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Modo: Corpus Pro

REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. EL ARTÍCULO 30, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO, NO LIMITA ESE DERECHO DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DE DELITO. RECURSO DE APELACIÓN. EL ARTÍCULO 476 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE ESTABLECE LA AUDIENCIA DE ALEGATOS ACLARATORIOS SOBRE LOS AGRAVIOS HECHOS VALER POR ESCRITO, NO TRANSGREDE LA ORALIDAD DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO NI LOS PRINCIPIOS DE INMEDIACIÓN, PUBLICIDAD Y CONTRADICCIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2666/2020. · Registro digital (IUS): 30044
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-08-27
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo IV, Pág. 3483.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2666/2020. 9 DE JUNIO DE 2021. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN ESTÁ CON EL SENTIDO PERO SE SEPARA DE ALGUNAS CONSIDERACIONES, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIA: ROSALBA RODRÍGUEZ MIRELES.

SUMARIO

********** fue sentenciado en procedimiento abreviado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, por su plena responsabilidad en la comisión del delito de lesiones con modificativas (agravantes de haberse cometido con un arma prohibida, haber dejado disminución en la función de la movilidad, haberse cometido con ventaja y por un hermano), en agravio de ********** (quejosa). Inconformes, el sentenciado y la víctima interpusieron recursos de apelación de los que correspondió resolver al Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, el cual confirmó la sentencia de primera instancia. En desacuerdo con la resolución, la víctima ********** promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, quien negó el amparo. Contra este fallo se interpuso el recurso de revisión que ahora nos ocupa.

CUESTIONARIO

• ¿Se actualizan los requisitos que hacen procedente el recurso de revisión en amparo directo, previstos en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal y 81, fracción II, de la Ley de Amparo y del Acuerdo General Número 9/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

•¿El artículo 30, párrafo primero, del Código Penal del Estado de México limita el derecho de las víctimas a recibir una reparación del daño integral?

•¿El artículo 204 del Código Nacional de Procedimientos Penales viola los principios de seguridad y certeza jurídica al establecer como oposición para la procedencia del procedimiento abreviado, el "no estar de acuerdo con el monto de la reparación de daño"?

• ¿Fue correcta la determinación del Tribunal Colegiado en el sentido de que el artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece los supuestos para llevar a cabo la audiencia de alegatos aclaratorios sobre los agravios, no viola la característica de oralidad ni los principios de inmediación, publicidad y contradicción del proceso penal acusatorio?

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual del día nueve de junio de dos mil veintiuno, emite la siguiente:

SENTENCIA

Correspondiente al amparo directo en revisión 2666/2020, interpuesto por **********, en contra de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, en el amparo directo **********.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos. El miércoles veintisiete de junio de dos mil dieciocho, siendo aproximadamente las doce horas, **********, se encontraba en el domicilio ubicado en calle las **********, comunidad de **********, en el Municipio de **********, **********, en compañía de su hija ********** y su hermana **********, así como de otros familiares menores de edad.

2. En esos momentos escucharon los gritos de su hermano **********, quien al parecer se encontraba en estado de ebriedad o "drogado". Al abrir ********** la puerta, se percató de que éste traía consigo un machete en su mano derecha, y al preguntarle qué se le ofrecía, ********** respondió: "esa casa es mía, hijas de la chingada, quiero que se salgan, sino ahorita las voy a matar, ya no las quiero ver aquí jamás, te voy a cortar la cabeza".

3. ********** se fue en contra de **********, quien al tratar de repeler la agresión se cubrió con su mano izquierda. Sin embargo, ********** le propinó varios machetazos provocándole la amputación del dedo pulgar. Inmediatamente después, aquél huyó del lugar, mientras que ********** fue trasladada por sus familiares para recibir atención médica.

4. Vinculación a proceso. Por tales hechos y una vez que fue cumplimentada una orden de aprehensión, en audiencia de doce de julio de dos mil dieciocho, el Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, vinculó a proceso a ********** por el hecho delictuoso de lesiones agravadas por haberse cometido con un arma prohibida. Lo anterior, en agravio de **********, además se decretó como medida cautelar la prisión preventiva, dentro de la carpeta administrativa **********.

5. Procedimiento abreviado. Cerrada la investigación, el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve se dio inicio a la audiencia intermedia, en la que la defensa solicitó una salida alterna. Así, el doce de marzo del mismo año, aun ante las diversas inasistencias de la víctima, la defensa optó por la tramitación del procedimiento abreviado. Por lo que, para garantizar la reparación del daño, en ese acto hizo entrega de la cantidad de cincuenta mil pesos, estando de acuerdo el agente del Ministerio Público y el asesor jurídico de la víctima.

6. Primera sentencia. En sentencia de trece de marzo de dos mil diecinueve, se condenó a **********, por el hecho delictuoso de lesiones con modificativa agravante de haberse cometido con arma prohibida y haber producido disminución de la función de la movilidad en agravio de **********. Se le impusieron las penas de tres años, cuatro meses de prisión y multa de doce mil ochocientos noventa y seis pesos, así como al pago de la reparación del daño a favor de la víctima por la cantidad de cuarenta y ocho mil trescientos setenta y siete pesos.

7. Primer recurso de apelación. Contra la anterior resolución la víctima interpuso recurso de apelación, el cual correspondió resolver al Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, quien en resolución de tres de mayo de dos mil diecinueve, ordenó reponer parcialmente el procedimiento para el efecto de que se dejara insubsistente la sentencia de trece de marzo del mismo año, así como las audiencias a partir del veintidós de enero de esa anualidad.

8. Reposición del procedimiento. En cumplimiento a la sentencia de apelación, el diez de junio de dos mil diecinueve, el Juez de Control celebró audiencia intermedia, en la que la defensa y el acusado solicitaron la tramitación del procedimiento abreviado.(1) Así, el agente del Ministerio Público formuló la acusación para el procedimiento abreviado contra **********, añadiendo las agravantes relativas a la relación de parentesco y el uso de ventaja, sin que hubiera oposición por parte de la víctima y su asesor.

9. Una vez que el Juez de Control explicó al acusado la naturaleza y alcances del procedimiento abreviado y le indicó que tenía derecho a un juicio oral, el imputado dijo entender sus alcances y renunció a su derecho de acudir al juicio oral. Asimismo, admitió su intervención en el delito objeto de la acusación, consintió que se le dictara sentencia conforme a los datos de prueba expuestos en la acusación y aceptó las sanciones solicitadas por la Fiscalía.

10. Segunda sentencia. El once de junio de dos mil diecinueve, el Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, dictó sentencia en contra de **********, por el delito de lesiones con modificativas (agravantes de haberse cometido con un arma prohibida, haber dejado disminución en la función de la movilidad, haberse cometido con ventaja y por un hermano), en agravio de **********. Se impusieron las penas de cuatro años, cuatro meses de prisión y multa de doce mil ochocientos noventa y seis pesos, así como la cantidad de cuarenta y ocho mil trescientos setenta y siete pesos con diez centavos, por concepto de reparación del daño.

11. Segundo recurso de apelación. En contra de lo anterior, la víctima y el sentenciado interpusieron recursos de apelación, los cuales correspondió resolver al Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, quien mediante resolución dictada el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, en el toca de apelación **********, determinó confirmar la sentencia emitida en el procedimiento abreviado.

II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO

12. Mediante escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, en el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, ********** promovió juicio de amparo directo en contra de la sentencia de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. Correspondió conocer de la demanda al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México.

13. En dicho libelo se señaló como derechos humanos vulnerados los previstos en los artículos 1o., 14, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mismo que fue registrado bajo el numero AD **********.

14. Por resolución emitida en sesión de quince de julio de dos mil veinte, el Tribunal Colegiado negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa.

15. Recurso de revisión. Inconforme, por escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veinte, ante la oficialía de partes común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, y recibido al día siguiente por el Tribunal Colegiado correspondiente, la quejosa interpuso recurso de revisión. En auto de veinticinco de septiembre del mismo año, se ordenó la remisión de los autos a este Alto Tribunal.

16. Trámite del recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En proveído de siete de octubre de dos mil veinte, el presidente de este Alto Tribunal, admitió el recurso de revisión y ordenó su registro con el número 2666/2020. Asimismo, ordenó turnarlo al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y enviar el expediente a la Primera Sala para efectos de su avocamiento.

17. Finalmente, el presidente de esta Sala se avocó al conocimiento del presente asunto mediante acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veinte.

III. PRESUPUESTOS PROCESALES

18. Esta Primera Sala es constitucional y legalmente competente para conocer el presente recurso de revisión,(2) mismo que fue interpuesto de manera oportuna(3) y por parte legitimada.(4)

IV. PROCEDENCIA

A. Cuestiones necesarias para analizar el asunto

19. Por ser una cuestión de estudio preferente, esta Primera Sala se avoca a determinar la procedencia del presente recurso de revisión. Para ello, resulta necesario tener en cuenta los argumentos medulares de la demanda de amparo, las consideraciones de la sentencia recurrida y los agravios hechos valer, origen de esta revisión.

20. Conceptos de violación. En la demanda de amparo la quejosa expresó, en esencia, los conceptos de violación siguientes:

a) En su primer concepto de violación, refirió que no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, ya que se quebrantaron los principios de oralidad, inmediación, publicidad y contradicción, propios del proceso penal acusatorio, dado que el tribunal de alzada no señaló fecha y hora para la audiencia de apelación (alegatos aclaratorios), estipulada en el artículo 477 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

b) Asimismo, adujo que fue incorrecto que el tribunal de alzada para justificar que no se llevaría a cabo la audiencia de alegatos, fundamentara su decisión en el diverso precepto 476, mismo que tildó de inconstitucional, al carecer de certeza jurídica por no precisar qué asuntos deben considerarse para llevarla a cabo.

c) En su segundo concepto de violación, reclamó la falta de fundamentación y motivación a las respuestas de sus agravios.

d) En su tercer concepto de violación, adujo que no se respetó su derecho a la reparación del daño, en virtud de que la tabulación efectuada por el a quo no es la real, ya que no es proporcional y justa. Al respecto, refirió que debía aplicarse a su favor una indemnización conforme a la Ley Federal del Trabajo y una reparación respecto a los gastos erogados, en virtud de que perdió la movilidad de su mano izquierda.

e) En su cuarto concepto de violación, continúa aduciendo que no existió una verdadera reparación del daño, dado que se encontraban ante un delito de violencia familiar, por lo que el a quo debió ceñirse a lo expuesto en el artículo 26 del Código Penal del Estado de México; es decir, el restablecimiento de su honor mediante disculpa pública, a través de los mecanismos que señale la autoridad judicial.

f) En el quinto concepto de violación, manifiesta que fue incorrecto que se concediera al sentenciado la suspensión condicional de la pena, reclamando la falta de fundamentación y motivación, con relación a la cantidad de "fianza" que le fue solicitada.

g) En un segundo apartado de la demanda, esgrime como "concepto de violación único", la inconstitucionalidad del artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al estimar que transgrede los principios de oralidad, inmediación, publicidad y contradicción. De igual forma, refiere que transgrede las formalidades esenciales del procedimiento. Precepto que consideró violatorio de los artículos 14 y 20 constitucionales.

h) Para robustecer sus argumentos, consideró aplicables los siguientes criterios del Segundo Circuito:

"APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. EL ARTÍCULO 476 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO FACULTA A LAS PARTES NI AL TRIBUNAL DE ALZADA PARA QUE DECIDAN SI SE CELEBRA O NO UNA AUDIENCIA EN LA QUE SE RESUELVA DICHO RECURSO, PUES EL DICTADO DE LA SENTENCIA RESPECTIVA DEBE REALIZARSE EN FORMA ORAL Y EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE (INTERPRETACIÓN ARMÓNICA DE DICHO PRECEPTO, CON LOS DIVERSOS 4, 52, 58 A 63, 67, 477 Y 478 DEL PROPIO CÓDIGO)."(5)

"APELACIÓN EN EL SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL. EL ARTÍCULO 476 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AL ESTABLECER QUE EL TRIBUNAL DE ALZADA CITARÁ A LA AUDIENCIA RELATIVA, ÚNICAMENTE CUANDO AL INTERPONER EL RECURSO, AL CONTESTARLO O AL ADHERIRSE A ÉL, ALGUNO DE LOS INTERESADOS MANIFIESTA EN SU ESCRITO SU DESEO DE EXPONER ORALMENTE ALEGATOS ACLARATORIOS SOBRE LOS AGRAVIOS, O BIEN CUANDO ESE TRIBUNAL LO ESTIME PERTINENTE, CONTRAVIENE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN SU VERTIENTE DE RECURSO JUDICIAL INTEGRAL Y EFECTIVO Y, POR TANTO, DEBE INAPLICARSE."(6)

"APELACIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES. EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY NACIONAL RELATIVA NO FACULTA A LAS PARTES NI AL TRIBUNAL DE ALZADA PARA QUE DECIDAN SI SE CELEBRA O NO UNA AUDIENCIA EN LA QUE SE RESUELVA DICHO RECURSO, PUES EL DICTADO DE LA SENTENCIA RESPECTIVA DEBE REALIZARSE EN FORMA ORAL Y EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE."(7)

"CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA RESOLUCIÓN EMITIDA EN SEGUNDA INSTANCIA DENTRO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE ATENDER A LA FASE (PROCEDIMIENTO O DICTADO DE LA SENTENCIA) EN LA QUE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL ADVIRTIÓ LA TRANSGRESIÓN EN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO EN SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)."(8)

i) Asimismo, señaló que tildaba de inconstitucional el artículo 204 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al considerar que viola el principio de seguridad y certeza jurídica contemplados en el artículo 16 constitucional, en virtud de que el tribunal de alzada señaló que la quejosa debió haberse opuesto al procedimiento abreviado al no estar conforme con el monto de la reparación del daño.

j) De las anteriores manifestaciones, la quejosa solicitó se realizara una interpretación conforme de dicho numeral, para que se determinara si dicho precepto establece como oposición el "no estar de acuerdo con el monto de la reparación de daño".

k) Finalmente, indicó que el artículo 30 del Código Penal del Estado de México, violentaba lo establecido en los artículos 1o. y 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Federal, así como los diversos 1 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello, en virtud de que esgrime una reducida y limitada reparación del daño para las víctimas que han sufrido el ilícito de lesiones, lo cual no permite que exista una reparación oportuna, plena, integral y efectiva.

21. Sentencia recurrida. El Tribunal Colegiado negó el amparo solicitado, esencialmente, bajo los argumentos siguientes:

a) Como primer punto, desarrolló la doctrina respecto a la procedencia de la impugnación de leyes en amparo directo.

b) Determinó que se encontraba imposibilitado para atender los planteamientos de inconstitucionalidad respecto de los artículos 30 del Código Penal del Estado de México y 204 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que no se ajustaban a los parámetros determinados por esta Suprema Corte para impugnar la constitucionalidad de una norma.

c) Bajo ese entendido, declaró inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa respecto de tales artículos, argumentando que era necesario que ésta expusiera de forma clara el porqué estimaba que esos preceptos no eran acordes a la Carta Magna, para así vencer su presunción de inconstitucionalidad. Sin embargo, estimó que la quejosa se basó en cuestiones particulares e hipotéticas, relativas a la aplicación que de ellos realizó la responsable.

d) En ese sentido, el Colegiado estimó que aun ante la causa de pedir, para determinar la inconstitucionalidad de una norma, es necesario que se realice una confronta directamente con un precepto constitucional, lo que no aconteció.

e) Asimismo, en relación a la inconstitucionalidad del artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales, declaró infundados los conceptos de violación. Ello, sin que el órgano jurisdiccional pasara por alto los criterios emitidos en ese Segundo Circuito que la inconforme citó en su demanda, pues respetuosamente, dijo no estar de acuerdo con ellos y agregó que, al respecto, se encontraban pendientes de resolución en esta Suprema Corte las contradicciones de tesis 183/2018, 10/2019 y 63/2020.

f) Para justificar lo anterior, el Colegiado adujo que de una interpretación sistemática de los artículos 20 constitucional y 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se podía desprender que el proceso penal acusatorio se rige bajo determinados principios y reglas; empero, la oralidad sólo es una característica que encuentra su mayor reflejo en la fase del juicio y en la etapa intermedia ante el Juez de enjuiciamiento y Juez de Control, porque ahí se ventila el acervo probatorio, dando la oportunidad a las partes de controvertir lo que estimen pertinente.

g) No obstante, el Colegiado señaló que en la etapa de apelación el acto materia de controversia es conocido por las partes desde el momento en que fue emitido y explicado de forma oral; es por ello, que se justifica que la celebración de la audiencia de alegatos no sea forzosa, sino discrecional para el tribunal de alzada, en concordancia con el diverso precepto 471 de dicho ordenamiento.

h) De este modo, el Tribunal Colegiado afirmó que el precepto en mención, lejos de contravenir los principios constitucionales, los salvaguarda, porque a su vez atiende a las peculiaridades de cada etapa procedimental, dado que la tramitación de la apelación corresponde con el diseño de una fase de revisión final.

i) Motivos por los cuales, el Colegiado consideró que la normatividad adjetiva que rige el sistema acusatorio confiere a las partes la decisión de aclarar o expresar de forma verbal sus alegaciones, o en su caso, emitirlas de forma escrita. A su consideración, ello se encuentra justificado, dado que la materia de controversia en esa etapa, las partes la conocen desde que les fue explicada en audiencia oral y, por tanto, sería ocioso que la autoridad de alzada citara a las partes a una audiencia de aclaración de alegatos, cuando no existiera materia para ello.

j) En ese sentido, señaló que la facultad discrecional que el artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales otorga al tribunal de alzada para celebrar la audiencia de "alegatos aclaratorios", lejos de transgredir los principios que rigen al sistema penal acusatorio, los resguarda, pues no obstante el desinterés de las partes para que sea celebrada la audiencia oral a la que alude al diverso precepto 477, contempla la posibilidad de que señale fecha el tribunal si así lo estima conveniente y sean aclarados los agravios.

k) De igual forma, el Colegiado estimó que contrario a lo esgrimido por la quejosa, no es necesario que el artículo impugnado establezca los supuestos en los que el tribunal de alzada deba ordenar la celebración de aclaración de alegatos, porque atendiendo al contexto en que se desenvuelve la norma, es evidente que cuenta con la facultad discrecional para que, en caso de que los alegatos no sean comprensibles, cite a las partes para su aclaración.

l) De este modo, resaltó que la audiencia de alegatos aclaratorios puede tener como propósito lograr en cada caso en concreto, la armonización del contenido normativo del recurso de apelación y su entendimiento en el proceso penal, sin detrimento de los derechos fundamentales de las partes, ni del debido proceso.

m) Aunado a ello, destacó que cuando alguno de los interesados al interponer el recurso de apelación manifiesta su deseo de exponer oralmente sus alegatos, el tribunal de alzada tiene la obligación de señalar fecha y hora para la audiencia respectiva; por tanto, no se vulneran los principios de publicidad, contradicción, continuidad e inmediación.

n) Posteriormente, puntualizó que el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le confiere la facultad al tribunal de apelación de dictar la sentencia en audiencia o por escrito.

o) En otro orden de ideas, el Tribunal Colegiado consideró que se respetaron las formalidades del procedimiento abreviado.

p) Asimismo, el Colegiado estimó que la condena relativa a la reparación del daño, no vulneraba su derecho de obtener una reparación integral. Ello, porque de haberse atendido la petición de su asesor de que fueran tomados en cuenta los recibos de pago que aportó, la cantidad hubiera sido menor, pues en su beneficio le fue aplicado lo dispuesto en el artículo 30 del Código Penal del Estado de México, dado que la cantidad tabulada conforme a tal precepto resultaba mayor.

q) Finalmente, también validó que el a quo estimara que no era procedente acumular la cantidad correspondiente a los recibos de pago aportados por el asesor jurídico y la obtenida conforme a la Ley Federal del Trabajo (como lo estipula el artículo 30 del Código Penal del Estado de México), porque ello supondría condenar a un doble pago.

22. Agravios. En desacuerdo con las consideraciones que sostuvo el Tribunal Colegiado de Circuito, la quejosa interpuso el recurso de revisión que se analiza en esta instancia, en el cual hizo valer los siguientes agravios:

a) En su primer agravio, la quejosa señaló que el Tribunal Colegiado realizó una indebida interpretación del artículo 20 constitucional, al considerar que el artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales no vulnera los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad. Lo anterior porque, contrario a lo que expuso, los principios constitucionales del procedimiento penal acusatorio no pueden estar sujetos a la voluntad de las partes ni del órgano jurisdiccional. Enseguida, la quejosa reiteró sus argumentos vertidos en los conceptos de violación.

b) En el segundo agravio, expresa que el Tribunal Colegiado fue omiso en analizar la constitucionalidad del artículo 204 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual actualiza la procedencia del recurso de revisión. Al respecto, mencionó que en la demanda de amparo hizo valer que el aludido precepto viola los principios de seguridad y certeza jurídica.

c) En su tercer agravio, de igual forma reclamó que el Colegiado fue omiso en analizar la constitucionalidad del artículo 30 del Código Penal del Estado de México, reiterando que en su demanda argumentó que tal precepto transgredía su derecho a la reparación del daño.

d) En el cuarto agravio, señaló que la sentencia del Colegiado era contraria a los criterios emitidos por este Máximo Tribunal, respecto a la reparación del daño, aduciendo las circunstancias particulares de su caso.

e) Dentro de su quinto agravio, reiteró que el Tribunal Colegiado fue omiso en analizar la totalidad de sus conceptos de violación y en virtud de ello, se actualizaba la procedencia del recurso de revisión.

2. Análisis del asunto

23. A partir de la anterior síntesis argumentativa, corresponde formular el siguiente cuestionamiento:

¿Se actualizan los requisitos de procedencia del recurso de revisión en amparo directo, previstos en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal; 81, fracción II, de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General Número 9/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

24. La respuesta a esta interrogante es positiva, atento a las siguientes consideraciones:

25. De conformidad con las reglas establecidas en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, así como lo establecido en el punto primero del Acuerdo General Número 9/2015 del Pleno de este Alto Tribunal se deriva que el recurso de revisión es procedente si se reúnen los supuestos siguientes:

A. Si en ellas se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establece la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones antes mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo, y

B. Si el problema de constitucionalidad referido en el inciso anterior entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.

26. Se considera procedente el recurso de revisión si el problema de constitucionalidad referido entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de este Alto Tribunal, lo cual se actualiza en dos supuestos:

a. Cuando se advierta que la resolución de un amparo directo en revisión dará lugar a un pronunciamiento novedoso o relevante para el orden jurídico nacional.

b. Cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por este Alto Tribunal relacionado con alguna cuestión constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o bien, se hubiere omitido su aplicación.

27. Asimismo, es importante destacar que el análisis definitivo de la procedencia del recurso es competencia, según sea el caso, del Pleno o las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tal modo que su admisión por parte del presidente no implica la procedencia definitiva del recurso.

28. En el caso en concreto, la parte quejosa planteó en su demanda de amparo la inconstitucionalidad del artículo 30 del Código Penal del Estado de México, así como de los diversos 204 y 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

29. Ahora bien, respecto a la constitucionalidad de los artículos 30 del Código Penal del Estado de México y 204 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Tribunal Colegiado declaró inoperantes los conceptos de violación y determinó que se encontraba imposibilitado para realizar el análisis correspondiente, ya que aun ante la causa de pedir, la quejosa no realizó una confronta directamente de dichas normas con un precepto constitucional, ya que sólo se basó en circunstancias particulares e hipotéticas.

30. Por su parte, la quejosa en sus agravios hizo valer que el Tribunal Colegiado fue omiso en analizar los conceptos de violación en los que combatió la inconstitucionalidad de los mencionados artículos.

31. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no comparte la determinación del Tribunal Colegiado, pues efectivamente, se estima que incurrió en una omisión de estudio de las normas tildadas de inconstitucionales. Ello, en virtud de que, si bien la quejosa argumentó en los conceptos de violación cuestiones de fondo relativas a la reparación del daño, también esgrimió los motivos por los cuales, a su parecer, resultaban inconstitucionales.

32. En efecto, por lo que hace al artículo 30 del Código Penal del Estado de México, la quejosa estimó que éste violentaba lo establecido en los artículos 1o. y 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Federal, así como los diversos 1 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al estimar que fija una reducida y limitada reparación del daño y no permite que exista una reparación oportuna, plena, integral y efectiva para las víctimas del delito de lesiones.

33. Cabe destacar que si bien, la quejosa impugna el artículo 30 del Código Penal del Estado de México, de la sentencia del Tribunal Colegiado, así como de la propia demanda de amparo, se desprende que lo que le fue aplicado fue el párrafo primero del citado numeral, no así, la totalidad del precepto como lo plantea la parte quejosa.

34. Por su parte, en relación con el diverso artículo 204 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la quejosa estimó que viola los principios de seguridad y certeza jurídica contemplados en los artículos 14 y 16 constitucionales. Por ello, solicitó una interpretación conforme para determinar si éste establece como oposición el "no estar de acuerdo con el monto de la reparación de daño".

35. En ese sentido, se estima que el presente recurso es procedente, respecto de la constitucionalidad de los artículos 30, párrafo primero, del Código Penal del Estado de México y 204 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en términos de lo señalado en el punto tercero, fracción II, en relación con la fracción III, último párrafo, d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30044-52683786/reparacion-integral-del-dano-el-articulo-30-parrafo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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