IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. AL ANALIZARLA LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NO PUEDEN IGNORAR PRESUPUESTOS PROCESALES QUE HAN ADQUIRIDO LA NATURALEZA DE COSA JUZGADA, COMO LO ES LA COMPETENCIA.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1364/2021. ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS. 17 DE NOVIEMBRE DE 2021. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno.
VISTOS, para resolver, los autos del expediente 1364/2021, relativos al amparo directo en revisión interpuesto por Nadro, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable en contra de la sentencia dictada el doce de febrero de dos mil veintiuno, por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, dentro del juicio de amparo directo **********; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, por conducto de su apoderada legal **********, promovió demanda de amparo directo contra la sentencia de treinta de mayo de dos mil diecinueve, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos dentro del toca **********.
2. SEGUNDO.—Preceptos constitucionales violados. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación que consideró pertinentes y precisó que los derechos fundamentales vulnerados son los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. TERCERO.—Trámite y resolución del amparo. La autoridad responsable desechó la demanda de amparo por extemporánea; sin embargo, mediante recurso de reclamación se revocó la decisión y se envió el asunto al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito. Su presidente admitió a trámite la demanda, mediante acuerdo de dos de octubre de dos mil diecinueve bajo el número **********, en el cual ordenó dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y tuvo como tercero interesada a Nadro, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, quien promovió demanda de amparo adhesivo.
4. Mediante resolución aprobada en sesión de doce de febrero de dos mil veintiuno, se determinó conceder el amparo a la quejosa principal y negarlo a la adherente.
5. CUARTO.—Interposición del recurso de revisión. Inconforme con la sentencia anterior, Nadro, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, por conducto de **********, en su carácter de apoderada legal, interpuso recurso de revisión mediante escrito presentado el once de marzo de dos mil veintiuno.
6. QUINTO.—Trámite del recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el recurso de revisión interpuesto, registrándolo bajo el número 1364/2021, ordenó su turno para la elaboración del proyecto respectivo al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, así como el envío de los autos a esta Primera Sala a la que se encuentra adscrito, a fin de que se dictara el acuerdo de radicación correspondiente.
7. SEXTO.—Radicación del asunto en la Primera Sala. Por acuerdo de quince de julio de dos mil veintiuno, la Ministra presidenta de esta Primera Sala dispuso el avocamiento del asunto, y ordenó el envío de los autos al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, a efecto de que posteriormente diera cuenta en la Sala a la que se encuentra adscrito.
CONSIDERANDO:
8. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal; 81, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, emitido el trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno del mismo mes y año.
9. Lo anterior en atención a que el recurso fue interpuesto contra una sentencia pronunciada en un juicio de amparo directo, derivado de un asunto de naturaleza civil, competencia de la Primera Sala, aunado a que no se advierte necesaria la intervención del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
10. SEGUNDO.—Oportunidad del recurso de revisión. De las constancias de autos se advierte que la sentencia de amparo se notificó a la parte quejosa el tres de marzo de dos mil veintiuno; surtiendo efectos el día hábil siguiente, es decir, el cuatro de marzo de la misma anualidad.
11. Así, el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, corrió del cinco al diecinueve de marzo del mismo año sin contar los días seis, siete, trece, catorce y quince de marzo de la referida anualidad; días inhábiles en términos de lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley de Amparo, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente a la fecha de su presentación y 74 de la Ley Federal del Trabajo.
12. En tales condiciones, dado que de autos se advierte que el recurso de revisión fue presentado ante la Oficialía de Partes del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, el once de marzo de dos mil veintiuno, resulta evidente que el medio de impugnación de mérito se interpuso de forma oportuna.
13. TERCERO.—Legitimación. El recurso de revisión fue interpuesto por quien se encuentra legitimado para ello, pues lo hace valer el tercero interesado Nadro, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, por conducto de su apoderada legal **********, a quien le fue reconocida su personalidad mediante auto de seis de febrero de dos mil veinte dictado por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito.(1)
14. CUARTO.—Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Previo al estudio de procedencia y fondo del asunto, conviene sintetizar i) los antecedentes procesales, ii) los conceptos de violación, iii) las consideraciones de la sentencia recurrida; y, iv) los agravios hechos valer en el recurso de revisión que se resuelve.
PRIMERA INSTANCIA
15. Nadro, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable demandó en la vía ordinaria mercantil, al organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, las siguientes prestaciones:
"A) El pago de la cantidad de $********** (********** M.N.) por concepto de suerte principal.
"B) El pago por concepto de gastos financieros generados de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público a la tasa indicada en el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación vigente para el ejercicio 2015 (sic) adeuda la parte demandada a mi poderdante, los cuales serán cuantificados en ejecución de sentencia.
"C) El pago de gastos y costas que se generen en el presente juicio."
16. Tocó conocer de la demanda al Juzgado Noveno en Materias Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, la cual fue registrada bajo el número **********.
17. Se dio contestación a la demanda oponiendo las excepciones y defensas que estimó convenientes e igualmente promovió demanda reconvencional, exigiendo las siguientes prestaciones:
"I. Se declare la nulidad absoluta del documento que dice contener el Convenio Modificatorio al Contrato Multianual de Adquisición de Suministro de Medicamentos y Materiales de Curación para Unidades Médicas de Servicios de Salud de Morelos, mediante el sistema integral de abasto número 039/10, de fecha veintinueve de agosto de dos mil doce.
"II. El pago de los gastos y costas que se generen a consecuencia del presente juicio."
18. Seguida la secuela procesal, el veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, el juzgado dictó sentencia en la que estimó que el organismo descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos no probó su acción reconvencional, por lo que absolvió a Nadro, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable de las prestaciones reclamadas. Asimismo, determinó que la actora probó parcialmente su acción, en lo principal, por lo que condenó a la demandada a pagar la cantidad de $********** (********** M.N.), por concepto de suerte principal y la cantidad que resultara por concepto de gastos financieros; así también, condenó a la demandada al pago de gastos y costas.
RECURSO DE APELACIÓN
19. Apelación: Inconforme con dicha resolución, el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos interpuso recurso de apelación, mismo que se registró bajo el número ********** y fue turnado a la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quien dictó sentencia definitiva el once de julio de dos mil diecisiete. En dicha resolución, la Sala declaró incompetente al Juez Noveno Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, por razón de materia, y declinó la competencia legal en favor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dejando sin efectos la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, así como lo actuado en el procedimiento de primera instancia.
PRIMER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO
20. Nadro, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable promovió demanda de amparo indirecto en contra de la sentencia de apelación, la cual conoció el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, quien la radicó bajo el número de expediente **********. El cuatro de octubre de dos mil diecisiete, sobreseyó en el juicio de amparo, al advertir que el Tribunal de Justicia Administrativa no había aceptado la competencia declinada para conocer del juicio de origen.
21. La quejosa interpuso recurso de revisión en contra de dicha sentencia, recurso que le tocó conocer al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito bajo el número de expediente **********. Dicho tribunal, mediante resolución del quince de febrero de dos mil dieciocho, determinó dejar firme el sobreseimiento y confirmar la sentencia recurrida.
TRÁMITE DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
22. Una vez que fue enviado el expediente del juicio de origen al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, el Pleno de dicho órgano, mediante resolución de seis de diciembre de dos mil diecisiete, se declaró competente y aceptó la competencia declinada.
SEGUNDO JUICIO DE AMPARO INDIRECTO
23. Nadro, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, por conducto de sus apoderados legales, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los siguientes actos:
• La sentencia de once de julio de dos mil diecisiete dictada dentro del toca número ********** dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.
• La resolución de seis de diciembre del dos mil diecisiete dictada por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos mediante la cual se declara competente y acepta la competencia declinada mediante sentencia de once de julio de dos mil diecisiete por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos dentro del toca **********.
• La resolución emitida el seis de diciembre de dos mil diecisiete dentro del expediente ********** dictada por la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, por el cual requirió a Nadro, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, para que ajustara su demanda conforme a lo dispuesto por los artículos 42 y 43 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
24. Dicho amparo fue turnado al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, bajo el número de expediente **********. En apoyo de dicho Juzgado de Distrito, el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, dictó sentencia definitiva el veinticinco de junio del dos mil dieciocho, en la que sobreseyó en el juicio respecto del acto reclamado a la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas y concedió el amparo en contra de los actos de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y el Tribunal de Justicia Administrativa, a la quejosa, ordenando a la autoridad responsable que:
"1. Deje insubsistente la resolución dictada el once de julio de dos mil diecisiete en el toca **********, en la cual declaró incompetente al Juez Noveno Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, para conocer del juicio ordinario mercantil **********y declinó competencia a favor del Tribunal de Justicia Administrativa de la citada entidad federativa.
"2. Emita otra en la que prescinda de analizar la competencia del Juez de primera instancia y, con plenitud de jurisdicción, resuelva el recurso de apelación conforme a derecho proceda.
"Asimismo, deberá informar a la autoridad a quien declinó competencia, la determinación adoptada en esa nueva resolución y la requiera a efecto de que tome las medidas conducentes para que devuelva el expediente de origen a la Sala responsable.
"3. Por su parte, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, deje insubsistente la resolución emitida el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, mediante la cual aceptó la competencia declinada por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. De igual manera, deberá informar a la autoridad a quien remitió el asunto, la determinación adoptada en esa nueva resolución y la requiera para que le remita el expediente de origen."
25. En contra de dicha resolución, el apoderado legal de la demandada interpuso recurso de revisión y la actora, por su parte, revisión adhesiva. Dicho medio de impugnación fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, registrándolo bajo el toca **********. El órgano colegiado, en sesión de cinco de abril de dos mil diecinueve, estimó infundados los agravios del recurrente, confirmó la sentencia del Juzgado de Distrito y declaró sin materia la revisión adhesiva, bajo las siguientes consideraciones:
a. La decisión de los litigios respecto del presupuesto procesal de la competencia debe resolverse por un tribunal superior, mediante cuestiones competenciales, planteadas vía excepción inhibitoria o declinatoria.
b. Tales mecanismos únicamente pueden ser planteados por las partes, en tanto los Jueces tienen prohibido invocarlas de oficio, como se advierte de los artículos 1,102 y 1,114, fracción V del Código de Comercio y 24 y 25 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, lo cual obedece a que es admisible la sumisión expresa o tácita de las partes hacia la competencia de un Juez.
c. Situación que se corrobora con el contenido del primer párrafo del artículo 1,115 del Código de Comercio, el cual establece que los tribunales quedan impedidos para declarar de oficio las cuestiones de competencia; sin embargo, sólo deberán inhibirse del conocimiento de un negocio cuando se trate de competencias por razón de territorio o materia, y siempre y cuando se inhiban en el primer proveído que se dicte respecto de la demanda principal o ante la reconvención por lo que hace a la cuantía.
d. En tal sentido, las cuestiones de competencia deben plantearse durante la secuela del procedimiento, lo que implica que la incompetencia deberá aducirse por las partes o decretarse de oficio en el primer proveído que se dicte respecto de la demanda principal o ante la reconvención por lo que hace a la cuantía.
e. En esas condiciones, el análisis efectuado por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en relación con la competencia del Juez Noveno Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, en razón de la materia, para conocer de la demanda formulada por Nadro, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable resulta incorrecto, pues requería, necesariamente, de su previo cuestionamiento en vía de excepción, en el juicio natural; y, además de la impugnación a través del amparo indirecto, de la resolución por la cual se considerara infundada dicha excepción, dado que esa determinación es de aquellas que se consideraría de imposible reparación para efectos del amparo; o bien, que el Juez se haya inhibido en el primer proveído que se dictó respecto de la demanda principal.
f. Resultan aplicables los criterios sostenidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros son los siguientes: "INCOMPETENCIA EN MATERIA MERCANTIL. POR REGLA GENERAL DEBE PLANTEARSE A INSTANCIA DE PARTE Y, EXCEPCIONALMENTE, PUEDE HACERSE DE OFICIO POR EL JUZGADOR QUE PREVINO." y "COMPETENCIA EN MATERIA MERCANTIL. PRIMER PROVEÍDO EN EL QUE PUEDE SER DECLINADA DE OFICIO POR EL JUZGADOR, ES AQUEL EN EL QUE SE DEFINE EL DESTINO DE LA DEMANDA O DE LA RECONVENCIÓN."
g. En el caso, como acertadamente lo destacó la a quo, la recurrente en su calidad de parte demandada en el juicio natural, no hizo valer como excepción la incompetencia del Juez de instancia, ni éste lo hizo de manera oficiosa al momento de emitir el primer proveído; por lo que el juicio mercantil se siguió en todas sus etapas procesales hasta el dictado de la sentencia de primera instancia.
h. En tal sentido, fue acertado que el Juez de Distrito haya establecido ilegal el proceder de la Sala, al emitir la resolución donde de oficio analizó la competencia del Juez mercantil para conocer del juicio ordinario mercantil **********.
i. Al no ser opuesta la excepción de incompetencia por la parte demandada, contrario a lo que sostiene el recurrente, vincula a las partes a seguir el procedimiento ante el Juez Noveno Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, sin que válidamente pueda estudiarse después la incompetencia del citado Juez natural; de ahí que sea improcedente que en segunda instancia se introduzca la incompetencia del Juez que conoció del juicio y dictó la sentencia recurrida; toda vez que ello no fue materia de controversia en el juicio natural por no haberse planteado por las partes, ni decretado de oficio por el Juez del conocimiento dentro del procedimiento relativo.
j. Incluso, la competencia del Juez mercantil, tampoco puede ser materia de estudio en un amparo directo, ni aun a título de suplencia, conforme a lo dispuesto en la fracción I del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, porque se trataría de un examen novedoso sobre el tema; por tanto, menos puede ser analizada por la Sala, en segunda instancia, ni aun cuando haya sido materia de agravio por la recurrente, si tal cuestión no se hizo valer de manera oportuna en el procedimiento de origen.
k. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AMPARO DIRECTO. NO PROCEDE INTRODUCIR EN EL JUICIO EL EXAMEN NOVEDOSO DE LA INCOMPETENCIA DE LA RESPONSABLE NI A TÍTULO DE SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, NI BAJO EL ARGUMENTO DE QUE EL ORDENAMIENTO QUE RIGE LA COMPETENCIA HA SIDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE." Así, como el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, de rubro: "INCOMPETENCIA EN MATERIA MERCANTIL. OPORTUNIDAD PROCESAL PARA DECLARARLA POR RAZÓN DE TERRITORIO O MATERIA." l. Sin que en el caso asista razón al organismo público recurrente, cuando dice que se le niega el acceso a un recurso efectivo, pues si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo cual no se reduce simplemente a la mera existencia de órganos jurisdiccionales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real.
m. Asimismo, ha determinado que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole; de tal manera que si bien dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular.
n. En esas condiciones, cuando la improcedencia del estudio de la competencia del Juez mercantil constituye un impedimento legal para ser analizado en segunda instancia, tenemos que las reglas que el Código de Comercio establece para señalar los momentos en que se deben hacer valer las cuestiones de incompetencia, no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que en segunda instancia sea analizado un tema que no se hizo valer oportunamente dentro del procedimiento, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se insiste, no violatorio del precepto constitucional ya citado.
o. Sin que en el caso, resulten obligatorias la jurisprudencia del Pleno del Décimo Circuito, que cita la recurrente, de rubro: "PRESUPUESTOS PROCESALES. MOMENTOS EN QUE PUEDE LLEVARSE A CABO SU REVISIÓN OFICIOSA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO).", así como la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro: "PRESUPUESTOS PROCESALES. SU ESTUDIO OFICIOSO ESTÁ CONFERIDO TANTO AL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA COMO AL TRIBUNAL DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).", toda vez que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo la jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria, entre otros, para los tribunales judiciales del orden común que se ubiquen dentro del circuito correspondiente; en el caso, la citada jurisprudencia fue emitida por el Pleno del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco y, por tanto, sólo resulta obligatoria para todos los tribunales ubicados dentro de ese circuito; mientras que las autoridades responsables en el juicio de amparo que se revisa, son autoridades dentro del Décimo Octavo Circuito.
p. No resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte, de rubro: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE QUE EL JUEZ DE DISTRITO QUE RESOLVIÓ EL JUICIO DE AMPARO CARECÍA DE AQUÉLLA, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE.", en virtud de que el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto que se revisa, deriva de un juicio mercantil, mientras que en la citada jurisprudencia el Máximo Tribunal del país analizó el caso en que un Juez de Distrito que haya dictado una sentencia sea legalmente incompetente y ello lo advierta un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver la revisión hecha valer en su contra, hipótesis que son totalmente distintas; máxime porque los artículos 1,092, 1,094, 1,102, 1,114 y 1,115 del Código de Comercio que es el que rige el mencionado juicio mercantil establecen claramente que, por regla general, las cuestiones de competencia solamente pueden plantearse a instancia de parte, por lo que los tribunales quedan legalmente impedidos para declarar de oficio las cuestiones de competencia, si es que no se actualizan los supuestos del invocado numeral, a saber: que sólo deberán inhibirse del conocimiento de negocios cuando se trate de competencias por razón de territorio o materia, pero siempre y cuando dicha inhibitoria se declare en el primer proveído que se dicte respecto de la demanda principal o la reconvención; restricción que en la Ley de Amparo no existe para que un Tribunal de Circuito, analice la competencia del a quo que dictó la sentencia materia de la revisión.
26. En cumplimiento a lo anterior, el treinta de mayo de dos mil diecinueve, la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos dictó sentencia, en la que dejó insubsistente la sentencia de once de julio de dos mil diecisiete y confirmó la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis dictada por el Juez de primera instancia.
AMPARO DIRECTO
27. Inconforme con lo anterior, el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos promovió demanda de amparo directo, el cual dio origen al presente recurso de revisión. Nadro, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable a su vez promovió demanda de amparo adhesivo.
28. Conceptos de violación en el amparo directo. A continuación, se sintetizan los conceptos de violación hechos valer por la autoridad quejosa:
Primer concepto de violación.
• Causa agravio que la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia se declaró competente para conocer y resolver el asunto fundamentando su competencia en argumentos que ya habían sido superados por una contradicción de tesis 292/2017, de la cual se emitió la tesis de jurisprudencia de rubro: "CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO TIENE NATURALEZA ADMINISTRATIVA." de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia, la cual se consideró de aplicación obligatoria a partir del cinco de marzo de dos mil dieciocho.
• No se puede establecer que existe cosa juzgada respecto de la competencia, porque éste es un presupuesto para dictar sentencia válida y los órganos que dirimieron la competencia omitieron respetar la referida jurisprudencia, faltando a lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo en vigor, por lo que pide al tribunal que al momento de resolver determine que la Sala responsable es incompetente para conocer y resolver el asunto, y que si bien ya existía pronunciamiento fue en contravención a la jurisprudencia que ya era obligatoria.
• Además, la naturaleza del contrato es administrativa, pues a diferencia del contrato civil cuando el Estado celebra contratos para cubrir su función, al ejercer gasto público su voluntad no es libre, pues la misma se encuentra reglada, por eso debe ser regulada por el derecho administrativo.
Segundo concepto de violación
• Se estableció que la nulidad alegada recaía en la modificación al contrato principal de suministro y no en la acción de suministrar los medicamentos; el Juez no analizó el artículo 134 constitucional y 1o., 15 y 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público dejando de advertir que la modificación al contrato se encontraba viciada de origen al rebasar el 20% del monto considerado en el contrato base y que, por lo tanto, no cumplía con los requisitos de validez; estas omisiones son suficientes y eficaces para declarar la nulidad del convenio modificatorio.
• La Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Morelos se equivoca al estimar infundado el argumento, ya que señala que al firmar el convenio modificatorio los representantes del organismo estaban conscientes, y sabían que podía faltar presupuesto y podría ser contrario a la norma prohibitiva por insuficiencia presupuestaria con base en los oficios citados, y aun así lo firmaron, por tanto, no pueden invocar la causa de nulidad en su favor cuando fue el propio organismo el que la provocó. Por lo cual debe asumir el riesgo en que se colocó al actuar en este sentido. Lo anterior, deviene además de tangencial y carente de exhaustividad, dogmático, ya que no expone pormenorizadamente las razones, causas eficientes, suficientes y remotas que sustentan sus asertos. Tal aserto es errado, por inobservancia al principio de exhaustividad que toda resolución debe contener, al tenor de lo dispuesto por los artículos 2,224, 2,225, 2,226 y 2,231 del Código Civil Federal.
• La Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Morelos no analizó ni dio respuesta a los agravios planteados por el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, entonces se justifica la inconstitucionalidad alegada al tomarse su decisión en una que deviene incongruente, obscura, imprecisa y carente de exhaustividad, por lo que procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal.
Tercer concepto de violación
• Arguye que la juzgadora de origen realizó estudios deficientes de las defensas y excepciones que hicieron valer las partes y analiza de manera deficiente el monto del asunto.
Cuarto concepto de violación
• La valoración que hizo el a quo respecto del dictamen pericial en materia de contabilidad rendido por la perito tercero en discordia experta en la materia, resulta totalmente desacertada, incompleta y subjetiva.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30712-bdba3ba9/improcedencia-de-la-via-al-analizarla-los-organos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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