I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL CONSEJERO JURÍDICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 18, FRACCIÓN IX, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y ARTÍCULO 4, FRACCIONES II Y III, DEL DECRETO QUE CREA LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA (LA OMISIÓN DE CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE TRANSFERIR AL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS SUFICIENTES PARA CUBRIR EL GASTO PÚBLICO QUE REPRESENTA LA IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO O, EN SU CASO, DE ASUMIR DICHA CARGA FINANCIERA DE MANERA DIRECTA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO ABROGADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 13, FRACCIÓN I, DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN SU TEXTO SEGÚN LA ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULOS 26 Y 26-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EN SU TEXTO VIGENTE SEGÚN LA ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VI. EDUCACIÓN. ES FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXPEDIR LAS LEYES NECESARIAS DESTINADAS A LA DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL DE AQUÉLLA ENTRE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO A FIJAR LAS APORTACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A ESE SERVICIO PÚBLICO Y A SEÑALAR LAS SANCIONES RESPECTIVAS CON EL FIN DE UNIFICARLA Y COORDINARLA EN TODA LA REPÚBLICA. VII. EDUCACIÓN. LAS LEYES EXPEDIDAS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN LA MATERIA DEBEN SUJETARSE A LA LEY GENERAL RESPECTIVA EXPEDIDA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VIII. EDUCACIÓN. MARCO LEGAL DE LA DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL DE DICHA FUNCIÓN SOCIAL. IX. EDUCACIÓN. MARCO LEGAL DE SU FINANCIAMIENTO. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA EL INTERÉS LEGÍTIMO DEL PODER EJECUTIVO LOCAL PARA ACUDIR A ESTA VÍA CUANDO SE EMITAN ACTOS DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL QUE PUEDAN VULNERAR EL RÉGIMEN DE COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA FUNCIÓN SOCIAL EDUCATIVA (OFICIOS UAJyT/752/2018 Y UAJyT/755/2018 DE VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE Y TRECE DE DICIEMBRE, AMBOS DE DOS MIL DIECIOCHO, MEDIANTE LOS CUALES LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL DIO RESPUESTA EN SENTIDO NEGATIVO A LA SOLICITUD DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DE DAR POR TERMINADOS UNILATERALMENTE EL ACUERDO NACIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y LOS CONVENIOS QUE DEL MISMO DERIVARON). XI. EDUCACIÓN. FACULTADES CONCURRENTES DE LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS EN LA MATERIA. XII. EDUCACIÓN. ES FACULTAD EXCLUSIVA DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS LOCALES LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, BÁSICA INCLUYENDO LA INDÍGENA, ESPECIAL, ASÍ COMO LA NORMAL Y DEMÁS PARA LA FORMACIÓN DE MAESTROS. XIII. EDUCACIÓN. CORRESPONDE DE MANERA CONCURRENTE A LA FEDERACIÓN Y A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS, SU FINANCIAMIENTO, ASÍ COMO EL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES. XIV. EDUCACIÓN. LOS OFICIOS POR LOS QUE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL DIO RESPUESTA EN SENTIDO NEGATIVO A LA SOLICITUD DEL PODER EJECUTIVO LOCAL DE DAR POR TERMINADOS UNILATERALMENTE EL ACUERDO NACIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y LOS CONVENIOS QUE DEL MISMO DERIVARON, NO VULNERAN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES EN LA MATERIA, AL SER CONCURRENTE ENTRE LA FEDERACIÓN Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS LA PRESTACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE AQUÉLLA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 3o., FRACCIÓN VIII Y 73, FRACCIÓN XXV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (OFICIOS UAJyT/752/2018 Y UAJyT/755/2018 DE VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE Y TRECE DE DICIEMBRE, AMBOS DE DOS MIL DIECIOCHO, MEDIANTE LOS CUALES LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL DIO RESPUESTA EN SENTIDO NEGATIVO A LA SOLICITUD DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DE DAR POR TERMINADOS UNILATERALMENTE EL ACUERDO NACIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y LOS CONVENIOS QUE DEL MISMO DERIVARON). XV. EDUCACIÓN. CORRESPONDE DE MANERA CONCURRENTE A LA FEDERACIÓN Y A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE NÓMINA Y GASTO OPERATIVO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 3o., FRACCIÓN VIII Y 73
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/2019. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. 19 DE ENERO DE 2022. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: MONSERRAT CID CABELLO Y OMAR CRUZ CAMACHO.
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión pública ordinaria remota en línea de diecinueve de enero de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Correspondiente a la controversia constitucional 26/2019, promovida por el Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, en representación de dicha entidad federativa, por conducto del consejero jurídico del Ejecutivo de la entidad, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federales, así como de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
I. ANTECEDENTES
1. En la demanda se señalaron los antecedentes que, en síntesis, se indican.
2. Apoyos de la Federación al Estado de Michoacán de Ocampo entre dos mil catorce y dos mil dieciocho. La Federación otorgó al Estado de Michoacán, dentro de este periodo $9,025'000,000.00 (nueve mil veinticinco millones de pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de U080 "Apoyos a centros y organizaciones de educación" parte del "Ramo 11 Educación Pública" del Presupuesto de Egresos de la Federación. Con base en lo anterior, el Estado afirma que la Federación reconoció el desequilibrio en las cargas financieras en materia educativa para dicha entidad federativa y la necesidad de ayudarla mediante recursos federales.
3. Interpelación extrajudicial para dar por terminado el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. El secretario de Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo interpeló extrajudicialmente la decisión de dar por terminado el Acuerdo referido en un plazo de treinta días, el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. Dicha solicitud fue respondida en sentido negativo por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en representación del secretario de Educación Pública, mediante oficio UAJyT/752/2018.
4. El director de Asuntos Jurídicos de la Consejería Jurídica del Estado de Michoacán de Ocampo dio respuesta al oficio aludido, en la que reiteró la urgencia de responder todos los puntos expuestos por la entidad federativa en materia financiera y de determinar el proceso a seguir para cumplir las obligaciones con los trabajadores de la educación. Indicó que el Estado de Michoacán estaba en posibilidad de salirse del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, por lo que solicitó que se tomara en cuenta que los treinta días de la interpelación efectuada seguían en curso.
5. El director general Adjunto de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Educación Pública dio respuesta a la solicitud anterior mediante oficio UAJyT/755/2018, en la que reiteró lo señalado en el diverso oficio UAJyT/752/2018.
II. TRÁMITE
6. Demanda de la controversia constitucional. El veinticinco de enero de dos mil diecinueve, el gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, en representación de dicha entidad federativa, por conducto de su consejero jurídico, promovió controversia constitucional mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.
7. En la demanda fueron señalados como demandados, así como actos y normas impugnadas los que a continuación se precisan:
Entidad, poder u órgano demandados:
• Poder Ejecutivo Federal.
• Poder Legislativo Federal, integrado por las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión.
• Secretaría de Educación Pública, dependencia del Poder Ejecutivo Federal, según lo previsto en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia del Poder Ejecutivo Federal, según lo previsto en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Actos y omisiones cuya invalidez se demanda:
• El oficio UAJyT/752/2018 de fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, suscrito por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en representación del secretario de Educación Pública, por vicios propios y como primer acto de aplicación de las normas generales que más adelante se indican.
• El oficio UAJyT/755/2018 de fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, suscrito por el director general Adjunto de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Educación Pública, en nombre y representación del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, así como del secretario de Educación Pública.
• La omisión, a cargo del Ejecutivo Federal, de cumplir con la obligación de transferir al Estado de Michoacán de Ocampo los recursos presupuestarios suficientes para cubrir el gasto público que representa la impartición de los servicios de educación básica y normal en el Estado de Michoacán de Ocampo o, en su caso, de asumir dicha carga financiera de manera directa.
Normas generales cuya invalidez se demanda:
• El artículo 13, fracción I, de la Ley General de Educación, en su texto vigente según la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de enero de dos mil dieciocho.
• Los artículos 26 y 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal, en su texto vigente según la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de enero de dos mil dieciocho.
8. Artículos constitucionales que se consideran vulnerados. Artículos 3o., 16, 40, 41, 73, 123 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
9. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Poder Ejecutivo Local actor planteó lo siguiente:
• Primer concepto de invalidez. Los oficios impugnados transgreden el régimen de competencias en materia educativa. Los oficios UAJyT/752/2018 y UAJyT/755/2018 transgreden el régimen previsto en los artículos 3o., fracción VIII, de la Constitución Federal, así como 12, 13, 14 y 25 de la Ley General de Educación, al inobservar las obligaciones en materia educativa a cargo de la Federación.
• Al respecto, la entidad federativa actora aduce que los artículos referidos establecen la obligación por parte de la Federación de erogar el gasto correspondiente en materia educativa, sin que ello deba entenderse únicamente al pago de recursos necesarios para cubrir las plazas transferidas al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.
• Ello, pues dichos artículos no limitan sus obligaciones de manera expresa, sino que prevén que para el financiamiento en materia educativa concurren el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, es decir, se configura una responsabilidad conjunta por parte de ambos entes públicos sin perjuicio de que este último sea el patrón de la relación laboral.
• De ahí que la Federación está obligada a sufragar el gasto necesario para prestar el servicio educativo en tanto el Estado de Michoacán no pueda, pues las aportaciones federales son esenciales para garantizar el carácter nacional de la educación básica y normal. No obstante, los oficios impugnados omiten pronunciarse sobre estas obligaciones y regímenes competenciales concurrentes, además de que ignoran la necesidad de que la Federación transfiera recursos para tales fines.
• Lo anterior es así, pues dichos oficios sólo se refieren al pago de nóminas de las plazas transferidas al fondo aludido, sin atender a las demás obligaciones presupuestarias que pudieren actualizarse para la Federación, mismas que deben ser reconocidas debido a las transferencias efectuadas cada año, lo cual adquiere el carácter de práctica reiterada.
• De tal manera que los oficios en cuestión ignoran que a partir del año dos mil ocho, la Federación ha contribuido con el Estado de Michoacán para costear la carga financiera en materia educativa con recursos adicionales a los provenientes del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.
• Ejemplo de lo anterior son las transferencias por concepto "U80 Apoyos a centros y organizaciones de educación" con cargo al "Ramo 11: Educación Pública", del Presupuesto de Egresos de la Federación, mismas que permiten cumplir con las obligaciones patronales respecto del cuerpo docente cuya nómina no integra dicho fondo.
• Es por ello que la entidad federativa actora señala que se le deja en estado de incertidumbre, falta de certeza e inseguridad jurídica, lo cual transgrede el artículo 16 de la Constitución Federal, máxime que el ejercicio de los recursos para apoyar a los Estados en materia de educación y el monto por el que se realizan las transferencias adicionales constituyen una decisión discrecional para la Federación, en específico de la Secretaría de Educación Pública.
• Finalmente, indica que se soslaya que el artículo 21 de la Ley General de Educación prevé la obligación del Estado de otorgar un salario digno a los profesores, sin distinguir entre autoridad educativa federal o local.
• Por lo que, si bien la entidad federativa es el patrón, ello no exime a la Federación de pagar las nóminas correspondientes y demás obligaciones educativas, ya que, desde la celebración del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, el Estado de Michoacán nunca ha tenido la capacidad financiera para satisfacer dichas obligaciones, toda vez que son concurrentes.
• Por tanto, se solicita la invalidez de los oficios emitidos ya que perjudican la competencia en materia educativa de la autoridad local, así como la garantía de pleno goce de derechos laborales del personal docente y el derecho a la educación de quienes reciben el servicio de educación básica y normal en el Estado de Michoacán.
• Segundo concepto de invalidez. Omisión del Poder Ejecutivo Federal de transferir los recursos necesarios para cumplir con el servicio de educación básica y normal. El Estado agrega que la Federación al no enviar los recursos, debería asumir dicha carga financiera de manera directa, transgrediendo los artículos 3o., 73, fracción XXV, 40 y 41 de la Constitución Federal, así como 12, 14 y 25 de la Ley General de Educación.
• La entidad federativa actora combate omisiones de las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público consistentes en la ausencia de aportaciones monetarias suficientes para solventar los gastos en materia educativa, por lo que demanda un "no hacer" que genera que la afectación se actualice día a día durante todo el tiempo en que persiste.
• Asimismo, señala que la educación es una materia concurrente en la que el Congreso de la Unión tiene la facultad de distribuir el marco competencial de las autoridades a través de la Ley General de Educación, misma que es aplicable en el orden federal y local de forma indistinta.
• Por ello, el Estado de Michoacán indica que se encuentra limitado en su margen de actuación y se le obliga a depender sustancialmente de los recursos que la Federación le asigne de forma discrecional, a través de instrumentos como el "Ramo 11: Educación Pública", del Presupuesto de Egresos de la Federación.
• De ahí que las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público transgreden la cláusula federal por falta de atención a la crisis financiera y presupuestaria para el Estado de Michoacán aun y cuando se trata de una materia concurrente.
• Tan es así, que, desde la celebración del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, dichas dependencias han omitido presupuestar recursos suficientes para otorgar un servicio educativo de calidad, lo que, al ser un acto de tracto sucesivo, no se puede considerar consentido por el Estado actor.
• Finalmente, se indica que, en el acuerdo mencionado, la Federación se comprometió a transferir recursos necesarios para elevar la calidad y la cobertura del servicio de educación. Sin embargo, desde el año dos mil tres no ha habido un aumento notorio en el número de plazas y personas cubiertas con recursos federales, no obstante que el presupuesto destinado a la materia educativa sí ha incrementado.
• Lo anterior denota una disparidad entre la situación jurídica de la nómina a cargo de recursos estatales y la que se cubre con presupuesto federal, pues esta última ha quedado intocada en cuanto a su tamaño, aunque año con año tiene más recursos, caso contrario con las plazas cubiertas por la entidad federativa que sí han incrementado con el fin de lograr la cobertura necesaria en el servicio.
• Tercer concepto de invalidez. Las omisiones del Poder Ejecutivo Federal vulneran los principios de certeza, estabilidad de las finanzas públicas y de sostenibilidad. Tales principios están previstos en los artículos 16 y 25, segundo párrafo, de la Constitución Federal, así como 6, 7 y 12 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y, conforme al principio de estabilidad de las finanzas públicas, las entidades federativas se encuentran obligadas a contar con un "Balance presupuestario sostenible", lo que en el caso es imposible porque la Federación no cumple con sus obligaciones en materia educativa, situación que se comprueba en la medida de que cada año incrementa la diferencia entre el presupuesto autorizado para la materia educativa y la cantidad que la autoridad estatal debe erogar para prestar dicho servicio.
• Derivado de ese déficit presupuestario es que el Estado de Michoacán aduce encontrarse imposibilitado para cubrir el gasto correspondiente a la nómina del personal que presta el servicio de educación básica y normal, considerando que las entidades federativas tienen prohibido contratar deuda para sufragar gasto corriente como lo es la prestación de servicios.
• De ahí que la omisión de las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público de transferir recursos suficientes para costear el servicio educativo, a decir del promovente, la deja en estado de incertidumbre e inseguridad jurídica junto a su población, además de que la coloca en situación de déficit presupuestario e insostenibilidad financiera de la cual no puede salir, lo cual transgrede el artículo 25 de la Constitución Federal.
• Ello, pues la exposición de motivos de la reforma en materia de disciplina financiera indicó que el Estado, entendido en los tres órdenes de gobierno, debe velar por el cuidado de la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero. Por tanto, como la Federación no está velando por la estabilidad de las finanzas públicas del Estado de Michoacán, este último solicita que se requiera a las secretarías demandadas a transferir, por lo menos, la cantidad necesaria para que dicha entidad federativa pueda reducir su déficit presupuestario.
• Cuarto concepto de invalidez. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público vulnera el principio de igualdad formal ante la ley. Lo anterior, al excluir injustificadamente al Estado de Michoacán de los recursos correspondientes al "Fone Fondo de Compensación" con cargo al Ramo General 33 "Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios" del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018.
• La entidad federativa actora precisó que los artículos 25, 26, 26-A y 27-A de la Ley de Coordinación Fiscal vigente a partir del uno de enero de dos mil quince crearon el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), estableciendo las reglas de operación para las aportaciones federales que corresponden a los Estados en materia educativa. De esta forma, el Fone sustituyó al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).
• Indicó que se establecieron dos rubros para la transferencia de recursos a los Estados, a saber: el primero relativo a que la Federación apoyaría a los Estados con el pago directo de los servicios del personal que ocupan las plazas transferidas en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica; y el segundo que la Federación distribuirá aportaciones complementarias para realizar sus atribuciones en materia de educación básica y normal.
• Además, que el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley en comento(1) prevé que los Estados en donde los recursos del FAEB eran mayores a los asignados por el Fone, serán compensados por dicha diferencia a través de un Fondo de Compensación, cuyos recursos serán destinados para cumplir las atribuciones a las que se refieren los artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación; y que el Fondo de Compensación sería constituido a partir del año dos mil quince y se actualizaría anualmente.
• Señala que no sólo se prevén recursos complementarios para cubrir con las obligaciones educativas atribuidas a los Estados por los artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación, sino que además se dispone de un Fondo de Compensación, por lo que la intención del legislador federal es clara en cuanto a que la Federación debe aportar ineludible y periódicamente los recursos que las entidades federativas necesitan para cubrir los gastos de la gestión educativa.
• Sin embargo, la Federación omitió incluir al Estado de Michoacán entre los destinatarios del Fondo de Compensación, de modo que los gastos en materia educativa para dicha entidad federativa se han realizado con cargo a la hacienda del Estado sin que el auxilio federal sea periódico y permanente, lo que redunda en perjuicio de su estabilidad financiera.
• Lo anterior transgrede los principios de equidad y de igualdad, pues el Fondo de Compensación sí beneficia con recursos a los Estados de Baja California, Chiapas, Guanajuato, México, Puebla, Sonora y Yucatán,(2) por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio un trato diferenciado de manera injustificada al Estado de Michoacán, al determinar arbitrariamente qué entidades federativas debían recibir recursos del Fondo de Compensación.
• De esta forma, dicha secretaría debió realizar un análisis sobre la razonabilidad de la medida de excluir al Estado de Michoacán para determinar si cumplía con los requisitos de: i) perseguir un fin constitucionalmente legítimo, ii) ser adecuada para la consecución del objetivo referido; y, iii) resultar proporcional.
• Adujo que sí se actualiza una situación de igualdad respecto de los individuos sujetos a un régimen jurídico distinto, es decir entre las entidades que sí participan en el Fondo de Compensación y las que no; dicha diferenciación persigue un fin constitucionalmente válido relativo a apoyar la educación pública en las entidades federativas; además de que es adecuada para alcanzar su objetivo; sin embargo, esa medida no es proporcional porque el perjuicio que le genera al Estado de Michoacán, al no permitirle participar de los recursos del Fondo de Compensación, es injustificado.
• Ello es así, pues no resulta razonable que se excluya a una entidad federativa que necesita recursos adicionales para cumplir sus obligaciones en materia educativa, máxime que pudo haberse reducido proporcionalmente el monto asignado a los Estados que participan en el Fondo de Compensación para beneficiar a un estado adicional.
• Quinto concepto de invalidez. Los oficios impugnados vulneran el derecho humano a la educación. Este derecho está previsto en los artículos 3o. y 4o. de la Constitución Federal; 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; y 19 de la Carta Social de las Américas.
• Señala que la Secretaría de Educación Pública no consideró que el caso trataba de la prestación de servicios educativos, misma que tiene inserto el principio de interés superior del menor, por lo que las soluciones dadas por el gobernador del Estado de Michoacán respetaban el derecho contractual y las obligaciones de la Federación y del Estado, así como la protección de los usuarios de los servicios educativos de calidad.
• La negativa de remitir los recursos federales para cubrir la nómina pendiente de dos mil dieciocho y de revisar las condiciones actuales de los recursos federales destinados al pago de nómina, transgrede los recursos esenciales para el disfrute pleno del derecho a la educación, por lo que la secretaría referida debió ejercer acciones para resolver el planteamiento y eliminar obstáculos al derecho humano en cuestión y no limitarse a declarar infundados los argumentos y necesidades presentadas por el Estado de Michoacán.
• Indica que dicha negativa se traduce en la imposibilidad de realizar los pagos adecuados en materia educativa, con la consecuente existencia de paros laborales y ausencia de clases, en perjuicio del interés superior del menor. Es por ello que la Federación está obligada a remover los obstáculos que, momento a momento, impiden el goce del derecho a la educación, tal como lo es la ausencia de recursos para pagar la nómina de dos mil dieciocho.
• Por tanto, afirma que la Secretaría de Educación Pública debió verificar el impacto de su decisión en el derecho a la educación y en los titulares del mismo (menores de edad), sin embargo, se limitó a declarar infundadas las solicitudes del Gobierno de Michoacán, las cuales tenían por objeto proteger su esfera de atribuciones y el derecho humano aludido.
• Sexto concepto de invalidez. El artículo 13, fracción I, de la Ley General de Educación vulnera la concurrencia de atribuciones en materia educativa. Este argumento está señalado en la demanda como concepto de invalidez cuarto y se afirma que la prestación e impartición de educación son materia concurrente, lo que implica que sea facultad y obligación de los distintos órdenes de gobierno, es decir, que no puede estar reservada de manera exclusiva a un solo ente; ello, pues la voluntad del Poder Constituyente fue que los tres órdenes de gobierno participen con competencias de distinto alcance, siendo el Congreso de la Unión quien determine la forma y términos en que se deberá llevar a cabo la distribución del ejercicio.
• De ahí que el artículo impugnado sea inconstitucional porque pretende que sean únicamente las autoridades locales quienes presten el servicio de educación inicial, básica, especial y normal, excluyendo completa y expresamente la participación de la Federación; lo cual se corrobora con el último párrafo del artículo 14 de la Ley General de Educación que impide celebrar convenios con la Federación para coordinar o unificar las actividades educativas.
• Aunado a que la concurrencia en materia educativa busca que, por la importancia de la materia, su ejecución no quede en manos de un solo orden de gobierno. No obstante, en el caso, se excluye a la Federación de la prestación del servicio educativo, lo cual se traduce en obligaciones irracionales y desproporcionadas a cargo de las entidades federativas.
• Además, se indica que el artículo 13, fracción I, de la Ley General de Educación no establece el financiamiento del servicio educativo, ya que está previsto en un ordenamiento legal diferente, pero, si se considera que sí lo incluye, entonces sería inconstitucional por restringir desproporcionada e indebidamente las atribuciones concurrentes en materia educativa.
• Séptimo concepto de invalidez. Los artículos 13, fracción I, de la Ley General de Educación, así como 26 y 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal son inconstitucionales. Este concepto se identifica en la demanda como concepto de invalidez quinto, y estriba en que los citados numerales constituyen un sistema normativo que, con base en una violación al sistema competencial y a la concurrencia de atribuciones en materia educativa, se traduce en la imposición de cargas y responsabilidades desproporcionadas.
• Lo anterior es así, a decir del promovente, porque dicho sistema normativo establece un régimen de exclusividad a cargo de las autoridades educativas locales en cuanto a la responsabilidad de prestar servicios de educación inicial básica que no se ve satisfecha con la correlativa responsabilidad económica para sustentarla a plenitud.
• Señala que, en los oficios impugnados, la Secretaría de Educación Pública indicó que existe una obligación exclusiva de las autoridades educativas locales de prestar servicios en materia de educación, por lo que no es renunciable.
• Además de que dichos oficios refieren que los Estados únicamente serán apoyados con recursos económicos complementarios para ejercer las atribuciones en materia de educación básica que se les asignan mediante mecanismos de aportaciones previstos en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, en donde los Estados no tienen participación ni arbitrio.
• Aduce que el sistema normativo aludido establece una desproporcionada e inconstitucional excepción a la concurrencia tanto por las responsabilidades exclusivas de los Estados para la prestación del servicio educativo, como por el modo de enfrentar las cargas y responsabilidades económicas que ello implica, las cuales no se cubren plenamente a ciertos Estados.
• Agrega que dicho sistema normativo es contrario a la idea del sistema federal porque establece la responsabilidad exclusiva de los Estados sobre un servicio tan relevante como el educativo, sin establecer de manera equitativa y proporcionada que correlativamente están obligados a recibir aportaciones para satisfacer las cargas económicas correspondientes, máxime que ello no se garantiza para todas las entidades federativas.
• Por tanto, existe una desproporción inconstitucional entre la obligación exclusiva a cargo de los Estados de prestar el servicio educativo (artículo 13, fracción I, de la Ley General de Educación) y restringir que las participaciones económicas respectivas no puedan ser totales sino complementarias (artículos 26 y 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal), lo cual provoca que las entidades federativas dependan de acuerdos con posibles tratos discriminatorios hacia algunas de éstas, vulnerando la igualdad de soberanías entre Estados y el Pacto Federal.
• Asegura el Estado de Michoacán que, a partir de un estudio de proporcionalidad bajo cualquier criterio y escrutinio, el sistema normativo cuya invalidez se demanda resulta inconstitucional, pues afecta la concurrencia y sólo considera a las participaciones complementarias que dependen de convenios celebrados por los Estados con la Federación, cuyo contenido resulta desigual, inequitativo y desproporcionado.
• De lo anterior concluye que no es válido anular la concurrencia de atribuciones en cuanto a la prestación del servicio educativo sin garantizar que las aportaciones económicas cubrirán la totalidad de las cargas, so pretexto de que se persigue un fin legítimo, pero sin demostrar que las normas impugnadas efectivamente conducen a ese bien y que son las menos lesivas.
• Finalmente, señala que la Federación ha adoptado una postura diferente al tratar a cada Estado, pues las consecuencias económicas han sido más severas para el Estado de Michoacán en comparación con otras entidades federativas que se han adherido a otros convenios, por lo que el sistema normativo impugnado dista de tener las medidas menos lesivas.
10. Radicación. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor, de acuerdo con el registro que al efecto lleva la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.
11. Admisión. El Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional y tuvo como autoridades demandadas a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Poder Ejecutivo Federal y no tuvo como tales a las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público por tratarse de autoridades subordinadas.
12. Consecuentemente, instruyó emplazar a los demandados para que presentaran su contestación, señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones y, finalmente, ordenó dar vista del asunto al fiscal general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
13. Contestación de demanda de la Cámara de Senadores. El veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión contestó la demanda en la que, en esencia, sostiene que la entidad accionante parte de una incorrecta interpretación de la concurrencia en materia educativa establecida en los artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV, constitucionales. Así, el Congreso de la Unión cuenta con atribuciones exclusivas para determinar la distribución competencial entre órdenes de gobierno de la función social educativa, pudiendo cada entidad federativa emitir su legislación interna a partir de la emisión normativa por parte del Congreso de la Unión.
14. Señala que el hecho de que se haya excluido en el artículo 13, fracción I, de la Ley General de Educación a la Federación para participar en la prestación de los servicios de educación inicial, básica, especial y normal, se justifica en virtud de que la referida ley, por mandato constitucional, es el ordenamiento general en el cual se establece la distribución entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios del ejercicio de la función educativa.
15. Manifiesta que la Ley General de Educación, al establecer facultades exclusivas y de concurrencia para los distintos niveles de gobierno, no se traduce en una limitación que transgreda el ordenamiento constitucional, sino que en el ordenamiento se determina la distribución competencial entre los distintos órdenes de gob
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30526-65c6b437/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-consejero-juridico-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- DERECHO A LA EDUCACIÓN BÁSICA. SU CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS. DERECHO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA SUPERIOR. EL ESTADO MEXICANO TIENE LA OBLIGACIÓN DE IMPLANTAR PROGRESIVAMENTE SU GRAT (AMPARO EN REVISIÓN)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI EXISTE UN CONCEPTO DE INVALIDEZ ESPECÍFICO SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN ARTÍCULO, DEBE TENERSE POR INCORPORADO A LA LITIS, AUN CUANDO NO S (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA EXISTENCIA DE UN CONCEPTO DE INVALIDEZ SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN ARTÍCULO, LO INCORPORA A LA LITIS SIN NECESIDAD DE SU SEÑALAMIENTO EXP (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- DERECHO A LA EDUCACIÓN. OBLIGACIONES DEL ESTADO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN PARA GARANTIZAR SU EFECTIVIDAD. (1a. CLXXVIII/2015 (10a.))
- EDUCACIÓN. EL ARTÍCULO 3o. CONSTITUCIONAL, CUANDO ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO PARA IMPARTIRLA, SE REFIERE A ÉSTE, COMO ENTE DE DERECHO PÚBLICO. (I.7o.A.424 A)
- EDUCACIÓN. EL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY RELATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD DE IMPARTIR LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y MEDIA SUPERIOR, NO (32)
- EDUCACIÓN. EL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY RELATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD DE IMPARTIR LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y MEDIA SUPERIOR, NO (P./J. 145/2001 )
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis