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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE (ARTÍCULO 1.119 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO). IV. LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL Y FAMILIAR. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULAR ESTAS MATERIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMA CONSTITUCIONAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 1.119 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO). V. LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL Y FAMILIAR. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA CON APERCIBIMIENTO CUANDO SE HAYA PRESENTADO LA DEMANDA EN FORMA ELECTRÓNICA (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 1.119 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 79/2021. · Registro digital (IUS): 30660
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-06-03
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Junio de 2022, Tomo IV, Pág.3593.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 79/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 10 DE MARZO DE 2022. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IRMA GÓMEZ RODRÍGUEZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diez de marzo de dos mil veintidós.

VISTOS, para resolver la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Demanda. Por escrito presentado el seis de mayo de dos mil veintiuno mediante buzón judicial en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez del párrafo cuarto del artículo 1.119 Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, adicionado por Decreto 254, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el cinco de abril de dos mil veintiuno.

2. SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. La promovente considera transgredidos los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 2 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; conforme a su único concepto de invalidez donde medularmente expuso:

• El párrafo cuarto del artículo 1.119 Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México dispone que cuando el escrito inicial de demanda haya sido presentado de forma electrónica, junto con los documentos base de la acción, el Juez que conoce del asunto podrá requerir los originales, con apercibimiento para el caso de omisión, de tener por ciertos los hechos que se pretendan demostrar con la prueba que, en su caso, haya motivado el requerimiento; lo que constituye una cuestión sobre materia procedimental civil, por tanto, vulnera el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, en tanto por mandato constitucional el Congreso de la Unión es la única autoridad habilitada para expedir la legislación que ha de regir en los procesos civil y familiar.

Así, una vez que aborda el contenido del derecho humano a la seguridad jurídica y su correlativo principio de legalidad, desarrolla el parámetro constitucional en materia procedimental civil, acude a las razones sustentadas por este Máximo Tribunal del país al resolver la acción de inconstitucionalidad 58/2018, lo cual le lleva a sostener que la disposición impugnada no sólo es formalmente procesal, al estar contenida en el Código de Procedimientos Civiles mexiquense, sino también ostenta esa naturaleza por su contenido material, porque establece una condición dentro de un proceso civil, en caso de no presentar la documentación requerida por el Juez.

Consecuentemente, concluye la accionante que el precepto impugnado deviene inconstitucional, porque a partir del dieciséis de septiembre de dos mil diecisiete, se privó a las Legislaturas Locales de la atribución con la que anteriormente contaban en términos del artículo 124 de la Constitución Federal, para legislar sobre cuestiones procesales en las materias civil y familiar.

3. TERCERO.—Registro y turno. Por acuerdo de catorce de mayo de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad número 79/2021, cuyo turno correspondió al Ministro Alberto Pérez Dayán, designado instructor del procedimiento.

4. CUARTO.—Admisión. El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, el Ministro instructor tuvo por presentada la demanda y admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de México a fin de que rindieran sus respectivos informes y les requirió para que el primero enviara copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada, y el segundo exhibiera un ejemplar o copias certificadas del Periódico Oficial donde se publicó. Asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República a fin de que formulara el pedimento correspondiente, y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para que en su caso, manifestara lo que a su esfera competencial convenga.

5. QUINTO.—Informe rendido por el gobernador constitucional del Estado de México. En su representación Carlos Felipe Fuentes Del Río, director general jurídico y consultivo de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, refirió que la promulgación de las leyes, decretos o acuerdos que expida la Legislatura del Estado, se encuentra dentro de las facultades y obligaciones del gobernador de la entidad, además señaló que de acuerdo a la reforma constitucional de dieciséis de septiembre de dos mil diecisiete, se facultó al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, en un plazo que no excediera de ciento ochenta días, sin limitar a los Congresos Locales a realizar reformas a sus legislaciones adjetivas de la materia, en virtud de que literalmente no lo establece el Poder Reformador.

6. Además, refirió que en el Estado de México se implementó la tramitación electrónica de los juicios, por lo cual se estableció en el numeral 1.119 Bis del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, que el tribunal está facultado para requerir a las partes la exhibición física de documentos; para el caso de que no se exhibieran tras haberse requerido, el tribunal tiene a su disposición los medios de apremio previstos en el diverso 1.124 del ordenamiento procesal en comento, sin embargo, es una práctica común que, aun agotados éstos, no se logre la presentación física del documento, por ende, en la norma cuya invalidez se reclama, se estimó la necesidad de establecer un apercibimiento, para lograr su efectividad.

7. Por auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno se agregó al expediente, el informe y la impresión de la versión digital de la publicación del Periódico Oficial, correspondiente al cinco de abril de dos mil veintiuno.

8. SEXTO.—Informe rendido por el Congreso del Estado de México, a través de la presidenta de la LX Legislatura del Congreso del Estado, donde refiere que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no le asiste legitimación, dado que uno de los requisitos para que ese organismo acuda a este medio de control de constitucionalidad, es la existencia de una contradicción entre una norma de carácter general y la propia Constitución, en el caso la presunta antinomia se supera sobre la base de los artículos primero, cuarto y quinto transitorios de la reforma constitucional de quince de septiembre de dos mil diecisiete; pues si bien se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó, entre otros, el artículo 73 de la Norma Fundamental, que en su fracción XXX establece la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia procedimental civil y familiar; hasta en tanto no se contara con la legislación única, el Congreso Local puede legislar en la materia, dado que el transitorio quinto del propio decreto establece que la legislación procesal civil y familiar de la Federación y de las entidades federativas continuará vigente hasta la entrada en vigor de la legislación única que se habrá de emitir conforme a la reforma constitucional. Aunado a que la emisión del decreto no se encuentra en ninguna de las hipótesis normativas de prohibición para los Estados integrantes de la Federación que al efecto determina el artículo 117 de la Carta Magna.

9. Sostiene además, que la promovente no se encuentra legitimada, pues la norma cuestionada no vulnera derechos humanos, al ser una disposición de carácter procesal, por tanto, no regula derechos sustantivos de las partes en juicio, sino derechos procesales o adjetivos que tienen eficacia y validez únicamente durante la secuela del proceso; en esta tesitura, no puede aceptarse, que el precepto legal en comento implique violación a los principios de seguridad jurídica y legalidad.

10. Informe que fue glosado a los autos mediante acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, posteriormente, previo requerimiento remitió copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada, lo cual fue acordado el trece de julio siguiente.

11. SÉPTIMO.—Acuerdo que tiene por formulados los alegatos. El trece de julio de dos mil veintiuno, el Ministro instructor ordenó agregar a los autos los oficios del representante del Poder Ejecutivo de la entidad y de la delegada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respectivamente, a través de los cuales formularon alegatos.

12. OCTAVO.—Cierre de instrucción. En proveído de veintiuno de septiembre de la citada anualidad se cerró la instrucción en la presente acción de inconstitucionalidad, quedando en condiciones para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

13. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) toda vez que se plantea la posible contradicción entre una norma de carácter estatal y la Norma Fundamental.

14. SEGUNDO.—Oportunidad. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(3) establece que tratándose de acciones de inconstitucionalidad, el plazo para la interposición de la demanda es de treinta días naturales, contados a partir del siguiente al en que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial, de lo que se sigue para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

15. En el caso particular, el Decreto 254 por el que se adicionó el párrafo cuarto al artículo 1.119 Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, materia de impugnación, se publicó en el Periódico Oficial Local, el lunes cinco de abril de dos mil veintiuno, por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad inició el martes seis siguiente y venció el miércoles cinco de mayo de esa anualidad.

16. Entonces, si el escrito que contiene la acción de inconstitucionalidad presentado por la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante buzón judicial en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de mayo de dos mil veintiuno, como se advierte del sello plasmado en la primer hoja de la demanda, resulta evidente su oportunidad, al ser inhábil el último día, su presentación podría ser el primer día hábil siguiente.

17. TERCERO.—Legitimación. Conforme a lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, la acción de inconstitucionalidad puede ser presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de las entidades federativas que vulneren los derechos humanos.

18. Acerca de los requisitos necesarios para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acredite su legitimación en la acción de inconstitucionalidad, este Tribunal Pleno ha sostenido que basta con que en la demanda aduzca la violación a los derechos humanos, sin la necesidad de un análisis preliminar de la norma impugnada ni el pronunciamiento sobre si ésta tutela o no derechos humanos, porque se trata de cuestiones que atañen al fondo del asunto.(4)

19. Y en el caso particular, se cuestiona el párrafo cuarto del artículo 1.119 Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el cual dispone que cuando el escrito inicial de demanda haya sido presentado de forma electrónica, junto con los documentos base de la acción, el Juez que conoce del asunto podrá requerir los originales, con apercibimiento para el caso de omisión, de que se tendrán por ciertos los hechos que se pretendan demostrar con la prueba que, en su caso, haya motivado el requerimiento; y con ello se considera vulnerado el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, dado que por mandato constitucional el Congreso de la Unión es la única autoridad habilitada para expedir la legislación adjetiva de la materia civil y familiar.

20. De ahí que se estima legitimada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para promover la acción de inconstitucionalidad contra la reforma del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México.

21. Aunado a lo anterior, la demanda fue suscrita por María del Rosario Piedra Ibarra, quien se ostentó como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, carácter que acreditó con la copia certificada del Acuerdo de designación emitido por el Senado de la República, el doce de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el cual fue elegida para desempeñar el cargo por un periodo de cinco años, que comprende del dieciséis de ese mes al quince de noviembre de dos mil veinticuatro, documento que obra a foja veintiuno del expediente.

22. Por tanto, procede reconocer la personalidad de quien comparece en nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que su representación corresponde al presidente según lo dispuesto por los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 18 de su reglamento.

23. CUARTO.—Causas de improcedencia. El Congreso del Estado de México aduce que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción VII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el diverso 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, dado que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos carece de legitimación, para acudir a la presente vía, en principio porque no existe contradicción entre una norma de carácter general y la propia Constitución; aunado a que la norma cuestionada no vulnera derechos humanos.

24. Los anteriores argumentos deben desestimarse, pues como quedó precisado en el apartado que antecede su estudio involucra el fondo del asunto, en tanto la materia de la litis consiste, precisamente, en determinar si el párrafo cuarto del artículo 1.119 Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México es contrario a la Constitución, a partir de los argumentos expuestos en la demanda inicial. Al respecto resulta oportuno citar la jurisprudencia P./J. 36/2004, cuyo rubro es: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."(5)

25. QUINTO.—Análisis de fondo. La materia de estudio en la presente acción de inconstitucionalidad se concentra en determinar si asiste razón a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando sostiene la invalidez del párrafo cuarto del artículo 1.119 Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el lunes cinco de abril de dos mil veintiuno, sustancialmente, porque regula una cuestión reservada al Congreso de la Unión, que es el órgano habilitado para expedir la legislación única en las materias civil y familiar.

26. En síntesis señaló que la disposición cuestionada refiere que cuando el escrito inicial de demanda haya sido presentado de forma electrónica, junto con los documentos base de la acción, el Juez que conoce del asunto podrá requerir los originales, con apercibimiento para el caso de omisión, de tener por ciertos los hechos que se pretendan demostrar con la prueba que, en su caso, haya motivado el requerimiento; lo que constituye una cuestión procedimental civil, lo que vulnera el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, dado que por mandato constitucional el Congreso de la Unión es la única autoridad habilitada para expedir la legislación que ha de regir en los procesos civil y familiar.

27. En el proyecto de sentencia que se sometió a consideración del Tribunal Pleno se proponía calificar como fundado el argumento de la accionante, toda vez que al fallar las acciones de inconstitucionalidad 144/2017 y 37/2018, en sesiones de once y doce de noviembre de dos mil diecinueve,(6) respectivamente, este Tribunal Pleno se pronunció en torno a la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar sobre materia procedimental civil y familiar a partir de la reforma constitucional de dos mil diecisiete, donde además se ordenó emitir una legislación única que regirá en la República, y hasta en tanto esto suceda, las legislaciones locales expedidas con anterioridad a la reforma fundamental, seguirán aplicándose. Criterio que se fortaleció al resolver la acción de inconstitucionalidad 58/2018.(7)

28. De ahí que era criterio definido por la mayoría de esta Corte Suprema, que procede declarar la invalidez de aquellas normas en materia procesal civil y familiar emitidas por los Congresos Locales de las entidades federativas con posterioridad al dieciséis de septiembre de dos mil diecisiete, fecha en que entró en vigor la reforma que traslada al Congreso de la Unión la facultad de expedir la legislación única en esa materia.

29. Por tanto, si en el caso particular, el lunes cinco de abril de dos mil veintiuno, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de México el Decreto 254, a través del cual, al artículo 1.119 Bis del Código de Procedimientos Civiles de esa entidad que regula la presentación de la demanda vía electrónica y señala que los documentos base de la acción también podrán presentarse por ese medio, pudiendo el Juez requerir los originales de tales instrumentos; adicionó el párrafo cuarto que contiene el apercibimiento relativo a que, en caso de omitir dar cumplimiento al requerimiento del Juez, se tendrán por ciertos los hechos que se pretendan demostrar con la prueba que, en su caso, haya motivado el requerimiento, resulta incuestionable su carácter eminentemente adjetivo.

30. No obstante, en sesión del Tribunal Pleno celebrada el diez de marzo de dos mil veintidós, una mayoría de seis votos emitidos por las señoras Ministras y los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Piña Hernández, Pérez Dayán y presidente Zaldívar Lelo de Larrea, se expresaron a favor de la propuesta y por la invalidez del artículo impugnado. La señora Ministra y los señores Ministros González Alcántara Carrancá, Aguilar Morales, Ríos Farjat y Laynez Potisek, votaron en contra.

31. En consecuencia, dado el resultado obtenido, con fundamento en los artículos 105, fracción II, último párrafo, de la Constitución Federal(8) y 72, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(9) se desestima la presente acción de inconstitucionalidad.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Es procedente la presente acción de inconstitucionalidad.

SEGUNDO.—Se desestima en la presente acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 1.119 Bis, párrafo cuarto, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, adicionado mediante el Decreto Número 254, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el cinco de abril de dos mil veintiuno.

TERCERO.—Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

En relación con el punto resolutivo primero:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto de los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación y a las causas de improcedencia y sobreseimiento. En relación con el punto resolutivo segundo:

Se expresó una mayoría de seis votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Piña Hernández, Pérez Dayán y presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando quinto, relativo al análisis de fondo, consistente en declarar la invalidez del artículo 1.119 Bis, párrafo cuarto, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, adicionado mediante el Decreto Número 254, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el cinco de abril de dos mil veintiuno. La señora Ministra y los señores Ministros González Alcántara Carrancá, Aguilar Morales, Ríos Farjat y Laynez Potisek votaron en contra. La señora Ministra Ríos Farjat anunció voto particular, al cual se adhirió el señor Ministro Aguilar Morales para conformar uno de minoría, con la anuencia de aquélla.

Dado el resultado obtenido, el Tribunal Pleno determinó desestimar el planteamiento consistente en declarar la invalidez del precepto referido, al no alcanzar una mayoría calificada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En relación con el punto resolutivo tercero:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y presidente Zaldívar Lelo de Larrea.

El señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo no asistió a la sesión de diez de marzo de dos mil veintidós previo aviso a la presidencia.

El señor Ministro presidente Zaldívar Lelo de Larrea declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

________________

1. "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

"...

"g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas."

2. "Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá funcionando en Pleno:

"I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

3. "Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnados sean publicados en el correspondiente medio oficial.

"Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."

4. Acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007 y 22/2009, resueltas en sesiones de veintiocho de agosto de dos mil ocho y cuatro de marzo de dos mil diez, respectivamente.

5. Correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, junio de 2004, página 865.

6. Por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Laynez Potisek, Pérez Dayán y presidente Zaldívar Lelo de Larrea; en contra, González Alcántara Carrancá.

7. Resuelta el ocho de junio de dos mil veinte, por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Laynez Potisek, Pérez Dayán y presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, consistente en declarar la invalidez de los artículos 798, 802, 815, 843, 846, 852, 853, 884 y 891 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, reformados y adicionados mediante Decreto Número 313, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el once de junio de dos mil dieciocho. Los señores Ministros González Alcántara Carrancá, Aguilar Morales y Ríos Farjat votaron en contra.

8. "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:"...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución."...

"Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos."

9. "Articulo 72. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, si fueren aprobadas por cuando menos ocho votos. Si no se aprobaran por la mayoría indicada, el Tribunal Pleno desestimará la acción ejercitada y ordenará el archivo del asunto."

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30660-5aa1ff53/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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