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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR NORMAS LOCALES (LEY DE INDULTO Y CONMUTACIÓN DE PENAS DEL ESTADO DE MÉXICO). II. INDULTO. NO CONSTITUYE UNA MEDIDA VINCULADA CON LA DURACIÓN O MODIFICACIÓN DE LAS PENAS. III. INDULTO POR GRACIA. SU REGULACIÓN EN LA LEGISLACIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO (ARTÍCULO 3, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE INDULTO Y CONMUTACIÓN DE PENAS DEL ESTADO DE MÉXICO, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 78, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS). IV. INDULTO POR GRACIA. LA DISPOSICIÓN QUE ESTABLECE COMO REQUISITO PARA OBTENERLO SER MUJER Y TENER HIJOS E HIJAS MENORES DE DOCE AÑOS DEBE SUJETARSE A UN ESCRUTINIO ESTRICTO AL PREVER UNA DISTINCIÓN QUE IMPLICA UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA E INCIDIR EN LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. V. INDULTO POR GRACIA EN EL ESTADO DE MÉXICO. LA PREVISIÓN LEGAL QUE EXCLUYE DE DICHA MEDIDA A LOS HOMBRES, ASÍ COMO A LAS PERSONAS QUE SIN SER MADRE Y PADRE TIENEN A SU CARGO EL CUIDADO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES NO ESTÁ ESTRECHAMENTE VINCULADA CON LA FINALIDAD CONSTITUCIONAL QUE PERSIGUE, AUNADO A QUE NO CONSTITUYE UNA ACCIÓN AFIRMATIVA EN FAVOR DE LAS MUJERES [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN I, APARTADO B, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "DE MUJERES", DE LA LEY DE INDULTO Y CONMUTACIÓN DE PENAS DEL ESTADO DE MÉXICO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 192, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE]. VI. INDULTO POR GRACIA EN EL ESTADO DE MÉXICO. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE COMO REQUISITO PARA OBTENERLO SER MUJER Y ESTAR AL CUIDADO DE LOS HIJOS IMPLICA UNA DISTINCIÓN BASADA EN UN ESTEREOTIPO DE GÉNERO [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN I, APARTADO B, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "DE MUJERES", DE LA LEY DE INDULTO Y CONMUTACIÓN DE PENAS DEL ESTADO DE MÉXICO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 192, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE]. VII. INDULTO POR GRACIA EN EL ESTADO DE MÉXICO. LA DISPOSICIÓN LEGAL QUE ESTABLECE COMO REQUISITO PARA OBTENERLO SER MUJER Y TENER HIJOS E HIJAS MENORES DE DOCE AÑOS IMPIDE LA TUTELA DE LOS MENORES QUE ESTÁN BAJO CUIDADO DE PERSONAS QUE SIN SER SUS PROGENITORES SE ENCUENTRAN PRIVADOS DE LA LIBERTAD [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN I, APARTADO B, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "DE MUJERES", DE LA LEY DE INDULTO Y CONMUTACIÓN DE PENAS DEL ESTADO DE MÉXICO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 192, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE]. VIII. INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. CONSTITUYE UN CRITERIO ORIENTADOR DE TODA PRODUCCIÓN NORMATIVA, ENTENDIDA EN SENTIDO AMPLIO, RELACIONADA CON LOS DERECHOS DE LOS MENORES DE DIECIOCHO AÑOS. IX. INDULTO POR GRACIA EN EL ESTADO DE MÉXICO. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE COMO REQUISITO PARA OBTENERLO SER MUJER Y TENER HIJOS E HIJAS MENORES DE DOCE AÑOS IMPLICA DESPROTEGER A LOS MENORES DE EDAD QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA PROTECCIÓN DE SU PADRE O DE CUALQUIER OTRO FAMILIAR O PERSONA QUE EJERZA SOBRE ELLOS LA PATRIA POTESTAD O TUTELA CUANDO ESTÁ PRIVADO DE LA LIBERTAD [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN I, APARTADO B, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "DE MUJERES", DE LA LEY DE INDULTO Y CONMUTACIÓN DE PENAS DEL ESTADO DE MÉXICO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 192, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE]. X. INDULTO POR GRACIA EN EL ESTADO DE MÉXICO. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE COMO REQUISITO PARA OBTENERLO SER MUJER Y TENER HIJOS E HIJAS MENORES DE DOCE AÑOS IMPLICA QUE ESA NORMA DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE INCLUYE A PADRES O CUALQUIER OTRO FAMILIAR O PERSONA QUE EJERZA SOBRE ELLOS LA PATRIA POTESTAD O TUTELA CUANDO ESTÁ PRIVADO DE LA LIBERTAD [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN I, APARTADO B, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "DE MUJERES", DE LA LEY DE INDULTO Y CONMUTACIÓN DE PENAS DEL ESTADO DE MÉXICO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 192, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE]. XI. INDULTO POR GRACIA EN EL ESTADO DE MÉXICO. LA PREVISIÓN LEGAL QUE CAMBIA DE DIECIOCHO A DOCE AÑOS LA EDAD DE LOS HIJOS QUE SERÁN BENEFICIADOS CON DICHA FIGURA RESULTA DISCRIMINATORIA Y REGRESIVA AL DESPROTEGER A LOS MENORES DE EDAD MAYORES DE DOCE AÑOS, YA QUE TANTO CONVENCIONAL COMO LEGALMENTE, LA EDAD QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA CONSIDERARLOS ASÍ, ES DEBAJO DE LOS DIECIOCHO AÑOS [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN I, APARTADO B, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "DE MUJERES", DE LA LEY DE INDULTO Y CONMUTACIÓN DE PENAS DEL ESTADO DE MÉXICO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 192, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE]. XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 17/2017. · Registro digital (IUS): 30502
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-04-08
Promovente: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Abril de 2022, Tomo I, Pág. 351.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 17/2017. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 20 DE FEBRERO DE 2020. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: MÓNICA JAIMES GAONA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinte de febrero de dos mil veinte.

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación. Por escrito presentado el seis de marzo de dos mil diecisiete ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Procuraduría General de la República, por conducto de Raúl Cervantes Andrade, en su carácter de titular de dicha institución, promovió acción de inconstitucionalidad para solicitar la invalidez del artículo 4o., fracción I, apartado B, de la Ley de Indulto del Estado de México, reformado mediante el Decreto Número 192, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el tres de febrero de dos mil diecisiete, señalando como autoridades emisora y promulgadora de dicha norma impugnada a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de México.

SEGUNDO.—Normas constitucionales y convencionales que se aducen violadas. La accionante estima violados los artículos 1o., párrafos primero y quinto, 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2.2 y 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, incisos b) y f), 5, inciso a), y 16, punto 1, incisos d) y f), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; y 6, punto b, 7, punto e, y 8, punto b, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

TERCERO.—Texto de la norma cuya invalidez se solicita:

"Artículo 4. El gobernador podrá otorgar, los beneficios de esta ley, a las personas sentenciadas que sean delincuentes primarios y que cumplan con los requisitos siguientes:

"I. Indulto por gracia:

"...

"B. En el supuesto de mujeres que tengan uno o más hijos y/o hijas menores de doce años que se les haya impuesto una pena privativa de libertad que no exceda de 15 años y haya cumplido una quinta parte. No gozarán de este beneficio cuando existan datos de abandono o violencia en contra de sus hijas o hijos."

CUARTO.—Conceptos de invalidez. El promovente expuso, en síntesis, los siguientes argumentos:

"...

"B. Norma objeto de control constitucional.

"En el artículo 4o., fracción I, apartado B, de la Ley de Indulto, cuya inconstitucionalidad se solicita a través del presente medio de control de constitucionalidad, el legislador del Estado de México reguló que el gobernador de la entidad otorgará el indulto por gracia –artículo 3o., fracción XVI, de la LICP– a mujeres sentenciadas que cumplan con los requisitos: (i) que sean delincuentes primarias, (ii) que tengan uno o más hijos y/o hijas menores de doce años, (iii) que se les haya impuesto una pena privativa de libertad que no exceda de 15 años; y, (iv) que hayan cumplido una quinta parte de su condena. De igual manera establece que no se otorgará dicho beneficio a las mujeres, cuando existan datos de abandono o violencia en contra de sus hijos.

"Como esa Suprema Corte lo podrá advertir con claridad, la solicitud de declaratoria e invalidez se finca en que el artículo 4o., fracción I, apartado B, de la Ley de Indulto, al establecer los requisitos para otorgar el indulto por gracia, incumple con el imperativo de guiar su actuación en torno al interés superior del niño, al no considerar todos los supuestos que han dado origen a situaciones de desamparo y abandono de la que son objeto los menores de edad.

"Asimismo, resulta discriminatorio y transgresor de los derechos de igualdad ante la ley, en tanto que diferencia a los hijos y/o hijas menores de doce de las mujeres que se encuentran recluidas frente a los hijos y/o hijas menores de doce de los padres varones –o incluso de los ascendientes en que haya recaído la patria potestad– que se encuentran en la misma situación, sin que exista razón objetiva que la justifique, concretando así diferenciación con tintes discriminatorios.

"C. Ejercicio de contraste.

"Como los señores Ministros lo podrán advertir, deviene inconstitucional el artículo 4o., fracción I, apartado B, de la Ley de Indulto, toda vez que en sentido inverso a lo estudiado en los preceptos 1o., párrafos primero y quinto, 4o., párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el legislador del Estado de México, vulneró los principios de interés superior de la niñez y los principios de igualdad y no discriminación.

"C.1 Interés superior del menor.

"Como se manifestó en el apartado identificado con el número 6.1.1.1 del presente libelo, en el proceso de producción de normas que se relacionen de manera directa o indirecta con un niño, un grupo de niños o los niños en general, su interés superior debe ser una consideración primordial, siendo obligación de los órganos legislativos el explicitar la forma en que se ha examinado y evaluado dicho interés superior y la importancia que se le ha atribuido en el citado proceso deliberativo de creación de la ley. Asimismo, cuando la medida que tome el Estado tenga repercusiones importantes en uno o varios niños, es preciso adoptar un nivel mayor de protección a fin de evaluar sus efectos en el niño o los niños.

"Con base en lo anterior, se considera que el Poder Legislativo del Estado de México incumple con el imperativo de guiar su actuación en torno al interés superior del niño, al no considerar todos los supuestos que han dado origen a situaciones de desamparo y abandono de la que son objeto los menores de edad, las cuales fueron advertidas en el proceso legislativo respectivo, como causantes del elevado índice de criminalidad, falta de educación, adicciones y pobreza extrema en la entidad.

"En efecto, el legislador local omitió considerar que no sólo las madres tienen responsabilidad de cuidado y protección de los menores, pues en muchas ocasiones son otras personas distintas a aquella en las que recae dicha obligación.

"Al no concederse el beneficio del indulto por gracia a aquellas personas privadas de la libertad que legalmente tengan responsabilidades de cuidado respecto de menores de edad, sino únicamente a las madres, los niños, niñas y adolescentes cuyos padres, tutores, abuelos, tíos o cualquier persona que legalmente sea responsable de ellos y que constituyan su único o principal cuidador, se verán en la situación de vulnerabilidad que la norma busca solucionar.

"Por lo que, debió reflexionarse respecto de todos los factores que han contribuido a la situación de vulnerabilidad de esos niños, niñas y adolescentes cuyo principal o único cuidador o responsable legal se encuentra privado de la libertad y establecer las acciones necesarias para revertir la situación de desventaja en la que se les ha colocado.

"Se considera que el legislador del Estado de México debió otorgar el beneficio del indulto por gracia a todas aquellas personas que sean los únicos o principales cuidadores de niños, niñas y adolescentes a fin de proteger adecuadamente el interés superior de todos aquellos menores que inspiraron la norma que ahora se cuestiona.

"C.2 Igualdad.

"Con base en lo señalado en el apartado 6.1.1.2 de la presente demanda, se estima que se crea un régimen jurídico en el que no se da un trato igualitario a todos los sujetos que se encuentran en una situación equivalente.

"Lo anterior ya que, en tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado Mexicano, prevén la posibilidad de otorgar un trato desigual a quienes no se encuentran en una paridad frente a los otros sujetos, si dicho trato implica una distinción justificada; pero si, por el contrario, la medida adoptada carece de razonabilidad, entonces será excluyente y, por ende, contraria al principio de igualdad.

"Así tenemos que, para las diferencias normativas pueden considerarse apegadas al principio de igualdad, es indispensable que exista una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con los estándares y juicios de valor, cuya pertinencia debe apreciarse en relación con la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo concurrir una relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida.

"Sin embargo, se estima que el artículo impugnado realiza una diferenciación injustificada contraria al principio de igualdad conforme a lo que a continuación se explica:

"El principio de igualdad se configura en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los principios estructurales del orden jurídico, lo que significa, que ha de servir como criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación.

"Asimismo, ha señalado que, entre la infinidad de formas que puede adoptar la distinción normativa, las más comunes son la exclusión tácita y la diferenciación expresa. Como su nombre lo indica, la distinción normativa por exclusión tácita de un beneficio tiene lugar cuando un régimen jurídico implícitamente excluye de su ámbito de aplicación a un supuesto de hecho equivalente al regulado en la disposición normativa, lo que suele ocurrir cuando se establece a un determinado colectivo como destinatario de un régimen jurídico, sin hacer mención alguna de otro colectivo que se encuentra en una situación equivalente.

"En cambio, la distinción por diferenciación expresa ocurre cuando el legislador establece dos regímenes jurídicos diferenciados para supuestos de hecho o situaciones equivalentes. En este segundo caso, la exclusión es totalmente explícita, toda vez que el legislador crea un régimen jurídico distinto para ese supuesto de hecho o situación equivalente.

"El artículo 4o., fracción I, apartado B, establece una distinción normativa que excluye de forma tácita a un grupo de personas que se encuentra en una situación equivalente a la descrita en la norma, pues no incluye dentro de su ámbito de aplicación a otras personas privadas de la libertad que, al igual que la madre –o en lugar de aquélla-, se encuentran responsabilizados del cuidado de niñas, niños y adolescentes, y que, al estar recluido en un centro penitenciario, dejan a sus hijos en situación de abandono y desamparo.

"En ese sentido, al no establecerse los mismos derechos para todas las personas que se encuentran en una situación equivalente, sin que se explique de manera objetiva por qué el padre, los tutores, abuelos, tíos o quien legalmente sea responsable del menor al ejercer la patria potestad, que estén privados de la libertad y a quienes se les haya impuesto una pena privativa de libertad que no exceda de 10 años, no podrán ser beneficiados con el indulto por gracia o la conmutación de la pena a fin de no afectar el desarrollo y bienestar de sus hijos o pupilos, por lo que se da un trato diverso en situaciones análogas, provocando desigualdad jurídica.

"C. 3 No discriminación.

"C. 3.1 Género (del beneficiario) y edad (del menor).

"Ahora bien, ante un caso en el que la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una distinción motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, en contravención al imperativo constitucional.

"Lo anterior, pues el último párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos denota la integración del Constituyente Federal de cuidar que las acciones legislativas que tienen un impacto significativo en la libertad y la dignidad de las personas sean una serie de categorías, obligación que descansa sin duda sobre la base de un juicio histórico y sociológico que muestra que las personas han sido frecuentemente objeto de un trato injusto o incluso denigrante por motivos relacionados con esos factores: origen étnico, origen nacional, género, edad, etc.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en múltiples precedentes que cuando la distinción impugnada se apoya en una ‘categoría sospechosa’ debe realizarse un escrutinio estricto para examinar su constitucionalidad a la luz del principio de igualdad.

"En el caso concreto se trata de una diferenciación apoyada en el género y en la condición especial de las mujeres para ser madres, pues la norma refiere como beneficiarias del indulto, únicamente a las reclusas que tengan uno o más hijos o hijas menores de 18 años, excluyendo de manera implícita a los padres privados de la libertad en las mismas circunstancias.

"Se considera que la norma impugnada hace una diferenciación basada en una categoría sospechosa, toda vez que la distinción que traza para determinar quiénes pueden ser destinatarios del indulto se apoya en un estereotipo de género al partir de la idea de que sólo las madres son las principales o únicas cuidadoras de sus hijos o hijas.

"De igual forma se actualiza una violación al principio de no discriminación basada en la edad, en virtud de que la norma, al cambiar de 18 a 12 la edad de los menores que serán beneficiarios de esta disposición, desprotege a un grupo en situación de vulnerabilidad, el de los adolescentes.

"De acuerdo con la exposición de motivos del decreto por el que se creó la Ley de Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México, publicada el 18 de abril de 2016, el objetivo primordial de establecer este beneficio para las mujeres que tuvieran una o más hijas o hijos menores de edad era protegerlos en razón de su vulnerabilidad y de todos los peligros a los que se encuentran expuestos, especialmente a los que están en situación de marginación.

"De esta manera, la misma exposición de motivos señala que el aumento de las situaciones de abandono en las que los menores de edad (sin distinción entre ellos) quedan normalmente coincide con un aumento en las cifras de criminalidad, falta de educación, adicciones y pobreza extrema.

"‘Ha sido acreditado por diversos estudios que cuando una mujer es ingresada a un centro penitenciario generalmente, sus hijas o hijos son albergados, quedan desamparados o incluso en las peores condiciones de abandono. Ello con las consecuencias sociales correspondientes de aumento en los índices de criminalidad, falta de educación, adicciones y pobreza extrema.

"‘Por ello, se requieren opciones legales que permitan dar un tratamiento distinto a ellas, a fin de que sin evadir la responsabilidad correspondiente a sus acciones, puedan no afectar a sus hijas o hijos y al propio desarrollo del ambiente social.

"‘Es así que, derivado del análisis del cumplimiento de los supuestos jurídicos, es fundamental poder contar con la opción del indulto o la conmutación de penas, en su caso, diferenciando a las mujeres embarazadas o con hijas o hijos del resto de los sujetos a los que va dirigido, a fin de que en mejores tiempos y en condiciones puedan reincorporarse a las importantes funciones y actividades que les reclaman, es decir, contar con acciones afirmativas en este sentido. ...’

"Por estas razones, se considera que la exclusión de los menores de 18 años y menores de 12 para resultar beneficiados de esta disposición no obedece a ningún criterio razonable y, por el contrario, desprotege a un sector extremadamente vulnerable de la sociedad, además de que no cumple con el objetivo principal que el legislador local (sic) para otorgar esta prerrogativa.

"Una vez establecido lo anterior, se propone un examen de la constitucionalidad de la medida legislativa en el que se debe corroborar: i) que la intervención legislativa persiga un fin constitucionalmente válido; ii) que la medida resulte idónea para satisfacer en alguna medida su propósito constitucional; iii) que no existan medidas alternativas igualmente idóneas para lograr dicho fin, pero menos lesivas para el derecho fundamental; y, iv) que el grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de afectación provocado al derecho fundamental por la medida impugnada.

"5.2.1.1 Identificación de una finalidad constitucionalmente válida.

"La medida legislativa debe perseguir una finalidad constitucionalmente válida, además de que debe lograr en algún grado la consecución de su fin, y no debe limitar de manera innecesaria y desproporcionada el derecho fundamental en cuestión. Al realizar este escrutinio, debe comenzarse por identificar los fines que persigue el legislador con la medida, para posteriormente estar en posibilidad de determinar si éstos son válidos constitucionalmente.

"Se estima que la finalidad del legislador local para otorgar el indulto por gracia a las mujeres sentenciadas que tengan uno o más hijos y/o hijas menores de doce años, persigue un objetivo constitucionalmente importante, como lo es la tutela de los derechos de la niñez en aplicación del interés superior del menor el cual encuentra su fundamento en el artículo 4o., párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Por lo que hace a este requisito –identificación de una finalidad constitucionalmente válida–, esta representación social considera que se tiene por cumplido, toda vez que del análisis de la exposición de motivos de la iniciativa que dio origen a la emisión de la norma impugnada se observa que obedeció, entre otras cuestiones a salvaguardar el interés superior del menor a través del vínculo que debe existir entre las madres con sus hijos menores de edad, el cual incide en la conformación de su personalidad durante la primera etapa de su vida, resulta determinante en el desarrollo de su conducta hacia el futuro, en su capacidad para establecer relaciones sanas a lo largo de su vida cuando los primeros vínculos son fuertes y seguros la persona es capaz de establecer un buen ajuste social.

"Lo anterior se corrobora con las consideraciones por el Poder Ejecutivo del Estado de México en la exposición de motivos de la iniciativa que dio origen a la emisión de la norma impugnada, donde se sostuvo lo siguiente:

"‘...

"‘Por otro lado la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado por la constitucionalidad de las disposiciones jurídicas del Estado de México que fortalecen el vínculo materno tales como la determinación de la guarda y custodia de los menores de diez años a favor de la madre, sosteniéndose que es innegable que los primeros meses y años de vida las provisiones de la naturaleza conllevan una identificación total del hijo con la madre. Y no sólo nos referimos a las necesidades biológicas del menor en cuanto a la alimentación a través de la leche materna, también como lo han desarrollado diversos especialistas en la materia a nivel internacional, el protagonismo de las madres en la conformación de la personalidad de sus hijos durante la primera etapa de su vida resulta determinante en el desarrollo de su conducta hacia el futuro. En esta lógica, la determinación de la guarda y custodia a favor de la mujer está basada en la preservación del interés superior del menor, el cual como ya señalamos, resulta el criterio proteccionista al que se debe acudir.

"‘Asimismo, diversas investigaciones indican que un vínculo seguro entre la madre y la niña o niño durante la infancia influye en su capacidad para establecer relaciones sanas a lo largo de su vida cuando los primeros vínculos son fuertes y seguros la persona es capaz de establecer un buen ajuste social, por el contrario la separación emocional con la madre, la ausencia de afecto y cuidado puede provocar en la hija o hijo una personalidad poco afectiva o desinterés social.

"‘Según indican estas investigaciones la baja autoestima, la vulnerabilidad al estrés y los problemas en las relaciones sociales están asociados con vínculos poco sólidos.

"‘Si las experiencias de vínculo han sido negativas y graves, el ser humano es más propenso a desarrollar trastornos psicopatológicos. Son interacciones madre-niño las que influyen en el desarrollo socio-emocional y en la conducta actual y futura del menor. Es por lo que se somete a su consideración el perfeccionamiento de la ley en comento para posibilitar que las mujeres que tengan uno o más hijos y/o hijas menores de diez años y que se les haya impuesto una pena privativa de libertad que no exceda de 15 años y hayan cumplido una quinta parte accedan al beneficio del indulto que otorga la citada ley. ...’

"Se estima que la finalidad del legislador local al expedir la norma impugnada persigue una finalidad constitucionalmente válida, pues va encaminada a salvaguardar los derechos de los hijos menores de doce años de las mujeres privadas de su libertad para que aquéllos no pierdan el vínculo con sus madres y tengan un pleno desarrollo.

"Por lo que hace a este requisito –identificación de una finalidad constitucionalmente válida–, esta representación social considera que se tiene por cumplido, en tanto que pretende concretar el principio de interés superior del menor establecido en el artículo 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"5.2.1.2 Examen de la idoneidad de la medida legislativa.

"Por lo que hace a la idoneidad de la medida, en esta etapa del escrutinio debe analizarse si la medida impugnada tiende a alcanzar en algún grado los fines perseguidos por el legislador. En este sentido, el examen de idoneidad presupone la existencia de una relación entre la intervención al derecho y el fin que persigue dicha afectación, siendo suficiente que la medida contribuya en algún modo y en algún grado a lo largo el propósito que busca el legislador.

"Al respecto, esta representación social considera que el artículo 4o., fracción I, apartado B, de la Ley de Indulto cumple con la pauta de idoneidad, ya que la medida legislativa impuesta por el Ejecutivo del Estado de México protege, de manera parcial, a los menores de doce años cuyas madres sentenciadas: i) sean delincuentes primarias, ii) se les haya impuesto una pena privativa de libertad que no exceda de 15 años; y, iii) hayan cumplido una quinta parte de su condena; por tanto, cumple de manera parcial con propósito que busca obtener el legislador local con la emisión de la norma, esto es, la protección del interés superior del menor.

"5.2.1.3 Examen de la necesidad de la medida legislativa.

"El examen de necesidad implica corroborar, en primer lugar, si existen otros medios igualmente idóneos para lograr los fines que se persiguen y, en segundo lugar, determinar si estas alternativas intervienen con menor densidad el derecho fundamental afectado.

"Sobre el particular, se estima que el artículo 4o., fracción I, apartado B, de la Ley de Indulto no cumple con el examen de necesidad, lo anterior en virtud de que en la distinción realizada por el Congreso del Estado de México no constituye un medio necesario para conducir al fin u objetivo que requiere alcanzar, puesto que: i) omite considerar a un sector de menores de edad que pudieran encontrarse en idéntica situación que los menores a los que sí tutela la norma combatida los excluidos por edad, los que no son hijos de quien se beneficia de la medida, y los hijos de hombres; y, ii) excluye del beneficio del indulto por gracia a los hombres que se encuentren en el mismo supuesto de la norma que se cuestiona.

"En definitiva, se estima que la medida adoptada por el legislador del Estado de México, se torna inconstitucional, al no superar este grado del test de proporcionalidad.

"Por último, no pasa desapercibido para esta representación social, el hecho de que la norma impugnada genera, en sí, beneficios del todo loables para la tutela y protección de los derechos de la niñez. En razón de ello, y con pleno respeto del ámbito competencial de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que me permito advertir que con la expulsión de una porción normativa de tal disposición, la misma mantendría su vigencia, pero maximizando su espectro protector, lo cual se torna acorde con los principios de universalidad y de fuerza de los derechos humanos, según los cuales, tanto el legislador como el Juez deben realizar su función extendiendo cuando sea posible el universo de los sujetos tutelares de los derechos, para que la protección de los mismos llegue al mayor número de personas posibles.

"En razón de lo anterior, esta representación social considera que de la norma impugnada podrá expulsar la siguiente porción normativa.

Ver porción normativa

"Por lo expuesto, atentamente solicito:"

QUINTO.—Admisión. Mediante proveído de presidencia de siete de marzo de dos mil diecisiete se ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad presentada y turnarlo a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para su trámite y la elaboración del proyecto correspondiente. El día ocho de ese mismo mes y año se admitió a trámite el asunto y se ordenó requerir a las autoridades que emitieron la norma impugnada para que rindieran sus informes de ley.

SEXTO.—Informe rendido por el Poder Ejecutivo del Estado de México. Rafael González Osés Cerezo, en su carácter de director general Jurídico y Consultivo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de México, rindió, en síntesis, el siguiente informe (fojas 65 a 79 del expediente):

"Diversas investigaciones indican que un vínculo seguro entre la madre y la niña o niño durante la infancia influye en su capacidad para establecer relaciones sanas a lo largo de su vida, cuando los primeros vínculos son fuertes y seguros la persona es capaz de establecer un buen ajuste social; por el contrario, la separación emocional con la madre, la ausencia de afecto y cuidado puede provocar en la hija o hijo una personalidad poco afectiva o desinterés social.

"Según indican estas investigaciones, la baja autoestima, la vulnerabilidad, el estrés y los problemas en las relaciones sociales están asociados con vínculos poco sólidos. Si las experiencias del vínculo han sido negativas y graves, el ser humano es más propenso a desarrollar trastornos psicopatológicos. Son las interacciones madre-niño las que influyen en el desarrollo socio-emocional y en la conducta actual y futura del menor."

SÉPTIMO.—Informe rendido por el Poder Legislativo del Estado de México. Ivette Topete García, en su carácter de vicepresidenta de la LIX Legislatura del Estado de México rindió, en síntesis, el siguiente informe (fojas 97 a 147 del expediente):

Contrario a lo argumentado por la parte actora la Ley de Indulto del Estado de México de ninguna manera contraviene la legislación procesal penal para unificar los criterios de política criminal en cuanto a las bases para que el gobernador pueda otorgar el indulto necesario y por gracia, así como conmutar las penas privativas de libertad a las y a los reos de fuero común que reúnan los requisitos señalados en esta ley y que por sentencia ejecutoriada se encuentran a su disposición.

En ese sentido es pertinente señalar que tratándose de los conceptos de invalidez, éstos necesariamente deben estar dirigidos a demostrar en forma evidente la incongruencia de la norma general reclamada frente a la Constitución General de la República, lo que en el caso no acontece.

El concepto de invalidez planteado por la parte actora carece de un examen integral armónico al facultar la Ley de Indulto del Estado de México, al titular del Poder Ejecutivo, para que proceda aplicar el indulto necesario y por gracia, cuando las personas hayan sido sentenciadas y la sentencia haya causado ejecutoria, pudiendo ser sustituidas por otra menos severa para favorecer a la o al condenado, de ninguna manera contraviene las garantías tuteladas por el artículo 1o. de la Carta Magna, ya que el indulto necesario y por gracia, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la ley, establece las bases para que el titular del Ejecutivo pueda otorgar el indulto por gracia a las o los reos, lo que de ninguna manera contraviene las garantías reguladas por los artículos 1o. y 4o. de la Carta Magna.

El artículo impugnado de ninguna manera viola los artículos 1o. y 4o. de la Carta Magna, ni afecta el interés superior del menor, al otorgar a las mujeres que tengan uno o más hijos menores de doce años, que se les haya impuesto pena privativa de libertad, como posibles candidatas para otorgarles el indulto por gracia, puesto que para que esto proceda, necesariamente se deben reunir diversos requisitos, además de que, el beneficio del indulto por gracia, también le es aplicado a los reos, esto de conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Ley de Indulto, siendo ello una facultad del titular del Ejecutivo de acuerdo a lo siguiente:

• Su aplicación corresponde al gobernador, a través de la Secretaría General de Gobierno por conducto de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, al Instituto de la Defensoría Pública y de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social.

• Tiene como objeto establecer las bases para que el gobernador pueda otorgar el indulto necesario y por gracia.

• En el supuesto de mujeres que tengan uno o más hijos y/o hijas menores de doce años que se les haya impuesto una pena privativa de libertad que no exceda de 15 años.

• Que hayan cumplido una quinta parte.

• La conmutación de la pena podrá ser otorgada a facultad del gobernador, previo dictamen del consejo técnico.

Asimismo, se considera que el artículo impugnado de ninguna manera invade la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, en razón de que el artículo cuya invalidez se reclama establ

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30502-001cd631/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-procuraduria-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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