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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE APELACIÓN. CUANDO EL TRIBUNAL DE ALZADA REVOCA LA SENTENCIA IMPUGNADA Y REASUME JURISDICCIÓN, ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR TODOS LOS ELEMENTOS DE LA ACCIÓN AUN CUANDO ELLO NO HAYA SIDO IMPUGNADO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 394/2014. · Registro digital (IUS): 30521
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2022-04-29
Promovente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Abril de 2022, Tomo III, Pág. 2581.

AMPARO DIRECTO 394/2014. GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 28 DE AGOSTO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: INDALFER INFANTE GONZALES. SECRETARIO: EDGAR OSWALDO MARTÍNEZ RANGEL.

QUINTO.—Previo al estudio de fondo del asunto, es menester atender el argumento de la tercero interesada **********, formulado en el escrito de expresión de alegatos, por el que aduce que como los codemandados no impugnaron la consideración contenida en la sentencia definitiva, por la que el Juez del conocimiento tuvo por acreditados los elementos de la acción de prescripción adquisitiva, entonces debe considerarse que el gobierno quejoso no agotó el principio de definitividad y reputarse como un acto consentido.

Al respecto, este Tribunal Colegiado de Circuito estima que lo aducido por la tercero interesada no se traduce en un argumento de improcedencia del juicio de amparo, pues se limita a la contestación de un concepto de violación formulado por el gobierno quejoso, que involucra un solo tema contenido en la resolución jurisdiccional señalada como acto reclamado.

De manera que para la actualización de cualquier causal de improcedencia del juicio de amparo, necesariamente se requiere que respecto del acto reclamado stricto sensu, se actualice la hipótesis de improcedencia contenida en la ley o interpretada por la jurisprudencia.

Razón por la cual, dichas expresiones se reducen a alegaciones que, en su caso, se tomarán en cuenta al resolver el asunto.

SEXTO.—Los conceptos de violación que han quedado transcritos en el considerando anterior, son en una parte infundados y en otra sustancialmente fundados y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, de conformidad con las consideraciones siguientes:

En efecto, el artículo 1149 del Código Civil para el Distrito Federal establece:

"Artículo 1148. La Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios y las otras personas morales de carácter público, se considerarán como particulares para la prescripción de sus bienes, derechos y acciones que sean susceptibles de propiedad privada."

De la interpretación literal de dicho precepto se obtiene que el Distrito Federal, entre otros, se considerará como particular para la prescripción de sus bienes, derechos y acciones que sean susceptibles de propiedad privada.

La propiedad privada son los derechos de las personas de obtener, poseer, controlar, emplear, disponer y dejar en herencia, tierra, capital y otras formas de propiedad. Se diferencia de la propiedad pública, porque en ésta el Estado es propietario en forma exclusiva de los bienes y, por tanto, están fuera del comercio, de los particulares y de las entidades.

Por su parte, el artículo 33 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público establece:

"Artículo 33. Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la legislación aplicable, son bienes de dominio privado del Distrito Federal:

"I. Los no comprendidos en el artículo 16 y cuyo uso y utilidad no tengan interés público;

"II. Los que hayan formado parte de entidades del Distrito Federal;

"III. Las tierras ubicadas dentro del Distrito Federal, que sean susceptibles de ser enajenadas a particulares;

"IV. Los bienes muebles que se encuentren dentro del Distrito Federal, considerados como mostrencos, conforme al Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal;

"V. Los bienes muebles de propiedad del Distrito Federal al servicio del mismo;

"VI. Los bienes que por cualquier título adquiera el Distrito Federal y que no estén destinados a un servicio público, y

"VII. Los bienes inmuebles que el Distrito Federal adquiera por vías de derecho público y tengan por objeto la constitución de reservas territoriales, el desarrollo urbano o habitacional o la regularización de la tenencia de la tierra."

De dicho precepto legal, en lo que aquí interesa, se desprende que son bienes de dominio privado del Distrito Federal, entre otros, los bienes inmuebles que adquiera por vías de derecho público y tengan por objeto la constitución de reservas territoriales, el desarrollo urbano o habitacional o la regularización de la tenencia de la tierra.

Ahora bien, la expropiación es una institución de derecho público, constitucional y administrativo, que consiste en la transferencia coactiva de la propiedad privada desde su titular al Estado, concretamente a un ente de la administración pública.

El artículo 27, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina que las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

El concepto de utilidad pública no debe ser restringido, sino (sic) en sentido amplio, esto es, el Estado no necesariamente expropia bienes para sustituirse como propietario de éstos, sino que también comprende aquellas necesidades económicas, sociales, sanitarias e, inclusive, estéticas que pueden requerirse de manera inmediata y directa en una clase social determinada y mediatamente a toda colectividad.

Cobra aplicación lo sustentado en la jurisprudencia P./J. 39/2006, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página mil cuatrocientos doce, Tomo XXIII, marzo de dos mil seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 175593, que dice:

"EXPROPIACIÓN. CONCEPTO DE UTILIDAD PÚBLICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al concepto de utilidad pública, ha sustentado diversos criterios, en los que inicialmente señaló que las causas que la originan no podrían sustentarse en dar a otro particular la propiedad del bien expropiado, sino que debía ser el Estado, en cualquiera de sus tres niveles, quien se sustituyera como propietario del bien a fin de conseguir un beneficio colectivo a través de la prestación de un servicio o realización de una obra públicos. Posteriormente amplió el concepto comprendiendo a los casos en que los particulares, mediante la autorización del Estado, fuesen los encargados de alcanzar los objetivos en beneficio de la colectividad. Así, esta Suprema Corte reitera el criterio de que el concepto de utilidad pública es más amplio, al comprender no sólo los casos en que el Estado (Federación, entidades federativas, Distrito Federal o Municipios) se sustituye en el goce del bien expropiado a fin de beneficiar a la colectividad, sino además aquellos en que autoriza a un particular para lograr ese fin. De ahí que la noción de utilidad pública ya no sólo se limita a que el Estado deba construir una obra pública o prestar un servicio público, sino que también comprende aquellas necesidades económicas, sociales, sanitarias e inclusive estéticas, que pueden requerirse en determinada población, tales como empresas para beneficio colectivo, hospitales, escuelas, unidades habitacionales, parques, zonas ecológicas, entre otros, dado que el derecho a la propiedad privada está delimitado en la Constitución Federal en razón de su función social. Por ello, atendiendo a esa función y a las necesidades socioeconómicas que se presenten, es evidente que no siempre el Estado por sí mismo podrá satisfacerlas, sino que deberá recurrir a otros medios, como autorizar a un particular para que preste un servicio público o realice una obra en beneficio inmediato de un sector social y mediato de toda la sociedad. En consecuencia, el concepto de utilidad pública no debe ser restringido, sino amplio, a fin de que el Estado pueda satisfacer las necesidades sociales y económicas y, por ello, se reitera que, genéricamente, comprende tres causas: a) La pública propiamente dicha, o sea cuando el bien expropiado se destina directamente a un servicio u obra públicos; b) La social, que satisface de una manera inmediata y directa a una clase social determinada, y mediatamente a toda la colectividad; y c) La nacional, que satisface la necesidad que tiene un país de adoptar medidas para hacer frente a situaciones que le afecten como entidad política o internacional."

Luego, si por virtud de un decreto, el Estado expropia con fines de utilidad pública, consistentes en la creación de un núcleo de población formado de habitaciones populares, construcción de escuelas, mercados, campos deportivos, edificios públicos, albergues infantiles, hospitales, asilos, calles, parques, jardines y toda clase de servicios públicos que requiere el conjunto de esas obras, a favor de un ente de la administración pública para llevar a cabo esos fines; entonces, resulta incuestionable que los bienes expropiados constituyen bienes de dominio privado.

En consecuencia, si el artículo 1148 del Código Civil dispone que la Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios y las otras personas morales de carácter público, se considerarán como particulares para la prescripción de sus bienes, derechos y acciones que sean susceptibles de propiedad privada, y en virtud de un decreto se expropian bienes a favor del Distrito Federal, con fines de utilidad pública consistentes en la formación de un núcleo de población, lo que implica tenerlos como bienes de dominio privado, en términos de la fracción VII del artículo 33 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público; entonces, aquéllos por merced de la posesión u ocupación son susceptibles de apropiación particular, esto es, de prescripción adquisitiva.

Ahora bien, en el caso concreto del decreto presidencial divulgado en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto de mil novecientos sesenta y cinco, se desprende que se expropiaron a favor del entonces Departamento del Distrito Federal, hoy Gobierno del Distrito Federal, las fracciones oeste y este del ejido de **********, Distrito Federal, entre las que se encontraban el derecho de vía de la línea de transmisiones eléctricas de **********. La fracción oeste con una superficie de ciento sesenta hectáreas, diecisiete áreas, cincuenta centiáreas; la fracción este, con superficie de una hectárea, noventa y ocho áreas, setenta y cinco centiáreas; para la formación de habitaciones populares, la construcción de escuelas, mercados, campos deportivos, edificios públicos, albergues infantiles, un hospital infantil, un asilo de ancianos, así como calles, parques, jardines, etcétera.

Asimismo, del acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de junio de mil novecientos setenta, se desprende, entre otras cosas, que se facultó al entonces Departamento del Distrito Federal, para que hiciera la determinación de las áreas del terreno expropiado mediante el decreto antes citado; así como para enajenar fuera de remate los lotes en que dividiera las áreas de terreno que se destinará a la creación de un núcleo de población o de conjuntos habitacionales.

Atento a lo expuesto, es evidente que la finalidad de la expropiación de los terrenos no era el que el hoy Gobierno del Distrito Federal se apropiara de dichos terrenos para sí, sino con fines de utilidad pública consistentes en la creación de un nuevo núcleo de población en la Ciudad de México, con las calles, obras de urbanización y servicios públicos necesarios para la construcción de habitaciones populares que se venderían en condiciones fáciles a personas de escasos recursos económicos que las ocuparan con sus familias.

En efecto, el hecho de que el Gobierno del Distrito Federal hubiera adquirido los bienes señalados en el decreto en cita, por expropiación, ello por sí sólo no les da la característica de públicos, pues deben considerarse como bienes de dominio privado aquellos adquiridos por vías de derecho público como la expropiación y que tengan por objeto la constitución de reservas territoriales, el desarrollo urbano o habitacional o la regularización de la tenencia de la tierra.

Por tanto, si del decreto publicado el trece de agosto de mil novecientos sesenta y cinco y del acuerdo publicado el veintisiete de junio de mil novecientos setenta, se advierte que el Ejecutivo Federal autorizó al Departamento del Distrito Federal, para que enajenara fuera de subasta pública los conjuntos urbanos que se habían construido en los predios expropiados en forma primigenia, entre los que se encuentran los lotes materia de controversia para la consecución del fin del decreto que, entre otros, lo era la creación de un nuevo núcleo de población, debe estimarse que, contrario a lo aseverado por el quejoso, en el caso la acción de usucapión era susceptible de demandarse, ya que el inmueble que se encuentra inmerso en las tierras expropiadas fue con la finalidad de que se dotaran a personas de escasos recursos de habitaciones funcionales e higiénicas y en virtud de las facultades del Estado enajenarlas a precios moderados y en condiciones fáciles a particulares, contemplando así la posibilidad de constituir la propiedad privada; de ahí que no pueda estimarse que los bienes materia de la expropiación sean del dominio privado del Distrito Federal en estricto sentido, sino que por encima de ello está la finalidad del decreto y ya quedó demostrado que se autorizó la venta de dichos bienes, por tanto, si ésta es la finalidad fundamental, es claro que en el caso dichos bienes, son susceptibles de apropiación particular, pues no fueron expropiados con la finalidad de ser del dominio público ni privado del Distrito Federal en estricto sentido, como un bien propio del ente público, sino para constituir la propiedad privada mediante su enajenación autorizada legalmente a favor de particulares para la creación de un núcleo de población.

Atento a estas circunstancias, aun cuando el precepto 35 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público disponga que los bienes del dominio privado del gobierno local son imprescriptibles, tal precepto no debe interpretarse de forma aislada, sino en forma armónica con lo establecido en el artículo 114 del Código Civil para el Distrito Federal, en concordancia con lo previsto en la fracción VII del numeral 33 del primer ordenamiento legal citado.

Esto es, esa imprescriptibilidad se refiere a aquellos bienes del dominio privado stricto sensu, que serán utilizados para el cumplimiento de los fines del gobierno local, ejemplificativamente, como aquellos a través de los cuales se cumplen sus fines públicos (establecimiento de oficinas), y no así, como en el caso, se expida un decreto expropiatorio con fines de utilidad pública consistente en la formación de un nuevo núcleo de población porque, ante esas circunstancias, resulta evidente que su posesión sí puede dar lugar a la prescripción adquisitiva.

Por estas razones, resulta infundado el denominado primer concepto de violación.

En diverso aspecto, el segundo concepto de violación, de igual forma resulta infundado por lo siguiente:

En efecto, conforme al artículo 1151 del Código Civil para el Distrito Federal, los requisitos para la procedencia de la acción de usucapión o prescripción adquisitiva son: que la posesión del accionante sea en concepto de propietario, pacífica, continua y pública.

El artículo 826 del mismo ordenamiento establece que la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir la prescripción.

Por tanto, la posesión en concepto de propietario o dueño deberá acreditarse como un elemento constitutivo de la acción, es decir, el actor deberá probar que el inicio de la posesión es con un justo título, apto para trasladar el dominio del bien inmueble que se pretende usucapir, de lo contrario, se consideraría únicamente como un simple tenedor, arrendatario o depositario; dicho en otras palabras, tendría sólo una posesión derivada.

Debe entenderse por justo título la causa generadora de la posesión, es decir, es el acto o fundamento que da origen o transmite la posesión a título de dueño, pues es claro que el concepto de justo título da origen a la posesión y, por ello, encuadra dentro de lo previsto por el artículo 806 del Código Civil para el Distrito Federal que señala, en lo que aquí interesa, que es poseedor de buena fe el que entre en la posesión en virtud de un título suficiente para darle derecho de poseer, así como el que ignora los vicios de su título que le impiden poseer con derecho.

Luego, la posesión que ejerce el comprador de un inmueble se reputa como originaria en términos del artículo 791 del código sustantivo civil, ya que aquél tendrá el carácter de propietario y, por ende, el contrato de compraventa se reputa como un justo título originador de la posesión apta para prescribir.

De manera que, el hecho de que la compraventa pudiera adolecer de nulidad, ello no impide que surta sus efectos provisionales tal acto jurídico, conforme a lo previsto en el artículo 2226 del código en cita, hasta tanto sea declarada la nulidad, pero para efectos de la prescripción, esos vicios no desvirtúan la naturaleza del acto traslativo de dominio que fundadamente permiten que el comprador tenga la creencia de ser propietario y le permita ostentarse como tal, razón por la cual debe considerarse un título suficiente para que ejerza la posesión en concepto de propietario, pues es claro que tiene la intención de poseer la cosa a título de dueño.

Máxime que el concepto de dueño o propietario comprende, entre otros, al poseedor con un título subjetivamente válido (aquel que origina una creencia fundada respecto a la transmisión del dominio, aunque en realidad no sea bastante para la adquisición del bien), siempre y cuando se demuestre que dicho poseedor es el dominador de la cosa y que empezó a poseerla en virtud de una causa que lo conduzca a que pueda ostentarse como dueño.

De esta manera, es válido establecer que si por efecto de una compraventa, el poseedor de un bien recibió la cosa de una persona que creía propietaria de ella, pero en realidad no lo era, puede adquirir por prescripción positiva el bien, si reúne los requisitos señalados en la ley, porque el acto jurídico defectuoso no es el que constituye la fuente de adquisición de la propiedad, sino que ésta se encuentra en la propia ley, que prevé la institución de la usucapión; aquel acto sólo cumple la función de poner de manifiesto que la posesión no se disfruta en forma derivada, sino en concepto de propietario, sobre la base de un título que aun cuando esté viciado la ley le atribuye efectos, como se constata en el texto de los artículos 806 y 807 del Código Civil para el Distrito Federal, cuanto más, que si el título no adoleciera de defecto alguno, no habría necesidad de acudir a la prescripción para consolidar el dominio.

Apoya esta conclusión, la tesis aislada de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento ocho, Volumen LVI, Cuarta Parte, febrero de 1962, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital: 803362, de rubro y texto siguientes:

"PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. La prescripción adquisitiva no requiere la existencia de un título jurídico plenamente eficaz, puesto que basta con la demostración del origen de la posesión, independientemente de los vicios que el título presente."

Además, este Tribunal Colegiado de Circuito ha estimado que cumplido el plazo legal para usucapir satisfaciendo los requisitos que se prevén, la prescripción no puede quedar sin efectos.

Efectivamente, la prescripción adquisitiva se traduce en una sanción para el propietario que permite a otra persona ejercer actos materiales de posesión en calidad de titular del bien, una vez cumplidos el tiempo y demás requisitos legales que quedaron expuestos.

Así, el interés protegido con la prescripción (positiva o negativa) es el interés público de que los derechos se ejerzan. Por ese motivo, la inactividad en que, al respecto, incurra su titular no debe exceder de determinado plazo, pues si el tiempo fijado por la ley se cumple, surge a favor del sujeto pasivo de la relación jurídica el derecho de disponer de lo que, como resultado de la inercia de dicho titular, ya le corresponde.

En consecuencia, este Tribunal Colegiado de Circuito estima que cumplido el plazo legal para usucapir satisfaciendo los requisitos que se prevén, la prescripción no puede quedar sin efectos en beneficio del propietario por algún acto posterior, a través del cual pretenda corregir su descuido y abandono, toda vez que ello implicaría que quede a su arbitrio el efecto de la sanción establecida en la norma.

Ello se respalda con el contenido de los preceptos 1141, 1142 y 1143 del Código Civil para el Distrito Federal, de los que se obtiene, por una parte, el carácter de orden público de la institución de la prescripción, al ser irrenunciable; mientras que, por otra, que una vez consumada sólo la persona a quien favorece puede renunciar a ella. Inclusive, que aun ante la renuncia, toda persona que tenga legítimo interés en que subsista la prescripción ganada (positiva o negativa), puede hacerla valer.

Tales numerales permiten concluir que, una vez consumado el plazo de la prescripción, sus efectos sólo pueden ser inutilizados por renuncia del beneficiado con ella.

Además, el legislador únicamente estatuyó como figuras para impedir o inutilizar el plazo de la prescripción, la suspensión y/o su interrupción, regulados en los artículos 1165 a 1167 para la primera y 1168 a 1175 para la segunda.

Por consiguiente, válidamente puede sustentarse que, una vez cumplido el plazo para la prescripción adquisitiva con un título subjetivamente válido, ya no puede quedar sin efecto, aunque este último sea declarado nulo.

Con base en las anteriores premisas, resulta infundado el concepto de violación porque la declaración judicial de nulidad de los títulos de propiedad ********** (**********) y ********** (**********) en los que se encontraba expresada la transmisión de la propiedad de los inmuebles materia de la controversia a favor de los antecesores a la accionante, si bien alcanza en sus consecuencias jurídicas a los contratos de compraventa de dos de julio de dos mil cinco exhibidos por la demandante, ello no puede conducir a la estimación de la carencia de justo título por parte de la actora, puesto que éstos con todo y su nulidad constituyen títulos subjetivamente válidos aptos para prescribir, máxime que dicha declaratoria de nulidad no puede retrotraer los efectos que produjeron en el tiempo aquellos documentos respecto de la posesión con la creencia de ser propietario de los inmuebles controvertidos por parte de la accionante.

Al respecto, se comparte la tesis aislada I.5o.C.86 C, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página ochocientos noventa y dos, Tomo X, julio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 193673, de rubro y texto siguientes:

"PRESCRIPCIÓN POSITIVA. SE INICIA A PARTIR DE QUE SE POSEE EL INMUEBLE EN CONCEPTO DE DUEÑO Y SE CONSUMA EN EL MOMENTO EN QUE HA TRANSCURRIDO EL TIEMPO NECESARIO EXIGIDO POR LA LEY; DE MODO QUE LA SENTENCIA QUE LA DECLARA PROCEDENTE, SÓLO CONSOLIDA EN FORMA RETROACTIVA EL TÍTULO DE PROPIEDAD. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 1135 y 1156 del Código Civil para el Distrito Federal, se obtiene que la prescripción adquisitiva o usucapión, es un medio de adquirir la propiedad de un inmueble, por la posesión prolongada del mismo, durante el tiempo y bajo las condiciones determinadas por la ley; de ahí también se arriba a la conclusión de que la prescripción se inicia precisamente a partir de que el interesado entra a poseer el bien; de esa manera, si tal prescripción no se interrumpe por las causas naturales o legales requeridas o, si no se le hace cesar, entonces, se consuma al momento en que se ha cumplido el plazo de posesión exigido por el ordenamiento jurídico, según el caso concreto (posesión de buena o mala fe). La necesidad de promover la acción de prescripción o de oponerla como excepción en el juicio relativo, se hace patente si se toma en cuenta que la usucapión, aun consumada, no surte efectos de pleno derecho, pues para que esto sea así, es necesario que se ejerza vía acción o vía excepción; pero, debe aclararse, la sentencia judicial que declara propietario por prescripción al poseedor de un bien, no es la que consuma la usucapión, pues ésta se consuma por el solo transcurso del tiempo y, la sentencia que así lo declara, sólo consolida el título de propiedad, al declarar procedente el derecho prescrito a favor del interesado. Consecuentemente, la sentencia que determina que es propietario por prescripción, el poseedor de un bien, surte efectos desde que la prescripción se inició, pues se entiende que desde entonces se poseyó animus dominiis el bien prescrito. Eso es lo que algunos tratadistas denominan ‘retroactividad de la prescripción’."

Ahora bien, contrario a lo aducido por la quejosa, la actora hoy tercero interesada, al narrar el hecho catorce de su demanda sostuvo que desconocía los vicios de los que adolecían los documentos con los que ostentaba la titularidad de los inmuebles materia de la controversia, razón por la que no puede admitirse que los contratos de compraventa que exhibió no puedan ser considerados títulos subjetivamente válidos aptos para prescribir; máxime que en autos no existe prueba alguna que acredite lo contrario.

Aunado a lo anterior, el artículo 807 del Código Civil para el Distrito Federal dispone que la buena fe se presume siempre y al que afirme la mala fe de poseedor le corresponde probarla; esto es, la ley otorga al accionante de la prescripción positiva una presunción a su favor de la buena fe de su posesión, razón por la que, efectivamente, como lo sostuvo la Sala responsable, correspondía en todo caso a la parte demandada acreditar que la actora conocía de los vicios que adolecían los contratos de compraventa de dos de julio de dos mil cinco, respecto de los predios controvertidos.

De manera que si la parte demandada no acreditó que la demandante conociera de los vicios que adolecían los contratos de compraventa de dos de julio de dos mil cinco; entonces, es correcto que la Sala responsable los hubiera considerado como títulos subjetivamente válidos o justos títulos aptos para producir la prescripción adquisitiva.

De ahí lo infundado del concepto de violación.

Finalmente, resulta sustancialmente fundado el argumento en el que el quejoso señala que la Sala responsable al reasumir jurisdicción debió estudiar los restantes elementos de la acción de prescripción adquisitiva, independientemente de que no hubiera combatido las determinaciones sustentadas por el Juez del conocimiento.

En efecto, del contenido del artículo 688 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se aprecia que el recurso de apelación es un medio de impugnación ordinario por el cual el tribunal de alzada puede confirmar, modificar o revocar las resoluciones emitidas por el inferior.

En ese orden, tratándose de apelaciones contra el fallo definitivo de primera instancia, el tribunal de alzada debe estudiar los agravios formulados por el inconforme y de considerarlos fundados debe revocar la resolución apelada y, con plenitud de jurisdicción, proceder a analizar si fueron o no comprobados los presupuestos procesales, las condiciones de la acción o requisitos de procedencia y superadas éstas, los elementos de la acción, en los que deberá analizar conjuntamente las excepciones y las pruebas que se hubieran rendido para tales fines; ello aun en el supuesto de que el Juez de la causa se hubiera pronunciado sobre aquéllos y esto no hubiese sido impugnado por la parte que venció.

Esto es así, pues en nuestro sistema jurídico mexicano no existe el reenvío, ya que los tribunales superiores de justicia, de conformidad con la división de poderes son los encargados de ejercer la función jurisdiccional, quienes si bien la delegan a los Jueces de primera instancia, dicha jurisdicción les es devuelta a través del recurso de apelación.

Ciertamente, la plenitud de jurisdicción establecida en la ley se refiere a un derecho pleno o total para decidir no solamente la controversia jurisdiccional, sino también para subsanar ciertas deficiencias en el trámite y sustanciación de los recursos o juicios correspondientes.

Esta figura jurídica de la "plenitud de jurisdicción" se identifica como el acto procesal que tiende a conseguir resultados definitivos en el menor tiempo posible, de modo que la sentencia debe otorgar una reparación total e inmediata, mediante la sustitución a la autoridad responsable en la que ésta debió hacer en el acto o resolución materia de la impugnación, para reparar directamente la infracción cometida.

Tal postura tiene su fundamento en la disposición expresa de la ley, así como en la facultad de los tribunales de revocar o modificar los actos y resoluciones impugnados e, incluso, restituir al promovente en el uso y goce del derecho violado.

Así, con base en dicho principio, el tribunal revisor no sólo puede anular o revocar la decisión de su inferior, sino que inclusive tiene facultades para corregir y modificar dichos actos y reducirlos al marco legal.

Por consiguiente, en el supuesto de que se trata, esto es, en el caso de que el tribunal ad quem determina revocar la resolución recurrida emitida por el Juez de primera instancia, en ese momento reasume totalmente la jurisdicción y, por tanto, se encuentra facultado y obligado a estudiar de oficio los presupuestos procesales, las condiciones o requisitos de procedencia de la acción, los elementos de la acción, las excepciones y las pruebas que se hayan rendido para estas dos últimas cuestiones, para no dejar inaudita a la contraparte que obtuvo sentencia favorable.

Ciertamente, el artículo 690 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece:

"Artículo 690. La parte que venció puede adherirse a la apelación interpuesta dentro de los tres días siguientes

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30521-54fecd79/recurso-de-apelacion-cuando-el-tribunal-de-alzada · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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