una indemnización genérica con la cual se pretende compensar de alguna manera el daño moral a la víctima, la cual se relaciona con el tipo de incapacidad que presentó con motivo de las alteraciones a la salud que resintió por el actuar del agente del delito.
• Asimismo, refirió que en un principio no es necesario que el Ministerio Público o la víctima interesados aporten mayores pruebas para acreditar el daño causado pero, de ser el caso que consideren que los daños son superiores a los previstos en la legislación laboral, para estar en aptitud de ofrecer las pruebas que tiendan a ese fin, como sucedió en el caso, ya que para efectos de demostrar el salario real de la víctima, se aportaron las documentales que acreditan plenamente que al momento de los hechos su percepción era superior al salario mínimo y de hecho, el monto específico a que ascendía éste, a fin de que se tomara en cuenta al realizar la justipreciación judicial de ese aspecto y se pudiera condenar con base en una cuestión objetiva.
• Por otro lado, hizo valer que el artículo 43 del Código Penal para la Ciudad de México es inconstitucional porque limita la condena a la reparación del daño, con base en las pruebas obtenidas en el proceso, cuando es evidente que en relación con daños o afectaciones morales, la lesión a la víctima debe presumirse y, por tanto, debe haber lugar a la condena con independencia de que se aporten pruebas por la víctima u ofendido.
• Asimismo, el dispositivo en comento es violatorio de sus derechos humanos porque condiciona la condena a la aportación de pruebas, cuando en el caso de la reparación del daño vinculada con aspectos inmateriales o morales, debe tener por colmada la procedencia de la indemnización respectiva y fijar los parámetros con base en los cuales la autoridad judicial debe fijar el monto de esa condena y sólo para el caso de que la víctima u ofendido estime que la indemnización es superior al quantum respectivo, deberá señalarse la posibilidad de que aporte pruebas en ese sentido.
• El artículo 47 del Código Penal para la Ciudad de México se tilda de inconstitucional por omisión legislativa, en virtud de que sólo señala que en caso de delitos que afecten la integridad física, el monto de la reparación del daño no podrá ser menor del que resulte de la aplicación de las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo, ello viola su derecho constitucional a que ésta sea integral, proporcional, eficiente y justa.
• Así, el diverso 47 en cita transgrede sus derechos humanos porque para la indemnización de la reparación del daño alude a la Ley Federal del Trabajo cuando ésta tiene un impacto multidimensional derivado del actuar lesivo del sentenciado, en que deben incluirse tanto el sufrimiento de la víctima como la cadena de impactos negativos desatada por aquél hecho criminal.
• Así, expresó que es inconstitucional el artículo 486 de la Ley Federal del Trabajo porque resulta contrario al derecho reconocido a la reparación del daño de la víctima u ofendido, en tanto que sin justificación señala un tope máximo por ese concepto, lo que conlleva que no se repare el daño de manera integral y que no reciba una justa indemnización al daño causado.
• Por otro lado, el quejoso hizo valer diversos argumentos relacionados con la legalidad de la sentencia reclamada, a saber, que se vulneró su derecho humano a la reparación del daño al no sancionar por todas las lesiones que le fueron ocasionadas por la comisión del delito y que están contempladas en las fracciones V, VI y VII del artículo 130 del Código Penal para la Ciudad de México, de ahí que al actualizarse el concurso ideal debe imponer las penas condignas.
• No puede considerarse que como víctima rebasa la acusación ministerial al no haber sido lo anterior materia expresa en las conclusiones de la representación social, pues conforme a lo dispuesto por el artículo 21 constitucional es facultad exclusiva de la autoridad judicial la imposición de las penas.
• Es incorrecto que en la sentencia reclamada se calificaran de inoperantes sus inconformidades, pues al tratarse de la víctima del delito no estaba limitado a la exposición de agravios relacionados directamente a la reparación del daño, habida cuenta que está facultado constitucionalmente a ser parte activa del proceso y en esa medida, a tener acceso a un recurso efectivo.
• La legitimación de la víctima u ofendido de delito para interponer el recurso de apelación debe interpretarse en sentido amplio y protector como instrumento legal y eficaz que garantice la protección de sus derechos humanos, en franca oposición al delineamiento de acciones regresivas y por ello, debe estimarse que no tiene aplicación la limitación a que se refiere el numeral 417, fracción III, del Código de Procedimientos Penales para la Ciudad de México.
• Incorrectamente la Sala responsable estimó que las lesiones menores se subsumen dentro de las de mayor protección al bien jurídico tutelado, pues lo cierto es que esa alteración de la salud no comprende a todas las demás, las cuales tienen existencia fáctica independiente y afectan de forma diversa el bien jurídico, toda vez que no sólo se protege a la víctima de las alteraciones que ponen en peligro la vida, sino también de aquellas que disminuyen el funcionamiento de los miembros inferiores y que dejan deformidad incorregible, como sucede en el caso.
• Le genera perjuicio que en la sentencia reclamada el tribunal de alzada haya estimado a la sentenciada un grado de culpabilidad mínimo porque no consideró la totalidad de las lesiones que presentó, por lo que debió incrementar el grado de culpabilidad de la sentenciada y consiguientemente elevar la sanción de reclusión impuesta.
• La Sala responsable señaló que los cheques que excluyó de la condena de la reparación del daño no eran aptos ni idóneos para d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31062-abc7f23e/reparacion-integral-del-dano-el-articulo-42-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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