PENSIÓN POR VIUDEZ PARA BENEFICIARIOS QUE SE ENCUENTRAN COMO TRABAJADORES EN ACTIVO. EL ARTÍCULO 6, FRACCIÓN XII, INCISO 2), DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, QUE IMPIDE DE MANERA TOTAL EL DISFRUTE DE TAL DERECHO, RESULTA INCONSTITUCIONAL POR LESIONAR EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL.
AMPARO EN REVISIÓN 183/2021. GINA MARÍA VILLA MUCEL. 10 DE NOVIEMBRE DE 2021. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: ROBERTO NEGRETE ROMERO.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de diez de noviembre de dos mil veintiuno.
VISTOS, para resolver los autos del asunto indicado al rubro; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Antecedentes del juicio de amparo. A Gina María Villa Mucel se le negó el otorgamiento de la pensión por viudez (su esposo Andrés Ramayo Chávez se encontraba pensionado por jubilación al día de su muerte), al estimarse que esa figura es incompatible con la circunstancia jurídica de que ella desempeña un trabajo remunerado e incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
2. SEGUNDO.—Demanda de amparo indirecto. Por escrito de demanda presentado el seis de noviembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Campeche, la citada persona solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la expedición y promulgación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de veintiocho de marzo de dos mil siete, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día treinta y uno de marzo de dos mil siete.
3. Asimismo, impugnó el artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de dos mil nueve), con motivo de su acto de aplicación en el oficio SP/DPSHT/1193/17 emitido el diez de octubre de dos mil diecisiete, suscrito por la subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Campeche, mediante el cual se negó a la quejosa la pensión de viudez por muerte de pensionado.
4. Señalando como autoridades responsables relacionadas con las normas reclamadas a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión por la aprobación y expedición de la citada ley, y al presidente de la República por su promulgación. De este último también se reclamó la expedición del decreto que contiene el reglamento cuestionado.
5. Por lo que hace a la ejecución del acto, se señaló como responsables al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Campeche, y al subdelegado de Prestaciones Económicas de esa misma institución, a quienes se reclamó el primer acto de aplicación del acto legislativo impugnado.
6. En esencia, la peticionaria de amparo desarrolló los siguientes conceptos de violación:
• La norma del reglamento violenta su derecho humano de seguridad y previsión social, así como el de legalidad y seguridad jurídica, pues la negativa de otorgarle la referida pensión constituye un detrimento a sus recursos económicos que no hace una diferenciación correcta entre su ingreso por concepto de salario, de aquel que corresponde a las aportaciones hechas por su esposo fallecido.
Subraya que la pensión por viudez no es una concesión gratuita, pues se trata de un derecho económico que surgió con la muerte del trabajador en favor de su beneficiario, a diferencia de su salario que es una contraprestación que recibe por su trabajo.
• La norma del reglamento restringe incorrectamente su derecho constitucional a la seguridad social con el cual se pretende brindar bienestar y tranquilidad tanto a los trabajadores como a sus familias ante los riesgos a que están expuestos.
Para apoyar sus planteamientos invocó la jurisprudencia 2a./J. 129/2016,(1) de rubro: "PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN II, INCISO C), DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL.", en donde justamente se determinó la inconstitucionalidad de la norma que ahora cuestiona.
• El oficio a través del cual se le negó el derecho a la pensión por viudez viola las garantías previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues se le pretende privar de sus derechos de manera arbitraria, sin que se sustancie un juicio o procedimiento en su contra, además de que pasa por alto la existencia de jurisprudencia aplicable en el caso.
7. TERCERO.—Admisión de la demanda y trámite del juicio constitucional. A través de proveído dictado por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche el siete de noviembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número de expediente 1532/2017; asimismo, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo el diecisiete de enero de dos mil dieciocho.
8. CUARTO.—Sentencia del Juez de Distrito. El veintiséis de enero de dos mil dieciocho se dictó sentencia en la que el Juez otorgó la protección constitucional a la quejosa determinando la inconstitucionalidad de la norma perteneciente al reglamento cuestionado.
9. QUINTO.—Interposición de los recursos de revisión. Mediante oficio presentado el siete de febrero de dos mil dieciocho, las autoridades delegado estatal, subdelegada de Prestaciones y jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, por conducto del jefe de la Unidad Jurídica, todos de la Delegación Estatal Campeche del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, interpusieron recurso de revisión.
10. SEXTO.—Trámite del recurso de revisión. Por cuestión de turno, el medio de impugnación fue remitido al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito y, por auto de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, lo admitió y registró con el número 159/2018.
11. El Magistrado presidente del citado órgano, en atención al oficio STCCNO/619/2018, de doce de junio de dos mil dieciocho, suscrito por el secretario técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, remitió el asunto al Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, para el auxilio en el dictado de la resolución respectiva, el cual se radicó por acuerdo de veintisiete de junio de dos mil dieciocho con el número 568/2018.
12. SÉPTIMO.—Dictado de resolución. El seis de septiembre de dos mil dieciocho, el referido Tribunal dictó sentencia en la que resolvió revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, en los siguientes términos:
I.Dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio de amparo 1532/2017, al advertir que se incurrió en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que influyó en la sentencia de amparo, pues no se requirió a la quejosa para que señalara qué preceptos de la ley del instituto eran los que impugnaba, por lo que no se integró de manera correcta la litis.
II. Determinó que se debía prevenir a la quejosa para que manifestara si era su voluntad o no señalar como acto reclamado la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su caso precisar los artículos que en específico se reclamaban, así como si insistía en señalar como autoridades responsables a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión.
III. Desechó el recurso de revisión por cuanto hace al interpuesto por el jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Estatal Campeche del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por falta de legitimación, en virtud de que la sentencia que se reclama no le perjudica ni causa afectación a sus intereses, derechos o atribuciones.
13. OCTAVO.—Reposición del Procedimiento. El veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho se previno a la parte quejosa en los términos ordenados por el Tribunal Colegiado.
14. El cuatro de octubre de dos mil dieciocho, la quejosa manifestó que era su voluntad señalar también como acto reclamado la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en específico el artículo 6, fracción XII, inciso 2), y precisó que sí les atribuía el carácter de autoridades responsables a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión.
15. NOVENO.—Sentencia de primera instancia del juicio de amparo. El treinta de abril de dos mil diecinueve se dictó sentencia otorgando la protección constitucional a la parte quejosa; tal resolución se desarrolló en los siguientes términos:
I.En la integración de la litis, tuvo como actos reclamados: a) la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en específico el artículo 6, fracción XII, inciso 2); b) el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, concretamente, su artículo 12, fracción II, inciso c); y, c) El oficio SP/DPSHT/1193/17 de diez de octubre de dos mil diecisiete, como primer acto de aplicación de las normas referidas.
II. En relación con el último oficio referido, señaló que su existencia se acreditaba en términos del informe rendido por las autoridades responsables delegado estatal; la subdelegada de Prestaciones y la jefa del Departamento de Pensiones, todos de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en Campeche.
III. Determinó el sobreseimiento en el juicio en relación con el refrendo del decreto promulgatorio del artículo 6, fracción XII, inciso 2), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (atribuido a ambas Cámaras del Congreso y al presidente de los Estados Unidos Mexicanos), en virtud de que no se formularon conceptos de violación dirigidos a combatirlo por vicios propios.
IV. Desestimó la causal de improcedencia invocada por el presidente de la República, relativa a la improcedencia del juicio por inexistencia del acto reclamado, pues de los informes justificados rendidos por las diversas autoridades se desprendía la existencia de los actos que se les atribuyen.
V. También desestimó la causal de improcedencia invocada por esta misma autoridad, en la que adujo que la quejosa no hizo valer conceptos de violación en contra de la ley y el reglamento reclamados, pues señaló que la parte quejosa sí formuló argumentos con los cuales pretendía evidenciar la inconstitucionalidad de dichos actos.
VI. Declaró infundada la causal de improcedencia planteada por el presidente de la República que señala que la quejosa no observó el principio de definitividad, en tanto debía agotar el juicio contencioso administrativo de manera previa a la instancia de amparo; por lo que señaló que se estaba ante una excepción, pues se impugnaban normas generales con motivo del primer acto de aplicación.
VII. También desestimó la causal de improcedencia invocada por el presidente de la República que planteaba la falta de interés jurídico de la quejosa, en el sentido de que las normas impugnadas generan un perjuicio de tipo económico a la quejosa que no se traduce en contar con interés jurídico. Al respecto el secretario en funciones de Juez de Distrito sostuvo que el derecho en disputa consistente en que las disposiciones que se aplicaron en perjuicio de la quejosa para negarle el otorgamiento de la pensión que solicitó, no está ajustada a la Norma Fundamental, de ahí que el perjuicio económico que se le causaría con su aplicación, es una consecuencia y no el derecho que sirve de base para su impugnación.
VIII. En el estudio de constitucionalidad de las normas reclamadas, declaró –suplidos en su deficiencia– fundados los conceptos de violación planteados por la quejosa.
El secretario en funciones de Juez de Distrito sostuvo que la autoridad ejecutora inobserva en forma sistemática una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la cual se ha sostenido que el derecho a percibir una pensión por viudez no es incompatible o antagónico con el de desempeñar un cargo, empleo o comisión remunerados en cualquier dependencia o entidad que implique su incorporación al régimen obligatorio previsto en la ley de la materia.
Estableció que el análisis del caso comprendía el artículo 12 del citado reglamento así como el del artículo 51 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los cuales describen y desarrollan los supuestos de compatibilidad de las pensiones que otorga el instituto en términos prácticamente idénticos constituyendo un sistema normativo, de manera que el estudio de la constitucionalidad de la porción reclamada comprendería también la disposición vinculada estrechamente a pesar de que no fue señalada expresamente por la quejosa en el escrito de demanda.
Precisó que en el oficio combatido se estableció que, si bien se actualizaba la hipótesis de familiar derechohabiente, en términos del arábigo 6, fracción XII, inciso 2), lo cierto era que se ubicaba en el supuesto de incompatibilidad previsto en el artículo 12, fracción II, inciso c), del reglamento.
Enseguida, se plasmó que el precepto del reglamento aludido establece un límite al derecho a la seguridad social de los trabajadores previsto en la Constitución, esto al disponer que no es compatible la pensión por viudez cuando el trabajador que tenga el derecho a ésta se encuentre en activo, incorporado al régimen institucional, siendo que dichos derechos atienden a orígenes y cotizaciones distintas.
Retomó las consideraciones sostenidas en dos precedentes de esta Segunda Sala; el primero emitido al resolver el amparo en revisión 649/2015, en el cual se sostuvo que el artículo 12 del Reglamento en cuestión es inconstitucional, pues restringe el derecho a recibir la pensión por viudez derivada de la muerte del trabajador, durante el lapso que desempeñe un trabajo remunerado que implique la incorporación al régimen obligatorio del artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal, violando el derecho a la seguridad social.
Y, el segundo, en relación con la decisión emitida al fallar el amparo en revisión 1927/2006, en el cual declaró la inconstitucionalidad del artículo 51, fracción II, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, en donde se definió que la seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, como garantía social constitucionalmente reconocida, también está dirigida a sus familiares; por ello, a éstos tampoco se les puede reducir o restringir la garantía de referencia.
En atención a lo anterior, concluyó que los artículos reclamados 6, fracción XII, inciso 2), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil siete) y 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: "... vulnera en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 16 constitucional, el principio de supremacía constitucional del artículo 133 del texto básico, así como el derecho fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ..." (sic).
Consecuentemente, concedió el amparo y protección para el efecto de que las autoridades responsables desincorporen de la esfera jurídica de la quejosa, en lo presente y lo futuro, los artículos declarados inconstitucionales; dejen sin efectos el oficio SP/DPSHT/1193/17, de diez de octubre de dos mil diecisiete, para que en su lugar se emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada que no restrinja los derechos de la quejosa de disfrutar de una pensión por viudez por desempeñar un trabajo remunerado. Y, se ordenó se le cubran las cantidades que corresponda a la quejosa con motivo del pago de la pensión por viudez a partir del tres de octubre de dos mil diecisiete, fecha en que formuló su solicitud y hasta que se dé cumplimiento al fallo.
16. DÉCIMO.—Interposición de los recursos de revisión. Inconforme con el fallo, el director general de Amparos Contra Leyes adscrito a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, interpuso recurso de revisión.
17. DÉCIMO PRIMERO.—Trámite del recurso de revisión. Correspondió conocer del medio de impugnación al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, cuyo presidente a través de acuerdo dictado el veintiocho de enero de dos mil veinte, lo admitió y registró con el número 81/2020.
18. DÉCIMO SEGUNDO.—Dictado de resolución y remisión del asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Tribunal Colegiado, mediante resolución de nueve de abril de dos mil veintiuno determinó:
I. Declarar infundada la causal de improcedencia en la que la autoridad responsable señaló que debía sobreseerse en el juicio, al estimar que la parte quejosa no desarrolló razonamiento alguno para afirmar que se hicieron valer conceptos de violación en contra del artículo 6, fracción XII, inciso 2, de la ley del instituto; pues en virtud de que las normas impugnadas versan sobre el mismo tema, los argumentos vertidos por el quejoso contra el reglamento igual valían para la ley impugnada.
II. Calificó de inoperante el planteamiento de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión relativo a que se actualizaba una causal de improcedencia porque de la culminación del procedimiento legislativo no derivaba perjuicio alguno, sino que éste se generaba a partir de un acto de ejecución posterior. Al respecto, el Tribunal Colegiado estimó que dicha afirmación era inoperante por insuficiente, en tanto no citó norma alguna en que fundara dicha pretensión, además de que no señaló el acto de ejecución posterior al que se refiere y expresó que no era posible analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones que podrían existir sobre el tema; máxime que el acto de ejecución estaría apoyado de la ley que fue reclamada, por lo que sí existe afectación a la esfera de derechos de la quejosa y hace infundada la improcedencia invocada.
III. Reservó jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al estimar que no existe jurisprudencia del Pleno o de las Salas sobre el tema que resuelva el problema jurídico planteado, esto es, el análisis sobre la constitucionalidad del artículo 6, fracción XII, inciso 2), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que está en estrecha vinculación con el artículo 12, fracción II, inciso c), del multicitado reglamento.
19. DÉCIMO TERCERO.—Trámite del recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El seis de mayo de dos mil veintiuno, el presidente de este Alto Tribunal registró este asunto con el número 183/2021, lo admitió y lo turnó para su estudio al Ministro Luis María Aguilar Morales, enviando los autos a la Segunda Sala, a la cual se encuentra adscrito, en virtud de que la materia del asunto corresponde a su especialidad.
20. DÉCIMO CUARTO.—Avocamiento de la Segunda Sala. El cinco de agosto de dos mil veintiuno, la presidencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto y ordenó el envío de los autos al Ministro ponente para que formulara el proyecto de sentencia respectivo.
21. DÉCIMO QUINTO.—Publicación del proyecto. Con fundamento en el artículo 73, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se hizo público el presente proyecto de sentencia.
CONSIDERANDO:
22. PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo; y 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo, fracción III, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, toda vez que se interpone contra una sentencia dictada por un Juez de Distrito, en un juicio de amparo indirecto en que se reclamó una ley federal respecto de las que no existe jurisprudencia y resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
23. SEGUNDO.—Oportunidad y legitimación. No obstante que, en términos de lo establecido en el Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ese ámbito es propio de la labor de los Tribunales Colegiados que intervienen previamente en el conocimiento de este tipo de asuntos, esta Segunda Sala analizará tales presupuestos únicamente con el objetivo de evitar la dilación en la resolución del presente asunto en el que, conforme a la historia procesal que fue narrada, ya se determinó una reposición del procedimiento que –en conjunto con otros aspectos– se ha traducido en que la duración del proceso constitucional tiene ya una extensión cercana a los cuatro años.
24. Por cuanto hace a la oportunidad del recurso, se advierte que fue presentado en tiempo pues, si la autoridad responsable fue notificada de la sentencia de primera instancia a través de oficio que recibió el miércoles once de septiembre de dos mil diecinueve,(2) y remitió el medio de impugnación el día veinticinco de ese mismo mes y año, se tiene que esto aconteció dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo el cual transcurrió del jueves doce de septiembre al jueves veintiséis de septiembre (descontando aquellos días que fueron inhábiles, esto es, el catorce, quince, dieciséis, veintiuno y veintidós del referido mes de septiembre).
25. En relación con la legitimación, se advierte que cuenta con ella el recurrente pues lo hace el director general de Amparos contra Leyes de la Procuraduría Fiscal de la Federación (perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) en representación del presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y este último tiene el carácter de autoridad responsable en el presente juicio de amparo a quien se atribuye justamente su intervención en los actos materia del presente recurso de revisión.
26. La representación de tal autoridad perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se da en términos de lo establecido en el "Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", en donde se establece (acuerdo tercero, fracción VI, números 27 y 72) que aquélla le corresponde cuando en el juicio de amparo se controvierte la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (en materia pensionaria exclusivamente), así como el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
27. TERCERO.—Corrección en la fijación de la litis. Si bien las imprecisiones en la fijación de la litis del juicio de amparo que serán desarrolladas en este apartado, también debieron ser materia de análisis y pronunciamiento por parte del Tribunal Colegiado que intervino de forma previa en la tramitación de este asunto, esta Segunda Sala analizará tales tópicos con el propósito de evitar la dilación que supondría devolver el asunto a ese órgano para el análisis correspondiente.
28. En la sentencia recurrida (página 10) el secretario en funciones de Juez de Distrito determinó incorrectamente que tenía el carácter de autoridad responsable aquella denominada jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Estatal Campeche del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al precisar que en el informe rendido por éste se había aceptado la emisión del oficio SP/DPSHT/1193/17, de diez de octubre de dos mil diecisiete.
29. Sin embargo, de la revisión de autos se advierte que ni en la demanda de amparo ni en su ampliación se hizo mención de tal ente y de ninguna manera se involucró en el proceso rindiendo informe justificado o bajo alguna otra condición.
30. Por el contrario, la historia procesal del presente caso pone de manifiesto que dicha entidad pública intentó (por conducto de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del ISSSTE en el Estado de Campeche) el recurso de revisión en contra de la sentencia que quedó sin efectos con motivo de la reposición del procedimiento que se ordenó, y en la sentencia en la cual se tomó esta última determinación también se desechó su recurso por no ser autoridad responsable ni estar involucrada con la litis del juicio constitucional.
31. Asimismo, de la lectura del informe justificado a que el secretario en funciones de Juez de Distrito hizo referencia se advierte que éste fue rendido en nombre de la delegación estatal y de la subdelegación de prestaciones, pero en ningún momento se manifestó que era de esta manera por cuanto hace a la autoridad referida como jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo.
32. En otro aspecto, también de forma incorrecta el secretario en funciones de Juez de Distrito precisó (páginas 8 y 9 de la sentencia en revisión) que se consideraban como autoridades responsables en la emisión del reglamento controvertido a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión.
33. Esto es erróneo, en primer lugar, por la naturaleza del acto reclamado, cuya existencia jurídica no se encuentra vinculada de ninguna manera a las atribuciones de las citadas Cámaras pues, por el contrario, su expedición corre exclusivamente a cargo del titular del Poder Ejecutivo Federal con fundamento en la facultad reglamentaria contenida en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
34. Y, en segundo lugar, de la lectura de los informes justificados a que el secretario en funciones de Juez de Distrito hizo referencia, no se desprende que las autoridades legislativas hayan aceptado haber intervenido en la expedición del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues exclusivamente se refirieron a su intervención en el proceso legislativo del cual derivó la multicitada ley.
35. Consecuentemente, conforme a los elementos descritos, no forma parte de la litis de este juicio de amparo ninguna autoridad cuya denominación sea jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo y no debe relacionarse la existencia del referido reglamento con las autoridades legislativas responsables, las cuales tienen ese carácter única y exclusivamente por cuanto hace a la ley reclamada.
36. CUARTO.—Materia del recurso de revisión. La constituyen tanto el artículo 6, fracción XII, inciso 2), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como el artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
37. Esto es así, pues el contenido de ambas disposiciones se encuentra ligado temáticamente (acceso de familiares a prestaciones propias de la seguridad social); asimismo, ambas normas fueron combatidas por la parte quejosa a través de un mismo principio de agravio.
38. Máxime que, en el acto reclamado ambas disposiciones fueron referidas por la autoridad administrativa como fundamento de su determinación, y en la sentencia recurrida las consideraciones vertidas por el secretario en funciones de Juez de Distrito fueron emitidas de forma indistinta (como si en ambas porciones se contuviera una regulación idéntica).
39. Consecuentemente, se procede al examen de los agravios aducidos por la autoridad responsable en relación con la concesión de amparo determinada en este juicio de amparo, la cual alcanzó tanto a la norma perteneciente a la ley como al reglamento.
40. QUINTO.—Estudio de fondo. Esta Segunda Sala advierte que son fundados en parte, e infundados en otra, los agravios que combaten la sentencia de primera instancia de este juicio constitucional.
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Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30510-eb7cbce5/pension-por-viudez-para-beneficiarios-que-se-encuentran · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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